Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales






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Participar en el paro cívico

En apoyo a las jornadas del paro cívico nacional en defensa de los trabajadores y de la economía popular, los ciudadanos de la delegación Venustiano Carranza nos reuniremos hoy a las 11 horas en la gasolinera del Metro Moctezuma (Av. Ignacio Zaragoza y Emilio Carranza), para ser partícipes de esta gran demostración del pueblo organizado ante los abusos del gobierno .

Jacobo Venegas, René González, Laura Pacheco. Contacto: http://frentesocialporlaigualdad.blogspot.com/

Convocan a marcha

Los trabajadores de la educación de la región de Azcapotzalco, secciones 10 y 11 del SNTE-CNTE, llamamos a participar en el paro cívico nacional de hoy y asistir a la marcha que partirá de la BENM (Metro Normal) al Zócalo, a partir de las 16 horas. Luis A. Regalado, Enrique Pinzón, Salvador García, Juan Carlos Allende y más firmas.

Se unen a protesta

El Círculo de Estudios de Brújula Metropolitana se une al paro cívico nacional convocado por el SME, por lo que notifica la suspensión de sus actividades para el miércoles 11 de noviembre; reanudamos la siguiente semana, el 18 de noviembre a las 19 horas. Agradecemos la solidaridad de los expositores y los asistentes, brujulametropolitana@yahoo.com.
La Jornada, jueves 12 de noviembre de 2009,

EDITORIAL

Paro nacional e histórico

El paro cívico nacional realizado ayer por convocatoria del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) logró sumar amplias muestras de apoyo en distintos puntos del territorio nacional –estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Chiapas, Jalisco, Oaxaca– y congregó, en una multitudinaria manifestación que desbordó el Zócalo capitalino y las calles aledañas, a distintas organizaciones del sindicalismo independiente (los gremios de Trabajadores de la Industria Nuclear, de Telefonistas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre otros), al movimiento lopezobradorista, a los adherentes de la otra campaña, a la izquierda partidista, a organizaciones campesinas y estudiantiles, así como a agrupaciones sociales y a multitud de individuos aislados.

Con la masiva concentración en el centro de esta capital culminó una jornada sin precedente en la historia de las causas populares del país, en la que se asistió a la convergencia entre los distintos sectores de la oposición partidista, sindical y de la sociedad organizada, y al posible nacimiento de un amplio bloque antagónico a la alianza político-empresarial y mediática que ostenta el poder (público y privado) del país, pese a los esfuerzos de esta última por desarticular tales expresiones a través de las campañas de desinformación, linchamiento mediático y provocaciones manifiestas.

La aparición de esta confluencia entre las diversas expresiones de descontento en el país tendría que llevar a las autoridades a abandonar la cerrazón y la indolencia con que se han conducido hasta ahora en prácticamente todos los ámbitos del quehacer gubernamental, y a atender los reclamos que un sector amplio y creciente de la sociedad plantea ante el ensañamiento oficial en contra de los trabajadores y la población en general. Por desgracia, la falta de sensibilidad y de altura de miras del grupo en el poder quedó nuevamente de manifiesto ayer, con el rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la solicitud del propio SME para designar una comisión que investigue la probable violación de garantías individuales por la extinción de Luz y Fuerza del Centro, con el argumento tecnicista de que la ley sólo faculta al Ejecutivo federal, a los gobernadores y al Congreso de la Unión para realizar este tipo de peticiones.

En la jornada de ayer ocurrieron lamentables hechos de violencia en las entradas de las carreteras México-Querétaro, México-Cuernavaca y México-Puebla. Significativamente, los únicos enfrentamientos ocurrieron entre manifestantes y elementos de la Policía Federal (PF), toda vez que la policía capitalina no reportó una sola confrontación. Esta diferencia lleva a cuestionar las versiones oficiales según las cuales los elementos de la fuerza pública fueron agredidos por los inconformes, y a preguntar si no hubo, entre los primeros, un comportamiento provocador por consigna y orden superior. Como quiera que haya sido, estos episodios fueron la excepción, y no la regla, en la jornada de movilizaciones, la cual se desarrolló, por lo demás, en un ambiente pacífico y civilizado.

