Asesinado a los cuarenta años de edad






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saliendo en la década de los noventa de las dictaduras antipopulares de Seguridad Nacional (Brasil, Argentina, Chile, etc.) que expresaron unilateralmente el dominio de grupos empresariales y militares, estos últimos a la cabeza de los gobiernos y practicando sistemáticamente el terror de Estado. El componente militar daba asimismo a las dictaduras un carácter anticivil que podía o no focalizarse contra los sectores populares, especialmente los organizados, o extenderse a la mayor parte de la población, exceptuando a los grupos opulentos y prestigiosos.

    La Carta expresa básicamente la voluntad de los civiles organizados en partidos de no permitir que los militares prolongaran su incidencia como fuerza política tras bastidores o directamente. La intención fue subordinarlos al mando político civil, impedir su chantaje y bloquear sus golpes militares. La pretensión civil no podía resolverse nacionalmente. Tenía que ser una declaratoria de la OEA porque ello, además de expresar un sentimiento hemisférico, comprometía a Estados Unidos o al menos lo llevaba a dar una señal hemisférica (que, por supuesto, no tiene por qué cumplir como lo mostró el intento de golpe de Estado en Venezuela (2002)). Esta voluntad civil solo fue adversada por los sectores más conservadores de América Latina que siempre han visto a los aparatos militares como el ‘brazo armado’ que defiende ‘su’ orden. Pero, en el período, carecieron de fuerza para paralizar la Carta Democrática Interamericana. Ésta debe ser vista como una mezcla de temor y revancha. Como una especie de seguro incierto para los grupos partidistas dominantes. Por supuesto la Carta no contiene ningún aspecto que favorezca directamente a los sectores populares.

    Es bueno recordar aquí que el actual Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, debió permanecer 15 años en el exilio por su participación en el gobierno de Unidad Popular en Chile. No requiere de ningún estímulo ideológico particular, aunque puede tenerlos, para rechazar las acciones empresarial-militares que él debió padecer, y levantar con fuerza la bandera de la legitimidad perenne de los gobiernos encabezados por civiles y que son resultado del sufragio universal y periódico.

    Pero la sensibilidad anterior inmediata a la proclamación de la Carta Democrática no solo se nutría de esta revancha civil contra las acciones militares, sino también del Consenso de Washington. Aunque se trata de una invención periodística, el denominado consenso era el enunciado de un programa de consolidación del esquema neoliberal al que adhirieron, durante los dos primeros tercios de la década de los noventa, la mayor parte de los gobiernos civiles latinoamericanos. Básicamente los regímenes democráticos que acompañan este esquema servían para mejorar la imagen en Derechos Humanos (principalmente por el cese del terror de Estado) y para administrar internamente los desafíos de la globalización con esquema neoliberal. Los países que se señalaba como particularmente “éxitosos” dentro de esta fórmula eran los de Argentina (Menem), México (Salinas de Gortari) y Chile (Aylwin/Frei)). De estos “éxitos” solo ha sobrevivido el último. El Consenso de Washington centralmente contiene medidas de saneamiento de las finanzas públicas, combate a la inflación, desregulación, privatización y captación de inversión directa extranjera, todo ello para conseguir crecimiento económico. El gasto social queda supeditado al comportamiento de la economía, que, a su vez, es función de la acumulación global de capital. La lógica del modelo produce ganadores y perdedores tanto entre clases sociales como al interior de estas clases o sectores.

    Este último factor hace que el régimen democrático (entendido restrictivamente como “ganar las elecciones”) pueda ser asumido subhemisféricamente como posicionarse ventajosamente en el Gobierno y en el Estado para obtener ventajas especiales en el sistema mundial de acumulación (“buenos negocios compartidos” y “alianzas estratégicas”). La lucha por estos posicionamientos que entregan ventajas especiales puede llegar hasta el gansterismo, como lo enseña la experiencia de Menem en Argentina. El Consenso de Washington no crea el patrimonialismo y clientelismo del Estado latinoamericano, pero los refuerza y les entrega nuevos caracteres: debido a la apetencia por los “buenos negocios”, ahora globales, se lucha por las reelecciones o continuidades con fiereza “democrática”. En algunos casos, y como alcances de las pugnas internas, los expresidentes, como Salinas de Gortari (México) o Figueres Jr. (Costa Rica) deben abandonar sus países y residir en el extranjero para no excitar "venganzas" legales o de facto. Desde luego se trata de un esquema radicalmente corrupto y para nada democrático. Pero es la forma de 'régimen democrático' que se ha dado, con las variantes propias de cada situación específica, América Latina.

