Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales






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La Jornada, miércoles 4 de noviembre de 2009,

EDITORIAL

La apuesta por el paro nacional

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) anunció ayer, mediante sus secretarios del interior, Humberto Montes de Oca, y del exterior, Fernando Amezcua, la realización de un paro cívico nacional para el próximo 11 de noviembre –fecha en que se cumple un mes del asalto policiaco-militar a Luz y Fuerza del Centro (LFC) y de la posterior liquidación de esa paraestatal–, que incluirá una magna marcha en la capital del país y la “toma cívica” de las instalaciones de la extinta empresa, actualmente bajo resguardo de la Policía Federal. Por la tarde, en un mitin realizado en el Monumento a la Revolución, el dirigente nacional del gremio, Martín Esparza, pidió a los diputados afines a su movimiento que se sumaran a dichas acciones para promover la salida de los efectivos federales de los edificios de LFC y restablecer las operaciones de la compañía.

Independientemente del impacto y la trascendencia que pueda tener la convocatoria, es claro que ésta constituye, por sí misma, un hecho histórico sin precedentes en el pasado reciente. En efecto, desde que en 1936 el propio SME impulsó la creación del Comité Nacional de Defensa Proletaria –que dio pie al nacimiento de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)– y llamó a realizar una huelga nacional, no se habían repetido manifestaciones sindicales y políticas de esta magnitud en el país. Ello no se debió propiamente a la ausencia de descontento e inconformidad entre los trabajadores y la sociedad en general, sino a la hegemonía corporativa alcanzada por el Estado durante los regímenes priístas, y a los controles, la restricción y represión ejercidos por éstos sobre las organizaciones obreras, campesinas y populares.

Posteriormente, con la imposición en el país del modelo económico depredador aún vigente, las sucesivas administraciones han ido avanzando en el desmantelamiento de las conquistas sindicales, han empujado a millones de trabajadores al sector informal y han provocado una drástica disminución en la demografía gremial, lo que ha erosionado considerablemente las bases de las centrales obreras –como la propia CTM– y las ha reducido a la condición de aliados menores del régimen político, cuando no de meros referentes del pasado autoritario.

Con estas consideraciones, la convocatoria lanzada ayer por el SME es un indicador del tamaño de la respuesta social que pudiera provocar el decreto de extinción de LFC, y obliga a recordar los efectos potencialmente desestabilizadores de esa medida gubernamental. A lo que puede verse, el empeño calderonista por desaparecer el organismo y a su sindicato, y acabar de paso con la fuente de subsistencia de cerca de 50 mil familias, ha terminado por suscitar la convergencia de organizaciones sindicales y movimientos sociales opositores, para los que la actual administración ha ido demasiado lejos en su ofensiva contra los trabajadores, la población en general y la propiedad pública. De esta forma, la realización de este paro nacional permitirá medir, en días próximos, la correlación de fuerzas entre el sindicalismo independiente y su entorno social de simpatizantes, y el aparato oficial y los consorcios empresariales y mediáticos cercanos al poder.

Cabe esperar, por último, que el paro cívico y las otras medidas de lucha anunciadas por el SME se desarrollen en un entorno de civilidad y respeto a la ley por ambas partes; que los participantes en las acciones de protesta eviten caer en provocaciones y se conduzcan siempre por la vía pacífica, y que las autoridades entiendan que, en el momento presente, todo intento represor puede ser desastroso para la gobernabilidad y la estabilidad –de por sí precaria– del país.
La Jornada, jueves 5 de noviembre de 2009,

Los expedientes reservados contra el SME

José Antonio Almazán González

Los dos documentos que Felipe Calderón envió el martes 13 de octubre a la Cámara de Diputados, clasificados de reservados en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, forman parte de la burda maniobra urdida en Los Pinos para justificar el plan inicial, no descartado, de reprimir violentamente al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y encarcelar a su dirección nacional encabezada por Martín Esparza Flores, bajo el supuesto de disturbios sociales y eventuales ataques al sistema eléctrico nacional. Veamos los hechos.

