Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales






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La Jornada, lunes 26 de octubre de 2009,

EDITORIAL

El desmantelamiento del sector energético

El pasado 14 de septiembre, Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribió un acuerdo de suministro eléctrico con un consorcio integrado por las empresas españolas Abengoa y Abener Energía. El convenio, por el cual la paraestatal mexicana se obliga a pagar más de 2 mil millones de dólares, contempla la construcción y puesta en marcha de una planta de cogeneración de electricidad, y la concesión y abastecimiento de la misma hasta el año 2032. El objetivo del contrato, según la documentación referida, es disminuir las compras a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro (LFC), así como el desarrollo de proyectos (...) para sustituir la operación de equipos ineficientes instalados o aquellos que se encuentran al final de su vida útil.

Sin soslayar la importancia de que la industria petrolera nacional cuente con un suministro de energía eficiente y de bajo costo, llama la atención que, para tal efecto, el Estado mexicano haya optado por entregar, a través de Pemex, una considerable cantidad de recursos a un consorcio privado extranjero, y que no los haya destinado a modernizar y ampliar las instalaciones de las compañías de propiedad pública dedicadas a la generación de electricidad.

El hecho cobra especial relevancia en un momento en que el gobierno federal pretende justificar la extinción de LFC con el argumento de su supuesta ineficiencia e inviabilidad financiera. Lo cierto es que más de la mitad del déficit anual del organismo descentralizado –unos 42 mil millones de pesos, según cifras oficiales– podría haber sido financiado con el monto que se prevé entregar a Abengoa y Abener, y otra porción podría haberse subsanado si la dirección del mismo hubiese cobrado en tiempo y forma los adeudos del sector privado y de las dependencias públicas.

Significativamente, la propia LFC reportó, antes de su cierre, cuentas por cobrar por al menos 2 mil 160 millones de pesos, correspondientes a particulares. Por añadidura, el erario ha dejado de captar 150 millones de pesos por día desde la extinción del organismo, lo que significa una pérdida de 2 mil 400 millones de pesos del 11 de octubre pasado a la fecha.

Más allá de estos datos, que ponen en entredicho la versión oficial de que la extinción de LFC ahorraría recursos al Estado, la circunstancia descrita refuerza la percepción de que el gobierno federal practica una política gubernamental de abandono deliberado del sector energético, que consiste en someter a los organismos y empresas públicas de ese ramo al saqueo fiscal o a la astringencia presupuestaria con miras a su debilitamiento, desmantelamiento y posterior privatización.

Los efectos de dichas prácticas –las deficiencias en los servicios y el déficit en las finanzas de los organismos, por citar los más visibles– han sido usados por el gobierno federal como razones para emprender medidas como la intentona privatizadora de Pemex o la reciente desaparición de LFC, episodios en los que el decoro y la legalidad son relegados ante el afán de procurar oportunidades de negocio para consorcios privados cercanos al poder político.

En suma, de persistir el empeño gubernamental en deteriorar deliberadamente el sector energético, nada impedirá que lo que hoy ocurre con LFC se repita en un futuro con la CFE, y que la vigencia de los preceptos constitucionales en materia energética se convierta, como ha ocurrido con otros aspectos de la vida institucional del país, en mero formalismo.
La Jornada, lunes 26 de octubre de 2009,

México SA

La extinción de LFC, información reservada

Opacidad, la regla

Empresas panistas, en el jugoso negocio de la fibra óptica

Carlos Fernández-Vega

Anótese en el de por sí voluminoso inventario de incumplimientos calderonistas el relativo a la transparencia y la rendición de cuentas: en un arranque hepático se le ocurrió extinguir una empresa del Estado, mandar a paseo a 45 mil trabajadores con todo y familias, y culpar a una y a otros de todos los males habidos y por haber, y al grito de sólo mis chicharrones truenan (en sentido homenaje al último presidente de la Revolución) se niega a informar con base en qué se le ocurrió tan brillante idea.

Más rápido cae un inquilino de Los Pinos que un rengo. Apenas el pasado 2 de septiembre, en su faraónico cuan egocéntrico acto en Palacio Nacional, el susodicho se comprometía a una mayor transparencia ante la sociedad (por eso de las garantías de los ciudadanos), pero a la hora de la hora se niega a documentar la decisión de extinguir Luz y Fuerza del Centro: la Presidencia, mediante la Secretaría de Gobernación, informó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados su determinación de salvaguardar los documentos que días atrás solicitó el grupo plural de legisladores encargado de analizar y proponer la viabilidad de una controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda, ante el decreto de extinción de LFC. El argumento de Gobernación señala que la Secretaría de Energía se amparó en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el cual se niega la información (La Jornada, Roberto Garduño).

¿Qué establece el citado artículo 13?: como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado mexicano; dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado. ¿En cuál cabe la negativa del inquilino de Los Pinos?

