ResolucióN: formulada el 14 de diciembre de 2010






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ACTA Nº

SENTENCIA 14 de diciembre de 2010

EXPEDIENTE Nº 06/12815

ASUNTO INSTITUTO NACIONAL DEL AUDIOVISUAL (INA)

contra la Sociedad YOUTUBE

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CRETEIL,
SALA 1ª DE LOS CIVIL


SECCIÓN A

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL


PRESIDENTE: Sra. Blouin, Vicepresidente

ASESORES: Sra. Sauvage, Vicepresidente

Señora Nicolet, Jueza


En las deliberaciones celebradas en la audiencia del 12 de octubre de 2010 a las 15 H., la Sra. NICOLET hizo un informe oral del caso antes de los informes de parte, de conformidad con el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil.

SECRETARIA: Sra. TROISBE BAUMANN

*****
PARTES:

DEMANDANTE

L’INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL (INA)

Entidad Pública Industrial y Comercial inscrito en el RCS de CRETEIL con el Nº B 302 421 193, con domicilio social en

4, Avenue de l'Europe   94366 BRY SUR MARNE CEDEX

En la persona de sus representantes legales, adscritos en calidad de tales a la citada sede.

Representado por el letrado Yves Maître (de la Sociedad civil profesional BAUDELOT COHEN RICHELET POITVIN), Abogado del Colegio de Abogados de París – Casilla P.0216
DEMANDADO


YOUTUBE LLC

Empresa de derecho estadounidense, con domicilio social en 901 Cherry Avenue, San Bruno   CA 94066 (EE.UU.)


Representada por la letrada Alexandra NERI (del despacho Herbert Smith). Abogada del Colegio de Abogados de París   Casilla J.025

CONCLUSIÓN DEL ASUNTO: dictada el 22 de Septiembre de 2010

DELIBERACIONES: celebradas en Audiencia Pública del 12 de octubre 2010 a las 15 H.

RESOLUCIÓN: formulada el 14 de diciembre de 2010

*****

HECHOS Y PROCEDIMIENTO



El Institut National de l'Audiovisuel (INA) explota los extractos de archivos audiovisuales de las cadenas públicas de televisión francesa (en especial ORTF, TF1 antes de su privatización, France 2, France 3, etc.) en aplicación de las leyes del 7 de agosto de 1974, 29 de julio de 1982, 30 de septiembre de 1986 y 1 de agosto de 2000.

La firma YOUTUBE LLC creó en febrero de 2005 en los Estados Unidos un servicio llamado YOUTUBE, que es una plataforma comunitaria de almacenamiento de vídeos en línea que ofrece a cada internauta un espacio de almacenamiento que le permite guardar y difundir los vídeos de su elección.

El servicio de YOUTUBE también permite a los usuarios de la plataforma buscar y ver los vídeos disponibles en ella.


Mediante varios correos escritos a principios de 2006, el INA comunicó a la compañía YOUTUBE que difundía en su sitio web numerosos programas que pertenecían a su catálogo.

Teniendo en cuenta que unos extractos que la firma YOUTUBE había aceptado retirar habían reaparecido en su sitio web y que muchos otros fragmentos procedentes de programas del fondo del INA también habían sido difundidos en él, el INA inició acciones legales contra YOUTUBE por violación de propiedad intelectual, que se notificaron mediante citación judicial con fecha 23 de noviembre de 2006.

Mediante resolución de 1 de julio de 2009, el juez instructor del caso rechazó la petición de implantación del sistema “signature” a los efectos de realización de un informe pericial, solicitada por el INA.
En sus escritos de conclusión de 22 de septiembre de 2010, el INA pidió que se considerara que la difusión y almacenamiento por la sociedad YOUTUBE de extractos de programas audiovisuales pertenecientes al catálogo del INA sin autorización de esta última, después de que su ilicitud fuera reconocida, y el hecho de que no se hubiera impedido la difusión en Internet de estos programas, constituían una infracción, prevista en los artículos L 215 1 y L 216 1 del Código de la Propiedad Intelectual, una falta en el sentido que define el artículo 1382 del Código Civil.


El INA solicitó que se instara a la firma YOUTUBE a que instalara en su portal un sistema de filtrado eficaz e inmediato para los vídeos cuya difusión en este lugar había sido o sería indicado por INA.

