Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales






descargar 0.51 Mb.
títuloIteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales
página12/20
fecha de publicación17.07.2015
tamaño0.51 Mb.
tipoDocumentos
l.exam-10.com > Derecho > Documentos
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20

La Jornada, domingo 15 de noviembre de 2009,

Los trabajadores, ¿obstáculo para la entrega de bienes públicos?

Antonio Gershenson

Lo que vivimos ahora no acaba de empezar. Las políticas de entrega de bienes y servicios públicos a empresas trasnacionales han golpeado, una y otra vez, a los trabajadores del ramo y a sus organizaciones sindicales.

El gobierno de Miguel Alemán, a partir de 1949, firmó con compañías petroleras extranjeras los llamados “contratos riesgo”. Pero antes había golpeado, incluso con el Ejército, al sindicato petrolero y sus trabajadores, en 1946 y 1948, imponiendo líderes sindicales que le eran incondicionales.

La negociación había empezado con las dueñas de las compañías expropiadas en 1938. Pero éstas eran las mayores trasnacionales del petróleo, que luego serían llamadas las Siete Hermanas, y se negaron a regresar a México si no se cambiaba el artículo 27 de la Constitución, cuya reforma había afianzado la nacionalización de Lázaro Cárdenas, prohibiendo las concesiones petroleras, y la concesión era la única forma de participación privada permitida. Sólo que ese cambio era algo que ni el gobierno de Alemán podía hacer.

Entonces, el alemanismo hizo tratos con las llamadas compañías “independientes”, todas ellas con sede en Estados Unidos. Para estas empresas el regalo de petróleo era excelente: el crudo del llamado cercano Oriente estaba en manos de las Hermanas y era, además de abundante, el más barato del mundo.

Pemex entregaba terrenos a la compañía contratada (sin ningún riesgo, como lo sugiere el nombre de los contratos, las reservas del lugar ya estaban probadas). Pemex le pagaba con petróleo a la empresa el costo de sus trabajos y luego le compraba petróleo mexicano. Y le daba, como premio adicional, 15 por ciento de lo extraído, también en petróleo. Todo esto se mantuvo en secreto; por eso era importante el control del sindicato petrolero.

A mediados de 1952, Natalio Vázquez Pallares, presidente de la Comisión del Petróleo de la Cámara de Diputados y hombre cercano a Lázaro Cárdenas, publicó una serie de 20 artículos en el periódico El Popular. En ellos hace públicos, con lujo de detalles y respaldo de documentos, los contratos riesgo. Desde estas publicaciones no se volvieron a firmar contratos riesgo. En 1960, después de haber sido terminados anticipadamente los contratos riesgo existentes, se cambió el artículo 27 de la Constitución prohibiendo expresamente también los contratos.

Durante años no hubo contratos en áreas estratégicas, hasta la llegada a la dirección general de Pemex de Díaz Serrano, que había sido contratista él mismo, y que, aunque no del tipo del de Alemán, fue multiplicando el contratismo. Luego de años, volvieron a firmarse contratos de servicios múltiples y otras variantes.

Lo que no desapareció durante todos estos años fue el charrismo. Esto facilitaba las políticas de mayor profundización de la entrega a empresas privadas, en especial trasnacionales. Sin embargo, las protestas de trabajadores ante la entrega de sus fuentes de trabajo no desaparecieron.

Otro caso es el de los diferentes golpes al Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM) y luego a la Tendencia Democrática del SUTERM.

Este movimiento sindical democrático llegó a su punto más alto el primero de mayo de 1975, en el desfile oficial del Día del Trabajo. Marcharon en un mismo contingente el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Tendencia Democrática del SUTERM. Con el tamaño, mucho menor, de los contingentes de los líderes espurios del SUTERM, había mucha diferencia. Se perfilaba, y se anunciaba incluso por escrito, un movimiento por un sindicato unificado y democrático de la industria eléctrica.

El gobierno, ante la oposición a esta posibilidad de sectores con poder y con intereses muy arraigados, logró que la dirección de entonces del SME se retirara del proceso. Sin embargo, un buen número de trabajadores de este sindicato continuó la lucha al lado de la Tendencia Democrática. Contra esta última se llegó a la ocupación militar de centros de trabajo en 1976. Esto preparaba el terreno para el uso cada vez mayor del contratismo en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Más adelante se abriría la puerta, en contra del artículo 27 también, a la generación de electricidad por empresas trasnacionales para que la vendieran a la CFE a precios muy caros. También venderían esa energía a particulares, con el disfraz del “autoabastecimiento”.

