Mexico: El caso de Santa María Ostula. Magdalena Gómez. (Fuente: La Jornada)






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REGIONES INDIAS

JULIO 21, 2009

Una producción de la

Agencia Internacional de Prensa Indígena

(AIPIN)

http://www.aipin.info
PRINCIPALES
MEXICO: El caso de Santa María Ostula. Magdalena Gómez. (Fuente: La Jornada). El movimiento generado por los comuneros nahuas de Santa María Ostula resulta una bocanada de oxígeno en diversos frentes. En primer lugar, por la voluntad organizada de recuperar territorios, reconstruir a su pueblo y activar sus formas propias de organización social, como es el caso de las poli-cías comunitarias. También porque su movimiento se articula en el espacio del Congreso Nacional Indígena y se dota de una amplia red de solidaridad con lo que fortalece la línea política que esa instancia definió a raíz de la contrarreforma indígena de 2001: avanzar en la autonomía a contrapelo del derecho y sus candados (Manifiesto de Ostula, 14 de junio de 2009; 25 asamblea del Congreso Nacional Indígena en la región centro Pacífico del país).
Por otra parte, y hay que decirlo, es significativa la respuesta de las instancias gubernamentales de los distintos niveles: si bien reaccionan ante la autodeterminación comunitaria, hasta ahora hay indicios, no los óptimos ciertamente, de que están encauzando su respuesta por la vía de la negociación dejando de lado la política de criminalización imperante en otras regiones de México. Y esto es decir mucho, porque estamos hablando del estado de Michoacán, donde en fechas recientes las noticias que dominan, lamentablemente, son de nota roja. Algo habrá influido la postura del gobernador del estado para que la Secretaría de la Reforma Agraria esté ofreciendo una salida al otorgar recursos económicos a los supuestos pequeños propietarios de La Placita para que se respeten las tierras ancestrales recuperadas en las pasadas semanas.
Precisamente en su más reciente comunicado (19 de julio de 2009) la Comisión por la defensa de los Bienes Comunales de Santa María Ostula hizo del conocimiento general que “en días pasados sostuvo, junto con las autoridades comunales de las comunidades nahuas de El Coire y Pómaro, una reunión pública con representantes de los gobiernos del estado de Michoacán y federal, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional, para hacer patentes las exigencias de nuestra lucha (garantizar la tenencia de la tierra en forma definitiva, reconocer el nuevo asentamiento humano, creado en las tierras recuperadas y que lleva el nombre de Xayakalan; plan de seguridad para impedir nuevos ataques contra los comuneros indígenas como el del pasado 29 de junio, así como garantizar el funcionamiento de las policías comunitarias y su guardia comunal en Santa María Ostula, El Coire y Pómaro, territorio nahua de la costa michoacana)”.
En el mismo comunicado señalaron: “Los gobiernos de todos los niveles hicieron compromisos concretos para buscar una solución definitiva y pronta al problema que con relación a las tierras recuperadas confronta nuestra comunidad con supuestos pequeños propietarios. Asimismo se comprometieron a establecer un puesto de vigilancia de la armada de México en la tenencia de La Placita con el fin de inhibir posibles ataques en contra de nuestra comunidad por parte de grupos paramilitares ligados al crimen organizado”. (Destacaron también que éste compromiso no se ha cumplido y sobre la policía comunitaria señalaron que “no existió una definición clara por parte de los diversos niveles de gobierno, aun cuando dijeron respetar las formas de organización existentes en el interior de las comunidades indígenas”.)
En síntesis, en el proceso de negociación están presentes las contradicciones que entrañan la definición del Estado mexicano en relación con los pueblos indígenas. Ejemplo de ello, y muy significativo, es la reticencia a reconocer a las policías comunitarias donde se observa que los propios comuneros asumen que ellos no se harán cargo de enfrentar todos los problemas que carga el estado, de ahí el acuerdo con un puesto de vigilancia de la armada de México, no en su territorio, sino en La Placita, donde están los opositores a los comuneros.
