Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales






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La Jornada, martes 17 de noviembre de 2009,

SME: después del paro cívico nacional

Luis Hernández Navarro

Terminó el plazo que el gobierno federal dio para liquidar a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) ofreciendo un bono extra. Aunque sigue la disputa por las cifras, los resultados no son buenos para la administración de Felipe Calderón: los empleados que aceptaron indemnizarse son poco más de la mitad de la plantilla. Apenas unos cuantos seguidores más de los que votaron por la planilla del disidente Alejandro Muñoz en los pasados comicios sindicales.

El gobierno necesitaba que cerca de 90 por ciento de los electricistas dieran por terminada la relación laboral. No lo consiguió. No obstante las deudas y necesidades económicas de los trabajadores, cerca de la mitad siguen resistiendo. Los electricistas sortearon una feroz campaña en su contra en medios y se mantienen en pie de lucha. A pesar de que la administración de Calderón requisó los fondos sindicales y el gremio no contaba con un fondo de huelga para enfrentar un conflicto de esta magnitud, la movilización continúa. El conflicto subsiste.

El servicio eléctrico no ha podido ser regularizado. Cortes de energía y apagones son hoy continuos y de mayor duración que en el pasado. Con frecuencia, los afectados se han visto obligados a ocupar la vía pública para que se restablezca el servicio. Tan constantes y extendidas son las fallas que ya ni se reportan en la prensa. Se han convertido en parte de la vida cotidiana en las zonas que abastecía LFC.

La Comisión Federal de Electricidad no ha podido cobrar el servicio eléctrico, pues no cuenta con personal para la toma de lecturas de los medidores. Ahora, en una acción a toda luces ilegal, pretende que los usuarios paguen la luz con base en estimados de consumos anteriores. Muy probablemente se levantará una ola de inconformidad entre los usuarios.

En el terreno jurídico, el gobierno federal sufrió un sonoro descalabro. El pasado 6 de noviembre, la juez Guillermina Coutiño Mata concedió la suspensión definitiva al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se abstenga de resolver sobre la terminación de la relación colectiva de trabajo entre LFC y el sindicato. Eso significa que, desde el punto de vista legal, sindicato y contrato colectivo de trabajo siguen existiendo. Alrededor del 25 de noviembre se espera que se emita la sentencia definitiva.

A su vez, la administración de Calderón tuvo un respiro por la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a aceptar una demanda de controversia constitucional interpuesta por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Falta aún ver qué suerte corre la demanda promovida por el Congreso de Hidalgo y si la Cámara de Diputados presenta la suya. El punto se ha vuelto un asunto controvertido dentro de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que ve en ello el terreno de una fructífera negociación con el gobierno. Los diputados de la Confederación Nacional Campesina apoyan que se promueva la demanda.

El pasado 11 de noviembre se efectuó un paro cívico nacional en apoyo de los electricistas. La acción fue una contundente demostración de fuerza y de capacidad de convocatoria, una de las más resonantes en muchos años. El funcionamiento de la ciudad de México se desquició, el tránsito vehicular a través de las principales carreteras que conectan a la capital con el resto del país se estranguló por momentos y los medios de comunicación debieron reportar las acciones de protesta.

Curiosamente, como si respondiera a un guión dictado, la prensa destacó tres hechos: que en la protesta habían participado menos personas que en la marcha del 15 de octubre, que los trabajadores habían radicalizado sus acciones y que la dirigencia del SME había enarbolado un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Cómo midieron el número de asistentes a una jornada de lucha que duró más de 12 horas y que abarcó 22 estados de la República es un misterio.

La realidad fue mucho más compleja y rica. En estados como Michoacán y Oaxaca, por ejemplo, el magisterio suspendió clases en prácticamente todas las escuelas. En muchos de los municipios donde la generación eléctrica es la principal actividad económica, las movilizaciones paralizaron las actividades económicas. En la ciudad de México se efectuaron acciones simultáneas (desde asambleas hasta marchas) en multitud de colonias. Las universidades públicas del Distrito Federal no funcionaron; la participación estudiantil fue notable. Muchos de quienes protestaron no asistieron a la manifestación que fue al Zócalo porque ya lo habían hecho en sus centros habitacionales o de trabajo.

