Al instituto murciano de accion social (imas)






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títuloAl instituto murciano de accion social (imas)
fecha de publicación28.06.2015
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Nº Expediente: …

Solicitante: …

D.N.I.: …

AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCION SOCIAL (IMAS)

EXCMA. SRA. PRESIDENTA
D./Dña. …, mayor de edad, titular del DNI nº…, con domicilio a efectos de notificaciones en ..., y número de teléfono/móvil … y email …, actuando en representación propia (representación de D./Dña. …, cuyos datos personales obran en el referido expediente), ante este órgano administrativo comparezco y como mejor proceda en Derecho,
EXPONGO:
Que por medio de este escrito interpongo, dentro del plazo de 3 meses desde que tuvo lugar el acto presunto que se impugna, RECURSO DE ALZADA al amparo de lo dispuesto en el artículo 12.6 del Decreto 74/2011, de 20 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece el régimen de infracciones y sanciones (en adelante, Decreto 74/11), contra la resolución presunta por silencio administrativo negativo de … de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración de la Región de Murcia desestimatorio, conforme al efecto establecido en el apartado 4 del citado precepto, del reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante, SAAD) objeto de este expediente, por no encontrarla ajustada a Derecho, y siendo de aplicación los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos:
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- Que con fecha … se dicta Resolución por la Oficina para la Dependencia por la que se acusa recibo de la solicitud de reconocimiento de grado de dependencia y de reconocimiento del derecho a las prestaciones del Sistema Murciano de Atención a la Dependencia objeto de este expediente.
SEGUNDO.- Que el equipo de valoración giró visita al/la solicitante el … en su lugar de residencia habitual.