Esa madurez de las oposiciones sociales y políticas pone de manifiesto, por contraste, el potencial desestabilizador de la medida adoptada por el gobierno federal hace un mes, y permite ponderar el riesgo que encierra la falta de disposición oficial para solucionar las demandas de los trabajadores electricistas despojados de sus puestos. Es pertinente y necesario, pues, que el calderonismo valore y atienda la amplia expresión de rechazo que se configuró ayer en el Zócalo y en distintos puntos del país y que revierta, cuanto antes, un decreto que al día de hoy constituye un factor de repudio, tensión y división nacional.
La Jornada, viernes 13 de noviembre de 2009,

EDITORIAL

CFE: recursos y mentiras

Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció que el gobierno federal destinará en los próximos dos años unos 5 mil millones de pesos para mejorar la red de distribución eléctrica en el centro del país, la cual pertenecía, hasta hace un mes, a Luz y Fuerza del Centro (LFC), organismo descentralizado extinguido mediante un decreto presidencial.

Como se recordará, un día después de ordenar la liquidación de LFC, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, justificó esa medida con el argumento de que la situación financiera de la institución hacía “inviable” su operación. Se alegó, asimismo, que ese organismo requería de inversiones y gastos que el gobierno consideraba improcedentes.

Efectivamente, Luy y Fuerza acusaba un severo deterioro debido a la determinación oficial –mantenida a lo largo de cuatro gestiones, incluida la actual– de propiciar su obsolescencia y negarle recursos para el mantenimiento y la actualización de su infraestructura, de sus instrumentos de trabajo y de su administración, como lo ha documentado de manera exhaustiva y fehaciente el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Un ejemplo revelador de ese designio es la persistente negativa de la dirección de LFC a adoptar un sistema de cobros moderno y el empeño en mantener el que funcionó hasta el mes pasado, que databa de hace cuatro décadas.

Por otra parte, la ruinosa circunstancia de LFC se agravó por las numerosas omisiones en el cobro de las cuentas de dependencias oficiales y empresas privadas, como se documentó en estas páginas el pasado 13 de octubre, situación que fue propiciada por la dirección de la empresa.

A un mes de distancia del golpe gubernamental contra la entidad pública y su sindicato, no sólo ha crecido la confrontación política, laboral y judicial generada por esa medida, sino que se ha hecho evidente la incapacidad de la CFE para garantizar el suministro eléctrico en el centro del país, como muestran los frecuentes y prolongados cortes en el servicio.

En tales circunstancias, se anuncia que el gobierno destinará a ese otro organismo recursos que en su momento fueron negados a LFC, lo que pone de manifiesto la falsedad de los argumentos oficiales y deja en claro que el decreto publicado el 10 de octubre en una edición nocturna y furtiva del Diario Oficial de la Federación no tenía como objetivo corregir una condición financiera distorsionada, sino dar un golpe a una organización sindical independiente y facilitar la transferencia a manos privadas de tramos de la infraestructura de la paraestatal, particularmente su red de fibra óptica, codiciada desde el sexenio pasado por la corporación WL Comunicaciones, a fin de colocar a ése y otros actores en el mercado del triple play (telefonía, televisión e Internet).

Las conductas oficiales mendaces se ponen de manifiesto más temprano que tarde. Así ocurrió el año pasado cuando la actual administración intentó otorgar a empresas particulares, mediante argumentos falaces (como la supuesta urgencia de explotar el “tesoro de aguas profundas”), segmentos fundamentales de la industria petrolera. Ello, lejos de contribuir a desactivar los conflictos creados por el afán privatizador y de desmantelamiento de la propiedad pública, incrementa la desconfianza en los propósitos gubernamentales y contribuye a ahondar y agravar la fractura política que vive el país desde julio de 2006.
La Jornada, viernes 13 de noviembre de 2009,

La rechifla

Luis Javier Garrido

El llamado del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a restaurar el orden constitucional y a instaurar un nuevo pacto social”, reiterado en las movilizaciones del día 11, está marcando una nueva etapa en la lucha de los electricistas que la convierte en un movimiento nacional.

1. El éxito de las movilizaciones de la jornada del paro nacional, convocado por el SME el miércoles 11, durante la cual nuevamente cientos de miles de mexicanos se movilizaron en respaldo a la lucha de los trabajadores electricistas, ha sorprendido a todos y está dejando al gobierno de Calderón en una situación de perplejidad la que sólo parece poder enfrentar con la manipulación de la información.

2. En el país existe ya un abismo absoluto entre quienes pretenden gobernar y el pueblo, y eso hace inviable cualquier proyecto de gobierno. La rechifla que dieron 30 mil aficionados a Felipe Calderón al inaugurar el miércoles 11 el estadio Territorio Santos-Modelo, de Torreón, y las pancartas, mantas y manifestaciones de abucheo en la jornada cívica del paro nacional al espurio michoacano ese mismo día, no evidencian nada más el agravio creciente del pueblo, sino que anuncian una situación mucho más crítica de la que se advierte desde el poder.

