Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales






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La Jornada, sábado 7 de noviembre de 2009,

¿Se puede tener absolutamente conciencia tranquila?

Enrique Dussel*

Desde el más alto nivel del Estado mexicano se ha expresado que, ante la decisión política de dejar sin trabajo a 44 mil empleados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se tiene sin embargo absolutamente conciencia tranquila (La Jornada, 14.10.2009). Desearía reflexionar sobre dicho enunciado desde un punto de vista preciso y estrictamente ético, y muy especialmente porque el funcionario se presenta públicamente como cristiano (y por ello nos viene a la memoria el siguiente texto de un conocido pensador alemán, cuando escribe que la crítica está en su perfecto derecho cuando obliga al Estado o al que “profesa la Biblia como su doctrina en oponerle [a su decisión] las palabras de la Sagrada Escritura, [porque] cae en una dolorosa contradicción […] cuando se enfrenta con aquellas máximas del Evangelio que no sólo no acata, sino que no puede tampoco acatar”1). Mi reflexión se dirige entonces a un amplio público, sean ciudadanos que adoptan posiciones de derecha o de izquierda, aunque argumento principalmente para aquellos que opinan que en política hay principios normativos.

En primer lugar, el corto enunciado habla de absolutamente, o en absoluto. Desde ya debemos indicar que ninguna decisión práctica o política puede ser absoluta en el sentido de cierta. Es decir, la finitud humana y la complejidad prácticamente infinita de toda decisión concreta política impide como un imposible afirmar que sea absolutamente cierta (y ni siquiera puede ser cierta, a la manera de una conclusión matemática, y no porque sea insuficiente o errada sino, simplemente, por su imponderable complejidad). Toda decisión práctica, ética, política por ello puede ser, en el mejor de los casos, efectuada con pretensión de justicia. La palabra pretensión (claim, en inglés; Anspruch, en alemán, y tal como lo ha expuesto K.O. Apel o J. Habemas) indica exactamente que la verdad de los juicios o decisiones prácticas pueden, cuando son honestas, cumplir con las exigencias o los principios estipulados por la moral, pero que nunca pueden alcanzar el grado de certeza de algunas explicaciones científicas (que de todas maneras son falsables), de una verdad inapelable. Si alguien demuestra razonablemente lo contrario de lo decidido con pretensión de justicia, el justo debe corregir el juicio ante el mejor argumento, y permanece por ello en la pretensión de justicia (pero sabiendo que a corto o largo plazo puede demostrarse nuevamente la injusticia de la misma corrección)2. La Biblia, que el mandatario afirma como cristiano como su doctrina, recuerda que el justo peca siete veces por día. Y es justo, porque sabe de su finitud y reconoce con conciencia su pecado cuando se lo reprochan justamente. El injusto, en cambio, no peca nunca, porque tiene ceguera valorativa (diría Max Scheler) ante el efecto negativo de su acto injusto. Es entonces desmesurado y falso que una conciencia pueda estar absolutamente tranquila, o está indicando, simplemente, que no se tiene conciencia moral de lo que se hace, y se dice.

En segundo lugar, la conciencia de la que se habla no es conciencia cognitiva (en alemán Bewusstsein), sino conciencia moral (Gewissen). Los griegos la desconocieron; los egipcios desde hace 45 siglos la describieron en el mito de Osiris, que era un dios que conocía todos los actos humanos, aun los más secretos, y que en el día del juicio final –parte del mito egipcio después recibido por judíos, cristianos y musulmanes–, recordaba a cada uno las injusticias cometidas en su vida3. El actor egipcio de un acto se veía visto por el dios (era ya la conciencia moral que juzga el acto, que lo recrimina o aprueba). La conciencia moral para Tomás de Aquino era una facultad de la razón práctica que aplicaba (applicatio, en latín) los principios universales éticos al caso concreto que la decisión elige (una elección querida y un querer juzgado, decía el Aquinate). Freud le denominó el Super-yo (Ueber-Ich), que remuerde como culpabilidad (que cuando es patológica hay que superarla, pero cuando es justa hay que tenerla en consideración; perder toda culpabilidad puede ser efecto de una insensibilidad moral propia de los cínicos, en su sentido cotidiano). De manera que la conciencia moral puede considerar positiva o meritoriamente una decisión o un acto, o puede reprochar culpablemente un acto injusto.

