    LUIS ASTORGA SEGURIDAD, TRAFICANTES Y MILITARES
El poder y la sombra
TIEMPO
DEM ORIA
TUS UETS
EDITORES
Indice
Introducción. 11
1. Tráfico de drogas y seguridad
La guerra de baja intensidad.
Miguel de la Madrid Hurtado
y la Dirección Federal de Seguridad
Tráfico de drogas y seguridad nacional
La nueva agenda de seguridad
Estados Unidos y la seguridad nacional
¿Quién aconseja a quién
El consejero presidencial de Seguridad Nacional.
Campañas políticas
Tráfico de drogas y terrorismo
Amenazas
Política, hegemonía y seguridad....
2. Los militares
Los militares en la lucha antidrogas
Un paso adelante y dos atrás
El general Macedo de la Concha
Reestructuración
Delegaciones de la Procuraduría General de la República
Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas
Helicópteros
¿Quién controla la política antidrogas Sobrestimación y tareas pendientes
1.a edición: septiembre de 2007
© Luis Astorga, 2007
Diseño de la colección: Lluís Clotet y Ramón Úbeda
Reservados todos los derechos de esta edición para
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Impreso en México/Prjnted in Mexico
Corrupción de militares y derechos
humanos 102
3. Organizaciones y lucha por la hegemonía
Los Carrillo 109
Ricardo García Urquiza 115
Albino Quintero 119
El Chapo Guzmán 120
Marcos 139
El tesoro de Sierra Madre 140
Osiel Cárdenas Guillén 147
Los Zetas 163
Los hermanos Arellano 177
4. Estados
Indeseables 183
Michoacán 184
Guerrero 210
Nuevo León 231
Distrito Federal 244
Colombianos en México 250
Tabasco 252
Sinaloa 256
Frontera sur 261
Frontera norte 264
Menudeo 266
Encuestas 270
5. Drogas, discursos, medios y mitos
Discursos sobre drogas ilegales
y medios de comunicación 273
Mitologías 283
Legalización 291
Conclusiones 295
Extradiciones 297
La «guerra contra las drogas» 303
Escenarios 307
Apéndices
Abreviaturas 317
Fuentes consultadas 319
3
Introducción
3
Introducción
Antes de los años ochenta, a nadie se le había ocurrido pensar que el tráfico de drogas ilegales fuera un asunto que amenazara la seguridad nacional de algún país. A lo largo del siglo xx, después de las conferencias de Shanghai en 1909, de La Haya en 1912, la prohibición del opio en 1914 en Estados Unidos y otras conferencias internacionales posteriores, nunca se había colocado el tema de las drogas en esa dimensión ni en ese orden de prioridad en términos políticos. En el pensamiento tradicional, las amenazas a un determinado Estado provenían de enemigos externos. Dunn’ señala que, a raíz de la doctrina contrainsurgente desarrollada en los sesenta durante la administración Kennedy, se introdujo el enemigo interno en la lista de las amenazas a la seguridad nacional. Se abrió así la puerta para agregar posteriormente nuevos elementos a dicha doctrina, entre los cuales figuraba el tráfico de drogas.
Desde el inicio de las prohibiciones de ciertos fármacos, Estados Unidos ha considerado que el enemigo está en los países productores. De ahí el impulso prioritario a las políticas de destrucción de cultivos en ios países exportadores. Cuando el presidente Reagan firmó en 1986 el documento llamado National Security Decision Directive 221, donde se consignaba por primera vez que el tráfico de drogas es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, autorizó la participación del Departamento de la Defensa en un número importante de actividades antidroga.2 Había entonces una preocupación interna por la cantidad de estadounidenses consumidores fármacos ilícitos; pero también, y sobre todo, un interés p intervenir con mayor fuerza y decisión en el diseño de la p tica sobre drogas en otros países y en sus mecanismos de fu cionamjento. Las amenazas eran, pues, internas, por el consui y externas, por la producción destinada de manera prioritarj al mercado de Estados Unidos. Inmediatamente después, el Go. bierno mexicano «descubre» que la tesis de Reagan también e- válida para su caso y por decisión del entonces presidente, Miguel de la Madrid Hurtado, la integra en su esquema de segu- ridad nacional. Lo que destaca es el acto de autoridad fundador que establece los nuevos contenidos y significados que modi4 fican el esquema tradicional, las nuevas reglas del juego, los agentes sociales destinados a hacerlas cumplir y las estrategias derivadas de semejante concepción del asunto. En cuestiones de razón de Estado no importa qué tan verdadero es lo que se dice, sino quién lo dice y la fuerza que posee para legitimarlo.
