Tercer seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de américa latina






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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA “



SENTENCIA CORRECCIONAL NO. 478,

DE FECHA 31-03-2003
La Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, regularmente constituida en la Sala destinada a celebrar sus audiencias públicas, ubicada en la Segunda planta del Palacio de Justicia del Distrito Judicial de Santiago, compuesta por el Magistrado, LICDO. SAMUEL DE LA CRUZ, (juez interino), y el LICDO. JOSE DIAZ CABRERA, Abogado (a) ayudante del Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, asistido de la infrascrita Secretaria, hoy día 31 del mes de marzo del año 2003, años 159 de la Independencia y 139 de la Restauración, en sus atribuciones correccionales, y en audiencia pública ha dictado la siguiente sentencia:
OIDO: la lectura del rol el Alguacil de Estrados.
OIDOS: Los abogados de la parte civil constituida en sus alegatos y conclusiones:

Que se pronuncie el defecto en contra de A. S., no obstante haber sido citado legalmente;

Que se declare buena y válida, en cuanto a la forma, la presente constitución en parte civil, por haber sido hecha conforme a la ley y el derecho;

Que independientemente de las sanciones penales que tengáis a bien imponer a la parte prevenida, por violación a la ley 65-00, sea condenado a pagar la suma de UN millón de pesos oro dominicanos, como justa reparación a los daños y perjuicios ocasionados, más los intereses legales de la suma reclamada, contados a partir de la fecha de la deuda y hasta la total ejecución de la sentencia a intervenir;

Que en virtud del artículo 173 de la ley 65-00 sea ordenada la destrucción del material ilícito incautado;

Que sea condenado el prevenido al pago de las costas civiles del proceso, con distracción y provecho de los abogados concluyentes, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad;
OIDO: El representante del Ministerio Público en su dictamen:

  1. que sea declarado el defecto en contra de A. S., por haber sido citado legalmente;

  2. en virtud de lo que establece el artículo 169, 2C, sea condenado el señor A. S. a sufrir la pena de 3 meses de prisión correccional y una multa de RD$50,000.00 pesos;

  3. en virtud de lo que establece el artículo 173, sea destruido el cuerpo del delito incautado;

  4. que sea condenado A. S. al pago de las costas del proceso;

.

VISTAS LAS PIEZAS QUE COFORMAN EL EXPEDIENTE.
Resulta: Que en fecha 24 del mes de mayo del año 2001, las Compañías WEA LATINA INC., (WEA); BMG DOMINICANA, S.A. (BMG); SONY DISCO, INC. Y UNIVERSAL MUSIC (UNIVERSAL), debidamente representadas por el LIC. J. R. A. P, interpusieron formal denuncia por ante la oficina nacional de Derechos de Autor, en contra de A. M, por el hecho de “reproducción ilícita de discos compactos, específicamente un CD, llamado “SALSA” y otro denominado “MERENGUES KALIENTES 2001”;


Resulta: Que en fecha 20 del mes de julio del año 2001, el señor J. B. G., en su calidad de inspector de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, se trasladó a la Avenida Las Carreras, Edificio P46, No. A1, así como a la calle Beller, #151, de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, ambos locales de “A. M”, y pudo comprobar la infracción denunciada y procedió a la incautación de la cantidad de 86 CDs. En el primer local y 44 CD’S. En el segundo, todos falseados;
Resulta: Que en base a la inspección e incautación precedentemente indicados, la
Licenciada M R V., en su calidad de Consultora Jurídica de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, dirigió una Instancia al Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, mediante

la cual recomendó el sometimiento a la acción de la justicia del señor A. S., propietario del establecimiento comercial A. M., por violación a la ley 65-00, sobre derecho de autor;;
Resulta: Que en fecha dos (2) del mes de octubre del año 2001, fue sometido a la acción de la justicia el señor A. S., mediante oficio No. 409, emitido por el Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, por lo que la Magistrada Presidenta del Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, en fecha 3/10/2001, procedió a apoderar a ésta Segunda Sala de la Cámara Penal supraindicada, a fin de que conozca del mismo;
Resulta: Que en fecha 31/3/2003, procedimos al conocimiento del fondo de la presente causa en defecto del inculpado;
Resulta: Que en el expediente se encuentran depositados los siguientes documentos:

  1. Dos Actas de Inspección o Incautación de CASSETTES, CD’S, VIDEOGRAMAS Y DVD’S;

  2. Denuncia piratería CD’S de música;



EL MAGISTRADO JUEZ DESPUES DE ESTUDIADO EL CASO
CONSIDERANDO: Que el presente caso se trata de un sometimiento en contra del señor A. S., en su calidad de propietario de la A. M., por violación a los artículos 20, 113 y 141, inciso 2 de la ley 65-00 sobre Derecho de Autor, en perjuicio de BMG DOMINICANA, SONY DISCO, UNIVERSAL MUSIC Y WEA LATINA;
CONSIDERANDO: Que en el expediente en cuestión existen dos (2) actas de inspección o incautación de CD’S, marcadas con los números 88-01 y MUS-90-01, mediante las cuales se comprueba la piratería de 130 CD’S y 627 cassettes falsificados en perjuicio de las Compañías indicadas precedentemente, lo cual es prueba suficiente que compromete la responsabilidad penal y civil del imputado A. S. como autor del delito de piratería en violación de los artículos 20, 113 y141, inciso 2 de la ley 65-00 sobre Derecho de Autor;
CONSIDERANDO: Que el artículo 20 de la ley 65-00, dispone: Ninguna autoridad ni cualquier otra persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra o cualquier otra producción protegida por esta Ley, o prestar su apoyo a dicha utilización, si el usuario no cuenta con la autorización previa y escrita del titular del respectivo derecho, salvo en los casos de excepción previstos por la ley. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.
CONSIDERANDO: Que el artículo 141 de la referida ley, dispone lo siguiente: El productor de un fonograma tiene el derecho de autorizar o prohibir:

