Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales






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La Jornada, sábado 21 de noviembre de 2009,

Mineros y electricistas, por una solución negociada

Arturo Alcalde Justiniani

Una obligación elemental de cualquier gobierno es buscar a través de la negociación reducir los conflictos que se generen en la sociedad. Sobran ejemplos de naciones en que la autoridad ha logrado grandes avances por la vía de la conciliación de intereses y de la propuesta permanente para evitar rompimientos que atenten contra la paz social. Suele afirmarse, con razón, que un rasgo esencial de los países desarrollados es la capacidad que tienen para resolver sus diferencias a través del diálogo social. En nuestro país la concertación es prácticamente inexistente, lo que provoca que las diferencias en todos los ámbitos se acumulen. En pocas palabras, la labor de un gobierno es solucionar conflictos, no crearlos.

Han concluido los 30 días en los cuales el gobierno federal calculó terminar el conflicto electricista por la vía de las liquidaciones individuales incrementadas con el supuesto premio. Las cosas quedaron a medias y alrededor de 20 mil trabajadores, además de los jubilados, han optado por seguir su lucha apoyados en múltiples organizaciones que se han hecho presentes en importantes movilizaciones en todo el país. El hecho es que no se observa con claridad cuál es el Plan B del gobierno, más allá de abrir de nuevo su propuesta liquidatoria. Falló el golpe mediático de un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que autorizaría la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. La suspensión definitiva dictada por una jueza de amparo obligó a diferir el resultado de un juicio, entre los muchos otros que definirán no sólo la legalidad del decreto presidencial, sino el tema laboral relacionado con la separación colectiva y la sustitución patronal. En otras palabras, el juicio de amparo es tan sólo un primer round.

Tiempo antes, el gobierno federal se había embarcado en otra aventura al apoyar sin límites al Grupo Minera México, en contra del sindicato minero metalúrgico, generando saldos negativos en pérdida de vidas, de afectaciones materiales, lesión a poblaciones enteras y el desprestigio internacional de la acción gubernamental, en opinión de las organizaciones sindicales más representativas del mundo. En lugar de canalizar su energía a la solución del conflicto minero, el gobierno ha dirigido su gestión a tres acciones: la primera, es el intento de extraditar y encarcelar al dirigente nacional de dicho sindicato sin lograr, hasta la fecha, acreditar los fundamentos de esta petición. La segunda, pretende golpear a los huelguistas de Cananea buscando convencer a los magistrados integrantes del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito María Edith Cervantes Ortiz, Jorge Farrera Villalobos y Elisa Jiménez Aguilar, de avalar la aberrante decisión de la JFCA del 14 de abril de este año que dio por terminados la huelga, el contrato colectivo, las relaciones individuales y colectivas de trabajo, apoyada en una inspección elaborada a modo, por un grupo de empleados al servicio de la Secretaría de Economía. Por cierto, en tan sólo 24 horas se sustanció todo el proceso, confiando en desalentar a los mineros y lograr su liquidación inmediata; algo parecido a la fallida estrategia aplicada a los electricistas. Han pasado casi veintiocho meses y, a pesar de todas las adversidades, los huelguistas se mantienen en su digna lucha haciendo honor a aquellos que un siglo atrás defendieron con su vida similares derechos. Atendiendo a nuestra legislación laboral, sería inconcebible que el tribunal señalado suscriba tan burda maniobra.

Una tercera acción gubernamental se orienta a convencer a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atraiga y resuelva en favor de Minera México la negativa de la toma de nota del dirigente nacional minero. Esgrime la empresa, a través de sus personeros, que dicho dirigente no es trabajador y que no puede defender a sus afiliados fuera del país. Ambos argumentos son absurdos, además de que no se actualizan los motivos legales para la atracción solicitada. Aun suponiendo que éste tribunal decidiera abocarse al asunto debería desechar la intención patronal, no sólo porque se trata de un acto de intromisión, sino porque la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social durante varios años había reconocido la relación laboral del líder sindical, precisamente en cumplimiento de una ejecutoria dictada por un tribunal colegiado en materia laboral; en fin, porque la decisión sobre una representación sindical corresponde a los propios trabajadores, no a la autoridad registradora y menos al patrón, que ostenta estar confiado en las supuestas influencias de su representante legal. Nuevamente, el máximo tribunal, congruente con criterios anteriores, deberá dejar claros los principios constitucionales en materia de libertad y autonomía sindical.