En contraste llama la atención la insistencia indígena respecto del compromiso de respetar derechos humanos por parte de las policías comunitarias, prueba de ello es que entregaron a las autoridades estatales a los agresores del pasado 29 de junio que habían sido retenidos por ellos.
Junto con las noticias sobre el desbloqueo de la carretera 200 por parte de los comuneros de Ostula, y los principios de acuerdo sobre la asignación de recursos a los supuestos pequeños propietarios, se difundió la realización de foros de consulta sobre la ley indígena en la entidad. Bien harían en revisar si el procedimiento de foros es el adecuado para garantizar el derecho a la consulta. No estaría de más comprender que la generación de instancias estatales, como es el caso de la secretaría, creada ad-hoc, no sustituye el derecho de autonomía y libre determinación que asiste a los pueblos indígenas en el marco internacional, porque en el nacional ya sabemos que se mantiene vigente el entuerto de 2001. Vigilemos Ostula, como piden los comuneros.
MEXICO: Déjenlas en paz. Pedro Miguel. (Fuente: La Jornada). Si se miran las cosas con una actitud optimista y positiva, habría que concluir que el país se encuentra estancado porque sus funcionarios públicos –policías, ministerios públicos, jueces, procuradores, embajadores en Washington, presidentes de la República– son tan, pero tan tontos, que se tragan la historia de agentes judiciales secuestrados por mujeres indígenas desarmadas: érase una vez, en el pueblo queretano de Santiago Mexquititlán, un tianguis al que asistían tres malvadas vendedoras de aguas frescas; cuando vieron llegar al sitio a seis heroicos pero ingenuos integrantes de la Agencia Federal de Investigaciones, concibieron la idea de privar de la libertad a uno de ellos para exigir rescate, pusieron manos a la obra y en menos de un día habían logrado su avieso propósito; un mes más tarde, las crueles comerciantes fueron capturadas con pleno respeto a sus derechos y a sus garantías individuales, confesaron su delito y un juez honorabilísimo y perspicaz condenó a una de ellas a 21 años de cárcel, como castigo ejemplar que sirviera de escarmiento a todas las vendedoras de aguas frescas del país. De ser así las cosas, algún día, y siempre y cuando se observen los principios de disciplina fiscal, libre mercado y mano firme, lograremos elevar el coeficiente intelectual promedio de nuestros gobernantes, éstos caerán en la cuenta de su error y pedirán perdón con honesto arrepentimiento.
Por desgracia, hay razones para el pesimismo, es decir, para suponer que la complacencia de las autoridades ante los numerosos atropellos sufridos por Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González no es producto de la estupidez crédula, sino parte de un patrón general de violaciones a los derechos humanos, de un designio para amedrentar de antemano a una población potencialmente levantisca y de un pacto de impunidad para beneficio de las verdaderas y auténticas bases sociales del calderonato: los contingentes militares y las corporaciones policiales.
Vicente Fox terminó su sexenio en medio de síntomas agudos de ingobernabilidad y en esa circunstancia no se le ocurrió nada mejor que estrenar con anticipación la “mano firme” de la promesa calderoniana. En Lázaro Cárdenas, en Texcoco-Atenco y en Oaxaca, el gobierno foxista, aliado con los poderes priístas o perredistas locales, reprimió, torturó, violó, secuestró y criminalizó las luchas sociales; en paralelo, convirtió a la Procuraduría General de la República, sucesivamente administrada por Rafael Macedo de la Concha y por Daniel Cabeza de Vaca, en un instrumento para golpear a adversarios políticos y en una fábrica de culpables, cuyas indagatorias atropellantes y abusivas hubieron de terminar, en muchas ocasiones, disueltas en la torpeza exasperante de un “usted disculpe”, o peor, ni siquiera en eso.