    Este segundo factor también exige la profesionalidad de los aparatos militares, o sea su subordinación a los “buenos negocios” pactados por los civiles. Su salida de los escenarios políticos es asimismo su expulsión de los espacios económicos. No es para nada extravagante que la declinación del prestigio del senador vitalicio chileno Augusto Pinochet se haya seguido no de sus violaciones brutales de derechos humanos (defendidas por muchos hasta hoy), sino del enriquecimiento personal y familiar ilícito por haber sido conseguido desde su posicionamiento como gobernante siendo militar (es decir un servidor, no alguien que se sirve. Esto último queda reservado en el modelo para los civiles).

    El punto es particularmente intenso y conflictivo en la situación centroamericana. En la zona, en efecto, los militares de Guatemala, El Salvador y Honduras (y en menor medida en Nicaragua) transitaron desde su función 'tradicional' de brazo armado de la oligarquía a constituirse como un sector relativamente autónomo de esta oligarquía. Esto quiere decir que competía y con éxito en los “buenos negocios” con la ventaja de poseer, además, el monopolio de los procedimientos e instrumentos de guerra. En la década de los noventa este posicionamiento militar fue erosionado y permanece fuerte solamente en Guatemala. Cuando Micheletti llama a los militares hondureños a “salvar a la patria” recuerda inmediatamente a los “políticos civiles” la historia del aprendiz de brujo que reabre el escenario político a fuerzas que podrían resultar incontrolables. El repudio es, entonces, fulminante. Y, como se ve, tiene poco de “democrático”. La OEA tiene perfectamente claro que en Honduras ningún bando disputa ‘la’ democracia. Lo que se juega son los “buenos negocios”. Y esto quiere decir, se juega en serio.

    Digamos, todavía, que la Carta Democrática Interamericana no contempla, además de la expulsión, ninguna otra sanción para una administración golpista. Cualquier otro castigo tendría que ser una acción unilateral de uno o varios Estados o seguirse de un pronunciamiento generalizado de la Asamblea General (lo que es poco probable). Este pronunciamiento crearía escisiones al interior de la OEA y enrarecería las relaciones internacionales hemisféricas y globales. Por supuesto, si Estados Unidos se opusiera (o incluso se abstuviese) cualquier pronunciamiento resultaría no factible o extremadamente difícil de cumplir.

    Los golpistas hondureños tienen claro esta inanidad de la OEA y por esto insisten en denunciar la injerencia chavista en Honduras y, en las últimas horas (2 de julio) en señalar que podrían “adelantar” las elecciones. En el contexto descrito, acceder a las diversas posibilidades de esta propuesta sería para ellos un triunfo. Y ese triunfo está dentro de lo factible.

    4.- El golpe es una acción (conspirativa) empresarial- funcionaria-militar-clerical

    Residir en Costa Rica, para efectos de una comprensión centroamericana, tiene sus ventajas. El país combina un carácter agresivamente conservador (cavernario muchas veces) con un cuasi monopolio de los medios masivos. Esto, y la ausencia de oposición social, hace que las voluntades políticas reaccionarias se puedan seguir fácilmente mediante la lectura de los titulares, gacetillas periodísticas y páginas de opinión tanto de los principales medios impresos como de las televisoras con mayor cobertura.