El INA también solicitó el nombramiento de un perito que se encargaría de:

  Establecer, a través de las pruebas aportadas por las partes, una tabla resumen de los extractos de programas audiovisuales pertenecientes al catálogo del INA que fueron distribuidos por la empresa YOUTUBE en el sitio www.youtube.com hasta el comienzo de las operaciones periciales, precisando en esta tabla la fecha de puesta en línea de cada uno de los vídeos afectados, la fecha eventual de retirada y el número de visionados de cada uno de ellos.


  Establecer, a través de las pruebas aportadas por las partes, una tabla resumen de los extractos de programas audiovisuales pertenecientes al catálogo del INA que se difundieron por la firma YOUTUBE en el sitio de YOUTUBE www.youtube.com durante las actuaciones periciales, especificando en la tabla la fecha de puesta en línea de cada vídeo afectado, la fecha eventual de retirada y el número de visionados de cada uno.

  Comprobar, si la compañía YOUTUBE así lo solicita, que los extractos de programas audiovisuales reivindicados por el INA han sido producidos y difundidos por la ORTF o una cadena nacional, cuyos derechos corresponden al INA.


  Describir la forma de explotación por el INA de los archivos que tiene a cargo, y calcular las cantidades y los ingresos por publicidad que el INA habría percibido si los extractos de sus archivos visionados indebidamente en el sitio www.youtube.com hubieran sido visionados en el cuadro de medios de consulta propuestos por el INA.

  Describir el modelo económico del sitio www.youtube.com, sus fuentes de ingresos y elementos de valoración desde su creación y su plan de financiación.

El INA también solicitó:

  La condena de la sociedad YOUTUBE a pagarle la suma de 2,5 millones de euros a título de provisión respecto de los daños y perjuicios que se le deben a causa de la infracción, y los intereses correspondientes.

- La publicación de la sentencia en tres diarios, a elección del INA y a costa de la sociedad YOUTUBE.

  La ejecución provisional de la decisión.

  La condena a la sociedad YOUTUBE a pagarle la suma de 100.000 euros conforme al artículo 700 del Código de Procedimiento Civil.

En sus conclusiones resumidas de 22 de septiembre de 2010, la empresa YOUTUBE LLC opuso la inadmisibilidad de la acción del INA sobre la base tanto de la violación de la propiedad intelectual en virtud de los artículos L 215 1 y L 216 1 del Código de la Propiedad Intelectual como sobre la base de la competencia desleal.
Con carácter subsidiario, YOUTUBE solicitó un aplazamiento, a la espera de la decisión que formularía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una cuestión prejudicial remitida por el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas.


La empresa YOUTUBE concluyó en todo caso pidiendo el rechazo total de las peticiones.

La parte demandada solicitó reconvencionalmente que se condenara al INA a pagarle la suma de 100.000 euros en concepto de daños y perjuicios por el perjuicio sufrido, además de la suma de 50.000 euros en virtud del artículo 700 del Código de Procedimiento Civil.

El auto de conclusión se publicó el 22 de septiembre 2010.

MOTIVOS



1) Sobre la admisibilidad de la acción del INA.


YOUTUBE plantea la inadmisibilidad de la acción basándose en que el INA no podía considerarse como un productor de vídeos conforme a las disposiciones del artículo L 215 1 del Código de la propiedad intelectual, ni una empresa de comunicación audiovisual conforme a las disposiciones del artículo L 216 1 del Código de la propiedad intelectual.

La compañía YOUTUBE alega que INA no tiene derecho a actuar en lugar de los propietarios de los derechos conexos; que la demandante no ha aportado ninguna prueba de su capacidad para emprender acciones legales en defensa de los archivos audiovisuales de los que afirma ser productora.

La demandada afirma que para fijar su calidad de actuar en relación con cada uno de los extractos de programas audiovisuales reivindicados, cuya difusión ha sido constatada sobre YOUTUBE, el INA debía indicar la cadena en que el extracto indicado había sido difundido, la fecha de la primera difusión y el modo de financiación del programa del que el vídeo citado sería extraído; que en este caso, el INA no informa de ninguna prueba de estas condiciones o no lo hace más que parcialmente; que no se han aportado los ejemplares originales de las emisiones televisivas de las que se habrían extraído los vídeos reivindicados.

YOUTUBE indica así que el Tribunal no puede evaluar la validez de la transferencia de sus derechos sobre las emisiones reivindicadas, ni verificar si los vídeos denunciados han sido extraídos de los programas sobre los que afirma tener derechos; que el INA solo puede legítimamente pedir la designación de un experto con el objetivo de verificar cada uno de los contenidos en cuestión.