En ambos casos, sin embargo, nunca se tiene absoluta tranquilidad; es decir, nunca nadie puede estar seguro, tranquilo de la bondad del acto realizado, de que sea ética y objetivamente verdadero (con verdad práctica), ya que por naturaleza toda decisión moral o política es incierta (por la finitud humana, y por la complejidad de las situaciones concretas, complejas). Hasta un Francisco de Asís (tan ponderado por el pensador marxista Antonio Negri, que termina su libro Imperio hablando de aquel ejemplar cristiano medieval, amante de los pobres y siendo él mismo heroicamente pobre) en su lecho de muerte estaba atormentado (nada tranquilo entonces) imaginando el juicio final y temiendo por todas las faltas cometidas en su vida ante su conciencia moral sensible y exigente que se había formado. Nadie puede ante una decisión en la que 44 mil personas pierden su empleo, parte de su vida, no estar animado de un profundo temor y temblor, como diría S. Kierkegaard, el gran pensador danés. Alguien, como Agamenón, el rey que se lanza a la conquista de Troya, se angustia ante el designio trágico griego de tener que inmolar a su hija Ifigenia, que el destino tremendo le obligaba. Pero el mismo Agamenón no tenía la conciencia tranquila al cumplir la voluntad de los dioses, sino que lloraba y gemía por la responsabilidad que afrontaba irremediablemente por ser rey, más allá de su deseo y de su amor paterno por su hija (¿No debería amar con amor de padre a sus hijos el representante que sabe que ha sido elegido para cumplir con la satisfacción de las necesidades de su pueblo, es decir, de los 44 mil miembros del SME?). Aún en el caso que debiera hacerlo hubo de medir sus palabras para que la frialdad de su conciencia no se manifestara en público con la dureza del acero del victimario (y no del amor de Abraham, que no mató a su hijo Isaac, aunque así no cumplía la ley de los semitas que le obligaba, como a Agamenón, a inmolar a su primogénito). ¡Cuánta distancia entre el Abraham de la Biblia que por amor a su hijo no cumplió la ley que le mandaba inmolarlo, al Agamenón que por amor a la ley mató a su hija pero gimiendo y llorando, y a nuestro presente ingrato cuando se deja sin trabajo a ciudadanos con conciencia tranquila! Es la futilidad del mal de la que habla Hannah Arendt, en referencia a la insensibilidad ante sus víctimas de aquel militar alemán que asesinó tantos judíos mostrando indiferencia cuando fue juzgado en Jerusalén.

El que se presenta como cristiano y contradice la Biblia escandaliza. Y dice el fundador del cristianismo (que al menos para el cristiano debe tener sentido): “Y al que escandalice a uno de esos pequeños […] sería mejor que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo echaran al mar” (Marcos 9, 41). ¡Ciertamente, duras palabras!

Escribo esto con el espíritu respetuoso tal como lo hacía Bartolomé de Las Casas, que indicaba al Emperador Carlos V que corría peligro su persona en el día del Juicio (que para el cristiano tiene sentido) por las injusticias que había cometido con los indígenas americanos; porque “para que una enajenación pueda ser legítima –escribía Bartolomé– se requiere el consentimiento (consensus) de todos los interesados”4 (y esto no acontecía en las encomiendas de los quechuas del Perú ni en el caso presente). Y lo escribo porque creo que las decisiones políticas pueden enmendarse. Ya que, en efecto, como los califas y sultanes musulmanes, los reyes del siglo XVI español organizaban disputas filosóficas y teológicas (como la de 1550 en Valladolid, entre Ginés de Sepúlveda y el nombrado Bartolomé sobre el derecho a la conquista) para poder formarse personalmente un juicio ético-político, normativo, ecuánime, justo, sobre una situación concreta compleja, que sin embargo no libraba a esos reyes de los profundos remordimientos y reproches que le lanzaba su conciencia que nunca estaba segura de no ser culpable.

