Asesinado a los cuarenta años de edad






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AMÉRICA LATINA/HONDURAS
GOLPE DE ESTADO

Y APARATOS CLERICALES


dedicatoria


A la memoria de

Roque Dalton García

asesinado a los cuarenta años de edad

en El Salvador.
A quienes les son violados sus derechos

fundamentales en Honduras

por manifestar su oposición al golpe

de junio del 2009
______________________________________

Pase usted adelante General
y tomemos un trago de aguachirle
el destino está escrito en las paredes
la esperanza camina en palanquín al sol.

Mi ventaja es que tengo el corazón marsupial
me río a carcajadas de su fabulosa mazmorra.

Le presento a este feto cadáver
mudo como un pantano austral
hereje
en esta cofradía de patíbulo.

Siéntese en este cráneo de mamut


Lávese allí nomás
en el charco de sangre...
Roque Dalton (Aquelarre)


PRESENTACIÓN
En la madrugada del 28 de junio de este año 2009, un comando militar todavía no identificado secuestró violentamente al presidente hondureño José Manuel Zelaya, lo mantuvo cautivo por unas horas en una Base Aérea local y finalmente lo depositó, tras un corto vuelo, en territorio de Costa Rica. Junto a esta expulsión, otros contingentes militares detuvieron a algunos ministros de Gobierno y el Parlamento de ese país nombró como presidente provisional al diputado R. Micheletti. El conjunto de estas acciones, acompañada de una onda represiva, configuró un claro golpe de Estado. El golpe, político/empresarial, funcionario, clerical y militar, dejó en evidencia situaciones conflictivas de diverso tipo. En primer lugar, desde luego, la fragilidad y vulnerabilidad de la institucionalidad estatal y gubernamental hondureña, enteramente permeable a apetitos de grupos internos, transnacionales e internacionales e incapaz de resistir a sus presiones. En segundo término, la rigidez de la dominación oligárquica en esta fase de mundialización del capital. Uno de los factores que contribuyó a decantar el golpe de Estado de junio/julio fue el intento del presidente Zelaya por modernizar la economía-sociedad hondureña con el fin de tornarla más competitiva en el mercado global.

El golpe puso también en evidencia que la región centroamericana no ha recibido beneficios excesivos de los acuerdos internos de paz que, a inicios de los noventa, pusieron fin a los conflictos armados y guerras insurgentes de los ochenta. Dicho sumariamente, se firmó la paz pero no se tomaron acuerdos ni se pusieron en práctica ni menos institucionalizaron resoluciones económico-sociales y político-culturales que facilitaran sustentarla socialmente. De esta manera a su fragilidad y dependencia ‘clásicas’, con su costo de desagregaciones internas, ha añadido agresivos fenómenos de anomia y guerra como la gestación de “maras”, la consolidación del crimen organizado (principalmente narcotráfico, sicariato y la industria del secuestro) y la acentuación de su dominación oligárquica, ahora neoliberal, apenas maquillada por simulacros electorales en que una ‘ciudadanía’ casi inerme vota pero no elige.

En la región centroamericana se encuentran dos de las economías/sociedades más deficitarias de América Latina y el Caribe: Nicaragua y Honduras. La media de población que malmuere en estos países con menos de dos dólares de ingreso diario alcanza al 70%. Políticamente se mantiene un estricto dominio de minorías que ha llevado a la total descomposición de Guatemala, cuya violencia y amafiamiento internos compite bien con Colombia y algunas regiones de México, mientras Costa Rica, la economía más sólida del área y la de instituciones sociales y democráticas con mayor prestigio, parece haber entrado sin freno en un proceso de oligarquización miope, corrupto y voraz. Habría elegido el camino más largo, y también el con menos violencia abierta, para “centroamericanizarse”.

Por supuesto la región como tal carece de toda capacidad política interna para enfrentar y superar un desafío como el que supone el golpe de Estado. Políticamente ni siquiera se trata de una región sino de agregados de circuitos minoritarios de grosera opulencia, poder y prestigio. Todo ello autoconcedido y defendido con fiereza.

La carencia de respuestas internas, y un rasgo peculiar del contexto hemisférico, tornaron el golpe de junio/julio en Honduras en un suceso internacional. Las instancias principalmente comprometidas fueron la OEA y su Carta Democrática Interamericana (2001) y el gobierno de Estados Unidos cuya presencia e injerencia geopolítica, política y corporativa en Honduras posee ribetes escandalosos (Honduras es el país que más se acerca al “tipo ideal” de Banana Republic y Maquila Republic). Casi dos meses después del golpe, la OEA se encuentra debilitada y casi paralizada (exigió inicialmente el retorno inmediato de Zelaya a su cargo), lo que implica el debilitamiento de su Carta Democrática, y la administración Obama da largas a la responsabilidad de su país en el golpe y promueve, vía la ‘mediación’ de Costa Rica y guiños ambiguos, una salida pública negociada con entera impunidad para los golpistas.