El INA, sin embargo, sostiene que él tiene plena capacidad de obrar, en su condición de derechohabiente del ORTF, TF1, Antenne 2 y FR3.

La demandante afirma que tiene derechos derivados de las leyes de 1974, 1982, 1986 y 2000 así como de sus decretos de aplicación y no de los contratos citados por la sociedad YOUTUBE en términos poco claros.
El INA recuerda que presenta una tabla que muestra el conjunto de los extractos reivindicados, la fecha de la primera difusión o el canal en que se hizo la emisión de la que resultó el extracto en cuestión.

La firma demandante sostiene que es materialmente imposible entregar a la Sala las copias originales de las emisiones de las que provienen los extractos reivindicados y solicita que en el marco del informe pericial, el perito determine, para cada uno de los contenidos afectados, que proviene de una emisión difundida por primera vez en un canal del que tiene los derechos.

En este caso, el artículo 3 de la Ley de 7 de agosto 1974 estableció como objetivo de lo que se llamaba entonces Institut de l’audio visuel (Instituto Audiovisual) "la conservación de los archivos" y el dictamen del 25 de abril 1975, que fijó su pliego de condiciones, precisó en su artículo 2 que "El Instituto Audiovisual hereda los archivos audiovisuales de la ORTF y la documentación relacionada y se encarga de su explotación".

El INA ha heredado por tanto los archivos del ORTF anteriores a la ley del 7 de agosto de 1974 y tiene, en relación con las emisiones en cuestión, los derechos y obligaciones de la ORTF.


El artículo 47 II de la Ley de 29 de julio de 1982, establece además que el Instituto Nacional de Comunicación Audiovisual comercializa los archivos cuya propiedad tiene; después de un período de cinco años desde la fecha de su primera difusión, los archivos de las sociedades nacionales, regionales o territoriales de radiodifusión sonora y de televisión pasan a ser de propiedad del Instituto Nacional de Comunicación Audiovisual; que observando las condiciones de plazo previstas en el párrafo anterior, los archivos de las sociedades nacionales de radiodifusión sonora y de televisión acumuladas entre la entrada en vigor de la ley de 7 de agosto de 1974 sobre la radio y la televisión y la puesta en vigor de esta, ley pasarán a ser propiedad del Instituto de Comunicación Audiovisual.


Este texto prevé así que todas las emisiones difundidas y archivadas por las cadenas nacionales (y por lo tanto por TF1, Antenne 2 y FR3) pasarán a ser propiedad de lo que se llamó el Instituto Nacional de la Comunicación Audiovisual una vez transcurrido un plazo de cinco años desde su primera difusión.
También se desprende del artículo 49 de la Ley de 30 de septiembre de 1986 que los derechos de TF1 sobre obras difundidas por dicha sociedad solo son entregadas al INA bajo la condición de que las obras hayan sido emitidas antes del 30 de julio 1982; que el plazo después del cual el INA absorbió los derechos de las sociedades nacionales de los programas sobre obras que no sean obras de ficción queda con carácter retroactivo reducida de cinco a tres años; que para obras de ficción difundidas por Antenne 2 y FR3, los derechos de estas cadenas solo fueron conferidos al INA para las obras difundidas antes del 1 de octubre de 1981.


El artículo 49, modificado por la Ley de 1 de agosto de 2000 y luego por la ley de 1 de agosto de 2006, dispuso finalmente que el Instituto queda como dueño de los soportes materiales y técnicos y titular de los derechos de explotación de los archivos audiovisuales de las cadenas nacionales y de la sociedad mencionada en el artículo 58 (TF1) que le fueron transferidos antes de la publicación de la Ley del 1 de agosto de 2000; sin embargo, estas sociedades conservan, cada una en lo que le afecta, un derecho de uso prioritario de estos archivos.

De ello se deduce que, desde las leyes del 07 de agosto 1974, 30 de septiembre 1986, 1 de agosto de 2000 y 1 de agosto de 2006 y sus decretos de aplicación, el INA tiene los derechos de los extractos de emisión difundidas en los años 1950 a 1980 por ORTF, TF1, Antenne 2 o FR3.

Como apoyo de su acción, el INA presenta una tabla resumen de los vídeos fraudulentos existentes, indicando para cada extracto la fecha de la primera emisión y la cadena en la que se transmitió la emisión de que se trate.