¿Se niega a informar, por ejemplo, que cinco de los abajo firmantes del decreto nocturno del pasado 11 de octubre (Agustín Carstens, Hacienda; Ernesto Cordero, Sedeso; Georgina Kessel, Energía; Gerardo Ruiz Mateos, Economía, y Salvador Vega, Función Pública) formaban parte de la junta de gobierno de Luz y Fuerza del Centro, tomaban las decisiones, marcaban la pauta, y que, por lo mismo, son los responsables (junto con los directores de la CFE, miembro de la citada junta, y de LFC) de la situación financiera y operativa de la empresa (todos reportaban a Felipe Calderón, el principal abajo firmante del decretazo) que tanto alarmó al inquilino de Los Pinos? Pues bien, ninguno de los cinco funcionarios ha sido extinguido, pero cada uno conoce a la perfección el jugoso negocio que implica el tendido de fibra óptica.

¿No quiere que se conozca que la estructura tarifaria de energía eléctrica está diseñada por el gobierno federal, atendiendo a su política económica, otorgando subsidios explícitos (60 por ciento se destinaba al sector industrial y sólo 22 por ciento a los usuarios domésticos) y no contempla las necesidades financieras de Luz y Fuerza del Centro? Por ejemplo, una situación en la que se demuestra que el objetivo del gobierno federal era quebrar a LFC fue la política que se siguió en la determinación del precio del kilovatio-hora comprado a la Comisión Federal de Electricidad y el precio de venta al usuario. De 1995 a 2005, el precio de compra a la CFE se incrementó 4.5 veces, mientras el precio de venta a los usuarios lo hizo cuatro veces, lo que se tradujo en una dinámica perversa: a mayores ventas, mayores pérdidas.

Lo anterior se obtiene de un detallado estudio (Situación actual de Luz y Fuerza del Centro) elaborado por el ingeniero Mario Govea (jubilado de LFC, miembro fundador del Comité Nacional de Estudios de la Energía y coordinador de Energía Eléctrica en el Instituto de Estudios Energéticos de los Trabajadores de América Latina y el Caribe, sección México), en el que se subraya que debido a la prohibición a LFC de crecer en su capacidad instalada, desde 1960 se inició una dependencia de la CFE en la compra de energía, hasta alcanzar en 2008 el 96.4 por ciento de la energía que distribuye en su zona, lo que ha minado sus finanzas. El organismo continúa presentando resultados de operación deficitarios y una situación financiera crítica, reflejo de la aplicación de políticas económicas, financieras y técnicas inadecuadas, así como de otros fenómenos externos, propiciadas y permitidas por la dirección administrativa.

A lo largo de los años, se ha percibido una política de los gobiernos neoliberales por liquidarla como empresa pública y por eso no le han dado apoyo. Además, la opacidad es la regla general aplicada en todas las actividades de la CFE y de LFC, dirigidas por Alfredo Elías Ayub y Jorge Gutiérrez Vera; esta conducta sirve para que a espaldas del pueblo se entreguen plantas de generación, líneas de transmisión, subestaciones, terminales de recibo y manejo de carbón, gas y licitaciones arregladas para beneficiar a empresas nacionales y extranjeras ligadas a la clase política y compartan los millonarios recursos que genera el inflado costo de la renta eléctrica.

¿Qué esconde, pues?

Las rebanadas del pastel:

Sobre el jugoso negocio de la fibra óptica de LFC: la empresa WL Comunicaciones no sólo tiene la autorización para operar, sino que aún antes de hacerlo ya obtuvo descuentos anticipados de las tarifas de uso de la red; que en un principio la empresa –representada por el despacho de Diego Fernández de Cevallos– iba a pagar un promedio de 170 pesos por poste de conexión, pero sorpresivamente logró un convenio adicional para obtener un descuento tarifario y ahora sólo pagará 50 pesos este servicio. No se trata sólo de la explotación de la fibra óptica, cuya red de más de mil 100 kilómetros se pagó con recursos del pueblo y ahora la van a comercializar empresas panistas, sino que el negocio privado de LFC se va a expandir: están en camino múltiples autorizaciones de generación de electricidad para empresas privadas, muchas de ellas trasnacionales, que ya no tendrán la denuncia del SME, el cual no se oponía a la modernidad, sino al despojo del patrimonio del pueblo de México.

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
La Jornada, lunes 26 de octubre de 2009,

El Correo Ilustrado

Movimiento magisterial expresa apoyo a electricistas

La embestida del gobierno de Felipe Calderón contra los trabajadores electricistas y los brutales ataques que ferrocarrileros, petroleros, telegrafistas y maestros sufrimos entre 1956 y 1960, perpetrados por los gobiernos de Ruiz Cortines y de López Mateos, tienen el mismo fondo: se trata de castigar a sindicalistas que no se someten al control oficial y sí defienden las mejores causas nacionales. Hay, desde luego, diferencias: entonces hubo violenta represión y presos políticos, pero hoy vemos nada menos que la desaparición de una empresa estatal y el cese de todos los trabajadores. Igual que entonces, hoy se viola la Constitución, si bien ahora hay una enérgica solidaridad parlamentaria que en aquel tiempo no existió. Los maestros de entonces y los de hoy respaldamos la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas del mismo modo que ellos apoyaron nuestra huelga-plantón de 1958. Así, marchamos juntos en el rechazo a la privatización de un sector estratégico, como es el eléctrico, y en la defensa de una educación pública seriamente amenazada por la alianza entre Elba Esther Gordillo y el Ejecutivo que entró por la puerta de atrás.