  1. La reproducción directa o indirecta, temporal o permanente, de su fonograma, por cualquier medio o procedimiento;

  2. La distribución al público del original o copias de su fonograma, mediante venta, alquiler o en cualquier otra forma;

  3. La puesta a disposición del público de su fonograma, por medios alámbricos o inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso al mismo desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.


CONSIDERANDO: Que el artículo 169 de la misma ley, establece lo siguiente: Incurre en prisión correccional de tres meses a tres años y multa de cincuenta a mil salarios mínimos, quien:

  1. En relación con una obra literaria, artística o científica, interpretación o ejecución artística, producción fonográfica o emisión de radiodifusión, la inscriba en el registro o la difunda por cualquier medio como propia, en todo o en parte, textualmente o tratando de disimularla mediante alteraciones o supresiones, atribuyendo a otro la autoría o la titularidad ajena;

  2. En relación con una obra literaria, artística o científica, interpretación o ejecución artística, producción fonográfica o emisión de radiodifusión, y sin autorización expresa:

  1. La modifique, en forma total o parcialmente;

  2. La reproduzca, en forma total o parcial, por cualquier medio o en cualquier forma;

  3. La distribuya mediante venta, alquiler o de cualquier otra manera;

  4. La comunique o difunda, por cualesquiera de los medios de comunicación pública reservados al titular del respectivo derecho;

  5. La reproduzca, distribuya o comunique en mayor número que el autorizado en forma expresa;

  6. Conociendo el origen ilícito de la copia o reproducción, la distribuya al público, o la almacene, oculte, introduzca en el país o l saque de éste; o,

  7. La reproduzca, distribuya o comunique por cualquier medio, después de vencido el término de la cesión o la licencia concedida;


CONSIDERANDO: Que el artículo 1382 del Código Civil Dominicano, dispone lo siguiente: “Cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño obliga a aquél por cuya culpa sucedió a repararlo”;
CONSIDERANDO: Que el artículo 118 de la ley 65-00, establece: El autor o sus causahabientes, o sus representantes debidamente autorizados, así como el artista intérprete y el productor de fonogramas o las sociedades de gestión que los representen, podrán, conjunta o separadamente, perseguir ante la jurisdicción civil o penal, la reproducción o utilización ilícita de los fonogramas.
CONSIDERANDO: Que el artículo 173 de dicha ley, dispone lo siguiente: Toda reproducción ilícita será confiscada y adjudicada en la sentencia condenatoria al titular cuyos derechos fueron defraudados con ella, a menos que este último pida su destrucción. Los materiales y equipos utilizados en los actos ilícitos, también serán decomisados y destruidos o entregados al perjudicado, todo ello sin perjuicio de la acción civil que a éste corresponde contra el infractor para la indemnización de los daños y perjuicios causados con la violación de su derecho.
En consecuencia, y vistos los artículos 20, 118, 141, 169, 173 de la ley 65-00 del 21 de agosto del año 2000, sobre Derecho de Autor, así como el artículo 1382 del Código Civil de la República Dominicana; 177 y siguientes del Código de Procedimiento Criminal; 130 y 133 del Código de Procedimiento Civil;

LA SEGUNDA SALA DE LA CÁMARA PENAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y EN MERITO A LOS ARTICULOS CITADOS,

FALLA
PRIMERO: Se pronuncia el defecto en contra del señor A .A S., por no haber comparecido a la audiencia, no obstante haber sido legalmente citado;
SEGUNDO: Se declara al señor A. A. S., culpable de violar los artículos 20, 141 y 169 numeral 2 de la ley 65-00, sobre Derecho de Autor, en perjuicio de las Compañías BMG DOMINICANA, SONY DISCO, UNIVERSAL MUSIC Y WEA LATINA, en consecuencia se condena a sufrir la pena de tres (3) meses de prisión correccional y al pago de una multa de cincuenta mil pesos (RD$50,000.00);
TERCERO: Se condena al señor A. A. S. al pago de las costas penales del proceso;