Resulta obligado determinar que, de acuerdo con el INA, estos extractos han sido difundidos en casi su totalidad por primera vez por ORTF, TF1, Antenne 2 y France 3 en los años 1950 a 1980.

Sin embargo, como sostiene la empresa YOUTUBE con razón, la firma INA no demuestra que cada uno de los contenidos debatidos provenga de una emisión difundida por primera vez en una cadena cuyos derechos tiene.

De las verificaciones realizadas se deduce, sin embargo, por los agentes jurados de la Agencia para la Protección de Programas (APP) y presentados por el INA, que muchos extractos publicados por YOUTUBE pertenecían a ORTF o al INA, porque su logotipo aparece muy visible sobre el vídeo difundido en el sitio de la demandada. Del mismo modo, las comprobaciones acreditan que numerosos extractos se refieren a ciertos telediarios o a ciertas emisiones de cadenas anteriores a los años 80, cuyos derechos corresponden al INA.

Los elementos probados son por ello suficientes para que la acción del INA se considere admisible.


2) Sobre las peticiones del INA



a) Sobre el estatus de la Sociedad YOUTUBE


INA subraya que la sociedad YOUTUBE no se puede considerar anfitriona (o hoster) conforme al sentido de la Ley de 21 de junio de 2004, para la confianza en la economía digital (LCEN), puesto que tiene un objetivo distinto y persigue una meta diferente a la del proveedor de servicios técnicos contemplado en la ley.

El demandante precisa que YOUTUBE no es un mero intermediario y no puede ser considerado como anfitrión y beneficiarse del régimen de responsabilidad limitada vinculado a dicha calificación y previsto por la LCEN.

El INA expone que el estatus de editor debe ser reconocido a la sociedad YOUTUBE, ya que es un verdadero medio de comunicación que explota su sitio web mediante vídeos en línea proporcionados por los internautas, y lleva a cabo dicha explotación con una política editorial muy sofisticada con el fin de maximizar el tráfico de su sitio y por lo tanto los ingresos por publicidad.

El INA indica que la demandada distribuye un contenido que sabe que está protegido por derechos de propiedad intelectual para generar audiencia.

Como alegato defensivo la empresa YOUTUBE subraya que interviene solo como proveedor de almacenamiento de los vídeos publicados por los usuarios de su plataforma.

Recuerda asimismo que la Ley de 21 de junio 2004 define el servicio de alojamiento o anfitrión como cualquier servicio por el que un proveedor asegura, a petición de un tercero, el almacenamiento del contenido proporcionado por este último, a efectos de una posterior difusión al público.

La compañía YOUTUBE sostiene que no tiene control sobre el contenido disponible en línea, pero responsabiliza claramente a los usuarios.

Así, alega que el INA debería desde ese momento poner en marcha las medidas apropiadas contra los autores de las subidas fraudulentas de contenidos.

La sociedad YOUTUBE precisó que las herramientas que proporciona a los usuarios no llevan en modo alguno a una actividad de tipo editorial por su parte; asimismo, que el hecho de que un prestatario sea retribuido por la publicidad no permite descartar la aplicación del artículo 6 de la LCEN.

De acuerdo con el artículo 6 1 2 de la ley para confianza en la economía digital, las personas físicas o jurídicas que, incluso gratuitamente, aseguren, para la puesta a disposición del público por servicios de comunicación en línea, el almacenamiento de señales, escritos, imágenes, sonidos o mensajes de cualquier tipo suministrados por los destinatarios de estos servicios no pueden ver su responsabilidad civil comprometida, como resultado de las actividades o de la información almacenada a petición de un destinatario de estos servicios, si no tenía conocimiento real de su carácter ilícito o de hechos o circunstancias que revelen este carácter o si, desde el momento en que lo supieron, actuaron con rapidez para retirar estos datos o hacer el acceso imposible.


Este régimen de responsabilidad limitada se completa con el artículo 6 1 7, que establece que los proveedores de acceso y alojamiento no están sujetos a una obligación general de supervisar las informaciones que transmitan o almacenen, ni a una obligación general de buscar hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas.

También se desprende de las condiciones de uso del servicio de YOUTUBE que este servicio permite a los usuarios buscar, visionar en modo lectura o poner en línea vídeos y que todo internauta previamente inscrito puede así, una vez creada su cuenta en YOUTUBE, colocar en este sitio contenidos audiovisuales —sobre los que la empresa demandada no ejerce ningún control— para que estén disponibles al público o a un grupo limitado de usuarios.