Los documentos que recibió el panista Francisco Ramírez Acuña en su carácter de presidente de la Cámara de Diputados son: a) Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, reservado por un año, y b) Diagnóstico sobre el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, ¡reservado por 12 años!, en los términos de los artículos 13 fracción I y 14, fracción VI de la citada ley.

Tres días después, para darle tiempo al operativo fascista, el viernes 16 de octubre, a las tres de la tarde, Ramírez Acuña los turnó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco José Rojas Gutiérrez. Finalmente, el martes 27 de octubre, el grupo plural de diputados que tiene la encomienda de analizar la conveniencia de la controversia constitucional ante el decreto de extinción de LFC recibió dichos documentos. Las fechas son significativas porque muestran el retraso deliberado en la entrega, entorpeciendo la discusión y posicionamiento en la Cámara de Diputados.

¿Qué contienen estos documentos clasificados como reservados?, cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional, según establece el artículo 13 en su fracción I. El Diagnóstico sobre el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro es un glosario de datos, muchos de los cuales pueden ser consultados vía Internet.

A lo largo de sus 68 páginas sobresale la sarta de mentiras para responsabilizar al SME, al contrato colectivo de trabajo y a los trabajadores electricistas y jubilados de las pérdidas y deficiencias de LFC. Lo que destaca en este documento es la falsedad de que LFC puede funcionar con 8 mil 900 trabajadores, según información proporcionada por la CFE, y que los jubilados resultan una carga insostenible.

En el Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, además de una falsa visión de su situación actual, en su página 12, en el inciso E: Desventajas de las soluciones propuestas, se muestra el criminal cálculo político del gobierno: “es de destacar que en la implantación de las soluciones propuestas en el presente informe se liquidarían aproximadamente 44 mil 600 empleos como consecuencia de la terminación de la relación colectivo-laboral. Ello podría implicar:

“1. Riesgos inminentes a la integridad física de las personas y a sus bienes, como resultado de disturbios sociales que pudieran generarse por esta medida;

“2. Eventuales ataques al sistema eléctrico nacional, frente a los cuales se tendría una mejor capacidad de respuesta que la de LFC, pero que pueden resultar inevitables, y

“3. Instauración de procedimientos judiciales tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan, o bien la actualización de la figura de sustitución patronal, a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de LFC.”

Pero el perverso cálculo de Calderón no funcionó. El SME no cayó en provocaciones. Los trabajadores electricistas no se tragaron el anzuelo de las liquidaciones. Más de la mitad de los agremiados del SME (activos y jubilados) se ampararon. Se logró una suspensión provisional del decreto de extinción. El SME y su dirección lograron la ratificación de su personalidad jurídica y la campaña mediática ha venido a menos, ante el creciente respaldo popular que se hará sentir en el paro nacional del 11 de noviembre. ¡No pasarán!
La Jornada, viernes 6 de noviembre de 2009,

El Correo Ilustrado

Protestan por extinción de LFC

Los que suscribimos, académicos, universitarios, especialistas en derecho del trabajo, ante los sucesos en torno a LFC, manifestamos nuestra más enérgica protesta por la forma en que el Ejecutivo violenta el estado de derecho que debiera preservar, utilizando publicidad tendenciosa para confundir a los trabajadores y vencerlos en su legítima resistencia.

- El decreto de extinción viola las más elementales garantías constitucionales; indebidamente pretende dar por terminada una relación individual y colectiva sin someterse a los procedimientos legales aplicables al caso.

- Conforme a nuestra norma constitucional, el Ejecutivo federal invadió facultades propias del Poder Legislativo, con la clara intención de orientar el sector eléctrico hacia un proceso de privatización ajeno al carácter público que nuestra norma máxima garantiza.

- Resulta obvio que en el presente caso el despido masivo es injustificado y que en todo caso opera una sustitución patronal, por lo que deben ser respetados los derechos de los trabajadores.