    Por citar un ejemplo pertinente, el reciente golpe militar en Honduras fue anunciado en editorial del medio impreso de mayor circulación en el país dos días antes que se produjera. Es decir, la red de empresarios centroamericanos estaba en la jugada. Bajo el título de “Abismo en Honduras”, el editorial persigue concluir dos tesis y adelantar una situación hipotética: la situación hondureña “(…) supera en riesgo y arbitrariedad hasta las peores tácticas de Hugo Chávez, de quien Zelaya pretende ser un discípulo” y “Si (…) se rompe el orden constitucional hondureño, no habrá duda de que el propio Presidente (Zelaya) ha sido el culpable”. La fracción de ‘conclusión’ hipotética consiste en indicarle a Zelaya, desde Costa Rica, lo que debe hacer: “(…) si a Zelaya le quedara alguna dosis de sensatez y sensibilidad debería (…) dedicarse, en los meses que le restan como Presidente, a reparar algunos de los inmensos daños que le ha causado a Honduras.” (La Nación, 26/06/09). La amenaza es clara: retrocede, no hagas olas en tu favor, y quizás no te haremos daño. Tony Soprano no podría haberlo dicho más claro.

    El editorial mismo se configura mediante semiverdades, exageraciones grotescas y un posicionamiento que evita referirse a lo que resultaba legal o ilegal, o sea democrático, en Honduras. De esta manera las iniciativas de Zelaya, su deseo de hacer una consulta no vinculante, son idénticas o simétricas a las acciones de los ya concertados golpistas, la oposición frontal del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, o los ‘temores’ de la Conferencia Episcopal. Ya señalamos que si esta voluntad de Zelaya resultaba ilegal, o se sospechaba de su legalidad, pues debía haberse seguido contra su acción, no contra él (o al menos no inmediatamente contra él) el recurso jurídico pertinente. Pero la legalidad, en un Estado de derecho, no es asunto de “declaraciones” o de presumir “intenciones” o “riesgos”.


    En los días inmediatos posteriores al golpe de Estado, y como desde fuera de Honduras se percibe que la acción golpista tiene las características de un error político que puede debilitar el espacio de “los buenos” demócratas que desean devolverle la paz a los hondureños y asestarle una derrota a Chávez, un ‘analista’, exdirector del periódico y propagandista de la Sociedad Interamericana de Prensa (reúne a los propietarios de medios y a directores de confianza), hace una paráfrasis o refrito del editorial ya citado, pero agrega un nuevo elemento para la ‘simetría’ entre Zelaya y los golpistas: la impunidad para los últimos. La propuesta es, vuelve Zelaya (a no hacer nada, según se ha visto), pero no se castiga a los golpistas: “Su restitución (de Zelaya) debe darse, pero en el marco de un entendimiento aceptado por las partes y verificado por árbitros externos”. Le establece además condiciones a Zelaya: “El mínimo necesario es que Zelaya deponga sus ímpetus de reelección, “refundación” o cualquier cosa que huela a Constituyente, reconozca que carece de potestades para imponerla y acepte los ámbitos de competencia del Congreso, la Corte y el TSE” (LN: 30/06/09). Con los golpistas, excepto los militares, es más benévolo: Congreso, Corte y TSE (es decir las instituciones que avivaron el golpe) “deberían anular las decisiones golpistas y reconocer la arbitrariedad de sus actos; los militares, volver a sus cuarteles y exponerse a las sanciones que correspondan.” Es decir, borrón y cuenta nueva. Encierro e inanidad total para Zelaya e impunidad total para Micheletti y demás actores golpistas, incluyendo el Congreso, la Corte y el TSE. Castigo (‘sanciones’ escribe el melifluo analista) solo para los militares. Ya hemos explicado por qué. Solo que después de su protagonismo mesiánico en el golpe habría que consultarles a ellos si consienten en ser crucificados.

    Sin embargo el articulista agrega otra pieza a la incoherencia con que pretende “salvar” a los golpistas. Afirma que Honduras carece de una institucionalidad democrática, lo que es efectivo (pero tampoco la poseen ni Guatemala ni Costa Rica, por citar otros dos países centroamericanos): las ‘condiciones de solidez democrática, claridad sobre las funciones y límites de los poderes estatales y apego a la legalidad no existen en Honduras’. Aunque él no lo sepa, está diciendo que en Honduras no existe Estado de derecho, aunque se haya dado una letra constitucional, y no existe porque su institucionalidad política es oligárquica y aquí sí, en un marco oligárquico, Zelaya, delirante o no, los desaforados golpistas michelettianos y los militares represores y asesinos tienen sus ‘razones’. Pero la cereza del pastel es que el ‘analista’ que señala la inexistencia de un Estado de derecho en Honduras propone que el error golpista (por el rechazo internacional) lo resuelvan las instituciones que sirvieron como base y corazón de ese golpe: empresarios, medios, iglesias, Congreso (¡!), TSE (¡!) y Poder Judicial (¡!). Recordemos solo que Micheletti, la cabeza del golpe, es o era Presidente del Parlamento (así le llaman en Honduras).

