Entrevista a hijo de uno de los negociadores. Mientras Gobernación recomendaba diálogo, Sedena una salida militar






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MEXICO: Crece drogadicción y alcoholismo en los 145 pueblos originarios en el DF: Sederec

La Jornada
Durante los años recientes, los problemas de drogadicción y alcoholismo se han incrementado en gran parte de los 145 pueblos originarios de la ciudad de México, aseguró Hegel Cortés Miranda, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sederec).
En entrevista, el funcionario capitalino expresó que ante casos de ese tipo que le han manifestado líderes y representantes de diversas etnias con los cuales se ha reunido, se mantiene coordinación con la Secretaría de Salud y con el Instituto de Atención para la Prevención de las Adicciones (IAPA) para resolverlos. Incluso, comentó que hay pueblos originarios en los cuales se busca en la medicina tradicional la solución a esas situaciones.
Hegel Cortés mencionó que en el Distrito Federal se tiene registro de 700 mil indígenas, quienes en muchos casos se enfrentan a un contexto adverso; por ejemplo, en educación y trabajo las oportunidades son “realmente mínimas y hay que ampliarlas”, aun cuando tengan acceso a programas sociales como el del desempleo, proyectos productivos y vivienda, entre otros.
Resaltó que una de las principales aportaciones que hará la Sederec a corto plazo será organizar foros de discusión con los pueblos originarios, organizaciones de indígenas, autoridades capitalinas, diputados locales y autoridades de la Comisión de Derechos Humanos capitalina para concretar la Ley Indígena para el Distrito Federal.
Destacó que a ese esfuerzo serán convocados especialistas en la materia, académicos y organizaciones de la sociedad civil para concretar ese marco legal que le hace falta a la ciudad, y que en años anteriores se ha tratado de concretar en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero hasta ahora ha resultado infructuoso.
Por lo pronto, dijo, se tienen presupuestados cinco millones de pesos para trabajar en esos foros durante el primer trimestre de este año y así contar con un diagnóstico acertado de la situación de grupos indígenas en esta capital, así como las leyes que regirán su vida y desarrollo.
A la par, añadió, se destinarán 35 millones de pesos para crear el centro de interculturalidad, donde se preservarán los usos y costumbres de las étnias en esta capital.
GUERRERO: Se incrementan las fricciones entre organizaciones civiles

La Jornada
Chilpancingo. Unos 100 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) impidieron que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC) realizara su asamblea, la cual fue convocada en la comunidad de Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán.
Fuentes de la CRAC que solicitaron el anonimato manifestaron que algunos indígenas que impidieron la realización del encuentro provenían del municipio de Ayutla y eran encabezados por el dirigente de la Upoeg, Cirino Plácido Valerio, y el ex alcalde perredista de Malinaltepec, Apolonio Cruz Rosas. Éstos plantearon que se convocara a otra asamblea regional para el próximo 9 de febrero, pero en la comunidad de Santa Cruz del Rincón.
Con el propósito de evitar un enfrentamiento se optó por suspender la asamblea, en la cual, entre otros puntos, se iban a discutir la relación con la Upoeg y los puntos que serán abordados con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien se reunirá con la CRAC en la cabecera municipal de San Luis Acatlán.
Aseguraron que, a pesar de que había quórum, se optó por interrumpir la asamblea para evitar que la situación se complicara; no obstante, anunciaron que recibirán al mandatario estatal en una bodega que está frente a la cabecera municipal de San Luis Acatlán.
Apenas el pasado 13 de enero los 16 coordinadores de las tres casas de justicia ubicadas en San Luis Acatlán; Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, y Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, se deslindaron de los dirigentes de la Upoeg, quienes encabezan el levantamiento de autodefensa armada en Ayutla de los Libres y Tecoanapa.
“Vemos con claridad que lo que buscan es desestabilizar toda la región en que opera la CRAC-Policía Comunitaria, dar pretextos al gobierno para que instalen en nuestros territorios cuarteles de las policías estatal y federal, así como del Ejército y la Marina (como ocurrió en Olinalá), con el objetivo de militarizar nuestras regiones y dar legalidad a prácticas paramilitares. Con todo ello, obstaculizar el crecimiento y trabajo de las verdaderas organizaciones del pueblo”, comentó la CRAC en un comunicado.
Por separado, el alcalde de Ayutla de los Libres, Severo Castro Godínez, admitió que el levantamiento de autodefensa armada, implementado por las comunidades, ha traído buenos resultados en materia de seguridad, por lo cual recomendó que sea adoptado en otros municipios.
GUERRERO: Las autodefensas comunitarias frente al crimen organizado en Guerrero, “no son harina del mismo costal”

Gloria Muñoz / Desinformémonos
“Ante la impunidad con la que actúa el crimen organizado y la ineficacia y/o complicidad de las instituciones gubernamentales en México, ha proliferado la auto organización de los pueblos, principalmente en comunidades indígenas en las que hay una tradición (y un derecho) de autodefensa. Pero no todo lo que está ocurriendo en el país se puede meter en el mismo costal.
Es un riesgo, advierte Valentín Hernández, asesor jurídico de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero (CRAC-PC).