La Operación Cóñdor en México (1975-1978) fue el primer ensayo en el continente americano de una estrategia antidrogas dirigida por militares. Luego seguiría Colombia, con la Operación Fulminante (1978-1980), centrada en la destrucción de cultivos de marihuana en la Guajira, durante la administración del presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), quien declaró que la economía de la droga significaba «una amenaza para la seguridad nacional». En 1989, el presidente Bush anunció la Iniciativa Andina para destruir el suministro de cocaína en los países productores (Perú, Bolivia y Colombia). Se trató de un plan que empleó un poco más de dos mil millones de dólares en cinco años, una parte para ayuda económica y casi la mitad para apoyo militar y policiaco.3 Posteriormente, a partir del año 2000, vendría el Plan Colombia. Versiones suavizadas y adaptadas para México empezaron a cobrar forma en la segunda parte de la administración Zedillo,
ile Washington Office on Latin America (WOLA), ¿Pelzçro inminente? Las FF.AA. de Estados Unidosy la guerra contra las drogas, Tercer Mundo Editores/CEJ, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1993, págs. 29-36.
í como en la de Fox con el Plan México Seguro, hasta derivar medidas más duras y desesperadas, que no necesariamente ‘, eficaces, como los operativos conjuntos en varias partes del ‘aís (incluso se habla ya de un Plan México o de una iniciativa de seguridad regional, la que incluiría a Centroamérica, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores —SRE— ha negado esa posibilidad)4 en la naciente administración del presidente Calderón. En todas esas estrategias las Fuerzas Armadas, las locales y las de Estados Unidos, han cumplido y cumplen un papel central. No hay razón para pensar que la estrategia estadounidense adoptada por países productores de plantas ilegales vayaa cambiar en el corto plazo, ni que éstos estén dispuestos a ignorarla o a actuar por su cuenta y con una lógica distinta; o, más improbable, que esos países constituyan un frente común y hagan algo cualitativamente diferente y de manera soberana.
Este trabajo es resultado de una investigación realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Tiene por objeto el análisis de la historia reciente, principalmente de la administración Fox y los primeros meses de la de Calderón, de las condiciones internas y externas que han hecho posible la inclusión del tráfico de drogas como amenaza para la seguridad nacional, así como las medidas que distintos gobiernos de México han puesto o evitado poner en práctica inspirados en esa visión, en función de lo que cada uno de ellos ha here dad
de su antecesor, y de su percepción particular de lo urgente, lo necesario y lo posible. Se parte del análisis de la relación histórica entre la esfera política y el del tráfico de drogas, explorada en trabajos anteriores, al igual que de las transformaciones al interior de dichos gobiernos en el contexto de la alternancia en el poder para explicar las luchas por la hegemonía y la autonomía relativa de los traficantes respecto
‘ Alfredo Corchado, «US May Boost Aid to Fight Drug Trafficking in Mexico», The Dallas Morning News, 9 de mayo de 2007; José Carreño, «México propondrá a EU ‘agresivo” plan conjunto anticrimen:
Sarukhán», El Universal, 19 de mayo de 2007; Horacio Jiménez, «En 60 días, plan antinarco regional: diplomático de EU», El Universal, 23 de mayo de 2007; Natalia Gómez Quintero, «SRE: no habrá un plan Colombia para México», El Universal, 2 de junio de 2007.
del poder político. Se observa con mayor detalle el trabajo realizado por las instituciones encargadas de la política sobre drogas y de seguridad a través de sus principales funcionarios; la participación creciente de los militares en asuntos de drogas y en instituciones de seguridad; las acciones de algunas de las principales organizaciones de traficantes, sus estrategias, alianzas y escisiones, los enfrentamientos entre ellas y con los representantes del Estado; la situación en algunas de las entidades más conflictivas del país, los escenarios de alternancia en el poder, la corrupción, la violencia extrema, las zonas que las bandas se disputan. También se analizan algunos de los mitos frecuentes generados por autoridades y reproducidos por los medios. Se plantean, en fin, algunos escenarios en función de lo observado tanto en términos históricos como en las tendencias más recientes.
Aquí no se trata de mitificar a nadie, lanzar infundios, escandalizar, ajustar el análisis a una preferencia política, al interés y visión de un partido político o grupo de poder, novelar y mezclar historias truculentas con datos comprobables para alimentar las fobias, delirios, certezas y fantasías del autor y del sentido común, ni de ignorar a quienes con su trabajo han hecho posible este libro. Tampoco se pretende aterrorizar, plantear soluciones mágicas o regodearse con la falta de resultados de alguna administración particular en asuntos de seguridad. No es una visión de cruzado, sino de un investigador académico que trata de entender, explicar y advertir sobre escenarios probables de una política cuyos fundamentos cumplirán en 2009 un siglo de haber sido establecidos. ¿Habrá algo para festejar a casi un siglo de distancia? Bueno, los traficantes sí tendrán motivos. También las burocracias que han hecho de la «guerra contra las drogas» su razón de ser.