    Finalmente, el escribidor local de los grandes empresarios periodísticos no puede dejar de tirar mandobles a quienes sus patrones odian: “La comunidad internacional, por su parte, debe hacer a un lado el ALBA e involucrarse mediante instancias legítimas y confiables, como la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA), la Organización de Estados Americanos (OEA) o el Grupo de Río”. La idea/intención es clara: dividir la OEA en ‘buenos’ y ‘malos’, como si el ALBA (a algunos de cuyos programas Costa Rica ha peleado por ingresar) fuese ilegítimo. Y en cuanto a confiabilidad, ningún extraterrestre democrático y decente confiaría en la OEA. Lo decente y lo obsceno, por el momento y quizás siempre, son cuestión de perspectiva.
Ahora, ¿quién concede la ‘legitimidad’ en América Latina? ¿La Sociedad Interamericana de Prensa? ¿Alguna Conferencia Episcopal? ¿El Grupo de Río mencionado por el analista? De este último forman parte ‘legítimamente’ Ecuador, Venezuela, Bolivia, Honduras (¿quién lo representará, Zelaya o Micheletti?), Nicaragua y ¡¡Cuba!! O sea todo el Eje del Mal. ¿Sabe de lo que habla esta intelectualmente paupérrima ficha de los empresarios adinerados? Por cierto, en el Grupo de Río figuran asimismo Colombia (sin comentarios sobre su ‘legitimidad’), México (hoy llamado Estado frustrado o fallido), Paraguay (una mezcla de mafias y curas ‘benditos’ por el oportunismo), Guatemala (que hace mucho debió ser expulsado de Naciones Unidas y bloqueado por genocidio). Estos ‘demócratas’ tal vez son los que contrarrestarán al "Eje del Mal" en el Grupo de Río.
Solo como anécdota señalemos que el hombre de la SIP en Costa Rica no realiza ninguna mención, absolutamente ninguna, a la censura de los medios de comunicación (y hasta donde se puede a los corresponsales extranjeros) en Honduras. Ni tampoco a la autocensura (dicen ellos) que se imponen los medios que desean seguir circulando. El ‘régimen de Micheletti’ intenta pacificar Honduras no solo mediante la represión militar (que los manifestantes opositores valoran sangrienta), sino evitando que la población acceda a cualquier información que no sea la del régimen golpista que busca prolongar, sin cambio ninguno, el régimen oligárquico hondureño. Ligeramente bizco, el man. Aunque en su bizqueo, no está solo.
Todavía falta aquí otro ‘detalle’ costarricense en este apartado para que se complete la caracterización ideológica elemental del golpe hondureño: los gobiernos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en parte por la condena internacional y en parte por el temor a una guerra civil en Honduras con incidencia sobre sus territorios, decretaron un cierre comercial de 48 horas de sus fronteras con ese país. Los exportadores de Costa Rica protestaron de inmediato porque perjudicaba sus negocios (no dieron cifras por aquello de los impuestos). ¡48 horas en que sus mercancías no pudieron circular! Pero lo interesante son las declaraciones del Ministro de Comercio Exterior costarricense: “(…) estoy asombrado de que se haya usado esta medida. Es una medida sin precedentes en Centroamérica (…) Tiene implicaciones legales, pero además éticas ¿Cómo va usted a dejar sin leche a los niños de ese país por un asunto político?” (LN, 03/07/09).
Se puede hacer retórica y demagogia invertida con esa declaración: “¿Cómo se va a dejar sin derechos humanos y sin Estado de derecho a los hondureños por vender y ganar dinero? El Ministro costarricense es obviamente un empresario capitalista. No le interesa que los niños hondureños beban leche, sino que la compren y a precios de oportunidad, por la crisis. Mejor si hay guerra civil, porque los precios se disparan. Con independencia de la demagogia, en Honduras el 38% de los niños sufre desnutrición con incidencia grave en su salud mental y en su crecimiento. Se lo deben no al descuido de sus padres humildes, sino al dominio oligárquico/empresarial/cristiano que determina quien come y quien no en ese país. El dominio oligárquico es un fenómeno político y económico. El Ministro de los Empresarios Costarricenses podría preguntarse: ¿Cómo hemos permitido que una situación económico-política-cultural frustre la salud y existencia de los niños hondureños? Y habría podido terminar, con apesadumbrada coherencia: “Esto tiene implicaciones éticas”.
Pero el Ministro no repara en esto. Para él solo tiene implicaciones éticas el que los empresarios que él unilateralmente representa hagan circular sin trabas y vendan sus mercancías a quien pueda pagarlas. Lo ético se resuelve en tener dinero y, sobre todo, en acumularlo. Esta es la sensibilidad empresarial, desnuda. Como se advierte, tiene sus ventajas residir en Costa Rica. Desde aquí es fácil advertir lo que efectivamente pasa en el área. Pero el ‘área’ no es sino un lugar transparente, por ausencia casi de oposición, del continente. Y quizás del mundo.
Un alcance. En el adocenado imaginario del Ministro costarricense lo comercial (económico) no tiene nada que ver con lo político. Es decir, muchos empresarios participan del golpe, lo apoyan, pero a la hora de que la resistencia social y política a él perjudica sus bolsillos, entonces reclaman que la política no debe interferir con la economía. Se trata de un grosero y codicioso imaginario escindido en estancos y desde el cual resulta posible invisibilizar culturalmente las necesidades humanas de la población más vulnerable. Población que, cuando se trata de Honduras, hemos mencionado, comprende a un 60% de su gente. Aquí, respaldando ‘éticamente y metafísicamente’ este imaginario de escisiones interesadas, es donde ingresa una 'espiritualidad' clerical que declara que estas necesidades serán satisfechas, siempre que se respete el 'orden', allá en Cielo.