Con De la Madrid, la ofensiva fue en especial contra los trabajadores de energía nuclear que habían sido parte de la Tendencia Democrática del SUTERM, ofensiva que culminó con el cierre de la entidad pública Uranio Mexicano (Uramex) y su liquidación. Tampoco en este caso es la primera vez la de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Además de Uramex, se canceló el desarrollo y construcción del Centro de Ingeniería de Reactores (nucleares) en Sonora, que dependía del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Desde entonces todo el uranio usado en México, en especial en la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, es importado, y todos sus procesos para llegar al combustible nuclear se llevan a cabo en el extranjero.

Como vemos, los pretextos del momento para el cierre de LFC y para golpear al SME no pueden tapar el sol con un dedo. Son parte de una política de entrega de los recursos nacionales, incluso los estratégicos, como en el área de la energía, para lo cual se ha golpeado una y otra vez a los trabajadores de la misma y a sus organismos sindicales desde 1946, y no sólo en 2009. Ahora incluyendo no sólo los procesos ya descritos, sino el uso de la fibra óptica de las empresas públicas, que se pretende convertir en un gran negocio privado.

gershen@servidor.unam.mx
La Jornada, domingo 15 de noviembre de 2009,

El poder de Liliput

Guillermo Almeyra

La movilización del 11 de noviembre fue un éxito y tuvo ecos en la mayoría de los estados de la República. Fue un excelente comienzo de la preparación de la huelga nacional. Pero las movilizaciones, por exitosas que sean, e incluso los paros y huelgas, son sólo medios, no objetivos en sí mismos, y su resultado depende de lo que se espera obtener de ellos. Porque está claro que no enfrentamos a un gobierno de una fracción dura y aventurera del capital que no cuenta con el apoyo de las demás fracciones; también es evidente que las acciones combativas, pero minoritarias, no se apoyan todavía en la conciencia y la indignación de la mayoría de los mexicanos del campo y de la ciudad.

Por un lado, aunque entre las diversas tendencias burguesas hay algunas que formulan objeciones a la política económica gubernamental (como lo revelan las declaraciones del ex gobernador Alemán o de Carlos Slim), sin embargo están todas de acuerdo en lo esencial de la línea de éste, que es la del capital financiero internacional. O sea, en que la crisis capitalista la deben pagar los trabajadores con salarios reales reducidos por los impuestos y la inflación, con horarios y condiciones de trabajo peores que no serán posibles si el capitalismo no destruye las organizaciones sindicales y los centros de resistencia democrática y popular, y no sigue pisoteando y eliminando los derechos democráticos. Por eso estos “opositores de la familia” no dijeron nada contra la bárbara represión en Atenco o a la APPO, no dicen nada de los asesinatos diarios de campesinos y de militantes de los derechos humanos, no protestan por la militarización del país so pretexto de combatir al narco, que es una parte importante del capital ni, por supuesto, se oponen al intento de destrucción del SME ni a la utilización por un gobierno apoyado en la corrupción generalizada de charros como lo han sido Rodríguez Alcaine o Elba Esther Gordillo para dividir y dificultar la solidaridad con los electricistas de los que, en el caso de que éstos sean derrotados, serían las próximas víctimas.

No se puede contar sólo, por lo tanto, ni con la pugna interburguesa, ni con los (pocos, poquísimos) jueces decentes y preocupados por las garantías constitucionales, ni con el efecto informativo del 11/11 sobre la opinión pública, que sigue estando mal preparada y desinformada por los medios de intoxicación masiva. Mucho menos aún se pueden tener esperanzas de que la presión popular y el miedo lleven al gobierno a cambiar su política, precisamente porque, en su desprecio porfirista por los nacos, quienes lo integran piensan que el pueblo será siempre conservador, individualista y desinformado y que jamás se organizará ni será capaz de oponer una resistencia colectiva. Tampoco se puede creer que una gimnasia movilizadora reforzará gradualmente un frente electoral opositor de izquierda para las elecciones del 2012 cuando todavía hoy los conservadores y los despolitizados son la amplia mayoría si se suman quienes no votan y quienes lo hacen por candidatos y grupos de derecha (sobre todo del PRI y el PAN, pero incluso del PRD y partidos menores). Queda aún por hacer una amplia obra de convicción, de explicación, de convencimiento, de organización, no sólo para lograr una huelga nacional realmente de peso sino sobre todo para sacar el conflicto, en la opinión pública, de la pura defensa del SME y de LFC, empresa a quienes muchos ven como ineficiente y corrupta, para ubicar ambos problemas en la lucha por un proyecto no capitalista de desarrollo del país, el cual necesita palancas públicas para el desarrollo y debe tener a los trabajadores organizados como el eje de la creación de un frente de los excluidos, explotados y oprimidos.