El paro cívico nacional no articuló el descontento existente entre los no organizados; no provocó una explosión social. ¿Alguien supuso seriamente que algo así sucedería el 11 de noviembre? Participó, sí, la mayoría de los sectores populares organizados del centro y parte del sur del país en los que las izquierdas influyen. A pesar de que muchas de las fuerzas involucradas enarbolaron sus propias demandas (por ejemplo, los telefonistas) fue, en lo esencial, una movilización de apoyo a los electricistas.

A cinco semanas de la declaración de guerra del gobierno federal contra el SME, la administración de Felipe Calderón no ha podido triunfar. Para avanzar en el terreno jurídico deberá hacer concesiones significativas al PRI en otros ámbitos. Un conflicto que creyó poder resolver en menos de un mes de plazo, y que necesitaba ganar con rapidez, persiste en la escena política nacional y amenaza con extenderse, radicalizarse y durar todavía más.
La Jornada, jueves 19 de noviembre de 2009,

SME: la fuerza de la verdad

Paco Ignacio Taibo II

–Como todo mundo sabe, el origen de este conflicto se debe a los privilegios del sindicato de electricistas –dice una locutora en la radio con voz un poco chillona.

¿Qué es lo que sabe todo mundo?

Hace escasos cinco minutos la Secretaría de Gobernación intimida a los trabajadores electricistas informándoles que se porten bien en la próxima manifestación o que se atengan a las consecuencias, y cada media hora un anuncio del gobierno federal invita a los electricistas a que recojan su liquidación, porque si no, se van a quedar sin nada. Poco después, un grupo de conocidos panelistas da vueltas interpretativas al conflicto; durante media hora analizan si el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) puede sumar nuevas fuerzas, si el PRI se va a desinteresar huyendo del asunto, si se está sacrificando al secretario del Trabajo; pero nunca, ninguno de ellos va al corazón del asunto, nunca se hará en voz alta la pregunta clave: ¿quién tiene razón? ¿El gobierno al disolver Luz y Fuerza del Centro o los electricistas al defender sus puestos de trabajo?

Pareciera nuevamente que lo esencial les importa un bledo. Que todo mundo sabe.

Y así ha sido a lo largo de un mes, el bombardeo, los argumentos reiterados, pero nunca explicados, las nubes de humo, las verdades a medias, las mentiras completas.

Hacía mucho tiempo que la maquinaria del Estado no nos soltaba a los perros de la guerra del verbo y de la tecla, con la intensidad con la que los ha lanzado.

Con todo cinismo nuevos promocionales de radio habrían de aparecer con la anónima voz de aquella que promete que ahora sí no nos van a cobrar de más y que ahora sí… Y trabajaban sobre la parte dolida de los consumidores que habían estado sometidos a los abusos de la compañía durante años.

Pero, ¿para corregir estos abusos había que disolver la empresa y desaparecer el sindicato? ¿Eran los trabajadores ahora despedidos masivamente responsables?

Los argumentos de Calderón –pues ésta, sin duda, era una apuesta presidencial que llevaba tras de sí a los secretarios de Trabajo, Energía y Gobernación– eran, además de reiterativos, muy extraños.

Decía que el sindicato no era democrático, las pasadas elecciones internas habían sido confusas y estaban siendo criticadas por la oposición. ¿Y luego? ¿Era ése un argumento para disolver la empresa? ¿No era representativo? ¿Y entonces cómo se explican este mes de resistencia, esta participación masiva de los trabajadores, a pesar de represalias, amenazas?

Decía que la empresa no era eficiente.

Sin duda, se trataba de una empresa ineficiente que operaba con números rojos y que ofrecía un servicio en muchos casos mediocre y doloso a los consumidores. Bueno, resulta un argumento un tanto discutible, porque con parámetros como ése, por qué no disolver Pemex, la Secretaría de Hacienda o la propia Presidencia de la República, cuya ineficiencia a lo largo de estos años se mostrado de una manera patética.