Creo que estas señales son suficientes para introducir al sentido de la expresión que caracteriza el golpe hondureño como oligárquico/empresarial-militar y clerical. Sería importante que quienes se oponen, desde el punto de vista popular, al golpe, lo asumieran.
Un énfasis en un detalle de este cuadro. En América Latina las rupturas institucionales cuentan con el respaldo de instituciones clericales. Así, por ejemplo, el golpe militar que expulsó a Perón o los que abrieron las dictaduras empresarial-militares de Seguridad Nacional. Fue el cardenal de Nicaragua quien lideró la oposición al gobierno sandinista cuando algunos de sus dirigentes intentaban hacer un gobierno para los sectores populares. El mismo factor clerical concurre hoy en Honduras. Las iglesias, en especial la católica que es la mayoritaria y la más internalizada por la población como referente cultural, deben ser indicadas claramente como factores golpistas y reaccionarios. Se debe señalar su responsabilidad, que es política, social y ética. Y cuando corresponda, por desgracia nunca o casi nunca, debe exponerse esta responsabilidad y sancionar a sus personeros involucrados y, si es del caso, a sus instituciones, no por ser iglesias sino por reaccionarias. El siglo XXI es ya suficientemente tarde como para seguir dejando en la invisibilidad que los principales factores culturales de la caverna latinoamericana son el temor y las iglesias. Seguro existen excepciones, pero carecen de peso estadístico.
5.- Globalización, acuerdos de paz y golpe militar en Honduras
Todavía resulta necesario enfatizar algunos aspectos políticos locales del entorno más amplio en el que se inscribe el golpe militar hondureño del 2009, la globalización. Cuando el proceso globalizador llega a América Latina, década de los ochenta, América Central era el escenario de una guerra de Baja Intensidad y de una guerra guatemalteca cuyo factor causal común más próximo era la apropiación oligárquica y extranjera de los beneficios del crecimiento económico. Más específicamente, el conflicto era atizado por la instalación de un gobierno sandinista en Nicaragua y la eventual extensión de este triunfo popular a El Salvador. Por supuesto y en sus diversos frentes el choque se revestía con los motivos ideológicos de la Guerra Fría, todavía vigente en el período. Se enfrentaban, pues, ‘la’ democracia y ‘el’ comunismo. Y era una guerra total. Como corresponde, participaba en ella la superpotencia del hemisferio, Estados Unidos. Y como a esta guerra la administración Reagan le atribuía alcances geopolíticos estratégicos (quiere decir sobre su dominio en el planeta), pues los países centroamericanos fueron ‘aislados’ de los efectos de la globalización. Sus sectores oficiales recibieron ayuda militar y económica y el área no acusó frontalmente los golpes del “libre comercio” y las privatizaciones.
Las guerras (crueles, devastadoras) terminaron con acuerdos de “paz” político-militares, pero sin estipulaciones sociales y culturales que favorecieran cambios de voluntad que permitieran construir esa paz (a la que se valoró más bien como un descanso de la guerra). El área siguió en lo mismo, con alguna variante no puramente cosmética, que había desencadenado los conflictos armados. Pero a la guerra social y espiritual, que era la tradición, se le había agregado ahora la violencia que trae consigo el libre comercio en sociedades con dramáticos principios de exclusión. Dicho escuetamente, la globalización actual acentúa todavía más la precariedad de la fuerza de trabajo (la fragmenta, desmoviliza, la torna trashumante, le quita horizonte de esperanza, etc.) y, con mayor vigor, la existencia cotidiana de los sectores excluidos de los mercados. Acentúa por desgaste la vulnerabilidad de las poblaciones humildes y también el atractivo de los recursos naturales en que se asientan. Se crea un ethos de rapiña. Las ‘maras’, resultado entre los más humildes de la descomposición social, tienen su contrapartida en las fracciones de los grupos opulentos.