* Filósofo.

1. La cuestión judía (MEW, 1, 359).

2. Toda decisión válida es sin embargo falible, y esto nada tiene que ver con el relativismo.

3. Véase mi obra Política de la Liberación, vol. 1, [7].

4. De regia potestae, II, xxiii, 1.

http://www.enriquedussel.org
La Jornada, sábado 7 de noviembre de 2009,

SME, el dilema de las liquidaciones

Arturo Alcalde Justiniani

Uno de los elementos claves de la estrategia gubernamental al dar el golpe a los trabajadores electricistas de Luz y Fuerza del Centro (LFC) consiste en convencerlos de aceptar el pago de sus liquidaciones para dar por terminadas las relaciones laborales. Este proceso está calculado para concluir en un periodo corto: alrededor de un mes. El plazo concluye el próximo 13 de noviembre y todo indica que no logrará su objetivo si los trabajadores durante la siguiente semana valoran con objetividad sus alternativas y posibilidades.

La aceptación de las liquidaciones es un aspecto de máxima importancia para los fines gubernamentales, ya que es la única vía para minimizar la protesta. Culminar con este proceso indemnizador sirve también para impedir que se conozca la verdad jurídica sobre los actos ilegales llevados a cabo, que corren el riesgo de ser revertidos por los tribunales de amparo, toda vez que se ha acreditado la violación de normas constitucionales y legales, tanto en el decreto presidencial como en el masivo despido de los trabajadores.

Además de los factores legales, existen otros motivos por los cuales el gobierno está urgido de que los trabajadores estampen de puño y letra su rendición. Requieren regularizar el servicio, pues sus fallas han generado afectaciones importantes a familias y empresas; para ello, necesitan volver a contratar a los empleados que operaban las antiguas plantas, ya que las compañías privadas subcontratadas, además de ser sumamente costosas, carecen de la capacidad técnica adecuada. Todo esto explica el interés gubernamental de abrir una vía falsa de interlocución, a través del disidente Alejandro Muñoz, haciéndole ofertas que puedan debilitar la resistencia; utilizar sus servicios será más importante cuando quede acreditado el fracaso de la estrategia liquidadora. Podría agregarse una razón adicional a las anteriores: culminar el impacto mediático del descontón gubernamental. A medida que transcurre el tiempo, se van develando nuevos elementos, más allá de los técnicos y económicos, que exhiben la concurrencia de varios intereses que se ocultaron en su inicio a la opinión pública, tales como el proceso de privatización de diferentes áreas del servicio.

Es comprensible que los trabajadores electricistas se sientan angustiados y confundidos. La naturaleza repentina del golpe desestabiliza la economía familiar sustentada en ingresos permanentes. Para incrementar esta zozobra, el gobierno, abdicando abiertamente de su condición de árbitro, da cuenta a diario del número de empleados liquidados, como si se tratara de un parte de guerra. La desesperada urgencia de convencer a los electricistas de aceptar su liquidación lo ha llevado a ejercer graves violaciones a los derechos humanos. Para incrementar la confusión se informa la cantidad de pensionados que han recibido su pago, cuestión que en nada afecta a la resistencia laboral, ya que dicho cobro no conlleva consentimiento alguno sobre el decreto cuestionado. Los trabajadores que han recibido sus liquidaciones son aquellos que cuentan con menor antigüedad; haciendo cálculos y considerando el número de empleados que han acudido al amparo es previsible que un alto porcentaje se niegue a recibir el pago indemnizatorio.

A la fecha, la estrategia del premio adicional para aquellos que reciban la liquidación antes del 14 de noviembre, ofrecido en proporción a los años de antigüedad, no ha surtido los efectos esperados, porque los trabajadores saben que una vez superado el absurdo ultimátum el gobierno se verá obligado a negociar en términos diferentes. De mantenerse la magnitud de la resistencia, no sólo deberá renovar sus ofertas de pagos adicionales por elementales principios de igualdad, sino que incluso buscará mejorar sus ofertas, sobre todo a los trabajadores con antigüedad avanzada, con ofrecimientos de carácter jubilatorio. Resulta obvio que para un trabajador con mediana antigüedad la propuesta indemnizatoria no es atractiva, porque la posibilidad de regresar al trabajo por la vía legal, de recibir una resolución favorable acerca de su jubilación o al pago de salarios caídos con motivo de la ilegalidad de su separación constituye una alternativa sensiblemente mejor que conformarse con la oferta gubernamental.