Ambas afirmaciones eran verdad relativamente, y se convertían en una potente mentira cuando atribuía a los trabajadores su causa.

¿Era ineficiente? ¿Por qué entonces no se había despedido mucho antes a los directores generales, a los gerentes, a los directores de las sucursales? ¿Por qué el desastre en la facturación, que en la mayoría de los casos dependía de los empleados de confianza y que había mantenido en estado de permanente irritación a los usuarios no se había corregido desde arriba?

Pero la liquidación de la empresa costaba millones, muchísimos millones de pesos. ¿No habría nada mejor en qué gastarlos? ¿No era todo absolutamente absurdo? ¿No era mejor tratar de ajustar una empresa deficitaria que liquidarla con inmensos costos? ¿No resultaba delirante poner en la calle a 44 mil 514 trabajadores en un momento en que la nación lloraba por el desempleo?

Porque la materia de trabajo persistía. Había que seguir dotando de energía a millones de mexicanos. Entonces, ¿por qué destruir la empresa?

Resultaba insultante hablar de los altos salarios de los trabajadores (¿a usted le parece escandaloso hablar de 5 mil pesos mensuales para pagar a un trabajador especializado?), obtenidos a lo largo de 70 años de lucha, en una sociedad en la que un alto funcionario gubernamental tiene salarios de escándalo.

¿Y no era deficitaria la empresa, entre otras cosas, porque le pagaba muy caro a la Comisión Federal de Electricidad la energía que luego distribuía? ¿Y no era deficitaria porque se le daba luz gratis a Los Pinos, las secretarías de Gobernación, Hacienda, Agricultura, Trabajo, Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República? ¿No había grandes hoteles que por decisiones superiores no pagaban la luz y periódicos y empresas como Nextel, Aurrerá, Suburbia, Radio Móvil Dipsa, Salinas y Rocha y Electra y hasta la Torre Mayor de Reforma?

¿Quién daba las órdenes para que unos pagáramos y otros no?

¿Eran los trabajadores los que permitían tarifas desorbitadas para algunos?, ¿errores permanentes en el cálculo de lo que se gastaba?, ¿tarifas de privilegio o conexiones directas para otros? ¿O eran gerentes generales, directores, directores de sucursales?

¿Y por qué esta urgencia de liquidar? ¿Y por qué la oferta de recontratar? ¿Por qué si el origen fue el conflicto laboral desde seis meses antes se estaba entrenando a miembros del Ejército en el cableado subterráneo?

Había argumentos, pero sin lugar a dudas eran falsos. El gobierno de la nación mentía.

Y los mexicanos, que somos paranoicos porque sabemos que la injusticia nos persigue, nos preguntábamos y nos seguimos preguntando: ¿qué es lo que no brilla en la superficie?

Parecía evidente que el gobierno al disolver la empresa tenía como interés principal destruir a un sindicato democrático y tras esta medida proceder a una privatización de parte del sector eléctrico. Querían abrir las futuras redes digitales a empresas trasnacionales en alianza con grupos empresariales mexicanos. ¿Es cierto que una empresa llamada WL Comunicaciones, propiedad de connotados panistas como los ex ministros de Energía Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens tiene ya un contrato para desarrollar mil 500 kilómetros de redes? ¿Es cierto, como se ha señalado con frecuencia, que el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, ha estado involucrado en negociaciones con empresas españolas para privatizar el sector?

No voy a entrar en el debate legal, un montón de abogados constitucionalistas lo han hecho, y lo harán mejor que yo; me limito a señalar verdades y mentiras en lo que es un debate político, un problema moral.

Al concluir el mes que el secretario Lozano había ofrecido como plazo para que los trabajadores del SME se liquidaran, el gobierno había ganado parcialmente las batallas jurídicas, había conquistado a una parte de la opinión pública con el miserable bombardeo mediático y había perdido dos batallas políticas trascendentales: no había podido lograr que la mayoría de los trabajadores se retirara de la lucha y enfrenta una fuerte movilización solidaria que se va endureciendo.

