ComisióN 3: dogmática, parte especial sub comision: delitos económicos, delitos tributarios, estafas cometidas por la red (competencia)






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títuloComisióN 3: dogmática, parte especial sub comision: delitos económicos, delitos tributarios, estafas cometidas por la red (competencia)
fecha de publicación18.07.2015
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tipoCompetencia
l.exam-10.com > Derecho > Competencia
COMISIÓN 3:
DOGMÁTICA, PARTE ESPECIAL
SUB COMISION:
DELITOS ECONÓMICOS, DELITOS TRIBUTARIOS, ESTAFAS COMETIDAS POR LA RED (COMPETENCIA), LOS DELITOS DE CUELLO BLANCO Y SU INCIDENCIA EN LA POBREZA LATINOAMERICANA


TITULO DE LA PONENCIA:

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y EL PRINCIPIO “SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST”

AUTOR:

PATRICIA LORENA SARAVIA GUEVARA

UNIVERSIDAD:

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

EMAIL:

pattyy1yes@hotmail.com


2005

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS

PRINCIPIO “SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST”
I. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS Y DEL PRINCIPIO “SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST”:
A nivel histórico existen antecedentes del tema que me lleva a análisis, hablamos del la responsabilidad penal de las Personas Jurídicas y del Principio “Societas Delinquere Non Potest”.
En el DERECHO PRIMITIVO, es decir a la aplicación del derecho consuetudinario en aquellos pueblos cuna de nuestra civilización, el grupo estaba considerado como un ser indivisible, en palabras de Sighele, “El individuo era una parte mas bien que un todo y no se le consideraba como un organismo sino como un órgano”1. Es así pues que cada uno de los individuos era considerado parte de un todo, si algún individuo arremetía contra otro grupo, tribu o clan, todo el grupo, tribu o clan respondía por el daño causado por este.
En el DERECHO ROMANO, base de la normativa jurídica de la gran mayoría de países modernos, es donde los juristas detectan este problema, el de la personalidad jurídica, debido a que se encuentran frente a un conjunto de bienes que no tiene propietario vivo, pero que es necesario administrar- hablamos de la herencia yaciente, o como es el caso del tesoro del Pueblo, aerarium populi, es pues que la noción de persona jurídica necesita una abstracción conceptual de manera que se pueda sustentar en base a qué la Universitas2 respondiera por los actos de contenido civil y aun por aquellos de contenido penal. Si bien a causa de estos problemas que se presentaron respecto de la aparición de grupos q actuaban en unanimidad, es que los juristas adoptan un concepto de Persona Jurídica, pero solo con el fin de salvar dicho problema. Los juristas romanos recubren de formalidades al querer del pueblo, debido a que el Derecho Romano era el reflejo de la voluntad del pueblo, entonces se admitía que los miembros de la Universitas representaban una voluntad colectiva, y que cada uno de los miembros puede actuar por ella y los actos que realice serán imputados a la Universitas.

Pero esto no significaba que se consideraba a la Universitas como persona, sino que debido a que poseían un patrimonio colectivo , con en cual podían realizar todas aquellas manifestaciones de voluntad y ejercer derechos como una persona natural, los juristas consideraron que la Universitas cumplía el “Papel de Persona”, con lo cual dejaban a la luz el Principio Societas Delinquere Non Postest, pues por aquellos actos delictivos realizados por esta institución del Derecho Romano, respondían los miembros del grupo.
Pero, en la práctica, si bien era aceptado que la Universitas cumplía un papel de persona y no era una persona , con lo cual también se aceptaba que era incapaz de querer o de obrar; los actos realizados por la mayoría de los miembros se consideraban realizados por la Universitas, como sostiene Mestre.3 Por lo que la voluntad de la mayoría del los miembros que conformase una Universitas, ejercida en sentido contrario a la ley penal, no era otra cosa que la comisión de un delito de parte de la Universitas; concluye Mestre “El Derecho Romano considera a las persona jurídicas como capaces de cometer delitos y ser castigados”.
Es en la época de los GLOSADORES, donde se debió haber despejado toda duda con respecto al tema de la personalidad de la Universitas, pues ellos revisaron exhaustivamente el contenido de cada una de las instituciones del Corpus Iuris Civilis, sin embargo no profundizaron en lo relativo a la corporación, aceptando la Universitas con derechos propios con lo que se podía concluir que la Universitas tenia personería diferente a la de sus miembros, aunque al principio para la decisiones del grupo que conformaba la Universitas se necesitaba de unanimidad, luego se admite la aprobación de la mayoría.
En esta época se llega a la siguiente conclusión: La Universitas son los individuos que la componen, la voluntad y los actos de estos últimos son la voluntad y los actos de la misma Universitas, por lo que sus delitos en tanto que obran en nombre del grupo, son delitos de la Universitas. Luego la Universitas era capaz de delinquir. Fue delineado por los Glosadores el Principio de la “Responsabilidad Corporativa”, donde se señalaba que la Universitas era idéntica en naturaleza a sus integrantes, pero para sus decisiones se requería de un acuerdo unánime, lo cual en la practica era casi imposible de obtener, es por esto que se adopto la premisa de que, la mayoría de los miembros también era la Universitas.
Ponemos a esta altura del discurso, a nota de ejemplo, la Doctrina del Jurista Basiano:

  • Fue Consultado por el Arzobispo de Ravena, acerca del castigo a imponer a los autores de tala de su bosque. Ante la pregunta de a quien se debe castigar: Si al pueblo ut universitas, o a los aldeanos ut singuli. Basiano contesto: “Si los miembros de la Universitas obraron corporativamente, adsonum campanae o con banderas desplegadas, con el Concejo a la cabeza, es el grupo quien cometió el delito y quien deberá ser castigado; pero seria muy distinto si cada cual hubiera obrado por su cuenta”.


Luego en la etapa del DERECHO CANÓNICO, la iglesia es la primera en admitir que existen al margen del Estado agrupaciones dotadas de autonomía. Y es pues el Derecho Canónico quien reviste de forma jurídica a estos principios, fueron los primeros en utilizar la palabra “persona” para referirse a estas agrupaciones.

En Italia, sede del Estado Católico el sentir del pueblo veía bien el castigo a la corporación cuando esta se excedía en sus atribuciones.
En el Concilio de Lyon (1245) se presenta el problema de si la Universitas podía se excomulgada. Inocencio IV en un decretal resuelve declarando que la Universitas es ficción que goza de existencia ideal incorpórea, pero no obra por si misma. Por lo que no puede cometer actos ilícitos y tampoco ser excomulgada, que es pena moral aplicable solo a los seres humanos. Este decreto papal es reflejo del pensamiento católico de la época, la incapacidad delictiva de las corporaciones; claro que la realidad era otra, el pensamiento de la escuela de Bolonia y la voluntad del pueblo dejaron en el baúl de los olvidos dicho decretos.
La Universitas era sancionada por el derecho canónico, siempre que dentro de la corporación el órgano corporativo haya cometido el delito, si era realizado por persona individual, solo era sancionada dicha persona individualmente. Las penas aplicadas a la Universitas eran la privación del derecho de asociación y la multa, pues por su naturaleza inmaterial no podían sufrir penas corporales.
La posición de los POSTGLOSADORES, con respecto a la Responsabilidad de la Universitas se puede conocer citando las afirmaciones que hace Bartolo al respecto: “La persona jurídica es una realidad que actúa con el concierto de los hombres y puede proceder delictivamente y merecer sanción”. Pero señala además que no todos los delitos pueden ser cometidos por la persona jurídica, enumerando tipos de delitos que pueden ser cometidos por ella;

  • Los propios que son aquellos que entran normalmente en el ámbito de su actividad (statuta facere, collectas imponere, jurisdictionem dace).

  • Los impropios, en el que solo participan aconsejando, instigando o prestando algún tipo de ayuda, ya que por su naturaleza no son capaces de cometer. (homicidio).