Desde el pasado 7 de enero la población de Ayutla de los Libres y de Tecoanapa protagoniza un levantamiento contra la delincuencia organizada, luego de que se registró un enfrentamiento en la cabecera municipal en el que resultó una persona murió y otra fue secuestrada.

A partir de ese día, decenas de pobladores armados con rifles y palos instalaron retenes de vigilancia en la zona para hacerse cargo de su seguridad.
El hartazgo y desesperación ante la violencia institucional y la del crimen organizado, es lo que está llevando a pobladores de las comunidades de Guerrero a organizarse para defenderse. Se trata de levantamientos genuinos que responden a un vacío institucional y a la prueba fehaciente de que la política de seguridad iniciada por el anterior gobierno y continuada por el actual, es un fracaso total.
El panorama es complejo, pues, como advierte Valentín Hernández, “los recientes levantamientos e instalación de retenes en las comunidades responden a la violencia que se ha disparado en la región”. El problema, indica, “es que en un principio sus dirigentes los presentaron como parte de la CRAC y esto ha confundido a tanto a la gente de las comunidades como a la de fuera”.

Hay un deslinde categórico de la CRAC firmado por sus 16 coordinadores regionales. No sólo no se trata de la Policía Comunitaria, organización autónoma con 17 años de experiencia en materia de seguridad y justicia de los pueblos, sino de acciones convocadas por el coordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, quien, advierte Hernández, está promoviendo la división de las comunidades en un contexto en el que el gobierno del estado busca el control de las organizaciones de la región y la militarización, aún más, de la zona.
“Nos preocupa que valiéndose de un sentimiento legítimo de la población ante la creciente inseguridad y violencia, se le manipule involucrándola en acciones que requerirían de mayor planificación, pero que en todo caso solo están encaminadas a fortalecer el afán de protagonismo de algunos dirigentes de la UPOEG. Manifestamos nuestro respeto a los compañeros de base de las comunidades que sin mayor información se han involucrado en dicho alzamiento, con la intención de brindar seguridad a los suyos, pero los llamamos a la cordura y al respeto al pueblo”, advierten en un comunicado.

En concreto, explica Valentín Hernández en entrevista con Desinformémonos, “se está promoviendo la división de las comunidades y la división de la CRAC. Gente que conoce a Bruno Plácido como miembro de la CRAC piensa que todo es lo mismo, pues él fue comandante y coordinador, pero desde hace años sólo es consejero y no forma parte de la dinámica organizativa, y no está respetando las instancias y principios de la CRAC, es decir, la decisión de las asambleas”.

“Nosotros vemos con extrañeza lo ocurrido”, indica, “pues el primer día del levantamiento Bruno declaró que se trataba de una moviliazación de la CRAC, luego nosotros lo desmentimos, pero ya estaba sembrada la confusión. Todo esto nosotros lo advertimos desde el 22 de diciembre”.

La UPOEG, denuncia el asesor jurídico de la Policía Comunitaria, “está intentando desde hace tiempo frenar el proceso de incorporación de las comunidades de Ayutla de los Libres, con el fin de encaminar el trabajo de la CRAC a los intereses del gobierno del estado. Es un problema muy fuerte, algo que no se habíamos vivido nunca en la CRAC. Por eso exigimos respeto a los principios de la organización comunitaria”.

Para la CRAC-PC, la consecuencia inmediata, que ya se está viviendo, es que “el gobierno está militarizando aún más la zona, con más ejército y más Marina en la zona de los Ayutlas. El operativo Guerrero Seguro, destinado para la zona de Acapulco ya funciona también en Ayutla y Teconoapa, con la presencia de las fuerzas federales.