CUARTO: Se declara regular y válida en cuanto a la forma, la constitución en parte civil, hecha por las Compañías BMG DOMINICANA, SONY DISCO, UNIVERSAL MUSIC Y WEA LATINA, en contra de A .M. y el señor A .A. S., por haber sido hecha de conformidad con las normas procesales vigentes en la República Dominicana;
QUINTO: En cuanto al fondo, se condena a la Sociedad Comercial A. M. y al señor A. A. S. M. al pago de una indemnización de CUATROCIENTOS MIL PESOS (RD$400,000.00), más los intereses legales de dicha suma, a partir de la Demanda en Justicia, en provecho de dicha parte civil constituida, como justa compensación por los daños morales y materiales sufridos como consecuencia de la violación en cuestión;
SEXTO: Se condena a A. M. Y A. A. S., al pago de las costas civiles del procedimiento, con distracción en provecho de los Licenciados J. R. A. P. Y C. S. C. y la Licenciada K S. G., abogados que afirman estarlas avanzando en su totalidad;
SEPTIMO: Se ordena la destrucción del material ilícito ocupado y que se describe en otra parte de esta misma sentencia, de conformidad con los que dispone el artículo 173 de la ley 65-00 sobre de Derecho de Autor;
I, por esta nuestra sentencia, así se pronuncia, ordena, manda y firma,

LICDO. SAMUEL DE LA CRUZ,

JUEZ INTERINO
La presente sentencia ha sido firmada por la Magistrada Juez, que figura en su encabezamiento del mismo día, mes y año expresados, por lo que, yo LICDA. CANDIDA OLIVO, secretaria interina de ésta Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, certifico y doy fe, que es copia fiel y conforme a su original,

LICDA. CANDIDA OLIVO

SEC. INT.

Yo, YGNACIO A. PÉREZ, Secretario de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, CERTIFICA: Que en los archivos a mi cargo existe un expediente Civil que contiene una sentencia del tenor siguiente: SENTENCIA CIVIL NO._504___ DIOS, PATRIA Y LIBERTAD EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA.

 

 
EXP. CIVIL
S/NO.

 

 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy día _veintinueve (29) del mes de _octubre _ del año dos mil tres (2003), años 160 de la Independencia y 141 de la Restauración.-

 

LA CÁMARA CIVIL DE LA CORTE DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL, regularmente constituida en la sala de audiencia, sita en la primera planta del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, compuesta por los señores Magistrados MANUEL ALEXIS READ ORTIZ, Presidente; MARCOS ANTONIO VARGAS GARCÍA, Primer Sustituto de Presidente; HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS, Segundo Sustituto de Presidente y XIOMARAH ALTAGRACIA SILVA SANTOS, Jueza Miembro, asistidos del infrascrito Secretario y del alguacil de estrados de turno, dicta en sus atribuciones civiles y en audiencia pública la sentencia siguiente:

SOBRE: el recurso de apelación interpuesto por ALLEGRO RESORTS DOMINICANA, S.A., entidad comercial constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su asiento social en la avenida Tiradentes No.33, del ensanche Naco, de esta ciudad, debidamente representada por su presidente, GREGORIO DE DIEGO, español, mayor de edad, casado, portador del pasaporte No.670-026, domiciliado y residente en Madrid, España, la cual tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los LICDOS. XAVIER MARRA M., JACQUELINE DHIMES y DOMINGO O. MUÑOZ HERNÁNDEZ, dominicanos, mayores de edad, provistos de las cédulas de identidad y electorales Nos.001-0790821-2, 001-0145901-4 y 001-0527754-5, con estudio profesional abierto en las suites 502-503, Torre Elite, avenida 27 de febrero No.329, de esta ciudad;

 

CONTRA: la sentencia relativa al expediente No.036-00-2982 de fecha 19 del mes de diciembre del año 2000, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a favor del señor VÍCTOR EDUARDO SILADI MENESES, boliviano, mayor de edad, fotógrafo, tenedor del pasaporte No.499667, domiciliado y residente en esta ciudad, quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los LICDOS. JUAN MANUEL UBIERA, DILIA LETICIA JORGE MERA y ROSA DOLORES BATLE JORGE, dominicanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad y electorales Nos.001-0097419-5, 001-0095564-0 y 001-0202097-0, con estudio profesional abierto en la oficinba de abogados “Jorge Mera & Villegas”, sita en la cuarta planta del edificio No.266 de la avenida 27 de Febrero esquina avenida Tiradentes, de esta ciudad;

 

OÍDO: al alguacil de turno en la lectura del rol;

 

OÍDOS: a los abogados de la parte recurrente concluir in-voce de la manera siguiente: leyó conclusiones, las cuales rezan de la manera siguiente: “PRIMERO: DECLARANDO regular y válido en cuanto a la forma el presente Recurso de Apelación por haber sido interpuesto conforme al Derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo actuando por autoridad propia obrando en contrario imperio de la ley, REVOCAR en todas sus partes la sentencia civil marcada con el No.036-00-2982, dictada en fecha 19 de Diiembre del 2000, por la Cámara Civil y Comercial de la (Sala tres) del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por ser contraria al derecho; TERCERO: Que condenéis al señor VICTOR EDUARDO SILADI MENESES al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción en provecho de los licenciados Xavier Marra M., Jacqueline Dhimes y Domingo O. Muñoz, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte”; plazo 15 depósito conclusiones; plazo 15 escrito réplica (sic);

 