América Central se transforma así, con la concurrencia de otros factores, en un espacio privilegiado para la inversión directa extranjera (que gesta enclaves y acentúa la desagregación y polarización sociales) que aprovecha la cercanía del mercado estadounidense, la fuerza de trabajo numerosa y castigada, la legislación de papel y la desagregación interna del área. En el límite, cada país acuerda ‘como región’ un Tratado de 'Libre Comercio' con Estados Unidos “negociado” a la carrera y, en la práctica, unilateral y oligárquicamente. Esto último significa husmeando solo los beneficios de corto plazo. Y para minorías. El Tratado tiene efectos estructurales. Se notarán a mediano plazo. Pero también genera efectos situacionales inmediatos.
De estos últimos, el que interesa destacar aquí es que la región se abre todavía más a los “buenos negocios compartidos” que obviamente, por aquello de un ‘capital humano’ al que se desprecia, no se extienden para beneficiar a los sectores más desprotegidos. Es tiempo de mejores, aunque pocos, ‘buenos negocios’. No existe oportunidad ni voluntad para mejorar las condiciones sociales de una población que ni produce con eficiencia ni consume con la opulencia que requiere la acumulación global.
Mejores, aunque pocos, buenos negocios. Son las condiciones para otra guerra, además de las ya indicadas. Se trata de la disputa al interior de las oligarquías para situarse en posiciones que permitan estar a la cabeza cuando los buenos negocios aparezcan. Se intenta apartar a los militares. Pero después se entra en la pugna de grupos o sectores. Hay que correr y atropellar (o destruir) para ganar el gobierno. Hay que correr y atropellar para “modernizar” y jefear las negociaciones. Hay que estar necesariamente en la banca. Hay que situarse para recibir las coimas, chantajes, comisiones, para establecer alianzas. Es la guerra. Y se debe tornarla compatible con las instituciones democráticas apenas estrenadas. No resulta factible.
Junto a los buenos negocios ‘legales’, como las Zonas Francas, por ejemplo, o la agroindustria liquidadora de los suelos, o la maquila industrial, se instala asimismo en el área un gran/buen negocio ilegal: el narcotráfico con asiento colombiano y mexicano principalmente. Es una de las formas más duras y amplias del crimen organizado. Las sociedades centroamericanas, manejadas por oligarquías romas, avariciosas y enfrentadas, facilitan la penetración de las organizaciones mafiosas. No llegan aquí por gusto, sino porque después del 11 de septiembre del 2001 se ha dificultado el ingreso de sus productos al mercado estadounidense, el Gran Comprador. Hay que tornar compatible la penetración degradante del narco (y la costosísima simulación de que se lo combate con denuedo y eficacia) con las instituciones ‘democráticas’. No resulta factible. ¿Qué se hará entonces? ¿Cómo se procederá?
El golpe oligárquico/empresarial/militar/clerical de Honduras se inscribe también en este complejo proceso básico de corrupción, venalidad y degradación que ha llevado a la total descomposición de Guatemala y a llamar a México, el coloso extra-área, “Estado frustrado”. Peculiarmente, pero sin paradoja alguna, gran parte del ‘vigor’ de los actores locales en la pugna hondureña (Micheletti acaba de avisar (04/07/09) que retirará a Honduras de la OEA, lo que no es jurídicamente factible puesto que él no es reconocido como autoridad hondureña), se sigue de este proceso radical de descomposición que, por desgracia, muestra aún solo sus efectos iniciales.7
SECCIÓN SEGUNDA
CUESTIONES LATINOAMERICANAS DEL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS 8


