Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales
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La Jornada, domingo 15 de noviembre de 2009, El callejón sin salida José Antonio Almazán González Inmediatamente después del histórico y exitoso paro cívico nacional, el gobierno se enreda y contradice, mostrando el callejón sin salida en el que se ha metido. Mientras el pianista bravucón insiste en la confrontación y el cinismo, desde Alaska Felipe Calderón confiesa que la extinción de LFC no fue una medida contra el SME, sino una decisión “a la que fue llevado y presionado…y llegó el momento en que no había prácticamente otra alternativa, pues el sindicato no cumplió sus compromisos. Noticia preocupante de quien debiera actuar con estricta responsabilidad y apego a la Constitución y a las leyes. La pregunta es quién o quiénes lo presionan. En tanto un senador panista metido a monaguillo minimiza el conflicto social generado por el propio gobierno, confundiéndolo con una misa. Como se ve, están hechos camote. Pese a la campaña de miedo que desarrollaron los medios de comunicación al servicio de la oligarquía, un conteo sistemático en los periódicos locales, regionales y estatales muestra que en por lo menos 73 ciudades de 31 estados de la República millones de mexicanos expresaron su respaldo al Sindicato Mexicano de Electricistas y su repudio al golpe fascista de Felipe Calderón. Pudo más el descontento contra un gobierno que no termina de saquear los bolsillos del pueblo, que la campaña mediática de linchamiento en contra de la digna resistencia de miles de trabajadores electricistas. El paro fue cívico, pues salvo las provocaciones sufridas en las casetas de las autopistas Querétaro-México y Cuernavaca, en el resto del país las protestas se enmarcaron en lo que se conoce como la resistencia civil pacífica. El paro nacional constituyó además un hecho histórico sin precedente en las últimas décadas en el proceso de construcción de la unidad de los de abajo. Como no se había visto desde 1983 en que se convocó a un primer paro cívico, cientos de organizaciones sociales de todo tipo se reunieron en las semanas previas al paro nacional; rompiendo años de sectarismos y poniendo por delante la ternura de los pueblos que es la solidaridad en todos los estados de la república mexicana la discusión no sólo se dio en el terreno de la solidaridad efectiva con el SME, a través del apoyo económico y el acopio de víveres, sino también de la urgente necesidad de “unir todas las luchas”. Finalmente, el 11 de noviembre, desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, por todas las vías y formas de comunicación y rompiendo el cerco informativo, millones de mujeres y hombres dignos y rebeldes dieron un paso gigantesco en la construcción del bloque social de los oprimidos, al cobrar conciencia de que no estamos solos, que sumamos millones y somos mayoría y que podemos actuar unidos en la lucha por un México con libertad, justicia y democracia. Este enorme respaldo popular nutre y fortalece la resistencia de las mujeres y hombres electricistas del SME, activos y jubilados, que han resuelto mantener la lucha hasta sus últimas consecuencias. El que está entrampado es Calderón y el tiempo corre en su contra. En primer lugar miente, pues está documentado que el SME cumplió los compromisos pactados en materia de productividad en más de 92 por ciento. ¿O va a decir que lo engañaron? Los contratistas de CFE, que son empresas de los mismos funcionarios, han mostrado su incapacidad para garantizar la continuidad del servicio y conforme se acerque diciembre, los problemas de disturbios eléctricos van a crecer, pues no cuentan con la capacidad para dar el mantenimiento preventivo y correctivo en las redes eléctricas de LFC. El amparo en materia laboral por despido injustificado y salarios caídos va a proceder, pues fueron tan burdas sus maniobras que hoy están procediendo a pagar parte de los salarios que ilegalmente retuvieron. Finalmente las bufonadas de Lozano concluirán este 14 de noviembre, cuando vence el plazo de sus ilegales liquidaciones y el gobierno tendrá necesariamente que operar la figura de patrón sustituto que en los hechos viene desarrollando CFE, pero que buscan evitar a toda costa, pues abriría las puertas a una solución, en términos de la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo de trabajo, ante la aberración jurídica en que incurrieron para aplastar al SME. La Jornada, lunes 16 de noviembre de 2009, Lucha de clases Carlos Fazio El golpe de mano del régimen espurio de Felipe Calderón contra el organismo público Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) responde a un vasto proyecto de ingeniería social. En la coyuntura los que mandan se sienten fuertes y creen poder llevar a cabo una estrategia de rollback: dominio y vuelta atrás. Por eso, las grandes empresas y sus aliados políticos están agitando la lucha de clases de manera implacable contra los trabajadores. Buscan reducir todo lo referente al contrato social que los trabajadores y los pobres