Movimiento Revolucionario del Magisterio: Iván García Solís, Jesús Ríos Ponce, Carlos Terrazo Anduaga, Esperanza Ruiz, Jaime Alcázar, Araceli Castellanos, Antonio Sánchez, Austreberto Román
El golpe al SME, contra el pueblo: telefonistas

Los trabajadores telefonistas rechazamos enérgicamente el decreto ilegal que el gobierno federal de Felipe Calderón, el autodenominado presidente del empleo, ha emitido para disolver Luz y Fuerza del Centro bajo el argumento de la ineficacia de la empresa y dejando sin trabajo a más de 40 mil trabajadores.

Reivindicamos la tradición histórica de lucha y solidaridad de los telefonistas con nuestros hermanos del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), tradición que se inicia a comienzos del siglo pasado, cuando compartíamos la misma organización sindical y cuando en la década de los 80 se ratificó dicha solidaridad con la firma de un Pacto de Solidaridad y Ayuda Mutua todavía vigente y que es necesario ratificar.

Por ese motivo, hoy, ante la ofensiva del gobierno federal contra los sindicatos que no se pliegan a sus intereses y privilegios, llamamos a todas las fuerzas sindicales y populares del campo y la ciudad a que demos la más amplia y contundente muestra de solidaridad con nuestros compañeros del SME y a levantar nuestra más enérgica protesta por las medidas ilegales contra uno de los gremios fundamentales del movimiento obrero en el país.

Un golpe contra el SME es un golpe al pueblo de México.

Telefonistas activos y jubilados del STRM en apoyo al SME: Arturo Osorio Rivera, Andrónico Martínez Aguilera, Benito Méndez Castro, Celia Xóchitl Cornejo Beltrán, Efraín Torres Zaragoza, Ema Cruz Ramón, José del Refugio Cano Miramontes, José Fernando Estrada Gutiérrez, José Luis Jiménez Ayala, Ma. Cristina Herrera Guzmán, Miguel Ángel Lara Sánchez, PabloLugo Colín, Patricia Osorio Yáñez, Pedro González Muciño, Ramón Evaristo Félix, Ma. Teresa Silvia Maya Neria

Apoya FUT huelga nacional

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) hace suyo el sentir de los trabajadores electricistas y de las organizaciones, sociales, sindicales y políticas, al llamado de la dirección del SME para preparar el paro o huelga nacional, como única medida para rechazar la privatización de Luz y Fuerza del Centro; para defender el contrato colectivo de trabajo y al propio Sindicato Mexicano de Electricistas.

Por lo que manifestamos nuestra solidaridad y nuestra disposición por llevar adelante las acciones que acordemos en la asamblea general convocada por el SME, así como participar en la marcha de este viernes unitariamente con la CNTE.

¡Ni un movimiento aislado más!

FUT: Sindicato de la Unión de Trabajadores del IEMS, Movimiento Magisterial del SMSEM (estado de México), Red de Trabajadores del Inegi, Colectivo Primo Tapia, Acción Socialista, Liga de Trabajadores por el Socialismo, Liga de Unidad Socialista, Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara (Spaudeg), Trabajadores de Setravi.

Responsable de la publicación: Lilia García
Piden víveres y medicinas para electricistas

Toda la solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Porque el golpe al SME nos pega a todas y a todos, porque sabemos que la solidaridad no nos la pueden arrebatar, porque la lucha de los electricistas es nuestra lucha. Llamamos al pueblo a apoyar al SME con víveres y medicinas que les permita resistir la dura jornada de lucha que afrontan actualmente.

Puedes llevar tu aportación al local del Movimiento al Socialismo, ubicado en Camelia 149 1er. piso, casi esquina con Zarco, colonia Guerrero, a dos calles del Metro Guerrero, atrás del Mercado Martínez de la Torre.

Horario de atención: 10 a 13 horas   y de 16 a 19 horas de lunes a sábado. Teléfono: 55 91 01 68.

Invitaciones

Inicia Tribunal Internacional de Libertad Sindical

Los obstáculos que enfrentan las y los trabajadores para organizarse libremente, y la represión y los despidos que vienen como represalia cuando intentan hacerlo; la intromisión de las autoridades laborales en la autonomía sindical y la abierta política del gobierno mexicano de destrucción de toda expresión del sindicalismo auténtico, como es el caso ignominioso del Sindicato Mexicano de Electricistas que, para desaparecerlo, se recurre incluso a la liquidación ilegal de una empresa pública, muestran la necesidad de impulsar el Tribunal Internacional de Libertad Sindical, una instancia civil de peso internacional e indiscutible calidad moral que juzgará y resolverá sobre este grave problema.

La sesión de apertura se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre a las 10 horas en el Ex Templo de Corpus Christi, Av. Juárez 44 colonia Centro (frente a la Alameda Central).

Inauguran: senadora Rosario Ibarra; James D. Cockroft, por el jurado internacional, y Miguel Ángel Granados Chapa, por el jurado nacional. Para mayor información 52 07 41 47
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