3. El gobierno espurio de Calderón no atina en tanto más que a buscar consolidar su alianza con el priísmo salinista, y así en un acto patético otorgó el mismo día 11 nada menos que el Premio Nacional de Ingeniería al millonario Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad, quien ha sido el instrumento para entregar el sector eléctrico a las multinacionales y ahora se asume como el esquirol mayor.

4. Los empresarios que se reunieron durante varios días en San Pedro Garza García se desgarraron las vestiduras por la que entienden como crítica situación nacional, y fueron uno a uno lanzando llamados alarmistas, pero no fueron capaces de reconocer que son los principales culpables de lo que acontece al haber impuesto en 2006 por medio de la violencia electoral a un gobernante espurio al que sabían que podían manejar como su pelele y que no ha hecho otra cosa que instaurar un gobierno de ineptitud y de corrupción. Y lo son doblemente porque insisten en ignorar que la crisis económica no viene del contexto internacional, que sólo la agravó, sino del trasnochado modelo neoliberal que de manera fascista pretenden seguir imponiendo al país.

5. El SME ha privilegiado hasta ahora la lucha jurídica a la lucha social y a la política, pero las probabilidades de que la Suprema Corte intervenga de oficio, como está facultada para hacerlo, a fin de restablecer el orden constitucional son inexistentes, pues no hay en ella juristas: está integrada por mediocres abogados sin mérito, muchos de ellos filopanistas que han dado evidencias de venalidad, corroborando la inexistencia en México de un estado de derecho. Las tonterías que expresaron el ministro Cossío para desafanarse de la acción interpuesta por la legislatura capitalina (9 de noviembre) o el ministro Ortiz Mayagoitia para rechazar el exhorto de los electricistas a investigar de oficio lo que acontece (11 de noviembre) no son más que un adelanto de las barbaridades a las que van a acudir sus colegas con tal de servir de manera incondicional al gobierno panista ante la controversia presentada ayer por el Congreso de Hidalgo y la posible acción de inconstitucionalidad, y esto abre otro escenario en el país al reconocerse que no hay ya una legalidad vigente, situación en la que muchos son los responsables.

6. El PRI, por muy dividido que evidencie estar, se ha plegado también a las decisiones y acuerdos cupulares, y como actor político es un responsable fundamental de que se esté lanzando al país a la ilegalidad. Los integrantes de la cúpula dirigente (Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones, Paco Rojas, Peña Nieto) están todos sometidos a Salinas y al gran botín que es también para ellos la privatización del sector energético y no sólo no han condenado las acciones anticonstitucionales de Calderón y de sus amigos, sino que no va a avalar que la Cámara de Diputados presente una controversia constitucional.

7. El dilema del SME y del movimiento social que se ha ido consolidando en torno a la lucha de los electricistas se está definiendo desde ahora ante la evidente decisión de las mafias que gobiernan al país, y de quien prevalece sobre ellas, que es Carlos Salinas de Gortari, a) de oponerse a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga valer la legalidad constitucional de México, a pesar de la exigencia que se manifiesta en los ámbitos jurídico, político y social, argumentando que ello supone reconocer que Calderón actuó en la ilegalidad, como también de b) negarse al diálogo y, en consecuencia, a cualquier rectificación. Es decir, al insistir quienes detentan el poder político en su terquedad de insistir en irse por la vía de la ilegalidad y de la fuerza.

8. El escenario que se presenta en México a un mes del decreto anticonstitucional de Calderón no deja lugar a dudas, pues ese profundo menosprecio de la legalidad constitucional de la República de los grupos que manejan a Calderón, que han entendido que sólo por la fuerza pueden lograr la entrega del sector energético nacional a las corporaciones multinacionales a las que se encuentran asociados, no deja más alternativa para los mexicanos que la resistencia civil (y en serio) o la de la revolución, bajo cualquiera de sus formas.

9. Los políticos como los juristas saben, pero pretenden ignorarlo, que cuando un gobierno, como está haciendo el gobierno de facto de Calderón, desconoce el orden constitucional de su país al violentarlo de manera generalizada –asumiendo facultades que no tiene, cancelando derechos individuales y sociales y atentando contra los intereses de la nación– quebranta el pacto nacional y hace inviable cualquier proyecto social y económico, y que, por lo mismo, el pueblo, en ejercicio de su soberanía, puede legítimamente desconocer sus actos ilegales y tratar por todos los medios de buscar el restablecimiento del orden constitucional.