En lugar de pretender ganar guerras equivocadas que generan un alto costo social y humano en un entorno de crisis, inseguridad e inequidad creciente, el gobierno federal debería facilitar una solución para la huelga de Cananea y tomar distancia de la intromisión del Grupo Minera México en la vida del sindicato. En relación al conflicto electricista, buscar una negociación equilibrada con miras a otorgar un servicio público eléctrico en favor de la comunidad. Ello es compatible con un modelo laboral sustentable, incluyendo los cambios necesarios y con el respeto a la representación legítima de los trabajadores a través de su sindicato.
La Jornada, domingo 22 de noviembre de 2009,

Energía eléctrica: problemas y soluciones

Antonio Gershenson

Este servicio empezó desde tiempos de Porfirio Díaz, en 1903, con la canadiense Compañía Mexicana de Luz y Fuerza. Se fueron instalando otras empresas privadas, atendiendo a las principales ciudades. Eran de Estados Unidos. En general, además de plantas que aprovechaban la energía de los ríos, había termoeléctricas, basadas en una caldera y una turbina que consumían combustóleo. Es muy barato en cuanto a costo de producción, por esta misma razón. Destilados como la gasolina y el diesel son más caros.

Lázaro Cárdenas fundó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 1937 como empresa pública. Sus funciones incluían la electrificación de las áreas que lo requerían, proporcionar el servicio en las ciudades y las zonas que esta comisión había electrificado y, en general, suplir servicios que no proporcionaban las empresas privadas.

Como hemos dicho, en 1960, el 27 de septiembre, se dio la nacionalización de la industria eléctrica. Aunque se usa mucho el nombre así, se refiere al servicio público. Por ejemplo, las plantas generadoras que ya estaban en las fábricas de lo que se ha llamado Grupo Monterrey no fueron nacionalizadas, porque eran para uso de su dueño o dueños, no para un servicio al público.

Después de este proceso la CFE fue absorbiendo a las empresas privadas nacionalizadas. La ya entonces Compañía de Luz y Fuerza Motriz del Centro quedaría legalmente en liquidación.

En el gobierno de Salinas se operaron dos cambios legales en la materia. Uno fue suprimir el estado de en liquidación y crear en lugar de esta sociedad anónima una empresa paraestatal, pública, que sería Luz y Fuerza del Centro (LFC). El otro consistió en abrir la puerta a las empresas privadas para que generaran electricidad para vendérsela a la CFE, o sea para el servicio público o para autoabastecimiento, con permiso para vender a particulares, que aparecerían como socios. Esto infiere una violación al artículo 27 de la Constitución.

Unos años antes de que empezaran a funcionar las generadoras privadas para vender a la CFE (productores independientes de energía, PIE), esta empresa pública empezó a introducir plantas de ciclo combinado de gas natural. Todas las PIE usan esa tecnología.

Como describimos en el artículo del domingo 25 de octubre, se puso de manifiesto que este tipo de plantas tienen problemas, especialmente cuando se trata de generación a mayores alturas sobre el nivel del mar. Se ha planteado instalar plantas de este tipo debido a la ausencia de inversión y a la suspensión de la construcción de unidades de generación en la zona central. Y no se han usado en México plantas con nuevas tecnologías, que no tienen este problema, como las de turbina ultra supercríticas.

Tenemos posibilidad de nuevas plantas hidroeléctricas, aprovechando sitios y ríos todavía no utilizados. Pero la forma como esto se ha hecho por quienes toman las decisiones en la CFE no es la correcta. Incluso se han frenado proyectos por la resistencia de los afectados, como es el caso de La Parota, en Guerrero. También se han frustrado proyectos en el río Usumacinta, porque éstos implicaban, como el proyecto oficial de La Parota, grandes inundaciones y la gente no se dejó.

También en este caso hay alternativas. Tienen algo en común: primero que nada, hay que consensuar los proyectos con la población del lugar. Otro factor en común: contratar la mano de obra en la localidad en todos los casos en que sea posible, no traer personal de otro lado, como se hace ahora.

En años recientes la empresa a la que se premia con el contrato es la que se arregla con un sindicato ya comprado, el cual llevará el personal, obviamente de fuera del lugar. Cuando la obra termina, los trabajadores de fuera se van, la economía natural queda muy dañada, si no es que aniquilada, y lo único que subsiste es la miseria. Esos son algunos de los efectos de llevar, con una obra de cierta magnitud como las que estamos considerando, mano de obra del exterior.

Otro ejemplo de alternativa son las plantas geotérmicas. La población de Mexicali se queja mucho de lo sucio del aire, por la cercana planta geotérmica de Cerro Prieto. Además, se ha explorado y trabajado sólo en una pequeña parte de las fallas.

Los cambios en una geotérmica, para no contaminar y tener más eficiencia, deberían incluir lo siguiente. La contaminación se produce por los vapores, muy corrosivos, del subsuelo. En vez de sacar esos vapores calientes, aprovecharlos para generar electricidad y soltarlos al aire, como se hace con las plantas actuales, los vapores corrosivos deben enviarse de nuevo hacia abajo después de sacarles el calor, con lo que se llama un intercambiador de calor de dos circuitos. El circuito de arriba sólo lleva vapor limpio. Eso permite que la turbina opere a mayor temperatura y sea más eficiente, pero además no hay contaminación del aire y los equipos duran mucho más. El intercambiador mismo y el circuito de abajo son de súper aleaciones muy resistentes al calor y a la corrosión, como vimos en el artículo del domingo 25, que se usan para los equipos ultra supercríticos.

