I. la patria el concepto de patria Justicia, patriotismo y religión II. La nacióN






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LA LEGITIMIDAD Y EL RÉGIMEN



De dos maneras puede uno ser tirano,

o en la manera de llegar al poder, o en el desempeño del mismo,

aunque lo haya adquirido justamente.
DOMINGO DE SOTO. De iustitia et iure, L.V, q. I, a. 3.


1.- Legitimidad de origen y de ejercicio



El 23 de abril de 1894, Juan Vázquez de Mella, el gran legitimista y tradicionalista español, pronunció en las Cortes un discurso que, si bien no alcanzó la resonancia europea que tuviera del de Donoso Cortés sobre la dictadura –del 4 de enero de 1849-, tuvo en cambio la grandeza y la profundidad que deriva de una verdad política de valor universal108. Verdad de la que sigue necesitado el mundo contemporáneo y, dentro de él, en particular España y la Argentina, sumidas ambas en similar y dramática crisis de legitimidad. Por esa razón, habremos de extractar algunas ideas sobre las cuales parece oportuno volver a reflexionar:
“... la legitimidad estriba en dos cosas que yo llamo legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio, que en el fondo es aquello que Santo Tomás de Aquino apellidaba legitimidad de adquisición y legitimidad de administración.

“Si el poder se adquiere conforme al derecho escrito o consuetudinario establecido en un pueblo, habrá legitimidad de origen; pero no habrá legitimidad de ejercicio, si el poder no se conforma con el derecho natural, el divino positivo y las leyes y tradiciones fundamentales del pueblo que rija. Si falta la legitimidad de ejercicio, puede suceder que, cuando esta ilegitimidad sea pertinaz y constante (que sólo así habrá tiranía), desaparezca y se destruya hasta la de origen; y puede suceder, como ocurrió muchas veces en la Edad Media, que empezando el poder con ilegitimidad de origen, llegue a prescribir el derecho del Soberano desposeído, por haber adquirido el usurpador la legitimidad de ejercicio.

“Hablo en tesis general y no me refiero a un país determinado. Los derechos del Soberano desposeído pueden prescribir no por respeto al usurpador, sino por respeto a la sociedad, que tiene derecho al orden; no al orden incompleto que le da la escuela doctrinaria, sino al orden completo, de que es parte superior el moral y jurídico y no el meramente externo y material, y porque la sociedad tiene derecho a esa integridad del orden, puede establecerse una colisión de derechos entre el Soberano desposeído y la sociedad. Y como el de ésta es superior, triunfaría la sociedad y entonces cedería el Soberano desposeído; mas esto sólo puede suceder cuando enfrente de él se levante otra legitimidad completa que esté conforme con las enseñanzas de la iglesia y las tradiciones fundamentales del pueblo; pero cuando se trate de soberanías no católicas, de legitimidad o legalidades revolucionarias que no estén conformes con la enseñanza de la Iglesia, aun cuando tuvieran aparente legitimidad de origen, no prescribiría el derecho del Soberano desposeído.

“Éstas son las enseñanzas del derecho cristiano, desde Santo Tomás y Suárez hasta Balmes, Taparelli, Costa Rosetti y todos los grandes escritores católicos de nuestros días....”109.
En esta densa página se resume con lucidez un plexo de tesis fundamentales de la doctrina política tradicional clásica, católica e hispánica. Las mismas -cada una de las cuales merecería un análisis particular- pueden ser resumidas de la siguiente manera:
a) Está implícita la enseñanza clásica acerca del bien común temporal como primer principio de legitimidad política, social y jurídica.

b) La legitimidad política consiste en una ordenación de las conductas de los miembros de la polis respecto del bien común. Dicha ordenación incluye a los gobernantes, a los súbditos y, en general, a todos los grupos sociales infrapolíticos (familias, municipios, sindicatos, corporaciones, etc.).

c) Es, precisamente, la ordenación o no al bien común, el principio de discriminación de los regímenes justos o legítimos de aquellos que son su corrupción (injustos o ilegítimos).