OÍDOS: a los abogados de la parte recurrida concluir de la manera siguiente: leyó conclusiones, las cuales rezan de la manera siguiente: “PRIMERO: Sea rechazado por improcedente y mal fundado en recurso de apelación interpuesto por al compañía Allegro Resorts Dominicana, S.A., el 6 de febrero del 2001, mediante acto No.202/2001 del ministerial Silverio Zapata Galán, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, contra la sentencia civil No.036-00-2982 del 19 de diciembre del 2000, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; SEGUNDO: Confirmar en todas sus partes la indicada sentencia y en consecuencia: TERCERO: Sea condenada la compañía ALLEGRO RESORTS DOMINICANA, S.A., al pago de la suma de TRECIENTOS MIL PESOS (RD$300,000.00) en favor del señor VICTOR EDUARDO SILADI MENESES, como justa reparación por los daños y perjuicios, materiales y morales sufridos, como consecuencia del uso no autorizado de una fotografía de su propiedad por parte de la compañía ALLEGRO RESORTS DOMINICANA, S.A., en el sito de internet de Allegro Resorts; CUARTO: Sea condenada la compañía ALLEGRO RESORTS DOMINICANA, S.A., al pago de los intereses legales de dicha suma, calculados a partir de la fecha de la demanda en justicia, a título de indemnización complementaria; QUINTO: Sea condenada la compañía ALLEGRO RESORTS DOMINICANA, S.A., al pago de los costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de los licenciados Juan Manuel Ubiera, Dilia Leticia Jorge Mera y Rosa Dolores Batle Jorge, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte”; plazo 15 días para depósito escrito; plazo 15 días para réplica (sic);

 

A U T O S V I S T O S:

 

RESULTA: que con motivo de la DEMANDA EN REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, incoada por el señor VÍCTOR EDUARDO SILADI MENESES contra la entidad comercial ALLEGRO RESORTS DOMINICANA, S.A., la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó en fecha 19 del mes de diciembre del año 2000, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente:

F A L L A:
PRIMERO: RECHAZA la Fianza de Judicatum Solvi, planteado por la parte demandada, por los motivos indicados precedentemente; SEGUNDO: DECLARA BUENA Y VALIDA tanto en la forma como en el fondo la presente demanda en REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS intentada por el señor VICTOR EDUARDO SILADI MENESES, en contra de la compañía ALLEGRO RESORTS DOMINICANA, S.A., por haber sido hecha conforme al derecho; TERCERO: CONDENA a la compañía ALLEGRO RESORTS DOMINICANA, S.A., al pago de la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS (RD$300,000.00) a favor del SR. VICTOR EDUARDO SILADI MENESES, como justa reparación, por los daños sufridos; CUARTO: CONDENA a la compañía ALLEGRO RESORTS DOMINICANA, S.A., al pago de los intereses legales de la suma a intervenir; QUINTO: CONDENA a compañía ALLEGRO RESORTS DOMINICANA, S.A., al pago de las costas del procedimiento con distracción de las mismas en provecho de los LICDOS. ORLANDO JORGE MERA y JUAN MANUEL UBIERA, quienes afirma estarlas avanzando en su totalidad (sic);

 

RESULTA: que mediante acto No.202/2001, de fecha 06 del mes de febrero del año 2001, instrumentado y notificado por el ministerial SILVERIO ZAPATA GALÁN, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la entidad comercial ALLEGRO RESORTS DOMINICANA, S.A., interpuso formal recurso de apelación contra la sentencia arriba indicada por no estar conforme con la misma;

 

RESULTA: que a diligencia de los abogados de la parte recurrida y previo auto del Presidente de esta Corte, se fijó la audiencia del día jueves 08 del mes de marzo del año 2001, a las nueve horas de la mañana (9:00 a.m.), para conocer del mencionado recurso de apelación;

 

RESULTA: que a la audiencia efectivamente celebrada por esta Corte en fecha y hora arriba indicadas comparecieron ambas partes debidamente representadas por sus abogados constituidos y apoderados especiales, audiencia que culminó con la siguiente sentencia in-voce: la Corte ordena: comunicación recíproca de documentos; 15 días simultáneos y consecutivos para que depositen por secretaría los documentos en apoyo de sus intereses (sic);

 

RESULTA: que a diligencia del abogado de la parte recurrida y previo auto del Presidente de esta Corte, se fijó la audiencia del día jueves 19 del mes de abril del año 2001, a las nueve horas de la mañana (9:00 a.m.), para conocer del mencionado recurso de apelación;

 
RESULTA: que a la audiencia efectivamente celebrada por esta Corte en fecha y hora arriba indicadas comparecieron ambas partes debidamente representadas por sus abogados constituidos y apoderados especiales, audiencia que culminó con la siguiente sentencia in-voce: la Corte ordena: fallo reservado; 15 días simultáneos y consecutivos para escrito justificativos de las presentes conclusiones; 15 días al recurrente para réplica; 15 días al recurrido para contrarréplica (sic);

 

VISTOS: los documentos depositados bajo inventario en la Secretaría de esta Corte por los abogados de la parte recurrente, en fecha 26 del mes de febrero del año 2001, a cuyo tenor, las piezas depositadas son, a saber:

 

Documento No.1:.-       Copia de la sentencia No.036-00-2982 de fecha 19 de Diciembre del 2000, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en sus atribuciones civiles;

 

Documento No.2:.-       Copia del Acto No.10/2001 instrumentado en fecha 9 de Enero del 2001, por el Ministerial José Ramón Vargas Mata, Alguacil Ordinario de la Suprema Corte de Justicia, contentivo de notificación del Recurso de Apelación;

 