Lo esencial, por consiguiente, es ir hacia adelante, retomando el camino programático del Diálogo Nacional, y construir un frente nacional por los salarios, los derechos y la democracia que una todas las luchas dispersas, desde la del SME pasando por las de los campesinos y por la defensa del maíz, hasta la lucha por la libertad de todos los presos políticos (como los de Atenco) y por la defensa de los derechos democráticos y de las empresas públicas, amenazadas de desaparición bajo el triple ataque del gobierno, de la corrupción charril y de los medios de información masiva monopolizados.

En esta lucha hay lugar para todos y todos deben unir sus esfuerzos. El EZLN y la otra campaña también, informando a sus bases sobre lo que está en juego y orientándolas hacia la conquista de una asamblea constituyente, que restructure las bases jurídicas y culturales del país, imponiendo igualmente los derechos de los pueblos indígenas y de los municipios más pobres. Pero, sobre todo, los que dieron fuerza y cuerpo al paro del 11/11 deben transformarse en propagandistas y organizadores en el Metro, en el transporte, en las colonias, en los mercados, no sólo denunciando lo que hace el gabinete del gran capital sino también explicando todos los datos del problema y proponiendo soluciones. Los efectos de la propaganda desmovilizadora que hacen los medios deben ser barridos. Es cierto que el poder de los órganos de desinformación es muy grande pero ese gigante perverso puede ser amarrado y vencido por los millones de pequeños lazos liliputienses tendidos de trabajador a trabajador. Unidos somos más fuertes y unidos y conscientes seremos invencibles. En Bolivia y Ecuador nos mostraron la vía: lucha directa que impone elecciones libres como subproducto de la misma, y después la asamblea constituyente. México, por supuesto, a diferencia de Bolivia o de Ecuador, es gracias a sus gobiernos prácticamente una colonia de Estados Unidos, y Washington hará de todo para no perderla. Pero la alternativa es clara: o aceptar el retroceso social y la esclavitud, o conquistar la libertad, a cualquier costo.
La Jornada, domingo 15 de noviembre de 2009,

Controversia constitucional e interés jurídico

Arnaldo Córdova

Interés jurídico es un concepto de antiquísima alcurnia. En realidad, el derecho moderno se funda todo en él, desde antes del Renacimiento europeo. Significa, en esencia, un bien protegido por la ley y garantizado por la justicia. Originalmente, se trató sólo de un interés privado. Era el derecho de los individuos que el Estado y el sistema jurídico debían preservar. El desarrollo del derecho público, empero, sobre todo del derecho administrativo, que tiene mucho que ver con controversias de privados con el poder público, llevó al desarrollo de otro tipo de interés que empezó a denominarse interés público. Se trataba ahora de un ius imperii o facultas, latinajos, como suele decirse, que indican siempre un interés general que, necesariamente, prevalece sobre los intereses privados.

En la judicatura es usual que los jueces y magistrados evalúen las demandas de aquellos que litigan por un interés jurídico o legítimo y aprecien, primero, si dicho interés existe y vale la pena de ser protegido. Eso da lugar a que infinidad de veces se deje sin protección a los quejosos o demandantes. Entre los jueces poco dignos de su oficio se da lugar también a las mayores corruptelas. Cuando hablamos de una controversia constitucional o de una acción de inconstitucionalidad, evidentemente, el tipo de interés en pugna es de carácter público y en ningún caso puede verse o asimilarse a un interés privado. Cuando así se hace se corrompe la justicia y se causa un agravio a los demandantes que consiste, sencillamente, en negarles el beneficio de la justicia.

Desde el momento en que a un demandante se le dice: “Tú careces de un interés legítimo” se le da por liquidado, porque ya no puede alegar más a su favor. Sólo queda recurrir a una instancia superior (o, en ciertos casos, diferente) que corrija el exceso del inferior, eso, por supuesto, si es que evalúa mejor el interés en disputa. La resolución del ministro José Ramón Cossío, rechazando la controversia planteada por la Asamblea Legislativa del DF, por carecer de dicho “interés legítimo” y porque el decreto no le causó “agravio”, no tiene nada que ver con la teoría de los intereses jurídicos y sólo sigue un camino que la Corte ha convertido en un modo cómodo de evitar resolver controversias constitucionales.