Antecedente
El golpe de Estado de junio/julio en Honduras pone en evidencia la fragmentación y descomposición social y política de la región centroamericana tras algo más de una década de vigencia de “acuerdos de paz” que fueron tensionados negativamente por la apertura de América Central a la lógica de la globalización y la incapacidad de sus sectores dominantes para avanzar mínimamente condiciones que mejoraran la situación de mayorías desagregadas muchos de cuyos sectores mal mueren por su vulnerable o precario acceso al nuevo carácter de los mercados.
Esta situación social básica se ve agravada por la tendencia de la geopolítica y política estadounidenses a militarizar los conflictos (narcotráfico, migraciones no deseadas, por el momento) y a hacer del área un instrumento de su política de “mercados libres”, para el capital tras el fracaso (2005) de su iniciativa para conformar un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La presión estadounidense se agudiza por la aparición en el subcontinente tanto de procesos de integración regional y nacional con contenido popular (ALBA, Bolivia, principalmente), como por la búsqueda tibia de una integración política y comercial regional (UNASUR, 2004-2008) y, en menor medida, por los triunfos electorales de los frentes sandinista y farabundista en Nicaragua y El Salvador. Los procesos integradores al menos trizan, con fuerza diversa, el Consenso de Washington que pareció avisar una pax americana en la transición entre siglos. La hegemonía estadounidense, derivada del final de la Guerra Fría, contemplaba gobernantes civiles electos e instituciones propias de democracias restrictivas (que invisibilizan las necesidades y requerimientos sociales populares) que obtuvieron su sanción internacional en la Carta Democrática Interamericana aprobada por la OEA el año 2001.
Esta Carta había sido desafiada frontalmente por un golpe de Estado en Venezuela (2002) en el que participaron cámaras empresariales, empresas de televisión, el aparato clerical católico, sectores sindicales y una parte de las Fuerzas Armadas. La administración Bush apoyó el golpe de Estado y resintió su derrota como un fracaso. Sin embargo, reconfiguró su política injerencista en la región proponiendo en la OEA un plan para “monitorear” el carácter ‘democrático’ de los gobiernos latinoamericanos e intensificando su presencia directa mediante el llamado Plan Colombia.
En este contexto, y en un país en el que la organización popular y ciudadana se encontraba debilitada tanto por la precariedad de la economía como por la represión sistemática, se da el golpe de Estado en Honduras. Su progresión indica que lo resisten sectores ciudadanos y organizaciones populares (reciben acoso y desnuda represión a cambio) y que el golpe ha transitado de lo que pareció inicialmente una pintoresca riña interna a una señal de lo que podría ser una nueva etapa de gobiernos o restrictivos o autoritarios en América Latina, gobiernos en los que las elecciones y decisiones políticas están ya previamente resueltas por las variables necesidades de la alianza entre acumulación global y dominio geopolítico y oligarquías y neoligarquías dependientes ‘locales’.
1.- Relaciones entre Estado de derecho, régimen democrático de gobierno, sociedad oligárquica y globalización