TERCERO.- Que trascurrido el plazo máximo de 6 meses/30 días naturales (menores de 3 años de edad) desde la recepción de la solicitud por la Oficina para la Dependencia para resolver y notificar la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia y de aprobación del Programa Individual de Atención, no ha recaído en el expediente resolución expresa alguna.
CUARTO.- Que, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 12 del Decreto 74/11, se entiende desestimada la solicitud a través de resolución presunta por silencio administrativo negativo, la cual entendemos que no es ajustada a Derecho.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
I.- El apartado 2 del artículo 12 del Decreto 74/11 establece el plazo máximo de 6 meses, o de 30 días naturales si el interesado es menor de 3 años de edad, para que la Administración competente resuelva y notifique la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia.
II.- El apartado 4 de dicho precepto contempla el silencio administrativo negativo en caso de no notificarse resolución expresa sobre la solicitud de reconocimiento de dependencia, recordando sin embargo la obligación de la Administración en todo caso de resolver expresamente la petición.
III.- Corresponde a la Administración competente realizar de oficio todas las actuaciones que sean oportunas para instruir y resolver el expediente, tal como específicamente determina para estos expedientes el artículo 10 del Decreto 74/11.
IV.- Conforme a lo anterior, en el presente supuesto la Administración obtiene un beneficio con el incumplimiento de su deber de resolver expresamente la petición formulada y notificar lo resuelto en el plazo establecido por la normativa reguladora, pues de modo opaco, a través de la ficción jurídica del silencio administrativo negativo, desestima la solicitud formulada sin concretar razón ni motivación alguna para ello, pese a obrar en el expediente prueba plena de la situación de dependencia cuyo reconocimiento se interesa, ahorrándose de este modo y en última instancia la contraprestación derivada de ese reconocimiento.
Una máxima de nuestro ordenamiento jurídico afirma que nadie, incluida la Administración, puede beneficiarse de las irregularidades que él mismo ha cometido, pues lo contrario sería premiar su torpeza y negligencia, sentando la jurisprudencia constitucional (SSTC 158/2000 y 179/2003, entre otras) el principio de que una interpretación que prime los defectos en la actuación de la Administración, colocándola en mejor o igual situación que si hubiera cumplido su deber ha de calificarse de irrazonable, y la STC 220/2003 recuerda que “Hemos declarado, en reiteradas ocasiones, que la Administración no puede verse beneficiada por el incumplimiento de su obligación de resolver expresamente en plazo solicitudes de los ciudadanos, pues este deber entronca con la cláusula del Estado de Derecho ( art. 1.1 CE), así como con los valores que proclaman los arts. 24.1, 103.1 y 106.1 CE (por todas, SSTC 6/1986, de 21 de enero, FJ 3; 204/1987, de 21 de diciembre, FJ 4; 180/1991, de 23 de septiembre, FJ 1; 86/1998, de 21 de abril, FFJJ 5 y 6; 71/2001, de 26 de marzo, FJ 4; y 188/2003, de 27 de octubre, FJ 6)”.
En esta línea marcada por el Tribunal Constitucional, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Sevilla, en sentencia de 23 de noviembre de 2011, concluyo que:
En el presente caso, la morosidad de la Administración a la hora de resolver el expediente no le puede suponer el beneficio de ahorrarse una ayuda a todas luces procedente si se hubiera resuelto en plazo. No se entiende nada bien la tardanza en resolver el asunto, cuando, como señala el informe del Defensor del Pueblo Andaluz (folios 23-24 del expte.): «La obligación de resolver en plazo, en estos específicos procedimientos, resulta triplemente reforzada como consecuencia de las características del mismo, en primer lugar porque trae causa de un procedimiento anterior en el que se ha reconocido la condición de gran dependiente y con derecho a alguna/s de las prestaciones o servicios incluidos en la cartera del SAAD en Andalucía, que se han de concretar en el procedimiento relativo al PIA; en segundo lugar porque, si bien la eficacia del derecho/s a la prestación o servicio/s se supedita a la aprobación del PIA, los efectos se retrotraen a la fecha de solicitud del reconocimiento de la situación de dependencia y, en último lugar, porque buena parte de las personas declaradas en esta situación y como consecuencia de ella (por causa de la edad o patologías discapacitantes) tienen una menor esperanza de vida, circunstancias todas ellas a tener en cuenta y que, sin duda, imponen un riguroso cumplimiento de la obligación de resolver en plazo, cuyo incumplimiento en modo alguno puede ser en perjuicio del afectado.»
Si amparásemos la actuación administrativa impugnada, estaríamos alentando las dilaciones en la resolución de este tipo de asuntos. No nos planteamos una deliberada política de retrasar expedientes para, así, ahorrarse ayudas (de haberse producido tal cosa estaríamos probablemente en la órbita del Derecho penal), pero sí está claro, a nuestro juicio, que la resolución tardía de estos expedientes produce a la Administración un enriquecimiento injusto (por un lado puede hacer propaganda de su política social y, por otro, no abona las ayudas a las que los ciudadanos tienen derecho por resolución tardía del expediente)”.
V.- Correlativo a este improcedente premio de la Administración es el perjuicio sufrido por el/la solicitante, reservándose esta parte el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial, prevista en el artículo 106 de la CE y en el 139 de la Ley 30/92, frente al ente público por su negligente actuación administrativa al concurrir en el caso un retraso culpable en la tramitación del procedimiento, que adquiere la condición de daño antijurídico que el interesado no tiene el deber jurídico de soportar, sin que la Administración haya alegado por su parte, ante este importantísimo retraso, que reviste las notas de esencial y significativo, causa alguna que le haya impedido la observancia del plazo o haya hecho uso de la prerrogativa prevista en el artículo 42 de la Ley 30/92 de suspenderlo o prorrogarlo, lo que ha desembocado en un funcionamiento anormal de la Administración, incompatible con los estándares de razonabilidad, determinante (relación de causa/efecto) de que el/la solicitante no pueda disfrutar de la ayuda concreta derivada del previo reconocimiento de la situación de dependencia.
VI.- La resolución impugnada no pone fin a la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 30/92, siendo impugnable de acuerdo con lo previsto en el artículo 107.1 del mismo texto legal y el apartado 6 del artículo 12 del Decreto 74/11.
Por ello, en virtud de cuanto antecede, y de conformidad con lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92,
A LA SRA. PRESIDENTA DEL IMAS SOLICITO que se tenga por interpuesto, en plazo y forma, el presente Recurso de Alzada frente a la resolución presunta por silencio administrativo negativo, y se proceda a decretar la anulación de la misma en los términos de este escrito, y, en mérito, a que se resuelva y notifique por el órgano competente la resolución por la que se determine la situación de dependencia de/la solicitante y la posterior aprobatoria del PIA objeto de este expediente, y que sus efectos se retrotraigan al momento legal correspondiente conforme con la normativa vigente a la fecha de la solicitud o durante el plazo de 6 meses para resolver.
Por ser todo ello procedente y de Justicia que solicito en Murcia a ... (fecha)

Fdo. D./Dña. …


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