La gente de la región ya no quiere ser sólo víctima de la delincuencia. No hay más salida que defenderse, señalan los comuniatrios, “pero hay que tener cuidado porque hay quienes quieren aprovechar la organización comunitaria de los pueblos no para llevarlos a la paz, sino al matadero. Este es el riesgo. Y que quede claro que no estamos en contra de la gente que está participando en los retenes y en la vigilancia. Sólo decimos que no es la Policía Comunitaria, que sus dirigentes no pueden hablar en nombre de ella y que se deben respetar los principios y estructura de la CRAC, que cuenta con sus formas organizativas y de incorporación muy definidas”

Tampoco, “estamos descalificando a toda la organización de la UPOEG, pero se tiene que parar la simulación”, advierte.
El comunicado de la Coordinadora Regional es claro. Enumera:

1.- En ningún tiempo, desde 1995 en que se formó nuestra seguridad comunitaria, nuestros elementos se han cubierto el rostro con capuchas o pasamontañas. Nuestra identificación siempre ha sido el uniforme de playera verde y pantalón negro, contamos con credenciales expedidas por las autoridades comunitarias, y por ser nombrados por nuestras asambleas, todo nuestro pueblo nos conoce, por lo que no tenemos ninguna necesidad de cubrir nuestras caras. Nuestros Policías Comunitarios siempre estarán descubiertos de la cara. Respetuosamente pedimos a los participantes de este levantamiento que dejen de utilizar nuestro uniforme y/o escudos en sus operativos.

2.- No estamos en guerra ni en confrontación con el narcotráfico. Nuestra misión es resguardar nuestras comunidades. No podemos realizar operativos en localidades que no están incorporadas al sistema comunitario. Por lo que en ningún momento nos hemos planteado perseguir a la delincuencia allá donde ande. Sólo procedemos a la detención de personas, cuando existe una denuncia previa por alguna persona agraviada, o bien que se encuentre a alguien cometiendo alguna falta o error; en este caso, se procede a la detención y se remite al detenido ante la Casa de Justicia, y son los coordinadores regionales quienes proceden a investigar y en todo caso a imponer una sanción de trabajo comunitario como proceso de reeducación. Cada persona detenida o acusada en el sistema comunitario, cuenta con un expediente. Todo esto lo tenemos previsto en nuestro Reglamento Interno.

3.- En los 17 años de existencia de la Policía Comunitaria, nunca se ha ejecutado ni se ha desaparecido a ningún detenido o persona acusada ante el sistema comunitario. Las personas que son detenidas pueden ser visitadas por sus familiares quienes están al tanto de sus procesos. Informamos que no tenemos bajo nuestra responsabilidad ni resguardo a las personas que se han detenido en los retenes. Las personas que quieran asegurarse de lo anterior, pueden acudir ante nuestras Casas de Justicia Comunitaria para verificar.
4.- Nuestro Sistema de Seguridad y Justicia, en ningún momento desde su nacimiento ha establecido en ninguna parte un “toque de queda” ni ha ordenado, ni siquiera sugerido, la suspensión de clases en las instituciones educativas. En el territorio comunitario, las personas pueden transitar libremente en cualquier hora sin temor, ya que es tarea de nuestra policía comunitaria garantizar su seguridad y no al revés. Manifestamos todo nuestro respeto a los miembros del magisterio, ya que en la historia de nuestra organización, varios profesores han cumplido su servicio comunitario incluso como policías comunitarios. Nuestra institución comunitaria, en todo caso debe velar por que se brinde en todo tiempo la educación a nuestros niños y jóvenes.

5.- Nuestra institución comunitaria, siempre se ha planteado una relación de respeto en relación al gobierno en sus diferentes niveles y ordenes, pero nunca hemos aceptado ni aceptaremos que nos de indicaciones o nos condicione. No nos subordinamos. Nuestro único mando es el pueblo. No pedimos la coordinación con otras corporaciones policiacas, ejército o marina. Nuestros operativos los planifica y los ejecuta únicamente nuestra Policía Comunitaria, con su estructura y sus mandos.
GUERRERO: Confirman presencia de Aguirre en territorio de la CRAC este lunes

Milenio
Este lunes el gobernador Ángel Aguirre Rivero estará en la cabecera municipal de San Luis Acatlán para dialogar directamente con comisarios, principales y comandantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
El 14 de enero, el jefe del Poder Ejecutivo local recibió en la residencia oficial Casa Guerrero a tres representantes de la CRAC, los que le plantearon la imposibilidad de asumir acuerdos en ese momento.

Pablo Guzmán Hernández, integrante de la coordinación general de la Policía Comunitaria que opera desde hace 17 años en la Región Costa Montaña, señaló que viajó hacia Chilpancingo con la encomienda de hacer la invitación al gobernador Aguirre Rivero para que acudiera a dialogar con la asamblea general en pleno, que es la principal autoridad de la CRAC.

El mandatario estatal aceptó y la cita quedó establecida para las 12 horas de este lunes 21 de enero, aunque se manejó la posibilidad de que por compromisos de agenda la fecha se pudiera modificar.
Este domingo por la tarde-noche, funcionarios de la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) del gobierno estatal confirmaron que la agenda del mandatario contempla su presencia en la cabecera municipal de San Luis Acatlán.