Es pues Bartolo quien establece por primera vez una Teoría de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, pues además trata de eximir a los inocentes de la penalidad, de manera que solo los culpables sean castigados.
En conclusión, es en el derecho de los glosadores donde se da la Teoría del delito corporativo, con el fin de explicar el porque del castigo a la Universitas; en el Derecho Canónico donde se reconoce por primera vez el carácter de persona del grupo, y en los Postglosadores donde con Bartolo se reconoce que la Universitas puede actuar dolosamente solo en el caso de ciertos delitos y ser sancionada por ello.
II. DEBATE ACTUAL SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURIDICA:

  1. CONCEPCION ACTUAL DE PERSONA JURIDICA:

Según la Teoría de la Ficción, cuyo representante es SAVIGNY, la persona jurídica es una creación del derecho, es una creación jurídica.

“Todo derecho es la sanción de la libertad moral inherente al ser racional, y por esto la idea de persona o sujeto de derecho se confunde con la idea de hombre pudiéndose formular la identidad primitiva de ambas ideas en estos casos: Todo individuo y solo el individuo tiene capacidad de derecho. Verdaderamente que el derecho positivo (...) puede modificar la idea primitiva de la persona, restringiéndola o ampliándola, de igual modo que negar a ciertos individuos la capacidad de derecho en totalidad y en parte, y además, arrancando, por decirlo así, dicha capacidad del individuo, crear artificialmente una personalidad jurídica (...) a estos seres ficticios (...) se les llama personas jurídicas, es decir, personas que no existen solo para fines jurídicos.”4
Es decir las agrupaciones tienen capacidad legal pero no capacidad de actuar: como a los incapaces, deben dotárseles de un representante legal, es por esta razón que la teoría de la ficción de la persona jurídica excluye la idea de responsabilizar penalmente a estas, de la misma manera como no se puede responsabilizar penalmente a las personas físicas incapaces.

Según la Teoría de la Realidad, representada por Gierke, considera que la persona jurídica como sujeto de derecho goza de la protección legal de sus intereses y fines, y por lo tanto se le reconoce como titular de una capacidad autónoma de obrar; por esto la persona física no es la única realidad existente en el mundo normativo.5 En conclusión asi como la persona natura esta es capaz de cometer delitos y ser responsable por ello.


  1. CUESTIONES DOGMATICAS PARA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS:

Desde el punto de vista dogmático penal, se rechaza la idea de responsabilizar penalmente a las personas jurídicas en atención al contenido de los conceptos de acción, culpabilidad y de capacidad de pena que son reconocidos por la doctrina mayoritaria del Derecho Penal.

a) Incapacidad y Capacidad de Acción de las Personas Jurídicas:

La persona jurídica, considerada como un centro de imputación normativa de efectos jurídicos (normalmente derechos y deberes), no es tomada de la misma forma en el derecho penal, pues en este sentido existe una diferencia entre “sujeto de imputación” y “sujeto de acción”
La acción6 es el ejercicio de una actividad finalista” es el ejercicio de una actividad dominada por la voluntad con dirección a un resultado determinado, y la omisión es la no realización de una acción cuando se tiene posibilidad concreta de realizarla. Por esto al carecer la persona jurídica de voluntad,7 considerado siempre en el sentido jurídico - Penal, debe negarse a ella la capacidad de ser sujeto activo del delito por incapacidad de acción. Pues la acción natural dominada por la voluntad, por la capacidad de autodeterminación, facultades humanas que necesariamente han de tomar prestadas a hombres, es la única que interesa al Derecho Penal para la constatación de la realización del tipo. Esta concepción de incapacidad de acción de las personas jurídicas es sostenida por la doctrina mayoritaria representada esta por JESCHECK, ROXIN, MIR PUIG, LUZON PEÑA, MUÑOZ CONDE, BAJO FERNANDEZ, GRACIA MARTIN,CEREZO MIR8, entre otros. Según estos autores no es posible integrar en el supuesto de hecho de la imputación a la persona jurídica nada mas que los efectos, es decir, la situación de hecho objetiva, resultantes de la acción de la persona individual (órgano, representante); la voluntad de acción queda exclusivamente en la esfera jurídica de la persona del representante actual.
Pero a esto se contrapone el pensamiento de aquellos que consideran que los conceptos adoptados por la doctrina mayoritaria para considerar la acción de la persona jurídica, son conceptos predeterminados para personas naturales, por lo que no es posible partir de ellos para determinar la capacidad de acción de las personas jurídicas. Es así que se presentan dos tendencias, la primera de proponer un concepto único de acción que abarque tanto las conductas de personas naturales, como las de personas jurídicas; u de otro modo reservar el que existe para las personas naturales y construir otro que pueda ser utilizado para las personas jurídicas.
Uno de los mas arduos impulsadores de adaptar las categorías dogmáticas tradicionales, de manera que puedan ser utilizadas también para imputar a las personas jurídicas es ZUGALDIA ESPINAR, quien considera que la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y la sanción penal de las mismas es una exigencia de las actuales necesidades de política criminal; considera que el principio societas delinquere non potest es producto de determinados espacios temporales, pues mientras los tipos penales estuvieron abocados a proteger los bienes jurídicos patrimoniales individuales no existió ningún problema en cuanto a las categorías dogmáticas, pues estas respondían a las necesidades político criminal de la época; pero en la sociedad en la que vivimos actualmente fue necesario además de la protección de bienes jurídicos individuales, también proteger aquellos bienes jurídicos colectivos (bienes jurídicos económicos o socioeconómicos), para lo cual la fuerte construcción dogmática tradicional encontró serias dificultades. Surgen entonces en palabras de SCHÜNEMAN, la escisión entre la acción y la responsabilidad, de modo que a menudo el que realiza la acción no es responsable y el que lo es, en cambio, no actúa o no lo hace en un sentido plenamente típico, estaría refiriéndose a la persona jurídica.