También ha resultado ilusoria la oferta de recontratación a aquellos que sean liquidados, ya que hasta la fecha no se ha concretado su inserción en la Comisión Federal de Electricidad, por el contrario, la autoridad laboral ofrece cursos a los despedidos con el fin de que inicien sus changarros y se subcontraten en una condición penosa en esa empresa. Por lo visto, dicha autoridad se ha convertido en promotora de un outsourcing ilegal que viola los principios que deben regir toda relación de trabajo.

La próxima semana no será fácil para las familias de los trabajadores, porque la pérdida de un empleo trastoca su estabilidad, formas, proyectos de vida, la propia autoestima y seguridad personal. Apoyados en la solidaridad, cuyo primer nivel deviene del ámbito familiar, deberán resistir el embate liquidatorio. Resulta contrastante que mientras en otros países los gobiernos diseñan planes y programas generadores de empleo, fortalecimiento del mercado interno y crecimiento, en el nuestro se haya optado por privar de tajo a miles de familias de la posibilidad de subsistencia, como si fuera el único camino para mejorar el servicio público eléctrico.

El golpe a los trabajadores de LFC trasciende las fronteras de este gremio, ya que lesiona a hombres y mujeres que viven de su trabajo. Sería mala noticia para todos que esta maniobra gubernamental lograra sus fines. Por ellos y por nosotros, es tiempo de desplegar en su favor la máxima solidaridad posible.
La Jornada, domingo 8 de noviembre de 2009,

Anticonstitucionalidad e inconstitucionalidad

Arnaldo Córdova

Anticonstitucionalidad e inconstitucionalidad son acepciones tan antiguas como el mismo derecho constitucional. La primera quiere indicar una resolución (ley, decreto o decisión de autoridad) que va en contra de la letra, el espíritu y el sentido de la Constitución. La segunda, que no hay conformidad o apego de tal resolución a lo estipulado en la propia Carta Magna. Siempre dan lugar, cuando afectan intereses jurídicos, a un concepto que también es muy antiguo, el de controversia. Quiere decir la aparición de un interés legítimo afectado por la contravención de los principios constitucionales. Cuando se trata de la violación de garantías individuales, la controversia da lugar a un procedimiento que es, asimismo, muy antiguo entre nosotros y que es el juicio de amparo.

Desde hace mucho también, por lo menos desde la Constitución de 1857, se reconoce la controversia que puede darse entre una autoridad federal y una estatal o local que pueda producirse por actos que vulneren la soberanía de ambas o su esfera de competencia con sus actos o resoluciones. Hasta hace unos años aparecen lo que ya llamamos controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, que son acciones procesales constitucionales que se siguen en aquellos casos. Antes, todo tipo de controversias se resolvían por la vía del amparo; ahora ha querido hacerse una diferenciación para dejar al primero sólo como modo de resolver los conflictos en que sean violadas garantías individuales.

Si tuviéramos una institución de amparo completa y omnicomprensiva, no habría necesidad de hacer tales distingos. Pero sucede que nuestro amparo sólo sirve para proteger a la persona física o moral que lo reclama y no tiene efectos generales. Si a uno lo ampara la justicia federal contra leyes o actos de autoridad, esto no hace que esas leyes o actos sean anulados, sino que persisten. A eso le llamamos Fórmula Otero, porque así lo propuso don Mariano Otero desde mediados del siglo XIX. Hay necesidad de reformar la institución del amparo de modo que cualquier juez pueda pronunciarse automáticamente sobre la constitucionalidad de una ley, por lo menos, y declararla inválida por anticonstitucional o ajena a la constitucionalidad.