Habrá un dialogo directo y los comisarios, comandantes y coordinadores de la Policía Comunitaria podrán hacer planteamientos directos al gobernador, que llegado el momento también les habrá de dar respuesta.
GUERRERO: Sobrevivir con hambre

Cada día mueren 23 mexicanos por hambre y desnutrición… casi uno por hora. La comunidad de Guadalupe Victoria, en el municipio de Xochistlahuaca –en la región de la Costa Chica, Guerrero–, es uno de los lugares donde más se padece la desnutrición. Éstas son algunas historias de sus habitantes.

Martha Martínez / Enfoque / Reforma
Fabiola se aferra a las ropas rasgadas de su madre. Tiene cuatro años de edad, pero aún toma leche materna porque es la única manera que conoce de paliar el hambre.

Son las seis de la tarde, ya casi anochece en esta localidad del municipio de Xochistlahuaca, Guerrero, una de las más pobres del estado y del país y, al igual que sus tres hermanas, aún no ha hecho su primera comida del día.
El desayuno, que consistió en una taza de café y una tortilla recalentada en el fogón, fue a las seis de la mañana y, desde entonces, de vez en cuando se acerca al pecho de su madre para pedirle que la deje tomar un poco de ese líquido que ya no le aporta nutrientes, pero que le llena el estómago por un par de horas.
Fabiola es la única que tiene ese “privilegio” por ser la menor. Susana de 12 años, María Luisa de 10 y Rosalía de 7, sus hermanas, tratan de distraer el hambre jugando con las cáscaras de cacao que de vez en cuando recolectan para vender en el mercado del pueblo, o jugando con los perros que de la nada llegan a su casa: una choza con sólo dos paredes de adobe carcomido, techo de lámina de cartón y piso de tierra, porque a esta familia no llegó el programa Piso Firme que tanto presumió el ex presidente Felipe Calderón.

Lo que el Coneval cataloga como pobreza extrema se materializa en el pequeño cuerpo de Fabiola: tiene cuatro años de edad pero parece de dos, su piel está agrietada y reseca, como la de un adulto, no sobrepasa los 80 centímetros de estatura, cuando debería medir alrededor de 95, y de su ropa sucia sobresale una panza abultada que su madre atribuye a los parásitos del agua que aquí se toma de la llave, el único servicio público con el que cuenta la vivienda.

Inquietas, las menores esperan que termine de prepararse el caldo de pollo que comerán hoy, un lujo que sólo pueden darse una vez cada dos meses: cuando llega el apoyo de Oportunidades, y en ocasiones como ésta, cuando su padre recibe el pago por algún trabajo para el cual es contratado esporádicamente.

Cuando el caldo está listo ya es de noche. En condiciones normales comerían a oscuras y a ras del suelo, pero con motivo de las visitas, encienden una fogata y acercan un par de bancos viejos alrededor del fuego.
La comida servida en los platos de plástico es un líquido con unos cuantos frijoles blancos –el típico de esta región de la montaña de Guerrero– que comen con las manos. Los trozos de pollo son muy pequeños porque para que todos alcanzaran al menos uno Ángela, la madre de las niñas, desmenuzó las cinco piezas de retazo que compró en el mercado.
Cuando el caldo está listo ya es de noche. En condiciones normales comerían a oscuras y a ras del suelo, pero con motivo de las visitas, encienden una fogata y acercan un par de bancos viejos alrededor del fuego.
La comida servida en los platos de plástico es un líquido con unos cuantos frijoles blancos –el típico de esta región de la montaña de Guerrero– que comen con las manos. Los trozos de pollo son muy pequeños porque para que todos alcanzaran al menos uno Ángela, la madre de las niñas, desmenuzó las cinco piezas de retazo que compró en el mercado.
El agua es servida en una pequeña cubeta de la cual beben todos con la misma taza de plástico amarilla.
Las menores saben que no podrán pedir una ración adicional a la que ya se les sirvió y por ello no se esfuerzan en pedirla. Para llenar el estómago, recurren a una práctica que la mayoría de los habitantes de esta localidad utilizan: consumir la mayor cantidad de tortillas posible.
Cuando terminan de comer, los platos quedan prácticamente limpios, listos para la próxima comida que realizarán al día siguiente, alrededor de las 19 horas.
El de Fabiola es un ejemplo de lo que viven todos los días más de 66 mil menores de cinco años de edad que padecen desnutrición en el estado de Guerrero. Un caso paradigmático del drama que se extiende a todo el territorio nacional, en donde más de 656 mil 500 niños de esa edad no tienen acceso a la cantidad mínima de alimentos que requieren para realizar sus actividades diarias.
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