La propuesta concreta de parte de estos autores es revisar las categorías dogmáticas tradicionales o elaborar nuevos instrumentos dogmáticos de responsabilidad penal. Acotan además que esto no significa renunciar a la responsabilidad de las personas físicas, sino que esta debe ser complementada con la responsabilidad penal de la empresa, de la persona jurídica, pues es una necesidad político criminal9 que se esta presentando actualmente y a la cual hay que responder. Una tendencia favorable hacia el reconocimiento de la responsabilidad de la persona jurídica la tenemos en el Derecho de la Comunidad Económica Europea; donde ya existe una opinión mayoritariamente respaldada de imponer sanciones administrativas a las personas jurídicas10.
GRACIA MARTIN, tiene una particular forma de considerar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin tener que recurrir a nuevas construcciones dogmáticas, adecua la acción de la persona jurídica a la coautoría y autoría mediata, conceptos construidos y aceptados por la doctrina mayoritaria, y en los cuales podría encuadrarse la responsabilidad de la persona jurídica.
b) Incapacidad y Capacidad de Culpabilidad de la Persona Jurídica:

La culpabilidad como segundo elemento de la teoría del delito, considerado en su concepción estricta cuya concurrencia permite atribuir el hecho antijurídico a su autor. El concepto puramente normativo de culpabilidad diferenciado por MIR PUIG, nos dice que esta se entiende como un juicio de valor o reproche hacia el sujeto que cometió un hecho antijurídico cuando podía actuar conforme a derecho.

