Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales






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La Jornada, miércoles 28 de octubre de 2009,

México SA

Argumentos falaces en la extinción de LFC

Desde 2007 diputados llamaron la atención sobre la paraestatal

Carlos Fernández-Vega

¡Oh, sorpresa! Resulta –por si alguien tuviera dudas– que el inquilino de Los Pinos conoció, oportunamente y en detalle, que la principal carga financiera para Luz y Fuerza del Centro no fue resultado del contrato colectivo de trabajo, sino de la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad y el costo de combustibles para su generación, y no se lo dijo un energúmeno de este puño sí se ve, sino su fiel subsecretario de Electricidad, Benjamín Contreras Astiazarán, cuya jefa directa no es otra que la secretaria de Energía, la señora Georgina Kessel, a su vez presidenta de la junta de gobierno de la otrora paraestatal.

A pesar de lo anterior, el inquilino de Los Pinos y jilgueros que le hacen coro llevan dos semanas al hilo –bombardeo propagandístico de por medio– culpando única y exclusivamente a los trabajadores del caos imperante en la extinta Luz y Fuerza del Centro, en la cual –según el mismo orfeón– no existía junta de gobierno, ni presidenta experta en troquelar monedas, ni funcionarios que tomaran decisiones, ni mucho menos representantes de seis secretarías de despacho que, casualmente, dependen del propio autor del decretazo nocturno del pasado 11 de octubre.

¿Dónde andaba la junta de gobierno, con la titular de Energía en la presidencia, más los señores de Hacienda, Economía, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Función Pública y de pilón los directores de la Comisión Federal de Electricidad y de la propia Luz y Fuerza del Centro? Dónde, porque cuando menos desde 2007 la Cámara de Diputados puso el dedo en la herida: uno de los principales problemas financieros que enfrenta LFC son los adeudos que con la paraestatal tienen los gobiernos estatales de Hidalgo, México, Morelos y Puebla, así como los municipios y Organismos Operadores de Agua (OOA) por concepto de suministro de energía eléctrica, lo que ha impactado negativamente el costo financiero para el organismo. Y aderezaba el comentario con el siguiente dato terrorífico: de 1998 a 2005, dichos adeudos crecieron casi 500 por ciento, y ese comportamiento se mantuvo en años posteriores. Para nadie era un secreto esta situación, pero nadie hizo nada para corregirla. Por el contrario, con manga ancha se permitió el deterioro financiero de la otrora empresa del Estado.

Tampoco hicieron caso al creciente fardo financiero que a Luz y Fuerza del Centro le significaba el precio en que CFE le vendía el fluido eléctrico, y la propia Cámara de Diputados advirtió que la adquisición de energía de LFC a CFE incide en el suministro de la misma, ya que el abasto se tiene que realizar con plantas generadoras externas alejadas de los centros de consumo y, por consiguiente, el transportar la energía desde puntos remotos incrementa las pérdidas técnicas por la conducción de energía a través de las líneas de transmisión. Aunado a ello, se encuentran las pérdidas no técnicas, como el consumo ilícito originado por asentamientos irregulares, alteraciones de medidores en baja y media tensión, facturación alterada y errores en la toma de lecturas y en la estimación de consumos.

Cuando menos desde 2007, por medio del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Congreso instruyó a la junta de gobierno de LFC presentar a la Secretaría de Energía un programa de acciones para lograr una meta anual de recuperación de las pérdidas no técnicas de 20 por ciento del monto total de las mismas, proyecto denominado Programa Multianual de Reducción de Pérdidas No Técnicas, 2007-2012, pero más allá de discursos y documentos la acción no prosperó, porque desactivar diablitos tenía un elevado costo político y también obligar a las grandes empresas a pagar con dinero contante y sonante.

Todo eso se conocía de tiempo atrás. De hecho, Calderón fue secretario de Energía, con lo que a la vez presidió la junta de gobierno de Luz y Fuerza del Centro. ¿De plano ni se enteró de lo que sucedía en la extinta empresa del Estado? Puede ser, porque estaba más dedicado a la grilla sucesoria –lo que no es novedad en la clase política–, pero ya instalado en Los Pinos su fiel subsecretario de Electricidad, el citado Contreras Astiazarán, tuvo a bien entregarle el Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, y el Diagnóstico de Luz y Fuerza, en el que se especifica cuál es el verdadero costo financiero para la empresa (el pago de energía a Comisión Federal de Electricidad duplicó el costo total de operación de Luz y Fuerza y, por lo tanto, las transferencias presupuestales; La Jornada, Enrique Méndez).