En estas condiciones, el papel de YOUTUBE se limita a la provisión de tecnología para el almacenamiento y la visualización de vídeos, que permita su puesta en línea por la sola iniciativa de los usuarios del sitio, distinguiéndose así fundamentalmente del servicio editorial, de modo que no tiene lugar ninguna elección de contenidos ofrecidos al público ni ninguna intervención sobre los mismos.
El control de la presentación de las páginas de su sitio, la limitación de la duración de los vídeos difundidos, la organización y la gestión de una base de datos de palabras claves que permiten la búsqueda rápida de vídeos o incluso el suministro de medios técnicos para identificar los vídeos son operaciones de carácter técnico que no son incompatibles con la calificación de anfitrión (hoster).

La comercialización de espacios publicitarios llevada a cabo por la sociedad YOUTUBE no permite tampoco excluirla del beneficio de las disposiciones contempladas antes desde el instante en que LCEN no tiene ninguna norma que prohíba al anfitrión aprovecharse de su sitio, pues incluso tal explotación comercial ofrece a los usuarios un acceso gratuito a la plataforma de alojamiento.
YOUTUBE no puede ser considera como un editor en el sentido de la Ley para la Confianza en la economía digital y debe por tanto aplicársele el régimen de responsabilidad reservado a los anfitriones (hosters).


b) Sobre la responsabilidad de la sociedad YOUTUBE como anfitrión.



El INA sostiene que la responsabilidad de la sociedad YOUTUBE respecto de él está comprometida como anfitrión, ya que tardó en retirar de su sitio los programas del INA, o solo los retiró parcialmente, y porque, a partir de entonces, ha permitido que reaparezcan.

El INA recuerda que el anfitrión, en aplicación de la LCEN, tiene la obligación de retirar inmediatamente los vídeos cuando tenga conocimiento efectivo de su carácter ilícito o de hechos o circunstancias que revelen ese carácter.

Añade el demandante que YOUTUBE no puede pretender que sólo se le puedan exigir responsabilidades después de que se haya perseguido sin éxito a cada uno de los usuarios que hubieran puesto en línea vídeos, pues ninguna disposición de la Ley obliga al titular de los derechos a hacerlo de este modo y el anfitrión tendrá una responsabilidad propia de la que no puede ser exonerado.


El INA subraya que la sociedad YOUTUBE ha dejado aparecer vídeos en su sitio cuyo carácter ilícito ya le había sido notificado en las condiciones requeridas por la ley, de modo que se deduce de la jurisprudencia claramente que los anfitriones de datos deben hacer lo necesario para que los programas cuyo carácter ilícito les fue notificado, nunca más sean vueltos a reproducir en su sitio.

Como alegato defensivo, la compañía YOUTUBE mantiene haber suprimido rápidamente todos los vídeos puestos en su conocimiento por el INA.

La demandada dijo que el INA no siempre hizo notificaciones válidas pues ni comunicó necesariamente las direcciones URL de los vídeos cuya remoción fuera solicitada; también dijo que, cuando los extractos fueron claramente identificados, YOUTUBE los retiró rápidamente, lo que no se discute.

YOUTUBE sostiene que su responsabilidad no existe por el simple hecho de la puesta en línea de un contenido idéntico o similar a los indicados anteriormente y retirados, pues la ley o la jurisprudencia no han previsto una obligación de este tipo, en tanto que de la LCEN se desprende que toda puesta en línea de un mismo fichero debe ser considerado como un hecho nuevo que requiere una nueva notificación.

La parte demandada alega que la notificación de un contenido claramente ilícito no implica que el anfitrión deba proceder a la vigilancia y al filtrado del contenido para el futuro, salvo mandamiento judicial que en cualquier caso ha de ser temporal y específico.