A pesar de las cifras que se ofrecen, 22 mil 65 trabajadores han demandado al gobierno pidiendo la reinstalación de su trabajo coordinados por el sindicato, y otros 3 mil 700 lo han hecho de manera individual; a los que habría que sumar 14 mil jubilados que también se ampararon.

Y esto a pesar de las presiones de que no se encontraban preparados al inicio de la lucha, de que no había fondos de resistencia, de que los dineros sindicales están bloqueados ilegalmente y de que llevan un mes sin cobrar.

Y a pesar de la inmensa cantidad de palabras que al tema se han dedicado, hay decenas de preguntas que no se han hecho y muchas que no se han contestado. ¿Quién está suministrando el fluido eléctrico al valle de México bajo protección de miles de policías? ¿Es verdad que no hay trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad? Tan sólo técnicos de confianza que dirigen cuadrillas y empresas patito a las que se les han prometido futuros contratos. ¿No se ha producido ya de hecho una privatización? ¿Es cierto que algunas de estas empresas han traído trabajadores extranjeros, se dice que de Guatemala y Honduras, y que no tienen permisos de trabajo? ¿Está el gobierno violando las leyes laborales con todo descaro? ¿Qué salarios tienen estos trabajadores? ¿Qué contratos? ¿Es verdad que a lo largo de este primer mes de conflicto han muerto trabajadores en accidentes y esto se ha mantenido oculto?

Con toda la información anterior en las manos, uno no puede impedir llegar a la siguiente conclusión:

El gobierno mexicano montó una conspiración para privatizar la distribución de energía eléctrica en el valle de México y estados cercanos, para destruir un sindicato democrático que le estorbaba en el proceso; no se tocó el corazón para despedir a 44 mil trabajadores en una época en que crece el desempleo, gastó y gastará millones y millones de pesos de manera absurda. Y para lograr estos objetivos violó las leyes, engañó y mintió a los mexicanos.

He estado en las dos movilizaciones de los electricistas, la del 15 de octubre y la del 11 de noviembre, y me he encontrado marchando con unos mexicanos como yo, profundamente irritados, que no van a dar marcha atrás, muchos miles, muchos, muchos miles.
La Jornada, viernes 20 de noviembre de 2009,

La irresponsabilidad

Luis Javier Garrido

Las anticonstitucionales acciones del gobierno en materia energética y la incapacidad de Felipe Calderón para justificar el desastre de su administración y su afán por desresponsabilizarse, ponen otra vez en el centro de la discusión una cuestión fundamental: ¿quién está tomando las decisiones en México?

1. La negativa de los diputados del PRI a que la Cámara de Diputados pida a la Suprema Corte investigar la constitucionalidad de esos actos del gobierno, que dilataron en anunciar más de un mes (La Jornada, 19/11/09) en función de sus oscuras componendas con el PAN, y que el martes 24 va a oficializarse en el pleno ahondando la pendiente de ilegalidad en que se desliza el país, es un claro ejemplo de cómo las gravísimas decisiones se están tomando en función de los intereses de la clase política llevan al desmantelamiento de la nación.

2. El anuncio de que el PRI va a negarse a respaldar la controversia constitucional contra el decreto de Calderón del 11 de octubre, en el que éste asume facultades que sólo competen al Congreso al decretar la desaparición de una empresa pública –Luz y Fuerza del Centro–, ignorando la legislación laboral para cesar a 44 mil trabajadores –acto que a juicio de múltiples expertos constituyó una abierta violación a la Constitución–, confirma una vez más que los priístas continúan dando la espalda a la clase trabajadora y que la llamada clase política sigue en su conjunto dispuesta a llevar a México por la pendiente de la ilegalidad, sin darse cuenta de que está deslegitimando por completo al poder público.