La llamada «guerra contra las drogas» no es una guerra convencional. En Estados Unidos se ha escrito que la «guerra de baja intensidad» es una estrategia diseñada originalmente para contrarrestar los brotes de insurgencia revolucionaria en el tercer mundo. El sentido amplio que se deriva de su aplicación práctica en casos como las invasiones a Granada y Panamá, la asesoría contrainsurgente en la guerra de El Salvador, y las operaciones militares antidrogas en Bolivia en 1986, por ejemplo, la han convertido, se dice, en una «guerra para todas las estaciones». Entre las seis áreas principales que forman parte del esquema de «guerra de baja intensidad» se encuentran las operaciones antidrogas. Allí se prevé el uso de recursos militares para evitar la introducción de drogas en Estados Unidos y para atacar y destruir las fuentes de abastecimiento en otros países. Al menos entre 1978 y 1992, Dunn considera que en la frontera México-Estados Unidos se han aplicado políticas y estrategias que coinciden con el esquema de la «guerra de baja intensidad», aunque aparentemente de manera no propositiva.’
1 Timothy Dunn, The Militarization of the US-Mexico Border, 1978-
1992: Low Intensity Conflict Doctrine Comes Home, Center for MexicanAmerican Studies, University of Texas, Austin, 1996, págs. 20-22, 149;
WOLA, ¿Peligro inminente? Las FF.AA. de Estados Unidos y la guerra contra
las drogas, Tercer Mundo Editores/CEI, Instituto de Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá,
1993, cap. 3, págs. 89-96.
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Tráfico de drogas y seguridad
La guerra de baja intensidad
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En la actualidad, la estrategia va más allá de la zona fronteriza y es claramente más intencional.
La tesis reaganiana de considerar el tráfico de drogas como asunto de seguridad nacional, establecida en 1986, logró imponer un cierto esquema y determinadas categorías de percepción independientemente de las características históricas y estructurales del fenómeno del tráfico de drogas en los distintos países. En primer lugar, parece generalizar la idea según la cual lo que es válido para Estados Unidos también lo es para el resto del mundo bajo su influencia. En segundo, el discurso dominante concibe el surgimiento del tráfico y los traficantes como una actividad y como agentes sociales necesariamente ajenos a las estructuras de poder político en todo tiempo y lugar. La falta de investigaciones académicas sólidas al respecto contribuyó en parte al éxito de la visión uniforme. En tercero, el enfoque jurídico y policiaco con el que se inicia la era moderna de las prohibiciones de ciertos fármacos en Estados Unidos, a partir de 1914, se ve reforzado hoy en día con la participación directa, abierta y legítima de los militares en los mandos de dirección y operativos del combate antidrogas. El Ejército es por excelencia la institución que salvaguarda la seguridad nacional, y si se establece como dogma de observancia universal que el tráfico de drogas es una amenaza para ésta, entonces de allí se deriva el corolario lógico de la presencia militar activa, de su necesidad. Como dice Bourdieu, el discurso de autoridad tiene un poder performativo, es decir contribuye a crear en la conciencia y en las cosas aquello que enuncia.2 En cuarto, el entrenamiento del personal militar de los Estados que asumen la misma visión y establecen convenios de cooperación con Estados Unidos es proporcionado por el Ejército de este país. Los cursos de preparación están diseñados simultáneamente para la lucha contrainsurgente y el combate al tráfico de drogas.
Miguel de la Madrid Hurtado y la Dirección Federal de Seguridad
En la entrevista que Miguel de la Madrid Hurtado concedió a Jorge Castañeda, transcrita en el libro La herencia, el ex presidente señala que el sistema de información política que recibió era muy malo.3 Según él, «se deterioré a partir de que se empezó a usar a la Dirección Federal de Seguridad como policía del orden común, cuando se metió a narcóticos, a secuestros, a robos; se le hizo una policía más y dejó de tener su función de policía política, más bien de cuerpo de inteligencia política. Eso no lo ubico exactamente cuándo, pero venía de muy atrás». El ex presidente no se había enterado aparentemente de que desde su fundación, en 1947, la Dirección Federal cte Seguridad (DFS) tenía atribuciones legales para intervenir en asuntos de drogas; y tampoco de los nexos con el tráfico de drogas que las autoridades de Estados Unidos atribuían desde entonces tanto al fundador de la misma, el coronel Carlos Serrano, como a los principales dirigentes de esa nueva institución.4 No se había enterado de que la DFS nació corrupta. De la Madrid le comentó a Manuel Bartlett que él no quería tener a la DFS bajo su «dependencia lineal», que dejaba esa responsabilidad en manos de la Secretaría de Gobernación (Segob), es decir bajo la autoridad directa de Bartlett, quien le recomendó a José Antonio Zorrilla para dirigirla. No hubo objeción, puesto que Zorrilla les había proporcionado buena información política durante la campaña presidencial, reconoció De la Madrid. Luego, éste se enteró de que Zorrilla «estaba implicado en juegos sucios», hecho que le hizo saber a Bartlett, quien no le creyó «hasta que explotó el problema de Camarena». Según la versión del ex presidente, Bartlett le había ordenado a Zorrilla
Jorge Castañeda, |