- La mejor opción para los trabajadores es no acceder a la liquidación que de manera indignante, violentando los más elementales derechos humanos, se pretende imponer por el gobierno.

- Esperamos que el Poder Judicial federal haga prevalecer el orden jurídico constitucional, ya que resulta obvio que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no es un órgano confiable para impartir justicia.

Alfonso Bouzas, Aleida Hernández, Manuel Fuentes, María Teresa Guerra, Arturo Fernández, Guadalupe Zamora, Enrique Larios, Octavio Cantón, Martha Moheno y Felipe Ortuño
Piden ayuda para el SME

Enfrentar y resistir las injusticias del poder sólo puede ser posible con esfuerzos, sacrificios, solidaridad, unión y un incansable espíritu de lucha. Solicitamos despensas, agua potable, papel higiénico, fruta, leche, café y verduras. El comedor ubicado en Antonio Caso 46, esquina Insurgentes, está dando servicio diariamente en dos turnos a más de 600 electricistas en resistencia, por lo que se necesita urgentemente de su solidaridad. Para depósitos en efectivo la cuenta es Bancomer 0168 715 246, a nombre de Martín Esparza y/o Fernando Muñoz. Muchas gracias por su digno apoyo.

Responsable de la publicación: Enriqueta Chávez López

Invitaciones

Asamblea en la UNAM

Invitamos a la asamblea universitaria para organizar el paro nacional convocado por el SME. La cita es en el auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía, hoy a las 17:30 horas. Por el STUNAM: Adrián Pedrozo, Benito Cristóbal, Rodolfo Pérez Peralta y otros.
La Jornada, viernes 6 de noviembre de 2009,

El paro nacional

Luis Javier Garrido

La decisión del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de convocar a un paro cívico nacional para el miércoles 11 constituye una señal más de la crítica situación que se ha creado ante la tentativa del gobierno de facto de Felipe Calderón de destruir contra la ley y por la fuerza la empresa pública Luz y Fuerza del Centro a fin de proseguir la entrega del sector energético del país a las multinacionales, desconociendo de esta manera (una vez más) el orden constitucional de la República.

1. Un número muy importante de juristas ha alertado sobre la gravedad del contexto actual, marcado por la determinación del gobierno espurio de ignorar con su decreto del 11 de octubre las atribuciones del Congreso de la Unión para arrogarse facultades de las cuales carece, cancelando al mismo tiempo de un plumazo los derechos de 44 mil trabajadores y haciendo inexistente el derecho colectivo del trabajo –todo con el fin de atentar contra los derechos de la nación–, lo que lo sitúa abiertamente en la ilegalidad y como una fuerza política en connivencia con fuerzas del exterior. Muy pocos analistas han advertido, por el contrario, sobre la crítica situación política a la que se está llevando al país al situar tanto al PAN como al PRI en la más absoluta ilegalidad y carentes de toda autoridad política y moral con vistas a 2012.

2. El golpe de mano del régimen contra los trabajadores electricistas y los derechos de la nación está dejando sin viabilidad histórica no nada más a Acción Nacional, sino también a sus aliados del PRI, que no parecen haberse dado cuenta del ridículo que hicieron con la discusión del paquete fiscal para 2010 que evidenció una vez más su ausencia de una idea de nación, confirmándolos como lo que han sido en todos estos años: meros cómplices al servicio del poder panista de facto para ayudarlo a atentar contra la nación y la clase trabajadora y mostrando de paso su connivencia con consorcios del extranjero.

3. El gobierno calderonista ha apostado a todas luces para salir del atolladero histórico en el que se encuentra a la firmeza de los acuerdos de Acción Nacional con Carlos Salinas, lo que le supone seguir recibiendo el aval del PRI a sus actos anticonstititucionales, estimando que saldrá adelante del conflicto a la usanza priísta antigua: utilizando en campañas de desinformación a los medios, con la simulación de diálogo que lleva a cabo en Bucareli Fernando Gómez Mont con una dirigencia espuria del SME y forzando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ahondar una vez más la situación de ilegalidad en la que se halla el país, negándose a asumir su papel como un órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración pública.