3. En las negociaciones y pactos secretos que para todo llevan a cabo priístas y panistas, dentro del marco de los acuerdos entre Carlos Salinas y el PAN para cogobernar a México, esta grave decisión del PRI muestra de nuevo que la burocracia salinista no tiene otro proyecto que el mismo de los panistas: servir a las mafias de poder económico para continuar enriqueciéndose, y cierra una vez más la vía de la legalidad en el país. No en balde es el priísta Alfredo Elías Ayub el que está privatizando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –en contra de lo determinado en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales– favoreciendo a empresas como Techint, según denunció Martín Esparza (secretario general del SME) durante un mitin frente a las oficinas de la trasnacional que tuvo lugar el día 18.

4. Las graves decisiones que se están tomando en México no las quiere asumir nadie, mostrando los integrantes de la clase política una absoluta cobardía que contrasta con lo que acontecía en el pasado, pues tan luego como las adoptan pagan costosísimas campañas en los medios desresponsabilizándose de lo aprobado, culpándose priístas y panistas hasta el ridículo por lo aprobado.

5. El estilo personal de (intentar) gobernar de Felipe Calderón supone en ese tenor asumir como suyas decisiones del gobierno y luego tratar de desresponsabilizarse para no tener que pagar los costos políticos (y jurídicos) de sus actos o desafanarse de las consecuencias de los mismos culpando tanto a los priístas como a los factores internacionales por lo que acontece, como sucedió con el presupuesto y la Ley de Ingresos y está pasando en materia energética. No sólo desarrolla en los medios una campaña de una bajeza moral sin límites contra los trabajadores electricistas, culpándolos de corrupción e ineficiencia y del manejo de una empresa que estaba en manos del gobierno, sino que ahora resulta que él no tiene mucho que ver con nada, cuando todo mundo sabe que la corrupción en la CFE y en Luz y Fuerza del Centro los beneficia a él y a sus amigos.

6. Calderón y su equipo de ineptos pretenden ser irresponsables en el conflicto con el SME sorprendidos por las dimensiones que ha alcanzado, y en insólitas declaraciones éste se refirió en días pasados a su decreto declarando que fue una decisión a la que el gobierno fue llevado y presionado, aunque no dijo por quiénes (La Jornada, 13/11/09), pero reconociendo implícitamente su carácter de personero de trasnacionales a las que sirve. Y unos días después, al inaugurar las ampliaciones de un consorcio privado (porque su gobierno tiene bien poco que inaugurar), aceptó que las decisiones se toman en su administración por varias personas, pues pidió luces a los integrantes del Ejecutivo.

7. Calderón no puede históricamente zafarse de su responsabilidad en el actual desastre económico y social de México, que obedece a factores internos. Y si a factores internacionales quiere referirse no puede dejar de escuchar las palabras de Joseph Stiglitz (Nobel de Economía 2001), quien afirmó el miércoles 18 que el manejo de la crisis en México ha sido de los peores del mundo.

8. La Constitución mexicana establece muy claramente en su artículo 80 que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, y que los secretarios de Estado son sólo sus colaboradores. En consecuencia, el responsable principal de los atentados contra la nación y los derechos de los mexicanos, así como del desastre económico y social, es él, que se ostenta como Presidente de la República, lo que no exime de una responsabilidad histórica, política y delictiva por sus actos contra la nación a los principales integrantes de la cúpula panista y priísta incluyendo a Carlos Salinas de Gortari, quien aparece como el verdadero poder tras el binomio PRI-PAN y el jefe de ese Calderón que se pretende irresponsable.

9. La Suprema Corte de Justicia, doblegada al panismo conservador, puede negarse con su tradicional indignidad a investigar las graves violaciones de Calderón a la Constitución en materia energética y decidir que va a actuar, una vez más, al igual que el PRI, como una instancia cómplice del PAN en el desmantelamiento de la nación, pero eso no va más que a contribuir aún más a profundizar la crisis.

10. El pueblo mexicano, que es la única fuerza capaz de rescatar al país del desastre, parece que no tiene ya mucha paciencia, y los signos de que este escenario de corrupción impune institucionalizada no va a durar mucho siguen multiplicándose. Quienes gobiernan sí tienen responsabilidades y tarde o temprano ese pueblo que tanto desprecian los va a llamar a cuentas.
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