En este caso, admitida la calidad de anfitriona de la empresa YOUTUBE, cabe señalar que en virtud de la LCEN no se hace responsable de pleno derecho de los contenidos difundidos en su sitio por los internautas, que son los únicos responsables.
Excepto para la difusión específicamente cubierta por la ley relativa a la pornografía infantil, apología de delitos contra la humanidad e incitación al odio racial, que el anfitrión debe suprimir por sí mismo, sin esperar a una decisión judicial, su responsabilidad no puede ser considerada más que si tuviera conocimiento del manifiesto carácter ilícito de la información almacenada.
Se aplicará así en el caso de violaciones de los derechos económicos y morales resultantes de actos fraudulentos y corresponde a las víctimas de estas actuaciones notificar al anfitrión sobre los derechos que considere perjudicados.
El artículo 6.5 de la LCEN establece que el conocimiento de los hechos motivo del litigio se presume adquirido por los anfitriones cuando se le notifican los elementos siguientes: fecha de notificación, datos del notificador, datos del destinatario, descripción y localización precisa de los hechos litigiosos, motivos por los que el contenido deba ser retirado, comprendiendo en ello las disposiciones legales y las justificaciones de los hechos. El texto también establece que el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de cualquier sistema de vigilancia específica y temporal solicitado por la autoridad judicial.

Por lo tanto, en cuanto el anfitrión tenga conocimiento del carácter ilícito de las informaciones almacenadas, el artículo 6-2 de la LCEN le obliga a actuar con prontitud para retirar los datos o hacer imposible su acceso.
El INA reconoce que 50 vídeos ilícitos y constatados el 31 de marzo 2006, de los que YOUTUBE tuvo conocimiento el 19 de abril de 2006, se retiraron al parecer el mismo día. Añade que 500 vídeos ilícitos verificados el día 05 de diciembre 2008, de los que YOUTUBE tuvo conocimiento el 12 de enero de 2009, aparentemente fueron retirados al día siguiente.
INA sostiene, por el contrario, que 179 vídeos ilícitos y verificados que se encuentran entre el 6 y el 10 de marzo de 2008, que la empresa YOUTUBE fue informada de su difusión el 25 de marzo 2008 y no fueron eliminados hasta un par de semanas más tarde; de la misma forma que 547 vídeos, infracción observada entre el 28 y 30 de julio 2008, que YOUTUBE fue informada de su difusión el 28 de agosto de 2008 y que solo fueron retirados un mes después.
Sin embargo, el plazo de quince días y de un mes observado, que deben ser perfeccionados, no es suficiente para comprometer la responsabilidad del anfitrión.
No obstante, no se discute que los 96 vídeos denunciados como ilícitos por la citación emitida el 23 de noviembre 2006 se hayan retirado del sitio de la empresa YOUTUBE hasta el 27 de noviembre 2007, esto es, un año más tarde; el mero hecho de que las discusiones estuvieran en curso entre las partes no puede justificar que la demandada haya mantenido los vídeos ilícitos en su portal.
Por otra parte, ninguna disposición de la ley del 21 de junio 2004 obliga al titular de derechos a actuar previamente frente a internautas que hayan puesto vídeos en línea, no olvidándose de que el anfitrión tiene una responsabilidad propia.
La sociedad YOUTUBE finalmente permitió que reaparecieran en su sitio, lo que ella no niega, vídeos cuyo carácter ilícito le había sido notificado, cuando le correspondía poner en marcha todos los medios necesarios para evitar una nueva difusión.
De hecho, la argumentación según la cual cada entrega en línea constituye un hecho nuevo que necesita una nueva notificación debe ser descartada en la medida en que, si las difusiones sucesivas son imputables a usuarios diferentes, su contenido y los derechos de propiedad intelectual correspondientes son idénticos.
YOUTUBE tampoco puede hacer valer cualquier imposibilidad técnica para llevar a cabo este seguimiento, ya que tiene la capacidad de aplicar los medios necesarios para eliminar el contenido de carácter pedófilo, de apología de delitos contra la humanidad o de incitación al odio.
Responsabilidad suya fue justificar haber tomado las medidas necesarias para eliminar rápidamente todos los extractos señalados como ilícitos y hacer imposible la entrega en línea de vídeos ilícitos, la sociedad YOUTUBE no puede basarse en la limitación de la responsabilidad en virtud del artículo 6 1 2 de la Ley de 21 de junio de 2004 y su responsabilidad se halla desde entonces implicada en relación con el INA en el marco del derecho común que rige las violaciones de la propiedad intelectual, sobre la base de los artículos L 335 3 y L 335  4 del Código de Propiedad Intelectual.
Sin embargo, no se ha demostrado ninguna culpa civil diferente de los actos fraudulentos citados, de manera que no se reconoce la responsabilidad de YOUTUBE sobre la base del artículo 1382 del Código civil.
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