Lamula. Pe cómo inventar un escándalo siguiendo tres simples pasos






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ESPEJISMO DE ENCUESTAS


El balance parece rendir frutos. Las encuestas le dan a Humala una aceptación por encima del 60%, lo que supera incluso su votación electoral (ver cuadro).

Tal resultado no debería, sin embargo, hacer que el gobierno descanse en sus laureles. Alan García no tenía números muy distintos a estas alturas de su segunda administración y luego se estabilizó en una popularidad que, si bien no llegó a las peligrosas profundidades de Alejandro Toledo, superó rara vez el 40%. Humala, por cierto, no ha dicho nada parecido a lo que el chakano declaró a los pocos días de asumir el mando (“pensé que ser presidente era más difícil”).

En el vecindario vale la pena echarle un vistazo al caso del chileno Sebastián Piñera. A los 100 días de asumir al poder, lo que le tocó en marzo del 2010 apenas producido un destructivo terremoto, contaba con un 54% de imagen positiva. Hace un año, luego del exitoso rescate de los mineros, voló hasta el pico casi perfecto del 90%. Hoy, golpeado por las protestas estudiantiles y una situación social deteriorada, cae a un 22% de pocos precedentes en el país del sur.

El presidente peruano también enfrenta obstáculos que le pueden pasar factura en los sondeos.

BUMERÁN ANTICORRUPCIÓN


El lema electoral de Humala fue “honestidad para hacer la diferencia”. La corrupción es un mal endémico, pero ubicarla al centro de la agenda política suele significar una apuesta muy arriesgada, políticamente costosa más temprano que tarde. En la plancha presidencial, el ex procurador Omar Chehade encarnaba la voluntad de lucha anticorrupción. Y ese papel se reforzó cuando Humala tuvo al fujimorismo de oponente en la segunda vuelta.

No son pocas las voces que reclaman la renuncia de Chehade a la vicepresidencia, luego de que el general PNP (r) Guillermo Arteta revelara un supuesto interés del también congresista por precipitar el desalojo de la azucarera Andahuasi, tomada por sus trabajadores enfrentados a la familia Wong, que tiene la mayoría de las acciones (ver nota aparte).

A la tercera parece ir la vencida. Luego de blindar al atribulado Ricardo Soberón, ex asesor de cocaleros puesto al frente de Devida, y a la ministra Aída García Naranjo, enredada en un episodio de intoxicación que les costó la vida a tres niños en Cajamarca, Humala ha debido tomar distancia de su vicepresidente, ahora investigado en doble función por el Ministerio Público y el Parlamento.

La temprana debacle de Chehade también significa problemas para la comisión parlamentaria que investigará al gobierno de Alan García. Ir con todo detrás de la administración precedente es un viejo deporte de la política peruana. Chehade era bolo fijo en la comisión por parte del oficialismo y su participación ha quedado en suspenso. Al mismo tiempo, la muy probable asignación de la presidencia del grupo a Javier Diez Canseco, cuya muy negativa opinión sobre García es bastante conocida, podría restarle objetividad a un grupo de trabajo incapaz todavía de arrancar motores.

Los temores de una parálisis parlamentaria por la fragmentación de las bancadas parecen, de momento, superados (ver recuadro). Pero el escenario de la avenida Abancay y la situación de Chehade remiten a otro gran problema en ciernes para el gobierno. En medio de tanto discurso anticorrupción, la bancada oficialista ya es la más incómoda. Les pasó siendo oposición y les vuelve a pasar ahora. La debilidad de los filtros para seleccionar a sus candidatos y la falta de transparencia en sus cuentas de campaña pasan ahora la factura.

CONFLICTOS REVERDECIDOS


Otra impronta problemática que ya se percibe en algunos niveles del gobierno es la militarista. La reciente purga de generales en la Policía tuvo al coronel EP (r) Adrián Villafuerte como uno de sus silenciosos protagonistas tras bastidores. Según se desprendió de la exposición del ministro del Interior Óscar Valdés la semana pasada ante el Congreso, el Ejecutivo se vio obligado a morigerar el impulso y alcance iniciales del ajustón policial.

Y no es solo el recelo entre la Policía y los militares retirados que acompañan al Presidente. Los encontrones ya se dieron también entre las facciones castrenses. La más evidente fue la que enfrentó a Villafuerte con Óscar Gómez Rodríguez, coronel EP (r) perteneciente a la promoción de Humala y al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Se sabe que Gómez Rodríguez, que viene de trabajar en el sector minero, le ha puesto especial atención al ámbito de los conflictos sociales.

Detrás de los titulares de periódicos y el traqueteo político, allí se esconde uno de los más grandes retos para el gobierno. Hasta ahora no hay razón para pensar que el discurso de inclusión social, o señales alentadoras como la aprobación de la ley de consulta previa, vayan a ser suficientes para frenar una dinámica de protesta social disparada durante los dos últimos lustros.

El último reporte de la Defensoría del Pueblo da cuenta de que el mes pasado surgieron 12 nuevos conflictos sociales y se produjeron 67 acciones de protesta, la cifra más alta en lo que va del año. Hay 148 conflictos activos y 67 latentes. Más de la mitad del total son socioambientales y, al revisar el detalle, se encuentra que ello equivale a la resistencia de las comunidades a proyectos mineros que, consideran, pueden terminar por contaminar el valioso recurso hídrico. En el uso del agua está el campo de batalla. Quellaveco en Moquegua es un ejemplo reciente.

A ello se añade que la efervescencia corresponde a bastiones electorales humalistas: Puno a la cabeza con 20 conflictos y Cusco, Cajamarca y Ancash con 16 cada uno. Humala fue el político más beneficiado con el clima de protesta y ahora, montado en el caballo, descubre que el discurso que lo llevó al poder puede volverse contra él mismo. Aquellos inversionistas que lo escucharon en Nueva York todavía se preguntan si el gobierno tiene la voluntad real de impulsar las inversiones amenazadas por la protesta. En la muñeca para solucionar los conflictos se encontrará el truco del almendruco.

Y si la inclusión social es llevar a todos los beneficios del crecimiento económico, nada más frustrante que un Estado que arrastra los pies. Otras protestas recientes, como la que enfrenta la minera Yanacocha en Cajamarca, tienen relación con un canon millonario que no aterriza entre la ciudadanía. La inversión pública viene rezagada, encargada a gobiernos regionales y locales que se estrenaron este año, como lo advierte un decreto de urgencia publicado el miércoles 26 que introduce medidas para mantener el dinamismo de la Economía. Según el congresista Juan Carlos Eguren, a estas alturas del año pasado, se había ejecutado el 47% del presupuesto. Ahora vamos en 41%. Y Puno, el gran fortín humalista, se encuentra en el sótano de la tabla con apenas 13% de ejecución.
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