habían conseguido tras un siglo de lucha. Quieren regresar a los obreros a los días de las fábricas satánicas del siglo XIX, cuando los salarios eran casi de esclavos. Creen tener armas suficientes para eliminar los contratos colectivos de los trabajadores y destruir los derechos humanos, políticos y sociales de la población en general. Apuestan a destruirlo todo y aumentar el poder privado. Los grupos monopólicos, oligopólicos y multinacionales mexicanos quieren un Estado de bienestar poderoso, que les proporcione recursos, subvención y protección. Un “Estado niñera” dirigido a los ricos exclusivamente. La filosofía de los poderosos es robar lo más posible y olvidarse del día de mañana. Hoy, como siempre, el capitalismo depredador y parásito necesita privatizar el beneficio y socializar los costes y el riesgo. Que las facturas las paguen los de abajo. Además, como en los tiempos de Ricardo y Malthus, las opciones para el trabajador y el pueblo pobre son cárcel o hambre, o lo que puedan ganar en un mercado laboral sin derechos, desregulado, “flexibilizado”. La crisis profunda del actual sistema de dominación es el espacio para la recuperación del modelo de acumulación capitalista. Para reactivar el capital, los barones del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y sus porros en el gabinete calderonista necesitan una gran derrota obrera. Por eso la asonada policial-militar y multimediática contra el SME y la ruptura del contrato social emanado de la Constitución de 1917. Pero al quebrar el orden previsto en la Carta Magna, Calderón también rompió el pacto nacional. La actual ofensiva clasista es un salto cualitativo en la ruptura de los pactos social y nacional posrevolucionarios. La clase dominante está profundamente imbricada con el Estado. En épocas de crisis del sistema político, cuando los mecanismos de “gobernabilidad” tienden a agotarse, suele producirse una regresión neoligárquica. La dominación oligárquica elimina las mediaciones conciliatorias y es ejercida directamente por los grupos propietarios, aunque se haga por medio del Estado (ley Televisa). Esa estrategia de “administración” de la descomposición política es sustentada por una alianza de poder, que aunque mantenga violentas disputas internas y genere inestabilidad política y vacíos de poder (verbigracia, en la coyuntura, la disputa interoligárquica por la fibra óptica y el triple play, y las escaramuzas mediáticas entre Calderón y el Consejo Coordinador Empresarial por el paquete fiscal), mantiene una coherencia de intereses dominantes. Pese a las diferencias interoligárquicas, los desplazamientos de los grupos de poder y los cambios en la correlación de fuerzas, existe una real “estabilidad en la inestabilidad”; la estructura de poder de clases no se modifica de manera sustancial. A pesar de estar imbuida de la lógica vertical y autoritaria propia de las corporaciones, la elite gobernante suele hacer la defensa retórica y demagógica de la democracia. Igual ocurre con el estado de derecho, la ciudadanía y los pobres versus la antipatria y la subversión, encarnada hoy, en el discurso oficial, por los delincuentes holgazanes del SME. No puede haber una democracia construida sobre la mentira. Tampoco se puede gobernar sólo con propaganda. El estado de derecho en México es una ficción. La colusión delincuencial entre empresarios y gobierno se ha profundizado. Las bandas cleptocráticas operan desde el poder. La clase dominante necesita encubrir su poder bajo el concepto democracia, aunque ésta sea hueca, formal, de baja intensidad. Para eso tiene bajo control a la industria ideológica de la propaganda. Todo un sistema doctrinal que incluye a los medios de difusión masiva, la industria del espectáculo, el sistema educativo, el político, sus papagayos orgánicos y todo lo que se ha dado en llamar la industria de relaciones públicas. El papel de los medios electrónicos es clave para manipular, engañar a la población y generar una falsa conciencia. El sistema de propaganda del régimen y sus patrocinadores no quiere que la gente piense; debe mantener a las masas estúpidas e ignorantes. Usan el concepto democracia como una forma de control de población. No en balde el golpe gubernamental contra LFC y el SME fue precedido de una intensa campaña de guerra sucia y linchamiento mediático contra la dirigencia del sindicato de electricistas, que adquirió rasgos de una intoxicación informativa. Es falso que el gobierno de facto actúe en función de los intereses de la población. Calderón administra los intereses de una tiranía privada. Usa al pueblo, sirve al capital. Él y sus amos odian lo colectivo, lo social organizado, la democracia popular. Pero eso no se le puede decir a la gente. El candidato del “empleo” no podía prometer en campaña, “vótenme, voy a despedir a los 44 mil trabajadores del SME, perder un millón de empleos en un año y dejar en la informalidad a 28 por ciento de la fuerza laboral”. Este México no da más. El país requiere un nuevo pacto social, que sólo podrá ser arrancado mediante la lucha y