Así, la campaña de Los Pinos en contra de los 45 mil desempleados por decreto resulta igual de perversa que la muerte por extinción de la otrora paraestatal. Aun en el supuesto –sólo eso– de que Felipe Calderón no se hubiera enterado, porque estaba de fiesta celebrando lo bien que hacía las cosas y entretenido con lo sólido que estaba el navío de gran calado, con el documento publicado ayer por La Jornada, el susodicho cuenta ya con elementos suficientes y decentes (no podrá llamar traidor a su fiel subsecretario de Electricidad) para reivindicarse y rearmar su estrategia mediática, es decir, ordenar a su coro que cambie de melodía y enfoque la voz hacia las verdaderas causas del debilitamiento financiero de Luz y Fuerza del Centro, y que al mismo tiempo pregunte, con notas suaves, dónde estaba la junta de gobierno.

Pero como no va por allí el tiro, la nota de Enrique Méndez pone la cereza: “los documentos –de los cuales La Jornada obtuvo copias– fueron enviados por Felipe Calderón al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, junto con una carta fechada el 12 de octubre, un día después de publicado el decreto de extinción. En esa misiva, el Ejecutivo asegura: ‘la Secretaría de Energía llevó a cabo un diagnóstico sobre el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, en el que se muestra claramente la problemática de la situación financiera y operativa (...) y en el que se concluye que la situación financiera del organismo no resulta sostenible’”. Y en la férrea pelea de los panistas por obtener el premio al servilismo, Ramírez Acuña –que no sólo arma comparecencias a modo para los funcionarios calderonistas– no dio cuenta del oficio al pleno en la sesión del martes 13, y apenas el viernes 16 envió una copia al presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Rojas Gutiérrez. Ayer, el coordinador del grupo plural que decidirá si se presenta una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad contra el decreto, Alfonso Navarrete Prida, ofreció a diputados gestionar la entrega de un ejemplar.

Las rebanadas del pastel

¡Felicidades!, borregitos blanquiazules, que cada día lo hacen mejor.

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
La Jornada, miércoles 28 de octubre de 2009,

El Correo Ilustrado

Retroceso social, el despido en LFC: juristas

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, expresa: El hecho de disolver una empresa pública de servicio vital para cualquier país –como la electricidad– y despedir a 44 mil trabajadores utilizando la fuerza es un abuso de poder que violenta la convivencia social. En el caso mexicano representa un retroceso histórico, al violentarse el artículo 123 de la Constitución que durante muchas décadas fue ejemplo a imitar en el constitucionalismo social de América Latina y el mundo.

Llama la atención que en estos tiempos de profunda crisis económica global y la quiebra de instituciones financieras y de empresas, gobiernos de otros países han rescatado estas empresas, con miles de millones de dólares del erario. Disolver una empresa pública simbólica justifica la pregunta de muchos mexicanos: ¿qué hay detrás del decreto de Calderón?

Esta brutal agresión a la clase trabajadora mexicana trasciende fronteras, porque se afectan derechos internacionales con plena vigencia en el ordenamiento interno de cada país, como el derecho al trabajo, al empleo estable y digno; la prohibición de los despidos arbitrarios y sin causa; la seguridad social; el derecho humano a un proyecto de vida; la integridad y dignidad de los trabajadores, reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se vulneran las garantías consagradas en la Organización Internacional del Trabajo de empleo y libertad sindical.

Por lo anterior, la AAJ expresa solidaridad con los 44 mil trabajadores afectados y exige del gobierno mexicano la restitución de los derechos laborales y la revisión de la liquidación de la empresa.

Por la AAJ, Beinusz Szmukler y Vanessa Ramos

Sospechosos trabajos con fibra óptica en la Roma

Desde el lunes 19 de octubre una compañía privada lleva a cabo obras de perforación sobre el pavimento que abarcó la calle de Mazatlán, y ahora se encuentra en la de Durango, entre Acapulco y Sonora, en la colonia Roma Norte.

El ruido de las máquinas es ensordecedor; comienza a las 17 horas y continúa incluso pasadas las 23 horas, lo cual es peor, considerando que tengo a dos familiares enfermos.