d) La legitimidad política, en cuanto ordenación, tiene su formulación (racional) más universal en la ley natural –participación de la ley eterna en la naturaleza racional del hombre110- pero, a su vez, se concreta por la ley divino – positiva (por ejemplo: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, la indisolubilidad y sacralidad del matrimonio, etc.) y las tradiciones patrias.

e) Debe distinguirse entre el Estado como comunidad (perfecta) y el Estado como estructura de poder (como gobierno más burocracia).

f) Consiguientemente, debe distinguirse el régimen político global (que comprende la totalidad del orden de la comunidad perfecta) del régimen gubernamental (la ordenación de las magistraturas), asignándosele primacía al primero (en cuanto todo) sobre el segundo (en cuanto parte).

g) La legitimidad política de un régimen gubernamental depende, pues, de tres factores: 1°) su ordenación general al bien común, a la ley natural y al derecho divino; 2°) su adecuación a las tradiciones patrias; 3°) su ordenación al régimen global del Estado (o comunidad perfecta).

h) La legitimidad de origen deriva de la legitimidad concreta del régimen gubernamental y, por lo tanto, está ordenada a la legitimidad de ejercicio (es decir, está ordenada al bien común). De tal manera, el recto ejercicio del poder puede suplir la insuficiencia del origen, pero nada puede suplir la ilegitimidad de ejercicio.

i) En particular, la ilegitimidad de origen no puede ser saneada por una ilegalidad de ejercicio, por más continuada que ésta sea. Y la legalidad constitucional apoyada en ésta, es sólo legalidad aparente. En otras palabras, el derecho de la comunidad política a ser bien gobernada es imprescriptible.

2.- El régimen como principio secundario de legitimidad



Si la legitimidad política -como hemos dicho- es de dos clases: de ejercicio (realizar el bien común) y de origen (tener un título de designación conforme con el régimen), se sigue que, correlativamente, hay dos principios de legitimidad política: el bien común temporal y el régimen; los cuales no son del mismo rango sino que, así como la legitimidad de origen está ordenada a la de ejercicio, como el medio al fin, así el régimen está ordenado al bien común. Como de éste ya hablará en un capítulo especial, tócanos ahora detenernos en el régimen como principio secundario de legitimidad.

El régimen ha sido identificado tradicionalmente con la misma forma del estado, vale decir, con el orden político. Ahora bien, dicho régimen, forma u orden, puede ser entendido en dos sentidos: uno amplio y otro estricto.

En sentido amplio el régimen es el orden de las relaciones totales que constituyen al Estado en cuanto éste es la comunidad suprema. Este orden, a su vez, admite una triple consideración, a saber:
a) Las relaciones políticas de integración. Se trata de las relaciones de las partes constitutivas del Estado con éste en cuanto todo. Son las relaciones de pertenencia de los hombres y grupos infrapolíticos respecto del Estado (v.gr. , la relación de nacionalidad o ciudadanía), y del pueblo (entendido como el conjunto de los grupos sociales que constituyen materialmente al Estado) con su territorio, su historia y sus tradiciones. Como su nombre lo indica, de estas relaciones depende no que exista tal o cual forma de Estado, sino más bien que exista a secas. En términos generales se trata de las relaciones que afectan al Estado en cuanto patria y nación, y de las que dependen todas las demás, en modo proporcional a como los accidentes dependen de la substancia. Dimensión ésta que se les escapó a los constitucionalistas de origen racionalista y revolucionario y que sin embargo constituye el núcleo de la constitución real. A estas relaciones les corresponde como forma debida la justicia legal o general (cuyo objeto inmediato es, precisamente, el bien común).

b) Las relaciones políticas de mando, que son la forma específica que sumen respecto del Estado las llamadas relaciones sociales de subordinación. A estas relaciones les corresponde la justicia distributiva estrictamente considerada.