Documento No.3:.-       Copia del Acto 202/2001 instrumentado en fecha 6 de Febrero del 2001 por el Ministerial Silverio Zapata Galán, Alguacil Ordinario de la Cámara de lo Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, contentivo de notificación del Recurso de Apelación;

 

Documento No.4:.-       Copia del Acto No.157 instrumentado en fecha 8 de Febrero del 2001, por el Ministerial Ramón Vargas Mata, Alguacil Ordinario de la Suprema Corte de Justicia, contentivo de constitución de abogados y avenir en grado de Apelación;

 

Documento No.5:.-       El presente inventario (sic);

 

VISTOS: los documentos depositados bajo inventario en la Secretaría de esta Corte por los abogados de la parte recurrida, en fecha 21 del mes de marzo del año 2001, a cuyo tenor, las piezas depositadas son, a saber:

 

1.-         Brochure del Punta Cana Beach Resort, cuyas fotografías y diseño gráfico fue realizado por el señor Víctor Siladi;

2.-         Impresión de promoción en la página del internet www.allegroresorts.com del Allegro Resort Bábaro;

 

3.-         Impresión de la promoción en la página del internet www.allegroresorts.com del Allegro Resort Lagunamar;

 

4.-         Impresión de la promoción en la página del internet www.allegroresorts.com del Allegro Resort Turks & Caicos;

 

5.-         Impresión de la promoción en la página del internet www.allegroresorts.com Caribbean Village Agador;

 

6.-         Original de la fotografía sacada por el señor Víctor Siladi para la promoción del Punta Cana Beach Resort;

7.-         Original del acto No.1830/00 del 12 de septiembre del 2000, notificado por el ministerial José Ramón Vargas Mata, Alguacil Ordinario de la Suprema Corte de Justicia, a requerimiento del señor Víctor Siladi;

 

10.-    Original del acto No.1830/00 del 12 de septiembre del 2000, notificado por el ministerial Pedro Raposo Cruz, Alguacil Ordinario de la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a requerimiento de los licenciados Xavier Marra y Jacqueline Dhimes;

 

11.-    Original del actoNo.1036 del 14 de septiembre del 2000, notifcado por el ministerial José Ramón Vargas Mata, Alguacil Ordinario de la Suprema Corte de Justicia , a requerimiento de los licenciados Orlando Jorge Mera y Juan Manuel Ubiera (sic);

VISTOS: los documentos depositados bajo inventario en la Secretaría de esta Corte por los abogados de la parte recurrente, en fecha 19 del mes de abril del año 2001, a cuyo tenor, las piezas depositadas son, a saber:

 

Documento No.1:.-            Original de la Carta enviada por la oficina de abogados Jorge Mera & Villegas en fecha 28 de Julio del 2000, dirigida a la Lic. Jacqueline Dhimes, por la cual le exige el pago de la suma de US$6,000.00, por concepto de pago de derecho de autor al recurrido;

 

Documento No.2:.-            Original del Brochure realizado por Punta Cana Beach Resorts;

 

Documento No.3:.-            El presente inventario (sic);

 

VISTOS: los demás documentos que reposan en el expediente;

LA CORTE, DESPUÉS DE HABER DELIBERADO:

 

CONSIDERANDO: que esta Corte se encuentra apoderada del recurso de apelación interpuesto por la compañía ALLEGRO RESORT DOMINICANA, S. A., contra la sentencia no. 036-00-2982, de fecha 6 de febrero de 2000, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional a favor del señor Víctor Eduardo Siladi Meneses;

 

CONSIDERANDO: que a tales fines la Corte ha celebrado dos audiencias, en fechas 8 de marzo y 19 de abril de 2001; que en esta última audiencia las partes concluyeron en la forma en que se indica en otra parte de esta sentencia;

 

CONSIDERANDO: que el recurso de apelación fue interpuesto mediante acto no. 202-2001, de fecha 6 de febrero de 2001, por el ministerial Silverio Zapata Galán, alguacil ordinario de la Corte de Apelación de Santo Domingo; que el acto de notificación de la sentencia aludida fue instrumentado en fecha 9 de enero de 2001, por el ministerial José Ramón Vargas Mata, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia; que luego de examinados los actos descritos, la Corte considera que los mismos han sido instrumentados conforme a las reglas procesales vigentes y en consecuencia, procede declarar el recurso de apelación bueno y válido en cuanto a la forma;


CONSIDERANDO: que la parte recurrente pretende que se revoque en todas sus partes la sentencia recurrida y en apoyo de estas pretensiones expresa: “que Allegro Resort Dominicana tomó las fotos de un sitio público de internet cuyo uso no cuenta en el país con una regulación específica cuando el acceso a la misma se realiza en torno a la red del internet. Que este sitio público no contenía términos ni condiciones, ni ninguna otra condición ni información acerca de los derechos de autor sobre la fotografía indicada; b) que la prueba de que la fotografía pertenecía al señor Víctor Eduardo Saladi no fue aportada ni en el tribunal
a-quo ni en esta Corte; c) que en el hipotético caso de que Allegro Resort hubiera incurrido en una falta, el señor Víctor Eduardo Siladi no ha probado el daño sufrido; d) que el tribunal
a-quo al fallar, tampoco comprobó la existencia del perjuicio sufrido, la relación de causalidad entre la falta y el daño, ni pudo determinar ni demostrar los criterios para la fijación justa de la cuantía de los supuestos daños y perjuicios; e) que el tribunal a-quo hizo una incorrecta aplicación de la ley al no fundamentar su decisión;