Las instituciones de un régimen democrático moderno tienen su asiento en un Estado de derecho. Este último debe garantizar, con independencia de otros factores que no pueden considerarse aquí9, el imperio de la ley (en su alcance jurídico positivo) y el reconocimiento de derechos fundamentales o ‘humanos’ para la población. El segundo punto puede relativizarse por situaciones excepcionales contempladas jurídicamente, pero el primero es insoslayable. Sin Estado de derecho no existe régimen democrático. Por ejemplo, los dirigentes golpistas hondureños anuncian que podrían “adelantar” elecciones para que un nuevo mandatario tenga el respaldo directo del voto ciudadano, pero ese voto lo controlarán instituciones o funcionarios que orquestadamente contribuyeron al golpe de Estado, de modo que, si lo desearan, podrían ignorar su resultado, falsearlo, u orquestarlo como un fraude antes de las urnas o durante los comicios o, incluso, como ya lo hicieron, después del resultado electoral. Los “engañados” en este fraude tendrían que recurrir a estos mismos golpistas civiles y militares para que sus reclamos fuesen escuchados. No resulta así, en estas condiciones, factible ‘legitimar’ los procesos electorales ni sus resultados10 La razón es que en un Estado de derecho ningún ciudadano o institución está por encima de la ley y por ello no puede actuar arbitrariamente o con derecho prerrogativo y quedar impune. Nótese: puede actuar como se le ocurra, pero no debería quedar impune. Que quede sin sanción, y además se jacte públicamente de ello, es señal de que no existe Estado de Derecho.
Ahora, constituye una polémica que en América Latina se den Estados de derecho. Las razones básicas son: a) el Estado está constituido y se expresa mediante una lógica patrimonialista o mercantilista. Esto quiere decir que está “secuestrado” por un grupo o grupos que lo utilizan para beneficiarse. No tiene, por tanto, como referencia un “Bien Común” o una ley básica y vinculante para todos, sino intereses particulares presentados, defendidos e impuestos como universalmente deseados; b) la lógica patrimonialista determina políticas públicas clientelares. Las ‘clientelas’ de los grupos que han secuestrado el Estado para su beneficio son económicas (grupos transnacionales y locales), políticas, ciudadanas, sociales y culturales. Estructuralmente, el carácter del poder de Estado, o sea su ejercicio, beneficia a minorías que determinan necesariamente “clientelas” de diverso tipo que acceden a granjerías estatales y gubernamentales en tanto clientelas privadas y no por su condición ciudadana. Las clientelas se gestan principalmente en relación con ‘buenos negocios’, adhesión electoral (cuando existen comicios ciudadanos) y social, y necesidades de reproducción del sistema (aparatos armados, poder judicial, iglesias, medios masivos, identificaciones inerciales). Un Estado oligárquico, patrimonialista y clientelista obviamente no es un Estado de derecho, cualesquiera sean su división formal de poderes, letra jurídica o la ‘transparencia’ de la vía electoral con que son “escogidas” sus autoridades. En el menos malo de los escenarios, la existencia efectiva de fuerzas y tendencias dispuestas a erradicar el carácter clientelar y patrimonialista del Estado y del régimen de gobierno, y con capacidad para acceder a ellos, sería una señal de la posibilidad de este Estado de derecho, no su realidad.
Este Estado oligárquico latinoamericano tiende a funcionar sin partidos políticos sólidos e ideológicos (no los requiere) y sin oposición explícitamente político-partidaria (las pugnas adquieren caracteres personalistas y siempre versan sobre intereses clientelares). El Estado resulta de esta manera sumamente ‘receptivo’ a los poderes de facto económico/financieros y al de los medios masivos y ‘culturales’ (que crean o pervierten imagen social). Por ello este Estado (aparatos, legalidad y funcionarios) no puede atender significativamente, en el doble sentido de escuchar y asumir, las demandas de la ciudadanía y de los sectores sociales que se insertan desventajosamente en los diversos mercados clientelares. Cuando el Estado atiende demandas ciudadanas lo hace mediatizándolas a través de su reductivo prisma patrimonialista/clientelar.
Un efectivo régimen democrático de gobierno demanda
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