c) La relación disposicional recíproca de todos los grupos sociales que integran el Estado (constituyendo su pueblo). Se trata de relaciones que pueden ser de igualdad o desigualdad, según una pluralidad casi infinita de perspectivas posibles. Son, por ejemplo, las relaciones entre factores económicos, entre regiones, entre las familias entre sí y con los municipios, las escuelas, el territorio de su asentamiento, etc. A este orden –en tanto se trate de relaciones de desigualdad- le corresponde principalmente la llamada justicia social y su correlato, el derecho social o estatutario (dicha “justicia social”, si es administrada por el Estado, es justicia distributiva estricta, y si no lo es, se trataría de una forma de justicia distributiva analógica –vale decir, no “política”, según el esquema aristotélico de los capítulos VI y VII del Libro V de la Ética Nicomaquea-). En cambio, a las relaciones de igualdad de las partes entre sí les corresponde la justicia conmutativa.
En sentido estricto, el régimen es el orden de las relaciones políticas de mando y obediencia propiamente dichas. A esta idea corresponde la famosa definición de régimen (politeia) que diera Aristóteles: “El orden de las magistraturas en las ciudades, de qué manera se distribuyen y cuál debe ser el poder supremo y cuál el fin de cada ciudad”111. Así entendido, el régimen se identifica con la estructura del gobierno del Estado112, la cual estructura aun admitiendo que sea la parte principal del orden político, no lo agota. A este sentido de “régimen” se refieren las clasificaciones clásicas de las formas o constituciones políticas. Éstas, sin embargo, sólo pueden ser adecuadamente comprendidas si se integran en el orden total del Estado; y esto es precisamente lo que hicieron tanto Platón como Aristóteles en sus obras políticas.

En cualquiera de ambas acepciones, el régimen es un plexo de relaciones cuyo principio de ordenación es el fin del Estado, el bien común político o temporal. El orden político es de naturaleza práctico disposicional y, por lo tanto, sin el objeto respectivo de la disposición a la que se reduce, carece en absoluto de sentido. De ahí que en la propia definición de régimen, el Filósofo haya incluido la referencia al fin de la comunidad o ciudad. |

Tenemos pues, el siguiente esquema:
a) De una parte, las conductas de las partes del Estado (incluidas sus autoridades) y las normas que se dicten deben estar ordenadas al régimen y encuentran en él su legitimidad inmediata, según aquella sentencia aristotélica: “Las leyes deben establecerse en vista de los regímenes –y es así como las establecen todos- y no los regímenes en vista de las leyes”113. Y por esta razón decimos que el régimen es un principio de legitimidad.

b) Pero, de otra parte, el régimen mismo y las leyes dictadas en su consecuencia deben ser juzgados en orden al bien común, y según su congruencia o no con éste serán legítimos o ilegítimos, justos o injustos, válidos o inválidos: “De manera simultánea y en concordancia con los regímenes, necesariamente las leyes serán malas o buenas, justas o injustas. Una cosa es al menos evidente: que las leyes deben establecerse en armonía con el régimen. Pero si esto es así, resulta evidente que las leyes que concuerdan con los regímenes rectos serán justas, y las que concuerdan con sus desviaciones, injustas”114. Y puesto que justo, en su sentido principal y más general es “lo que produce y protege la felicidad (es decir, la vida social perfecta) y sus elementos en la comunidad política”115, “los regímenes que tienen en mira el interés público, resultan regímenes rectos de acuerdo con la justicia absoluta; y aquellos que, en cambio, miran exclusivamente al interés particular de los gobernantes (recuérdese que para Aristóteles el interés particular y los gobernantes pueden ser uno –en la tiranía-. Pocos –en la oligarquía- y muchos –en la democracia-), son todos errados, como desviaciones que son de los regímenes rectos, ya que son despóticos, mientras que la polis es una comunidad de hombres libres”116.
Se comprende ahora por qué se ha dicho más arriba que la legitimidad de origen no tiene el mismo rango que la legitimidad de ejercicio, y que el régimen no es un principio de legitimidad de idéntico valor que el del bien común. Mientras el bien común temporal es el principio de legitimidad política primario y absoluto, el régimen es sólo un principio de legitimidad secundario, presupuesta su ordenación congruente a aquél. Antes de admitirse como válida una pretendida legitimidad de origen, por lo tanto, debe examinarse la legitimidad del régimen que la sustenta.
Capítulo IV

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