 

CONSIDERANDO: que la parte recurrida pretende a su vez, que sea rechazado por improcedente y mal fundado el recurso de apelación interpuesto por Allegro Resorts Dominicana, S. A. y confirmar en todas sus partes la sentencia recurrida, rechazar la excepción de fianza judicatum solvi, porque el señor Víctor Eduardo Saladí es un ciudadano Boliviano y está exento de la obligación de prestar dicha fianza, por haber suscrito Bolivia al igual que nuestro país el Código Bustamante; que en apoyo de sus pretensiones alega entre otras cosas las siguientes: “ que la parte demandada, hoy recurrente en apelación en sus conclusiones principales ante el tribunal a –quo solicitó que el demandante, hoy recurrido en apelación, prestare una fianza del extranjero transeúnte o judicatum solvi, de conformidad con las disposiciones de los artículos 16 del Código Civil y 166 del Código de procedimiento Civil; que el señor Víctor Eduardo Saladí es boliviano, que Bolivia suscribió y aceptó el Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante; que la República Dominicana también adoptó y suscribió este código y en consecuencia los nacionales de los determinados países contratantes, como en el caso de los ciudadanos de Bolivia, gozan de los mismos derechos y el mismo tratamiento que los nacionales dominicanos, incluyendo lo relativo a la fianza del extranjero transeúnte; que la fotografía original tomada por el señor Víctor Eduardo Siladí fue revelada e impresa del negativo que es propiedad de este; que la compañía Allegro Resort, hizo un uso no autorizado de dicha fotografía en el sitio de internet de Allegro Resort, S. A., que Allegro Resort retiró la fotografía quedando pendiente el pago de los derechos de autor a favor del requeriente; que la fotografía tomada por el señor Siladí es una obra protegida por la ley; que la condición de extranjero del señor Eduardo Siladí , no excluye su obra de la protección de la ley; que la utilización no autorizada de dicha fotografía por parte de Allegro Resort, S. A. constituye una violación a las disposiciones de la ley de derecho de autor y en consecuencia el autor tiene derecho a percibir reparación por los daños y perjuicios sufridos;

 

CONSIDERANDO: que en un orden procesal lógico, es procedente que la Corte se pronuncie sobre le excepción de fianza judicatum solvi planteada por la parte recurrente; en ese tenor procede rechazar la excepción de fianza judicatum solvi, pero no por los motivos expuestos por el recurrente, ni por el tribunal a-quo, sino porque es la misma ley no. 65-00 Sobre Derecho de Derecho de Autor, que en su artículo 184 expresa: “el demandante extranjero transeúnte no estará obligado a prestar la fianza judicatum solvi establecida en el artículo 16 del Código Civil de la República Dominicana y artículo 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil” (sic); que esta solución vale desición sin que sea necesario hacerla figurara en el dispositivo de este fallo;

 

CONSIDERANDO: que en cuanto al fondo del litigio, son hechos no controvertidos, que el señor Siladí Meneses realizó una serie de trabajos de fotografía para la ilustración de una promoción del Punta Cana Beach Resort, en la cual de manera especial figura una fotografía en la cual aparece acostada una pareja en una hamaca en la playa; que esa fotografía ha sido utilizada en un sitio de internet propiedad de Allegro Beah Resort; que figuran depositados en el expediente unos brochures contentivos de promoción de Allegro Beach Resort en los cuales se incluye la fotografía tomada por el señor Víctor Saladí, así como las fotocopias de la foto utilizada en las promociones de Allegro Beach Resort en internet;

 

CONSIDERANDO: que la parte recurrida y otrora demandante manifiesta que la fotografía es propiedad de su autor; que la Allegro Beach Resort compromete su responsabilidad cuando utiliza una foto sin autorización de su autor; que a pesar de que retiraron la promoción, no han pagado los derechos al autor; sin embargo la recurrente alega que tomó las fotos de un sitio de internet cuyo uso no cuenta en el país con una regulación específica; que ese sitio público no contenía términos y condiciones, ni ninguna condición o información acerca de los derechos de autor sobre la fotografía indicada; que la prueba de que la fotografía pertenecía al señor Víctor Saladí, no fue aportada ni en el tribunal a-quo ni ante esta Corte, que en el hipotético caso de que Allegro Resort hubiera incurrido en alguna falta, el señor Víctor Eduardo Siladí no ha probado el daño sufrido;

 