Calderón llegó al cargo sin el capital político ni la legitimidad que tuvo Fox –éste sí ganó las elecciones– y ha sido mucho más patente, y patética, su dependencia de los aparatos de fuerza coercitiva del Estado, hasta el punto en que pretendió convertir los operativos policiaco-militares en herramientas de propaganda electoral para hacer frente a unos comicios de medio término que mucho tuvieron de referendo sobre su gestión. Crecientemente alejada del empresariado mafioso que lo impuso en el cargo, la presidencia calderonista exhibe una debilidad política que da grima y difícilmente podría subsistir sin tanquetas, regimientos, puestos de mando, centros de arraigo, patrullas y demás emblemas de la fuerza bruta.
Miente Arturo Sarukhán: la violación a los derechos humanos no es cuestión de casos aislados sino una constante porque, en su circunstancia, el grupo gobernante no puede darse el lujo –aunque quisiera– de castigar los excesos y atropellos de guardaespaldas, protectores, carceleros, informantes, comandantes, sargentos y demás ángeles de la guarda, su dulce compañía: el calderonato hará lo posible por no sancionar de manera alguna las violaciones a los derechos humanos cometidas por policías y militares y por no corregir aberraciones de la justicia como las acusaciones inverosímiles, los abusos manifiestos y las sentencias injustas contra Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González. Pero si no hay margen para esperar de este régimen respeto la legalidad, cabe al menos exigirle que no ofenda a la inteligencia de los mexicanos y que no pretenda hacernos creer el cuento del secuestro de un pobre policía judicial por unas malévolas vendedoras de aguas frescas. Tengan un poquito de vergüenza, retiren las acusaciones contra ellas y ya déjenlas en paz.
MEXICO: Acusado de feminicidio sentenciado a 70 años de prision obtiene libertad en Morelos. (Fuente: José Martínez Cruz). Himer Nieto Catalán, acusado en julio de 2006 de secuestro y homicidio calificado en contra de una menor de 12 años de edad en Jojutla, Morelos, sentenciado a 70 años de prisión por el Juez de Primera instancia, obtuvo en días pasados de julio de 2009 su libertad absoluta en la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia.
Este ominoso hecho nos muestra uno más de los tantos ejemplos que muestran las deficiencias, corrupcion e impunidad en la procuración y administración de justicia, en donde la mayoría de los casos de feminicidio no son debidamente sancionados y, como en el caso mencionado, permiten eludir el castigo y obtener la libertad en un caso tan grave que fue considerado dentro de la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional en colaboración con nuestra Comisión Independiente de Derechos Humanos.
SUDAMERICA: Comunidad Rayen Mapu del Cacique Manuel Levia, inicia proceso de recuperación de tierras. (Fuente: Dorinda Moreno). A través de una declaración publica, la comunidad mapuche Manuel Levia, comuna de Ercilla, Provincia de Malleco IX Región, ha anunciado que ha decidido declarar en conflicto 5 parcelas que colindan a la Comunidad Folil Mapu. Una de estas pertenece a Forestal Mininco, del grupo Matte y la otras Cuatro pertenecen a particulares: Julio Molina, José Sánchez, Rolo Lagos y Rafael Seitz. El total de territorio Reivindicado bordea las 400 Hectáreas. De paso, la comunidad una de las mas vulnerables del sector desde que estallara el “Conflicto”, efectúo un llamado a otras comunidades para que recuperen sus territorios.
Comunicado publico
Se comunica a la comunidad local, nacional e internacional que la comunidad mapuche Rayen Mapu del Cacique Manuel Levia de la Comuna Ercilla, provincia Malleco IX Región, inicia el proceso de recuperación de tierra de 5 parcelas; primero en mano de Forestal Mininco y la otras cuatro en mano de particulares; Julio Molina, José Sánchez. Rolo Lagos, y Rafael Seitz, es decir un total de 400 hectáreas.
Este proceso de recuperación de tierras se enmarca en la reconstrucción del territorio ancestral del pueblo mapuche y su autonomía, por lo tanto, se hace un llamado a todas las comunidades mapuches de seguir reivindicando y recuperando las tierras usurpadas.