Por lo que el fundamento material de la culpabilidad seria la motivación de la norma en los ciudadanos, la voluntad de estos por actuar respetando las normas positivas, y de nuevo encontramos aquí, el aspecto subjetivo dentro del concepto de culpabilidad, es decir, nos encontramos nuevamente en un concepto dogmático penal concebido únicamente para personas naturales.
TIEDEMANN, considera que las personas jurídicas como las físicas, son también destinatarios directos de las normas de conducta, es decir de los mandatos y prohibiciones, parte de considerar que las personas jurídicas tienen capacidad de acción y por ello pueden ser destinatarios de las normas de conducta. Sostiene que una culpabilidad propia de la persona jurídica es posible fundamentarla mediante el criterio de “culpabilidad por defecto de organización”, esto es los hechos individuales tienen que ser contemplados como hechos de agrupación en razón de que la agrupación, a través de sus órganos y representantes ha omitido la adopción de medidas de precaución que son exigibles para garantizar un desarrollo ordenado y no delictivo de la actividad relativa al trafico de empresa; a esto le llama Concepto de Culpabilidad Normativo – Social (Haftungstheorie vom Organisationsverschulden). Nos da ha entender TIEDEMANN, que la culpabilidad de la persona jurídica se basa en un hecho anterior, en el defecto de la organización de esta, de manera que no preveyó la comisión de delitos en el ejercicio de su actividad, exponiendo un punto de vista semejante al utilizado en el caso de actio libera in causa o en el caso de realización de un hecho punible en estado de ebriedad, la culpabilidad en estos casos se basa no en el hecho propiamente lesivo realizado en ausencia de culpabilidad, sino en la reprochabilidad por un hecho anterior consistente en haber descuidado la adopción de medidas de precaución para evitar la realización de tales hechos lesivos11.
Por esto TIEDEMANN, considera que la lesión a normas de deberes en la que incurre la persona jurídica y por la cual podría ser capaz de recibir una sanción, seria en la omisión de medidas de precaución en la organización de esta, hecho que resultaría ser anterior a la realización de la acción típica.
GÜNTER HEINE, sostiene que este seria el punto de partida para la responsabilidad de la persona jurídica, la responsabilidad por un deber de vigilancia de parte de la empresa en cuanto a la organización de la misma; se trata de una deficiencia en la organización de la empresa debido a una mala ponderación de los riesgos empresariales. Existen países que han adoptado esta tesis, como son los Estados Unidos de Norteamérica y la Comunidad Económica Europea.
A esta tesis, es lógico que exista como contraparte la doctrina mayoritaria y para esto tenemos a EISSER que adopta el concepto de normas distributivas para referirse a las normas que distribuyen objetivamente bienes y riesgos entre sujetos. Son normas de valor y con respecto a ellas no entra en consideración la capacidad de acción; de esto parte KAUFMANN, para explicar que la persona jurídica no puede responder por una acción que no realizo, mucho menos ser culpable si no infringió ninguna norma de deber12, lo que puede omitir la persona jurídica son estas normas distributivas que en nada tienen que ver con la capacidad de acción, concluye GRACIA MARTIN, que todo lo que puede ser imputado a la persona jurídica solo puede estar situado en el sustrato que corresponde a las normas de valoración; las consecuencias jurídicas que corresponden a este nivel, sin embargo no pueden tener el carácter de sanciones.
Por lo tanto las personas jurídicas no podrán ser destinatarias de las normas de determinación, pues carecen de capacidad de acción y por ende de culpabilidad, los únicos destinatarios de normas de determinación serian las personas físicas titulares del órgano o que ejercen la representación. Como sostienen KAUFMANN, la norma no es un juicio sobre un deber, sino un juicio de deber sobre “algo”, esta no puede formular un deber en concreto pues en el momento de formación no se conoce en quien concurrirán en un momento futuro los presupuestos que fundamentan e deber, por lo que se necesita de la realización de la acción para que este deber se concrete.
Es pues que volvemos a encontrarnos con la misma contingencia que nos dio el análisis de la capacidad de acción de la persona jurídica, y se trata de que los conceptos dogmáticos en Derecho Penal, están construidos para personas físicas, de manera que si queremos considerar que las personas jurídicas son capaces o no de culpabilidad tendríamos que ampliar dichos conceptos, como en este caso lo propone TIEDEMANN, al plantear el concepto de culpabilidad normativo - social13; o como concluye GÜNTER HEINE “establecer un sistema separado, paralelo al Derecho Penal Individual”.
c) Capacidad o Incapacidad de Pena de la Persona Jurídica:

La doctrina que a cuestas sostiene la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en la perspectiva actual de los tipos de sanción, no logra encontrar fácilmente al interior del sistema vigente formas de sanciones eficaces.
Se sostiene, dice CARLO ENRICO PALIERO, por razones obvias que las penas privativas de libertad no pueden ser enmarcadas como un tipo de sanción penal para las personas jurídicas en caso de reconocerse que pueden realizar acción e infringir normas de deber; pero desde otro punto de vista, el de GÜNTER HEINE, una de las sanciones que se podría imponer a la empresa seria curatela temporal de esta, pero razonando: poner en curatela a una persona no seria privarla de libertad, si nos seguimos moviendo en el ámbito del Derecho Penal Individual, pues estamos partiendo de lo incorporal de la persona jurídica y no preveemos que también posee libertad y de poner a esta en curatela temporal bajo la administración de una institución del estado; estamos haciendo lo mismo que poner a un delincuente (persona natural) en una penitenciaria.
Además se propone crear un catalogo de sanciones dirigido a las personas jurídicas, entre las cuales encontraríamos las ya conocidas en el derecho administrativo sancionador: Pena Patrimonial, como sanción financiera; o el cierre de la empresa como pena más grave en los casos de una administración que genere daños sociales relevantes.
Como es obvio, TIEDEMANN, uno de los más fuertes impulsadores de la responsabilidad de la persona jurídica, también ha escrito acerca de las sanciones que se deberían imponer a las personas jurídicas., y las divide en dos grupos:

  • Sanciones Mixtas; que vendrían a ser aquellas de carácter penal, administrativo o civil, como la disolución de la agrupación o su colocación bajo curatela medida ya mencionada y que es practicada por Francia, Alemania y EE.UU.14.

  • Medidas de Seguridad; aplicables solo a las personas morales como son la confiscación y el cierre del establecimiento; este tipo de medidas fueron ya recomendadas en el Congreso de la asociación Internacional de Derecho Penal, celebrado en Bucarest 1929. Han sido adoptadas ya en cierta medida por España y EE.UU. mediante los excesivos montos de las multas que implican privar a la persona jurídica de base financiera, evidentemente incluyen una disolución.

TIEDEMANN, “Todas estas medidas son consideradas una veces como verdaderas pena, otras veces como medidas de seguridad. El efecto practico no parece depender de esta clasificación dogmática, siempre que las medidas sean impuestas por la juridiscción penal en un proceso que, a través de su publicidad y eficaces medios de investigación, despliegue un efecto intimidante que no es necesariamente idéntico al de la sanción misma”. “… queda la cuestión de saber si tal modelo puro de medidas de seguridad… es suficientemente disuasorio en el ámbito de la delincuencia de las agrupaciones o si es necesaria una punición adicional o exclusiva”.
C. ANALISIS LEGISLATIVO:

En el ámbito legislativo, con respecto a la tipificación penal de la responsabilidad en el caso de delitos cometidos por las personas jurídicas, solo algunas legislaciones lo reconocen como tal, legislando en sus códigos; como es el caso de los países integrantes de la comunidad económica europea, donde existe una tendencia a favor del establecimiento de sanciones penales a las personas jurídicas, cabe mencionar así por ejemplo que en 1976 Holanda introdujo en su Código la posibilidad de sancionar penalmente a las personas jurídicas; el Código Penal Portugués lo hizo 1983, seguido en 1992 y 1993 por Noruega y Francia15. En otros países europeos se prefirió incluir en los códigos medidas de seguridad o sanciones administrativas a las personas jurídicas, como es el caso de Alemania, Suecia e Italia. En el Código Penal Español no reconoce la comisión de delitos, ni la aplicación de penas a las personas jurídicas sin embargo en su código señala algunos artículos que aluden a la comisión de hechos delictivos realizadas por ellas como es el caso de los artículos 238 y 499, además de señalar algunas medidas de seguridad, que si bien no son penas no están muy lejanas de ellas.
Es un hecho que las leyes para las persona jurídicas existen, y en sentido general la responsabilidad de esta también, como es el caso en el ámbito civil, laboral, administrativo y en algunos países también en el ámbito penal.
Cabe señalar que en el Perú, en nuestra legislación vigente, nos referimos al Código Penal de 1991, no reconoce expresamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas pero hace una mención tácita a ella, al regular aquellas consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas mediante las cuales se haya realizado el hecho punible. Art. 105°16.
Reconocidos juristas extranjeros como es BUSTOS RAMIREZ y juristas peruanos de la talla de PRADO SALDARRIAGA y HURTADO POZO reconocen que estas consecuencias accesorias son verdaderas sanciones penales para las personas jurídicas17, y que deberían ser reconocidas como tal de manera que se respeten los principios y garantías del derecho penal, como es el principio de legalidad.