Examinemos ahora los dos casos mencionados. En sus fracciones I y II, el artículo 105 de la Carta Magna establece las particularidades de lo que son la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. A la segunda se la define, muy vagamente, como la no conformidad de las leyes con la Constitución. A la primera no se la define para nada. Sólo se establece en su respecto quiénes pueden ejercerla y en qué casos. Fue una reforma malhecha (por impericia o mala fe o por ambas), de manera que resultara extremadamente difícil plantearla y ejercerla. Es una acción que se da sólo entre autoridades federales y locales o entre poderes de las unas y las otras y nadie más. Sobre qué materia, no se dice.

El término anticonstitucional, sin embargo, no tiene problema: se trata de actos que van en contra de la Constitución. La inconstitucionalidad se define por el prefijo latino in, equivalente al alfa privativa griega y que equivale a ausencia de. También en su caso sólo la pueden ejercer entes públicos. Los privados, se supone, tienen para sí el juicio de amparo, pero éste no resulta más que en la protección de la persona física o moral. Por eso, cuando la ciudadanía desea servirse de la controversia constitucional o de la iniciativa de inconstitucionalidad, debe hacer un planteamiento que logre involucrar a las entidades públicas, haciéndolas corresponsables de la defensa efectiva de la Carta Magna por esas vías.

Todo ello tiene que ver con la defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Desde luego, se podría plantear la vía de la anticonstitucionalidad si de ella se hiciera cargo una de las cámaras del Congreso, como tal y no sólo una parte, cosa impensable, vista su correlación de fuerzas. Se puede, empero, de acuerdo con el inciso a) de la fracción I del 105 (controversia entre la Federación, un estado o el Distrito Federal). Y aunque, mañosamente, el penúltimo párrafo de la fracción habla sólo de las impugnaciones de la Federación contra los estados o el DF, la primera fracción no nos dice quién inicia, si la Federación o la entidad federativa. En ese caso, por lo tanto, el Distrito Federal está perfectamente habilitado para plantear la controversia y se deduce que puede ser su gobierno o su Asamblea Legislativa.

En ese caso habría (y más que fundado) el argumento legítimo de la lesión al interés de la población del DF por el acto arbitrario del gobierno federal panista que, anticonstitucionalmente, extinguió una empresa pública, Luz y Fuerza del Centro, que daba servicio de energía eléctrica a dicha población, violando abiertamente la Constitución y sus leyes.

En cambio, la acción de inconstitucionalidad sólo podría plantearse si se hiciera hincapié en el párrafo que encabeza la fracción II, que la define como el planteamiento de una contradicción entre una norma de carácter general (leyes o decretos) y la Constitución; pero sería difícil sustentarla, porque sus siete incisos sólo se refieren a leyes expedidas por los poderes legislativos federal o locales. La acción de inconstitucionalidad está mal definida, por supuesto. Estar en contradicción es ser anticonstitucional y no inconstitucional. Esa fracción no tiene asidero teórico ni jurídico y, además, sólo la puede plantear una tercera parte de los órganos legislativos y la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (aparte los partidos sobre materia electoral). De manera que no vale la pena perderse en ella.

Las reformas al 105 deben haberlas hecho los juristas chafas del Tec de Monterrey o de la Libre de Derecho. En el diccionario de los primeros se define la anticonstitucionalidad como norma o acto contrarios a algún precepto o principio contenidos en la Constitución, y la inconstitucionalidad como acto o norma cuyo contenido está en contradicción con la Constitución. Para un filósofo del derecho riguroso, en un caso habría contrariedad (una coexistencia de contrarios) y, en el otro, contradicción (una incompatibilidad de los contrarios y el reclamo de su disolución mutua), cuando es exactamente lo contrario: contrariedad en la inconstitucionalidad e incompatibilidad en la controversia constitucional.

La defensa del artículo 123 y de su ley reglamentaria es materia del juicio de amparo, como muy bien lo han entendido los abogados del SME. La jueza Guillermina Coutiño Mata, primera de distrito del centro auxiliar de la primera región, concedió el amparo al SME en contra del despido arbitrario de sus trabajadores con motivo de la extinción de su empresa.
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