En suma, existen alternativas variadas, en estas y otras variantes de generación, que permiten aprovechar los recursos de cada región. Sin embargo, esto no es compatible con la política de hacer negocios con compañías trasnacionales, ni de entrega a las mismas.

gershen@servidor.unam.mx
La Jornada, lunes 23 de noviembre de 2009,

Mentiras en el diagóstico de LFC

José Antonio Almazán González

El Diagnóstico sobre el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro que el gobierno de Calderón reservó durante 12 años, para que el pueblo de México no lo conozca, conforme al artículo 13, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es un compendio de mentiras en contra del Sindicato Mexicano de Electrcistas (SME), el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), los trabajadores y los jubilados electricistas. En sus 68 páginas no se encuentra ningún elemento cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional. Revisemos su contenido.

La introducción es una desabrida y breve historia de Luz y Fuerza del Centro (LFC), pero en el apartado Situación financiera el gobierno suelta la sopa al afirmar que la situación financiera de LFC se ha ido deteriorando durante los últimos años. Por una parte, el alto costo de las prestaciones contenidas en el contrato colectivo de trabajo que rige la relación con el Sindicato Mexicano de Electricistas, y por otra, el deficiente desempeño operativo del organismo, han ocasionado que la entidad opere con números rojos.

Para Calderón la cláusula 10 del CCT es un obstáculo, pues ocasiona que LFC ejecute directamente las obras que otras paraestatales contratan con terceros. El área que lleva a cabo estas actividades está conformada por 9 mil 44 trabajadores que representan 20 por ciento de la plantilla. Por si fuera poco, se queja de que la cláusula de referencia señala que la fabricación de equipos y materiales para ampliación, operación, reparación y modernización de plantas generadoras y subestaciones serán realizadas por trabajadores del SME, el organismo descentralizado cuenta con un área denominada Fábricas y talleres que se integra por 4 mil 588 trabajadores (10 por ciento de la plantilla). Esto ocasiona que los costos del organismo para la prestación del servicio sean considerablemente más elevados que los del resto del sector eléctrico.

En pocas palabras, conforme al diagnóstico de Calderón, estos trabajos los pueden realizar contratistas, que en Comisión Federal de Electgrcidad (CFE), Pemex, etcétera, son fuente de corrupción y saqueo de la riqueza pública. Para nada menciona que las citadas fábricas y talleres de LFC gozan de reconocimiento internacional, por su calidad y desarrollo tecnológico. Su falso diagnóstico concluye: esto, aunado a que miles de empleados se dedican a fabricación de postes, herrajes y tableros, por ejemplo, a tareas no fundamentales para distribuir y comercializar la energía, nos lleva a afirmar que si LFC siguiera los estándares de CFE sería posible que prestara el servicio publico en su área de influencia con 8 mil 900 trabajadores, lo que implica una reducción de 80 por ciento de su plantilla laboral actual. No sobra decir que esta visión es privatizadora y contraria al espíritu del párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Y todavía se atreve a afirmar que LFC no se privatiza.

Adicionalmente, se lamenta de que las cláusulas 10 y 17, que establecen que todo empleo en LFC debe corresponder a una tarea o función productiva, impide la multifuncionalidad de los trabajadores. Los trabajadores multiusos. Sueño anhelado de la oligarquía mexicana y su pretendida contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), a la cual Calderón se adelanta con su decreto de extinción. En su mira y la de la oligarquía están muchas cláusulas del CCT, particularmente la 64, que para Calderón establece condiciones muy favorables para la jubilación. Al gobierno le escandalizan las prestaciones de los trabajadores electricistas, por ejemplo, que tengan más días de vacaciones que los mínimos de la Ley Federal del Trabajo o que las mujeres gocen de permisos de una hora para amamantar a sus hijos durante el periodo de lactancia. Pero cínicamente omite reconocer que estas prestaciones tienen años de haberse plasmado en el CCT, por acuerdo entre las partes.

Pese a su visión conservadora y de ultraderecha, contraria a la Constitución y a la LFT, en cuanto a los derechos laborales el diagnóstico de Calderón no puede evitar reconocer, así sea disimuladamente, que en el año 2008 la nómina (salarios y prestaciones) representó 15 por ciento de los costos del organismo (excluyendo la energía comprada a CFE y los costos de combustibles) y tan sólo un 6 por ciento sí los incluye. ¿Dónde están los privilegios?

Por éstas y otras razones, Calderón escogió dar el golpe fascista en contra del SME. Si hubiera seguido el procedimiento que establece la LFT, en tanto conflicto de orden económico, sus mentiras se habrían hecho públicas y aun en el eventual caso de que la iniciativa de extinción hubiese sido aprobada en la Cámara de Diputados, de inmediato hubiera operado la figura de patrón sustituto, pues la materia de trabajo, la prestación del servicio público de energía eléctrica, sigue existiendo. Por estas razones las demandas constitucional y jurídica laboral las va a ganar el SME.
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