Dice que la demandante no podía fundarse en el artículo 105 constitucional, sin evocar el 122. El primero instituye lo que son la controversia constitucional y la iniciativa de inconstitucionalidad; el segundo, las relaciones del Distrito Federal con el resto de las autoridades federales. También recuerda el Estatuto de Gobierno del DF. El inciso a) de la fracción I del 105, que incluye las controversias que se susciten entre “la Federación y un Estado o el Distrito Federal” (y que cita innumerables veces) no le sirve para nada, una vez que ha resuelto que la Asamblea carece de “interés legítimo”.

Dice que la demandante no justifica que su interés haya sido dañado como institución. Da pena recordarle a un ministro de la Suprema Corte el artículo 128 de la Carta Magna que dice: “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. ¿Desde cuándo no es del interés de una autoridad el guardar la Constitución y sus leyes? Es verdad que LyFC es un organismo descentralizado, pero prestaba servicio a la población del Distrito Federal. Desde ese punto de vista, no se puede alegar que no existe aquí un interés jurídico “legítimo”.

Es verdad también que los privados no pueden controvertir decisiones de autoridad que perjudican sus intereses si no es por la vía del amparo; pero aquí no estamos en presencia de un privado, sino de una autoridad constitucional que piensa que debe defender la Constitución y sus leyes. Ese es también su interés, sólo que no es privado, sino público como lo es también su naturaleza. Afirmar, como hace Cossío, que el decreto presidencial “no es susceptible de afectar en modo alguno la esfera de competencia y atribuciones constitucionales que tiene el Distrito Federal” y que por eso la demandante carece de “interés legítimo”, no sólo es ignorar la naturaleza de las instituciones constitucionales sino también no entender para nada lo que son los intereses jurídicos y, sobre todo, aquellos de carácter público.

Una controversia constitucional no se puede resolver como si se tratara de una demanda de amparo. Aparte de que existe evidentemente un interés público, en una controversia, en el fondo, no se pueden alegar agravios particulares de ninguna especie, sino analizar si hay en el acto de autoridad o en la ley una violación a la Constitución. Poco importaría quién plantea la demanda de restaurar el orden constitucional. Lo importante es analizar si hay un daño a ese orden por violaciones a la Carta Magna. Es una pena que en el 105 sólo puedan ejercer esa facultad las autoridades federales y locales.

Por otro lado, ¿por qué el joven ministro plantea que la Asamblea del DF debería haber alegado como fundamento de su demanda la violación del 122, si ese artículo no fue violado? Fueron otros y ése fue el alegato. Además, el citado inciso a) de la fracción I del 105, da facultad al DF a formular controversias constitucionales y no sugiere que el 122 debió haber sido violado en su perjuicio. No eran sus facultades ni sus atribuciones las que fueron afectadas, sino la misma Constitución y varias de sus leyes. Esa exigencia del ministro, por lo demás, hablando de fundamentos, no tiene ningún apoyo en la Constitución, en particular en el 105, ni en la Ley Reglamentaria de dicho precepto ¿De dónde le resultó a Cossío que la Asamblea debía presentar un interés propio cuando en una controversia constitucional no se trata de eso, sino de las violaciones a la misma Carta Magna?

Por lo que podemos ver, a nuestros máximos jueces constitucionales les va a costar mucho trabajo discernir la diferencia que hay entre las controversias constitucionales de carácter público y las de carácter privado. Las primeras deberán resolverse con nuevos métodos procesales; las segundas ya tienen el juicio de amparo. En las primeras (incluidas en ellas también las acciones de inconstitucionalidad) el único interés que debe alegarse es una presunta violación a la Constitución y a su orden jurídico y no, como en el juicio de amparo, un interés y un agravio particulares que tenga que ver también con violaciones a la Carta Magna. Y eso se entiende. Estamos llenos de abogados codigueros y chicaneros, cuando está claro que en la Corte necesitamos a verdaderos juristas, duchos en la interpretación del derecho y con vocación justiciera y eso parece ser un ideal todavía muy lejano.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20

similar:

Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales iconIteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales

Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales iconX jornadas regionales de investigación en humanidades y ciencias...

Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales iconUniversidad nacional autonoma de honduras, departamento de humanidades...

Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales iconFilosofía y métodos de las ciencias sociales-resumen de la materia

Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales icon3. Ciencias Sociales y Humanidades

Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales iconDivisión de Ciencias Sociales y Humanidades

Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales iconCampo disciplinario: ciencias sociales y humanidades

Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales iconEl lugar de la filosofía en la educación. El papel de la filosofía...
«filosofía» y «educación» toma el enunciado titular: «El lugar de la filosofía en la educación»

Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales iconDepartamento de ciencias sociales

Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales iconDepartamento de ciencias sociales






© 2015
contactos
l.exam-10.com