CONSIDERANDO: Que la Corte, luego del cotejo realizado entre las pretensiones de las partes, sus alegatos y las piezas y documentos que reposan en el expediente, considera que la recurrente, si ha violado la ley de derecho de autor y su reglamento de aplicación, y a consecuencia de ello ha causado daños y perjuicios al señor Víctor Eduardo Siladí, por los motivos siguientes: porque la ley de derecho de autor es clara cuando en su artículo 2 expresa, que el derecho de autor comprende la protección de las obras literarias y artísticas, así como la forma literaria o artística de las obras científicas, incluyendo todas las creaciones del espíritu en los campos indicados, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, divulgación, reproducción o comunicación, o el género, mérito o destino, incluyendo pero no limitados a : 8) las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; que en la especie, el derecho de autor del señor Siladí Meneses no ha sido controvertido por la parte recurrente, por demás, es un derecho que no requiere para su existencia, de registro alguno, basta que la obra sea creada; en este caso, ha quedado demostrado que la fotografía objeto del uso indebido por parte de la recurrente, fue realizada por el recurrido para ser utilizada en la promoción del complejo turístico Allegro Beach Resort, pero exclusivamente para ello, no existía una cesión ilimitada de derechos de explotación de la obra, lo cual no se presume, debe ser por escrito, en la especie, no ocurrió así, sino que se limitó el acuerdo a ser usada en el brochours de la recurrente, sin embargo, violando los derechos de autor, procede a utilizar la fotografía para promover su negocio turístico a través del internet, todo ello sin la autorización del autor;

 

CONSIDERANDO: que el derecho de autor es un derecho inmanente que nace con la creación de la obra y es independiente de la propiedad del soporte material que la contiene, por lo que el hecho de que Allegro Beach Resort adquiriera la fotografía, es decir su soporte, no es indicativo de que adquiriera por ello el derecho que le pertenece al autor de la obra; por otra parte las diferentes formas de utilización de la obra son independientes entre sí, por lo que la autorización del autor para una forma de utilización, no se extiende a otras, en consecuencia, el derecho que tuvo Allegro Beach Resort, sobre el soporte de la obra, se limitaba a lo acordado en el contrato, en el lugar acordado y por un tiempo limitado;

 

CONSIDERANDO: se tendrá como autor, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales o cualesquier otras marcas o signos convencionales que sean notoriamente conocidos como equivalentes al mismo nombre, aparezcan en dicha obra o en sus reproducciones o se enuncien en la comunicación o cualesquiera otra forma de difusión pública de la misma; que en la fotografía realizada por el otrora demandante, aparece su nombre en la coletilla del brochurs expresando:”fotografía y diseño gráfico Víctor Siladí”;

 

CONSIDERANDO: que los autores de obras científicas, literarias o artísticas o sus causahabientes, tienen la libre disposición de su obra a título gratuito u oneroso y en especial el derecho exclusivo de autorizar o prohibir, entre otras, la reproducción de la obra, en cualquier forma o procedimiento, la comunicación de la obra al público, por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocer;

 

CONSIDERANDO: conforme al artículo 54 de la ley de derecho de autor nuestra, el autor de una obra fotográfica u obtenida por cualquier procedimiento análogo, goza del derecho patrimonial exclusivo reconocido a las demás obras del ingenio conforme a esta ley, siempre que tenga características de originalidad y sin perjuicio de los derechos de autor, cuando se trate de fotografías de otras obras de las artes figurativas; que la fotografía de que se trata, a nuestro juicio sí tiene características de originalidad, basta con observarla, puesto que no es común y corriente como lo sería una fotografía realizada para un carnet o una cédula de identidad, si así hubiera sido, no hubiera podido ser utilizada para una promoción turística, además, quienes contrataron al autor, hubieran realizado el trabajo fotográfico por sí mismos;

 

CONSIDERANDO: que los autores, además de tener derechos morales sobre sus obras, también los tienen patrimoniales, se presume en consecuencia, que además de contribuir a la recreación espiritual, los artistas viven de su profesión, por lo que al cometerse el acto ilícito, se atenta contra el derecho que tiene el autor a percibir una remuneración de su obra, es decir que se atenta contra el carácter parcialmente alimentario que tienen los créditos que ha dejado de percibir;

 

CONSIDERANDO: que de conformidad con el artículo 177 de la ley 65-00: toda persona que sin el consentimiento del titular efectúe cualquiera de los actos que conformen los derechos morales o patrimoniales reconocidos en la presente ley, es responsable frente a dicho titular de los daños y perjuicios ocasionados por la violación de su derecho, independientemente de que haya tenido o no conocimiento de la violación cometida por él;

 

CONSIDERANDO: que conforme a nuestro régimen legal, en la especie, se conjugan los tres elementos que tipifican la responsabilidad civil, y aunque la misma ley de derecho de autor remite al derecho común los procedimientos a seguir para las reclamaciones civiles, esto no conlleva alejamiento, en cuanto a las características especiales del derecho de autor, de los principios que norman este derecho, por lo que, ciñéndonos a la ley, la doctrina, los tratados internacionales y la jurisprudencia, fuentes de este derecho, hemos considerado, que existe la falta, desde que se cometen las distintas violaciones a la ley, la cual, como dijimos tiene un carácter público y social; el daño, es la consecuencia de las faltas cometidas, desde que se hace un uso indebido de la obra ajena, se causa un daño, daño que tiene dos características, es moral y material; moral, porque en el derecho de autor se aúnan estos dos derechos, y por ello, no podemos dejarlos de lado. En cuanto a la evaluación de los daños, los morales son de la soberana apreciación de los jueces; en lo referente a los daños materiales, hemos hablado, y es una corriente jurisprudencial del derecho de autor continental, que los valores dejados de percibir por el autor, tienen parcialmente, un carácter alimentario, por lo que los daños son obvios, y pueden ser justipreciados, tomando como base o premisa la misma ley que fija una suma mínima para acordar los daños y perjuicios, sin que ello signifique una camisa de fuerza para los jueces, quienes ponderarán la pertinencia de acordar una indemnización superior al mínimo establecido, como hemos hecho en el presente caso, considerar la suma acordada por el juez a-quo, como justa y adecuada;