organización populares. Ante el desafío de los de abajo, Calderón apuesta a un Estado de nuevo tipo autoritario y militarizado. Así están las cosas. La Jornada, lunes 16 de noviembre de 2009, Quehaceres del día Gustavo Esteva La prueba de fuerza del día 11 fue contundente y eficaz, pero insuficiente: mostró el camino que hace falta recorrer. Es tiempo de que el pueblo se organice,” señaló el dirigente del SME. Es preciso saber bien de qué se trata. Como se demostró el propio día 11, somos un pueblo organizado. Con membrete y figura legal o sin ellas, existe en la base social un tejido orgánico sólido con el que puede contarse. Pero el descontento confuso, profuso y difuso que recorre ese tejido puede conducir a equívocos. Es necesario transformar ese descontento rabioso, a flor de piel, en indignación creadora y coraje político, en arma de transformación. La lucha del SME busca dar marcha atrás a una decisión arbitraria. Al abrirse a otros, incorpora temas ampliamente compartidos: la oposición a los nuevos impuestos, a funcionarios ineptos, corruptos y autoritarios, y a políticas gubernamentales que están destruyendo el país. Para todo esto, el SME sigue empleando recursos legales, resiste toda suerte de provocaciones e insiste en el carácter pacífico y democrático de su lucha. Su empeño se realiza bajo una nueva “normalidad”. No vivimos en un estado de derecho. A partir de una “guerra civil legal”, montada con diversos pretextos, hemos caído en un estado de excepción no declarado. Las medidas “excepcionales” que se están tomando, resultado de una crisis política, son disposiciones jurídicas que no pueden entenderse en términos legales. El estado de excepción mismo es la forma legal… de lo que no puede tener una forma legal: existe al margen de la norma, como suspensión de la ley. Giorgio Agamben ha mostrado que este dispositivo se ha convertido “en una de las prácticas esenciales de los estados contemporáneos, incluso los llamados democráticos”, pero resulta ser “un espacio vacío, en que la acción humana sin relación con la ley se levanta frente a una norma sin relación con la vida… No es una dictadura… sino un espacio desprovisto de ley, una zona en que todas las determinaciones legales –y sobre todo la distinción entre lo público y lo privado– han sido desactivadas… La violencia gubernamental borra y contradice impunemente el aspecto normativo de la ley, ignora externamente la ley internacional y produce internamente un permanente estado de excepción, pero afirma que a pesar de todo está aplicando la ley” (State of exception, 2005:2, 86,87). Este ejercicio es ya el estilo personal de gobernar de Felipe Calderón. Aprovecha la irresponsabilidad cómplice de la Suprema Corte, que contribuye a la destrucción legal del estado de derecho, y el vacío del Congreso, en el cual reina la negociación de prebendas y recursos y la demolición sistemática de principios, plataformas e ideales de lo que alguna vez fueron partidos políticos. La perversión del lenguaje cumple en estas condiciones una función especial. Cuando el secretario del Trabajo considera una “aventura jurídica” el empleo de recursos legales por parte del SME y llama diálogo a la rendición (“primero liquídense y luego vemos”), no revela solamente su insania personal. Expresa un estado de cosas que tiene claros antecedentes. “La guerra es paz”, diría Orwell. El uso oficial del oxímoron, de expresiones que encierran contradicción insoportable, como “protección nuclear” o “silencio atronador”, no es un desliz o un equívoco, sino una técnica de gobierno que se multiplica estrepitosamente en la caja de resonancia de los medios. Al concebir la fase actual de su lucha, el SME debe tomar en cuenta otra dificultad. Millones de personas celebran el cierre de Luz y Fuerza. No se trata solamente de la manipulación de los medios. Existe un descontento real por corruptelas, malos tratos e irresponsabilidades de la compañía. Aunque se expliquen en parte por condiciones impuestas a los trabajadores, son para mucha gente confirmación empírica de lo que proclama el gobierno. La campaña que éste montó contra ellos tomó en cuenta ese prejuicio extendido para suscitar apoyo a la decisión. Este ingrediente es sólo una manifestación de la polarización que la crisis ha producido. Muchos mexicanos se niegan a ver las consecuencias de la destrucción del estado de derecho y aplauden medidas excepcionales como el cierre de Luz y Fuerza. Despertarán demasiado tarde. Son, por lo pronto, la base social en que se afirma el autoritarismo. La fuerza política que ha estado construyendo el SME no ha de ocuparse de regresar al “estado de derecho” destruido, sino de mostrar su carácter actualmente ilusorio, su condición ficticia, y detener la máquina insoportable que nos destruye física y socialmente. Se trata, ni más ni menos, de construir un nuevo orden social, en que la política y la ética regresen al centro de la vida social, como rebelión liberadora ante el actual estado de cosas. gustavoesteva@gmail.com La Jornada, martes 17 de noviembre de 2009, Frenar o