Parece cerrada así la geopolítica de “buenos negocios hemisféricos compartidos”, propuesta para América Latina por la administración Clinton en la década de los noventa, a la que acentuó su rasgo de militarización de los conflictos y entera hegemonía ‘democrática’ americana la posterior administración Bush. La administración Obama parece dispuesta a acoger las bases de la herencia de sus antecesores pero otorgándole un nuevo giro: el retorno en condiciones específicas de golpes empresarial/militares que tornen más fluida la incorporación de los recursos latinoamericanos en el circuito de acumulación global de capital y que, en un mismo proceso, fortalezcan el control geopolítico de Estados Unidos en el subcontinente. La experiencia actual hondureña ya había sido ensayada en Venezuela (2002) con un resultado negativo por la resistencia institucional y popular al golpe. En este segundo intento, en el mismo momento que el gobierno estadounidense promueve la ‘negociación’ del golpe militar hondureño refuerza su posicionamiento e injerencia militar en América del Sur y México tomando como excusas el narcotráfico y la guerra insurgente. No se trata ya de “buenos negocios compartidos”, sino de monitoreo y control político y geopolítico directos.

La política de ‘buenos negocios compartidos’, que concede cierta autonomía al menos para algunos sectores de América Latina, y con ello la Carta Democrática Interamericana de la OEA, se dio en el marco del llamado Consenso de Washington. Agotadas y desplazadas las dictaduras de Seguridad Nacional, disuelta la Guerra de Baja Intensidad en América Central, y cumplidos, en el marco de acabamiento de la Guerra Fría, gran parte de los objetivos de ambas políticas, se abría para el hemisferio y la zona un período de pax americana que admitía las instituciones propias de democracias restrictivas (dominio tecnocrático de minorías, políticas sin contenido ciudadano ni social y elecciones). En lo que aquí interesa, estos regímenes ‘democráticos’ serían encabezados por civiles, respetarían formalmente derechos humanos y potenciarían los efectos prácticos del ‘pensamiento único’ que deriva todas las lógicas sociales de la dinámica del mercado capitalista global. La reproducción local del sistema utiliza el control gubernamental unitario (aunque tolera ciertas formas de descentralización), el contenido unidimensional de los medios masivos locales e internacionales y el simulacro electoral. Las ausencias requeridas necesarias para la reproducción del sistema son los partidos políticos ideológicos, el régimen de opinión pública, la soberanía ciudadana y la participación popular. Los militares deben retornar a sus cuarteles, olvidarse de su protagonismo político y económico y ocuparse de tareas específicas que no entren en conflicto con el interés geopolítico de Estados Unidos en la región.

Esta “pax americana” fue retada y trizada por procesos que culminaron en este inicio del siglo XXI al menos en tres eventos: el fracaso de la iniciativa para crear un Área de Libre Comercio de las Américas (1994-2005), el despliegue de una iniciativa bolivariana para la integración y desarrollo con contenido popular de América Latina y el Caribe (ALBA, 2004) y el avance de una iniciativa para articular política y económicamente América del Sur (UNASUR, 2004-2008, en curso). Ligados de diversas formas a estos procesos aparecen también en el área gobiernos ‘no deseados’ por el establishment regional en Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y El Salvador, a los que se agrega Cuba. Algunos de estos regímenes tienen en común exaltar la participación ciudadana y social en la conducción política de sus esfuerzos por producir naciones integradas (en ocasiones pluriculturales) que puedan acometer emprendimientos colectivos antioligárquicos. Precisamente el gobierno de José Manuel Zelaya se acopló, con las limitaciones propias de su realidad, a estos esfuerzos. Este vínculo, en especial su ligamen con Venezuela, ha sido una de las mamparas publicitarias utilizadas por los golpistas para explicar la ‘necesidad’ de su derrocamiento.