El 21 de octubre acudí con el encargado de la obra y le solicité que me mostrara el documento donde se acredita el permiso para trabajar durante la noche. Me mostraron uno firmado por Martín Miguel Ruiz Ramírez, director general de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc, en el cual se permite que se desarrollen obras para mantenimiento y ampliación de fibra óptica.

De acuerdo con la licencia 02/06/010/2009 del 10 de septiembre del año en curso emitida por la Delegación Cuauhtémoc, el solicitante de la ampliación del horario de trabajo y la empresa a quien se le otorga el permiso es nada más y nada menos que WL Comunicaciones, SA de CV.

Después de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno federal ha insistido en que por ningún motivo se permitiría la participación privada en el sector. Pero ¿cuál sector? Prácticamente 40 por ciento de la generación de energía eléctrica que se consume en el país la lleva a cabo la inversión privada por medio de las figuras de autoabastecimiento y producción independiente de energía.

¿Será que la mira privatizadora está puesta en las telecomunicaciones, específicamente, la fibra óptica para la transmisión de datos, videos y sonido? Frente a mi casa está la empresa privada WL Comunicaciones SA de CV haciendo trabajos de ampliación y mantenimiento de fibra óptica a menos de dos semanas de la extinción infame de Luz y Fuerza del Centro.

No habrá privatización, sostiene el gobierno federal. ¿No les parecen demasiadas casualidades privatizadoras? Son preguntas, nada más.

Carlos Huerta

Invitaciones

Foro con sindicalistas del SME

Se invita a todos los universitarios y al pueblo en general al Foro con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el miércoles 28 de octubre, a las 11 y 17 horas, en la explanada del CCH plantel Oriente.

Estarán presentes compañeros del Comité Central del SME.

Estudiantes, profesores y trabajadores del CCH Oriente. Responsables: Paola Limón y Mary Morales.
La Jornada, jueves 29 de octubre de 2009,

Privatización eléctrica (reforma mal hecha)

Adolfo Sánchez Rebolledo

En la medida que va conociéndose la situación real de Luz y Fuerza del Centro (LFC), extinta por decreto presidencial, se confirma la intransferible participación de las sucesivas administraciones en la gestación de lo que ahora se considera la crisis irreversible de la empresa. Conviene no olvidar que dicha responsabilidad no es arbitraria, pues está fijada por la ley y abarca el funcionamiento general, así como los detalles técnicos, gerenciales y laborales. Como la intención obvia es culpar a la organización sindical (en especial al contrato colectivo vigente) como causa de todos los males posibles, la campaña negativa se ha cuidado de no mencionar siquiera los nombres de los funcionarios que hasta apenas hace unas semanas figuraban como máximos directivos de LFC, suscribían convenios y acordaban las políticas a seguir. Así, junto con la extinción, el gobierno pasó a liquidar la historia reciente de la empresa pública, al grado de prohibir la divulgación de las informaciones que retiene en su poder. No obstante, la documentación publicada por La Jornada ofrece la radiografía de una crisis que viene de muy lejos, montada sobre el carro de la reforma (mínima en el papel estructural en sus consecuencias) a la Ley del Servicio Público de Electricidad, la cual se pasó por alto la Constitución para abrir una rendija a la generación y venta de los excedentes de electricidad por parte de los particulares.

Y es que, más allá de los pretextos en torno a los privilegios sindicales o la denuncia de gravosos pasivos laborales, los datos confirman hasta qué punto la elección del modelo privatizador, asumido como aspiración y guía general de la política económica gubernamental, se concretó en el tortuoso desmantelamiento de las empresas públicas, aprovechando los resquicios creados por las legislaciones secundarias a contrapelo de la Constitución, en clara violación al estado de derecho siempre en boca de los gobernantes.

Para ajustarlas a las conveniencias de un mercado eléctrico creado artificialmente, las autoridades propiciaron prácticas operativas cuyo fin ulterior no podía ser otro que demostrar la superioridad de la empresa privada. La ideología sataniza a la propiedad estatal como fuente de todo mal y obliga al gobernante a rendirse al mercado, pero a ese fin contribuyen el desorden y la corrupción que genéricamente se achacan a la propiedad estatal, cuando lo corriente es que bajo la apariencia de una mala administración suele ocultarse un entramado de intereses ilegítimos.