Marrichiweu.-

Libertad A Los Presos Políticos Mapuches

Wallmapu, 20 De Julio Del 2009

RICHARD CURINAO .P

http://werkenkvrvf.blogspot.com
SUDAMERICA: Perú: Grupo de Coordinación no instala comisión investigadora de los hechos de Bagua. (Fuente: Servindi). La comisión que investigaría los trágicos hechos sucedidos en Bagua, el pasado 5 de junio, no fue instalada por el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos. Sólo 3 de las 4 mesas acordadas en el acta firmada por los representantes de los pueblos indígenas y del Ejecutivo restablecieron sus actividades durante la segunda sesión de la mesa de diálogo.
En ese sentido, la presidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Daysi Zapata, criticó que esta comisión investigadora no se haya instalado y consideró que es uno de los ejes claves para restablecer la confianza y reivindicar los derechos de las comunidades amazónicas.
Semanas atrás, el relator de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) recomendaron al Estado peruano implementar esta mesa de trabajo en el más corto plazo. De otro lado, la mesa que estudia la viabilidad de los siete Decretos Legislativos aún no derogados, fue instalada en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
El asesor legal de AIDESEP, Carlos Soria, precisó que la intensión es lograr la derogatoria de los Decretos Legislativos por considerarlos inconstitucionales. Además, el grupo de trabajo encargado de definir los mecanismos de consulta para la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se desarrolló en el Ministerio del Ambiente.
A ella asistieron el representante de la OIT, Jose Luis Daza, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) y la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL).
CENTROAMERICA: Honduras: La resistencia indígena continúa. Fernando Ramón Bossi. (Fuente: ALAI, Fuente: Blog Libertad de Expresión). Como en todo rincón de América la población indígena del actual territorio hondureño resistió a la conquista europea. Socremba, Cicumba, Lempira y otros tantos más, son los nombres que hoy figuran en la lista de caciques que se enfrentaron al colonialismo español. Pero todos, de una u otra forma, fueron derrotados.
Durante la colonia la mayoría de la población indígena fue esclavizada para trabajar en las plantaciones y en las minas. El exterminio fue enorme; los menos pudieron huir hacia las montañas y las selvas. Pero la persecución aún sigue.
Los tolupanes se aislaron lo más que pudieron. En sitios prácticamente inaccesibles se instalaron; la Montaña de la Flor es uno de ellos. Pero desde 1991 unos 40 miembros de la etnia, entre ellos varios dirigentes, han sido asesinados por defender sus tierras. Las empresas madereras y los terratenientes han ocupado una buena parte de las tierras otorgadas por el Estado a los tolupanes. “Tenemos muchos problemas con la tierra, hay unos hombres que han venido a nuestras tierras y no se quieren ir. Me tienen azorado, pero yo voy a defender mi tierra. Me voy a quedar aquí”, dijo Julio Soto, cacique de la tribu de La Ceiba.
Los caribes negros
Dos barcos negreros, repletos de esclavos provenientes de la costa occidental de África, naufragan frente a la isla de San Vicente. Los africanos sobrevivientes son acogidos fraternalmente por los indios caribes. Era el año 1635. Los nuevos pobladores, mezclados con los caribes, dieron origen a la población garífuna.
En San Vicente, franceses e ingleses explotaban plantaciones de caña de azúcar con mano de obra esclava negra. La presencia de “negros libres”, como eran los garífunas, representaba un mal ejemplo para los esclavistas europeos. Tras cruentas batallas contra el ejército británico, donde se destacaría al líder Joseph Satuyé, los garífunas son derrotados.
Los colonialistas ingleses no dudaron en arrasar casas y poblaciones enteras. Menos de 4.000 sobrevivientes son deportados a la isla Balliceaux en Las Granadinas. Allí, más de la mitad de la población muere por hambre y enfermedad. Los 1.600 que quedaron vivos fueron trasladados lejos de la región, a las islas de la Bahía, frente a las costas de Honduras. De allí, muchos fueron trasladados a tierra firme.
Los garífunas representan hoy una pequeña pero significativa franja de la población de Honduras.
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