10. Las decisiones del poder político espurio de México reflejan prepotencia e irresponsabilidad, pero sobre todo un gran desprecio por el pueblo, y eso es algo que está ya teniendo una respuesta, que apenas se esboza, pero cuyas dimensiones no pueden imaginar quienes siguen impunemente usufructuando los bienes de la nación, y no prestan atención a las mantas que dicen: “El SME se queda y Calderón se va”.
La Jornada, sábado 14 de noviembre de 2009,

Simulación jurídica antisindical

Miguel Concha

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), integrada por 68 organizaciones en toda la República, emitió el pasado martes un pronunciamiento sobre la situación de las garantías individuales de las y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). En él afirma que el decreto de extinción de la empresa pública es un acto de simulación jurídica, cuya verdadera naturaleza es la de ser parte de una campaña antisindical.

Primero, por la indebida injerencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la vida interna del SME, al no otorgar la toma de nota a 13 de los puestos de su comité central, con lo que violó la autonomía sindical, olvidando que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha dejado muy claro que cualquier tipo de registro administrativo respecto de la vida de los gremios sólo puede tener efectos estadísticos y registrales de publicidad, pero de ninguna manera afectar el ejercicio y la actuación de los sindicatos y sus representantes. Asimismo, que de conformidad con los criterios del Comité de Libertad Sindical de la OIT, todo conflicto gremial interno debe resolverse a través de órganos judiciales, no por instancias administrativas.

Y segundo, porque funcionarios del gobierno federal han afirmado que la razón para no aceptar la sustitución patronal, estando firme la materia de trabajo, es que entonces quedarían vigentes tanto la representación sindical del SME como su contrato colectivo. Para la Red TDT el decreto presidencial viola también el marco constitucional y el de la Ley Federal del Trabajo, en lo que se refiere a la terminación colectiva de las relaciones laborales, al pretender evitar que se siguieran los procedimientos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y porque conforme al artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para la extinción de la empresa el actual Ejecutivo federal debió haber seguido el mismo procedimiento establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y en el decreto presidencial del 9 de febrero de 1994, que estableció sus bases de operación: la modificación primero de la ley por parte del Legislativo y la emisión posterior del decreto con las bases para la liquidación.

La Red TDT no pasa por alto las campañas de desinformación y descrédito contra el SME y los derechos de sus trabajadores en la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo electrónicos, a propósito del monto real de sus salarios (un promedio de 6 mil pesos al mes), el verdadero costo que ellos con sus prestaciones representan en el porcentaje de ingresos de la empresa (13.5 por ciento), y más que nada al hacerlos responsables de todos los males de su fuente de trabajo, ignorando la responsabilidad de quienes la han administrado y de las autoridades encargadas de la política energética. Con base en ello, la Red TDT afirma literalmente en su pronunciamiento que:

1. La medida tomada por el Ejecutivo, además de considerarse inconstitucional e ilegal, representa una violación a los derechos humanos de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

En primer lugar, porque se viola su derecho a la estabilidad en el empleo, al despedirlos sin que existiera una causal que lo justificara conforme a la ley ni seguir los procedimientos marcados por la misma. Como consecuencia de lo anterior, se viola el resto de los derechos humanos derivados del trabajo, como el salario y el derecho de huelga.

2. Además, al tratarse de un acto de naturaleza claramente antisindical, con la intención de eliminar un contrato colectivo de trabajo, se han violado los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva.

3. Finalmente, en un país como el nuestro, en el que el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales ha estado vinculado a la existencia de un trabajo, se han puesto en riesgo los derechos a la seguridad social, a la alimentación, a la salud y al disfrute y participación de los bienes culturales.

4. El uso de fuerza pública para ocupar las instalaciones de Luz y Fuerza, sin mediar orden judicial ni justificación en la legislación (sobre todo porque ocurrió antes de que se publicara el decreto de extinción de la compañía), representa un grave precedente de la forma en que el gobierno federal menosprecia los controles legales y constitucionales en el uso de los órganos de seguridad.

5. Las campañas que pretenden responsabilizar a los trabajadores del SME de las fallas en el servicio eléctrico –consecuencia del decreto– nos alertan sobre el riesgo de criminalización de la protesta social, en este caso de quienes defienden los derechos de los trabajadores. Es importante subrayar –añade también literalmente la Red TDT– que la Organización de los Estados Americanos estableció con claridad que el respeto de los derechos de los trabajadores, especialmente los sindicales, es un componente esencial de la democracia.

Por todo ello la Red TDT, de la que forman parte las organizaciones con más capacidad y experiencia en el país, junto con muchas otras agrupaciones, exige también: a) El cumplimiento de las demandas del SME: derogación del decreto presidencial, retiro de la Policía Federal de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y que se establezca una mesa de negociación entre el sindicato y el gobierno federal; b) que todas las autoridades se sujeten a los procesos legales en curso y dejen de emitir opiniones ajenas a sus atribuciones.
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