Mencionamos estas consecuencias accesorias:

  1. Clausura temporal o definitiva de locales o establecimientos,

  2. Disolución de la persona jurídica, sobre lo que ya hemos tratado anteriormente,

  3. Suspensión de las actividades de la persona jurídica,

  4. Prohibición para realizar actividades en el futuro, de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.


Es pues a raíz de estas consecuencias accesorias aplicables a personas jurídicas que han surgido una serie de cuestionamientos como es el caso a nivel procesal, de cual seria el criterio aplicable para el emplazamiento de las personas jurídicas susceptibles de recibir consecuencias accesorias. Por esto es que en el Nuevo Código Procesal Penal de 2004 se ha legislado acerca de la incorporación de la persona jurídica al proceso en su Art. 90 °18.
D. ASPECTO POLITICO – CRIMINAL:

Creemos que el análisis Político- Criminal de la Responsabilidad de la persona jurídica es de lo que venimos hablando desde el inicio, pues de donde partiría el afán de dejar atrás el principio Societas Delinquere non Potest, y de tratar de explicar mediante nuevas estructuras dogmáticas el porqué de incluir dentro de nuestros código el tipo de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo haremos un análisis al respecto.

Como hemos señalado anteriormente existe la necesidad de iniciar la protección a estos nuevos bienes jurídicos colectivos que van surgiendo con el avance de la globalización y el neoliberalismo, que debemos encontrar la manera de frenar la delincuencia económica, la criminalidad contra el medio ambiente, la seguridad de los productos, el lavado de dinero, etc.; y evitar que sigan surgiendo personas jurídicas con el único fin de delinquir. Como señala TIEDEMANN “al respecto de los delincuentes económicos, no se trata de resocializarlos, sino de intimidarlos. Lo que no parece discutible es la efectividad del cierre de la empresa y la inhabilitación profesional, las cuales son especialmente adecuadas para alejar de la vida económica a los delincuentes profesionales”.

La Comunidad Económica Europea, ya se ha pronunciado al respecto, señalando una normativa sobre multas a las empresas que la conforman en los artículos 85 y 86 del Tratado de la Comunidad Europea, señalando además que no solo se imponen multas a las empresas sino que no es posible imponer sanciones a las personas físicas que hayan actuado en nombre de la empresa.

Si bien esto es un circulo que poco a poco se va cerrando, y se cierra con centro a responsabilizar a la persona jurídica por la comisión de hechos delictivos, esto en vista de que la empresas cada vez son mas y mas grandes de manera que en la mayoría de casos es casi imposible individualizar el sujeto o los sujetos que cometieron el hecho delictivo, por la dificultad probatoria, por la carencia de instrumentos de Derecho Penal para prevenir y reprimir la comisión de delitos empresariales, es que muchas veces queda impune la persona jurídica. Cabe señalar que el Derecho Penal de Mínima Intervención puede no ser la única salida a este problema, pero de algo estamos seguros; que la persona jurídica cada vez extiende su ámbito de realización de hechos que producen efectos en perjuicio de bienes jurídicos colectivos, los cuales necesitan protección efectiva.


BIBLIOGRAFIA


  1. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS Y SUS ÓRGANOS Y RESPONSABILIDAD POR EL PRODUCTO.

Santiago Mir Puig / Diego Manuel Luzón Peña. Gracia Martín


  1. Anuario de Derecho Penal 96’. PERSONAS JURIDICAS Y RESPONSABILIDAD PENAL.

José Hurtado Pozo.


  1. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS.

Gunter Heine.


  1. PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL DERECHO ITALIANO. Carlo Enrico Paliero.




  1. RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA.

Oscar Félix Salvadores.


  1. RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA.

Iván Meini Méndez


  1. MANUAL DE DERECHO PENAL – PARTE ESPECIAL – 1994.

Bramont Arias Torres / Maria del Carmen García.


  1. TEMAS DE DERECHO PENAL ECONOMICO Y AMBIENTAL

Klaus Tiedemann / Manual Abanto Vásquez.


  1. DERECHO PENAL PARTE GENERAL – TOMO I Klaus Roxin FUNDAMENTOS DE LA ESTRUCTURA DE LA TEORIA DEL DELITO 2da Edición alemana y notas por Diego Manuel Luzón Peña.




  1. LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADMINISTRADOR DE HECHO DE LA EMPRESA: CRITERIOS DE IMPUTACION.

Percy García Cavero.


  1. SOBRE LAS POSIBILIDADES Y LIMITES DE UNA DOGMATICA SUPRANACIONAL DE DERECHO PENAL Y LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS Y DE SUS ORGANOS ENEL DERECO ESPAÑOL.