4. El cambio en 2000 de un gobierno del PRI –apoyado por el PAN– a un gobierno del PAN –sostenido por el PRI– no llevó a México a ninguna transición democrática, como pretende la versión oficial, sino muy rápidamente a una ruptura del pacto fundamental en que se sustenta la vida colectiva y que se expresa en la Constitución.

5. Este quiebre del orden constitucional de la República culminó en 2006 con la imposición ilegal e ilegítima de Calderón en la silla presidencial –tras unas elecciones que no ganó y en las que sólo un macrofraude electoral le hizo aparecer como supuesto triunfador sobre Andrés Manuel López Obrador, quien había triunfado ampliamente, como se debatió ayer durante horas en la sesión de la Cámara de Diputados–, y ahora se hace más amplio en 2009 con el nuevo atentado de Calderón contra la Constitución al desconocer las atribuciones del Legislativo, vulnerar los derechos individuales y sociales de los trabajadores y desconocer la legislación laboral para hacer viable el proyecto de entregar el control energético del país a corporaciones extranjeras.

6. El país se halla, en consecuencia, no tan sólo en un contexto de ruptura del pacto social entre los trabajadores y el Estado, como denunció el SME el martes 3, sino del mismo pacto nacional como resultado de la situación de quiebre del orden previsto en la Constitución General al atentarse contra los derechos de la nación. Ya desde ahora, según se ha denunciado, trabajadores contratados por grupos privados están llevando a cabo las tareas que realizaba el SME, sin preocuparse el gobierno panista en lo más mínimo por la legalidad de sus actos.

7. La alianza PRI-PAN pretende así seguir gobernando y beneficiándose de manera patrimonial del poder al margen de las leyes de la República. Lo mismo panistas que priístas se saben en la más absoluta ilegalidad y, por lo mismo, buscan legitimarse con una política metalegal de concertacesiones y pactos. Mientras múltiples voces claman por una alianza de las fuerzas democráticas de México que conduzca a otras políticas para sacar al país del atraso en el que lo ha sumido el neoliberalismo, desde Los Pinos se promueve un gran acuerdo nacional en torno a las políticas depredadoras de Calderón –ya negociado, entre otros, con los chuchos del PRD–, empresa en la que pretende ignorar el repudio nacional que tiene. ¿Quién podría avalar ese acuerdo contra México que exigía el miércoles 4 el líder de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas?

8. El gobierno espurio, de espaldas al pueblo y en la más absoluta inconsciencia, solamente quiere seguir cumpliendo a los dirigentes de las trasnacionales que lo encumbraron, y que desde hace lustros reclaman una clase política estable y ya en connivencia con ellos. De ahí que Calderón fragüe ahora enviar al Congreso el viejo proyecto de contrarreforma constitucional a fin de establecer la relección inmediata e ilimitada, para lo que reunió en Los Pinos a los académicos afines al régimen (Federico Estévez, Denise Dresser, José Woldenberg, Soledad Loaeza, Jesús Silva Herzog-Márquez) en la mira de que convaliden este nuevo atentado a la nación, según informó Milenio Diario (5/11/09).

9. Cuando la Cámara de Diputados se aboque el martes 10 a la cuestión de la controversia constitucional, que a todas luces debería presentarse, el país se hallará, por consiguiente, en la más absoluta división, entre una oposición que defiende a un país de leyes, y la alianza de la clase política del PRI y el PAN que de manera tartufa insiste en un México de simulaciones que permita a las mafias que representan seguir prevaleciendo sobre la nación.

10. El respaldo nacional a la lucha del SME es, por consiguiente, una cuestión de supervivencia para el pueblo de México, y este proceso no tiene ya vuelta atrás
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