acelerar Marco Rascón La liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y con ello el despido de sus trabajadores, fin del contrato colectivo y del histórico Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), significa un cambio en la correlación de fuerzas sociales, políticas y económicas. En el discurso de la resistencia sindical y sus alianzas débiles se reconoce que “un golpe al SME es un golpe a todos”; sin embargo, la estrategia de lucha no parece reflejar esta situación ni la disposición para corregir errores previos ni los que se han cometido sobre la marcha. El cambio de esquema y la debilidad político-electoral de Felipe Calderón ofrecen las mejores condiciones para dar golpes de timón como ha sido el decreto de extinción de LFC y la imposición de una política fiscal recesiva e inmediatista, así como dar los pasos para el cambio estructural siguiendo la dirección que marcan los poderes económicos oligárquicos, fácticos y monopólicos que dominan la economía y la política del país mediante un sistema de partidos subordinado, desprestigiado y al servicio legislativo. En el submundo de la partidocracia, de la cual una parte dice representar a la izquierda, más los liderazgos sindicales, se apuesta a la resistencia y a luchar para que todo siga igual y sin cambios, pues voces amigas, incluso del SME, del sindicalismo independiente y de algunos analistas habían advertido con anterioridad la necesidad de que éste encabezara cambios, reformas y transformaciones en la industria. Para ello se requería abandonar el gremialismo crónico y las confusiones que han hecho que se piense que LFC era una empresa social en manos de los trabajadores, cuando era una paraestatal cuyo abandono era parte de la trampa. De esta manera, los trabajadores se asumieron como patrones sustitutos de ellos mismos y por eso absorbieron de manera central el golpe que hizo que una paraestatal regional fuera absorbida por una paraestatal monopólica como es la Comisón Federal de Electricidad (CFE). Cabe señalar que el carácter monopólico de los monopolios estatales han sido cuestionado de manera doctrinaria por los ideólogos del neoliberalismo económico privatizador, y ahora es el que defienden como la estructura que debe tener la industria eléctrica. La dirección del SME camina sin un enfoque estratégico. Dividido a la mitad, dada la proporción de los que han aceptado la liquidación y los que no, la parte que resiste propone revertir jurídicamente el decreto y regresar como estaban, lo cual es históricamente imposible, antidialéctico, obtuso, demagógico; mientras los que han aceptado ser liquidados buscan reincorporarse como trabajadores, bajo las nuevas reglas laborales, que no serán mucho peores, pues no se dice que todo lo que ganaba el SME en las revisiones contractuales se homologaba automáticamente a los trabajadores de CFE y a su contrato colectivo pactado con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). Por eso se puede afirmar que el golpe al SME es efectivamente un cambio de esquema, derivado de la debilidad de la izquierda en la correlación de fuerzas políticas y sociales, ante la falta de unidad provocada por el sectarismo, la falta de un programa de reformas y de una alternativa de cambio ante la crisis general del país. La debilidad creciente se expresó en la última marcha, derivada de lo que llamaron “paro cívico”, el cual demostró la debilidad de las alianzas del SME, pues no marcharon con la dirección de los electricistas ni el dirigente de los telefonistas ni el de los trabajadores universitarios ni el líder mismo del lopezobradorismo. El acto de dispersión-concentración por la demanda de diálogo dejó el llamado a una huelga nacional como estímulo, pero demostró debilidad creciente, aislamiento social y una demanda pobre, la del diálogo, que ellos mismos dejaron luego de la primera marcha. Propuesta. ¿Por qué Marcelo Ebrard, en vez de transitar por el camino de la controversia constitucional, no propone a los gobiernos de Morelos, Hidalgo y estado de México la creación de una empresa regional en sustitución de LFC, de carácter bipartito, para la generación y distribución de energía y explotación de la fibra óptica con reconocida alta rentabilidad? La diferencia sería luchar por un nuevo esquema productivo, saneado en lo financiero, lo técnico, lo laboral y en búsqueda de alternativas contra la operación ineficiente que será a futuro CFE, dado su carácter monopólico. La tendencia mundial ha sido la operación regional y de empresas locales. Aquí, la integración de una, en sustitución de LFC con participación de los trabajadores, ya no sería una simple paraestatal: sería pasar de una alternativa –que ya no era ni para el país ni para los usuarios ni para sus trabajadores una posibilidad de retomar la iniciativa del cambio y la defensa del empleo– a integrar una con visión regional para el desarrollo industrial, urbano y de servicios. Hay dos formas de no chocar: una es frenar y la otra acelerar. ¿Hasta cuándo la izquierda volverá a acelerar? http://www.marcorascon.org |