Silva Sánchez.


  1. LA PUNIBILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS DESDE LA PERSPECTIVA EUROPEA. Schuneman

Traducción: Peñaranda Ramos – Madrid 95’


  1. CUESTIONES BASICAS DE DOGMATICA JURIDICO PENAL Y DE POLITICA CRIMINAL ACERCA DE LA CRIMINALIDAD DE LA EMPRESA. Schuneman. ADPCP 1988.




  1. LA CUESTION DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS.

Luis Jiménez de Asúa.


  1. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS. SOCIEDAD ANONIMA Y DELITO.

Domingo García Rada


  1. EL ACTUAR EN LUGAR DE OTRO EN EL DERECHO PENAL.

Luis Gracia Martín.


1 Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Oscar Feliz Salvadores” “.... Penarle a él (Individuo del grupo) solo hubiera sido una absurdo, del mismo modo que miraríamos como un absurdo castigar a un solo miembro del hombre”

2 Eran instituciones de derecho público y privado, las primeras administradas por magistrados, sacerdotes y funcionarios especiales y las segundas por un síndico y después por un actor.

3 “Responsabilidad de la Persona Jurídica” Oscar Felix Salvadores” “... Fue pues, y permaneció siendo, una ficción, incapaz de querer y de obrar realmente, y solamente en virtud de esa ficción los actos de la mayoría de sus miembros les fueron atribuidos”

4 SAVIGNY, Karl. Sistema de Derecho Romano Actual. Tomado del Material de Lecturas del Curso de Personas Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú.

5 CARLO ENRICO PALIERO. Problemas y Perspectivas de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.

6 WELSEL. El nuevo sistema del Derecho Penal, trad. Al castellano de la 4ta Edición alemana y notas de Cerezo MIR.

7 Aclaramos considerado desde el punto de vista del derecho penal, pues en el derecho privado muchas veces si se le reconoce capacidad de acción a la persona jurídica, pero capacidad de acción normativa, por ello se considera por ejemplo que la persona jurídica puede contratar y recibir los efectos de este contrato.

8 La inclusión de medidas de seguridad para las personas jurídicas que, de iure condendo, preveía el art. 132 del PLOCP de 1980, no implica el reconocimiento de la capacidad de acción de las personas jurídicas.

9 A esto la doctrina que considera que no se puede responsabilizar penalmente a la persona jurídica, sostiene que la protección de bienes jurídicos y del orden social configurado por estos no es monopolio del Derecho Penal, respondiendo al carácter fragmentario y de mínima intervención del Derecho Penal.

10 En Holanda en 1976, se introdujo en la legislación penal a la posibilidad de imponer sanciones penales a las personas jurídicas, en 1983 el código penal portugués hizo lo mismo. En 1992 siguió la misma dirección Noruega y en 1993, hizo lo propio Francia.

11 Responsabilidad Penal de las Empresas, Luis Gracia Martín, Pág. 62

12 Armin Kaufmann, tanto el bebe como el inimputable tienen que pagar impuestos, del mismo modo que bajo determinadas condiciones tienen que indemnizar.

13 La responsabilidad Penal de las Empresas: Evolución y Consecuencias. Günter Heine. Pág. 36

14 Temas de Derecho Penal Económico y Ambiental. Klaus Tiedemann. Traducción Manuel Abanto Vásquez.

15 Responsabilidad Penal de las Empresas, Luis Gracia Martín. Pág. 50.

16 Art. 105 Código .Penal Peruano, “ Si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo, el Juez podrá aplicar todas o algunas de las medidas siguientes: 1 … 2 … 3 …4 … La prohibición podrá tener carácter temporal o definitiva. La prohibición temporal no será mayor de cinco años. Cuando alguna de estas medidas fuera aplicada, el Juez ordenara a la autoridad competente que disponga la intervención de la persona jurídica para salvaguardar los derechos de los trabajadores.”

17 Revista

18 “Las personas jurídicas, siempre que sena pasibles de imponérseles las medidas previstas en los artículos 104° y 105° del Código Penal, deberán ser emplazadas e incorporadas en el proceso, instancia del fiscal.”

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