En el caso de la energía eléctrica es obvio que nunca hubo un intento serio de reformar al sector público en el marco dictado por la Constitución, es decir, para asegurar que el servicio (incluida la generación, distribución y venta) siguiera siendo atribución exclusiva del Estado. Las cosas se hicieron para que al final del día se justificara la entrada (¡salvadora!) de los capitales privados aun a costa de caminar por la ruta de la más flagrante ilegalidad. El objetivo de la política oficial resultó tan obvio como irresponsable: reventar a las empresas públicas para favorecer la participación privada en el mercado eléctrico (y ahora en las telecomunicaciones a él asociadas).

Nunca, desde los días de la Tendencia Democrática de Rafael Galván, volvió a ponerse sobre la mesa del debate nacional una propuesta completa de integración de la industria que mantuviera en pie los lineamientos constitucionales. Hubo, sí, defensas memorables contra las pretensiones foxistas de entregar la electricidad; hay fuerte resistencia al desmantelamiento privatizador que Calderón impulsa desde que era secretario de Energía, pero se echa de menos una visión integradora acerca del futuro de la energía cuyo solo enunciado saca ronchas al poder y sus grandes apoyadores.

El error, si cabe la expresión, surge desde el comienzo, a través de la intentona de modernizar al país siguiendo la pauta de un modelo importado: la privatización, corazón de la revolución neoliberal, asentado en la fobia a la intervención del Estado, el culto al mercado y el desprecio a lo público. Aun cuando ese programa ha sido vapuleado por la crisis actual, el gobierno panista no tiene a la vista otro mejor. Ni siquiera se lo plantea como un problema digno de atención. Prefiere la ortodoxia, sin meditar, como ayer decía el economista R. Ramírez de la O, que las reformas estructurales por las que suspira Calderón ya tienen más de dos sexenios frenadas. En efecto, la primera generación de reformas hacia la globalización fue la de Carlos Salinas. Pero para que se pudieran continuar, tenían que estar bien hechas, generar mayor crecimiento y empleo y, con ello, el apoyo social espontáneo. Y ahí está el problema. Las reformas de Salinas no fueron las de Margaret Thatcher en Inglaterra, sino las de Boris Yeltsin en Rusia. En vez de crear mercados competitivos y reglas iguales para todos, sólo transfirieron empresas estatales a grandes grupos privados (El Universal).

Sencillamente, a pesar de sus aparentes victorias ideológicas, en México al menos la nueva religión fracasó en el intento de promover el crecimiento para disminuir la desigualdad. Pero no se aprende, y de nuevo el Presidente impulsa una reforma mal hecha, por sus objetivos, pero también por la naturaleza autoritaria de los métodos empleados. No se puede hablar de futuro cuando se atenta contra la dignidad de miles de ciudadanos a los que se le priva, sin despido de por medio, del derecho al trabajo, como si las empresas públicas fueran propiedad de las camarillas gobernantes.

La cadena de hechos que llevan a la extinción de LFC está a la vista: ante la evidencia de que la crisis avanza y el sexenio se termina sin conseguir los éxitos previstos en la guerra contra el narcotráfico, el gobierno decidió, por razones políticas envueltas en el ropaje de las justificaciones técnicas, dar un golpe de timón contra un sindicato incómodo, justo en el sentido que anunciara con bombo y platillo en ese extraño autohomenaje celebrado en vez del informe presidencial. Derrotado en la elecciones intermedias, sin peso en el escenario internacional, aunque satisfecho por la acción mercadotécnica que todo lo puede, el Presidente lanzó la ofensiva para reagrupar a los descreídos tocando las fibras duras del rencor clasista fustigado por la crisis, el imaginario de una parte de la sociedad proclive a rendirse ante la pantalla chica como fuente de la verdad, pero sobre todo a quienes desprecian el diálogo justo porque rinden culto a la fuerza de quien se ostenta como el más poderoso, aunque su legitimidad esté agujereada.

Para culminar la tarea ya se advierten los próximos movimientos aprovechando a los pseudo disidentes. El gobierno da pasos para aislar la protesta, romper la solidaridad y acusar a los líderes de soliviantar la paz pública. Todo conforme a la tradición antisindicalista que el PAN hereda sin remilgos.
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