 

CONSIDERANDO: que es de jurisprudencia constante, que la apreciación de los daños es una cuestión de hecho de la soberana decisión de los jueces del fondo y escapa al control de la casación, siempre y cuando, como en el presente caso, esos hechos hayan sido claramente establecidos en el proceso;

 

CONSIDERANDO: que el párrafo del artículo indicado precedentemente expresa a su vez: “ los daños y perjuicios en ningún caso, serán inferiores al mínimo de la multa establecida como sanción penal para la infracción respectiva, en relación con cada violación”;

 

CONSIDERANDO: que la indemnización acordada por el tribunal, en esta materia, debe tener dos fines principales, primero la reparación del daño, la cual debe ser integral, lo que significa, que la victima, debe quedar en condición similar a aquella en que se encontraba antes de producirse el daño, y segundo, un fin disuasivo, es decir, que lleve a la comunidad, un mensaje ético, para evitar que se sigan cometiendo actos violatorios a esta ley, la cual expresa en su artículo primero, que sus disposiciones tienen carácter público y social; por otra parte, nuestra Constitución, en su artículo 8, numeral 14, protege estos derechos, los cuales han sido considerados derechos fundamentales;

 

CONSIDERANDO: que también ha quedado palmariamente establecido el lazo de causalidad entre la falta cometida por la recurrente, y el daño sufrido por la recurrida, obviamente, que el último es una consecuencia lógica de la primera; si la recurrente, no hace el uso ilícito de la obra de la recurrida, no se produce el daño, ha habido un daño por comisión, y también por omisión, el primero, por la violación a la ley y el segundo por la negativa a pagar los emolumentos correspondientes al autor de la indicada obra; la parte recurrida no hubiera recibido ningún daño, si no se produce la acción de la recurrente;

 

CONSIDERANDO: que aunque el demandante original, y ahora recurrido es nacional de otro país, tendrá para los fines de la violación a la ley sobre derecho de autor y su reglamento de aplicación, el mismo trato que los nacionales, en virtud de los tratados internacionales suscritos por nuestro país, muy especialmente el Convenio de Berna, el cual en el artículo 5 numeral 3, expresa entre otras cosas: “...sin embargo, aun cuando el autor, no sea nacional del país de origen de la obra protegida por el presente Convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales”;

 

CONSIDERANDO: que a juicio de la Corte, el juez a-quo ha hecho una adecuada apreciación de los hechos y una aplicación correcta del derecho, por lo que procede confirmar en todas sus partes la sentencia recurrida;

 

CONSIDERANDO: que procede condenar a la parte que ha sucumbido al pago de las costas del procedimiento y ordenar, si ha lugar a ello, que las mismas sean distraídas en provecho de los abogados que afirmen estarlas avanzando en su totalidad o en su mayor parte;

POR TALES MOTIVOS, y vistos los artículos 130 y 133 del Código de Procedimiento Civil, artículo 8, numeral 14 de la Constitución, 1, 2 numeral 8; 3, 4, 19, 20, 54, 80, 81, 82,169, 177 y 184 de la ley 65-00 sobre Derecho de Autor y el artículo 5 del convenio de Berna;

LA CÁMARA CIVIL DE LA CORTE DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL, administrando Justicia, en nombre de la República; por autoridad de la ley, y en mérito de los artículos citados;

F A L L A :

 

PRIMERO: DECLARA, bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por la compañía ALLEGRO BEACH RESORT, S. A., contra la sentencia marcada con el no. 036-00-2982, de fecha 19 de diciembre de 2000, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haberse intentado conforme a las reglas procesales que rigen la materia;

 

SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo el indicado recurso y en consecuencia CONFIRMA, en todas sus partes la sentencia recurrida, por los motivos expuestos;

  

TERCERO: CONDENA, a la parte que ha sucumbido, ALLEGRO BEACH RESORT, S. A., al pago de las costas del procedimiento y ordena la distracción de las mismas en provecho de los licenciados Juan Manuel Ubiera, Rosa Batlle y Dilia Leticia Jorge, abogados, quienes afirman estarlas avanzando en su mayor parte;

 

Y por esta nuestra sentencia, así se pronuncia, ordena, manda y firma;

 

 

(FIDOS) MANUEL ALEXIS READ ORTIZ, MARCOS ANTONIO VARGAS GARCÍA, HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS, XIOMARAH ALTAGRACIA SILVA SANTOS e YGNACIO A. PÉREZ, Secretario. DADA Y FIRMADA ha sido la anterior sentencia por los magistrados que figuran en el encabezamiento, el mismo día, mes y año expresados por ante mi, Secretario que Certifica, YGNACIO A. PÉREZ, Secretario.

 

CERTIFICA: Que la presente copia es fiel y conforme a su original la que expido, firmo y sello a solicitud de la parte interesada, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy día veintinueve (29) del mes de octubre del año 2003.

 

 

YGNACIO A. PÉREZ

-Secretario
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