El golpe de Honduras parece abrir una nueva etapa en las relaciones interamericanas. Su “éxito” parcial o total es un aviso estadounidense a los gobiernos y poblaciones del área que interrupciones institucionales serán promovidas y sostenidas si los ‘buenos negocios compartidos’ sufren bloqueos o tropiezos, económicos o culturales, significativos. De estos golpes surgirán gobiernos civiles (temprano o tarde electos) con apoyo empresarial, tecnocrático y burocrático, el respaldo publicitario de los medios masivos locales e internacionales y la bendición de los aparatos clericales. Los circuitos militares y policiales (y eventualmente los grupos paramilitares) se harán cargo de la represión necesaria en cada caso (ella es función del carácter y fuerza de la resistencia ciudadana y social) pero su bajo perfil e invisibilización no permitirá caracterizar a estos regímenes como dictaduras que utilizan el terror de Estado. Se trata de una aplicación específica para América Latina y el Caribe de la doctrina de guerra global preventiva contra el terrorismo inaugurada por la administración Bush. Nuestro deseo es que lo que aquí describimos no ocurra. Pero ello demanda un trabajo de organización orientado a constituir mayorías políticas populares que, tal vez por la urgencia de cada momento, por ahora, se encuentra retrasado o no logra superar las dificultades propias de un punto de partida.

Los artículos contenidos en este libro breve fueron escritos y publicados en los meses de julio y agosto de este año. No intentaron ni intentan explicar la situación hondureña, cuestión que debe hacerse desde el interior de la resistencia popular en ese país, sino leer algunos de sus acontecimientos relevantes desde una perspectiva popular y latinoamericana. Por tratarse de una región, la centroamericana, en la que el dominio oligárquico y neoligárquico resulta nítido, se privilegió en este análisis el apoyo que los aparatos clericales del sistema de dominación acostumbran otorgar a la violencia tanto golpista como social en América Latina. La última sección de este trabajo inicia una discusión sistemática sobre este punto que argentinos, uruguayos, chilenos, venezolanos, cubanos, y bolivianos, de prácticamente todas las edades, entre otros, podrán ligar fácilmente con su existencia cotidiana que es, también política.

De aquí el título del conjunto “América Latina/Honduras. Golpe de Estado y aparatos clericales”. ‘Aparatos clericales’, como se explica más adelante, es una categoría de análisis y no puede ser asociada directamente ni menos identificada con fe religiosa, comunidades religiosas o temas como la existencia y el carácter de lo divino. Ninguno de estos puntos o temas es cuestionado en este esfuerzo de discusión.

Debo agradecer la idea de configurar este libro a Jonathan Pimentel, compañero de trabajo, y al editor de Perro Azul, Carlos Aguilar por la generosidad, en él y para conmigo proverbial, con que acogió esta empresa.

Helio Gallardo

Agosto 19 del 2009
SECCIÓN PRIMERA
NOTAS SOBRE EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS1
Referentes básicos

    Honduras es un país centroamericano fronterizo con Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Su población, más del 40% rural, es algo inferior a los 8 millones de habitantes. Es una de las tres sociedades más pobres de América Latina y el Caribe. Las otras son Haití y Nicaragua. El ingreso per cápita hondureño es de 2.793 dólares, pero propiedad e ingreso están muy mal distribuidos. En la mayor parte de este siglo en curso, Honduras ha acentuado las diferencias de ingreso entre el campo y la ciudad y entre los grupos más opulentos y los más pobres (el 20% más enriquecido de la población capta 33 veces más que el 20% más empobrecido; en Uruguay, por ejemplo, esta diferencia es de 10 veces). Casi un 60% de los habitantes está por debajo de la línea de pobreza y un 36.2% por debajo de la línea de pobreza extrema. Recientemente, en los años 2005-06, Honduras consiguió ser admitido en la iniciativa para los países pobres muy endeudados (FMI/Banco Mundial) y cumplió con los requisitos para acceder a los beneficios de la Iniciativa Multilateral de Alivio de la Carga de la Deuda. Forman también parte de este grupo, entre los países latinoamericanos, Nicaragua y Bolivia. Acceder a los beneficios de la Iniciativa implica quedar sujecionado a las políticas económicas de las instituciones internacionales que la administran.

    Las diversas formas de poder social en Honduras tienen su eje interno en unas 13 familias opulentas en relación con las cuales se mueven, con diferentes matices, las instituciones del Estado, los ‘poderes’ judicial y legislativo, los principales medios masivos, la jerarquía clerical y hoy, de nuevo, las Fuerzas Armadas. Se trata de un régimen señorial, oligárquico y ‘cristiano’ (cuyo otro eje es la inversión extranjera y el flujo económico internacional que incluye las remesas de emigrantes) que se presenta como un Estado de derecho y realiza periódicamente, desde inicios de la década de los ochenta (legislativas en 1980, presidenciales en 1981), elecciones que se valoran, y su población saluda, “democráticas”. Honduras es una de las ‘democracias’ implantadas por Estados Unidos en América Central en la década de los ochenta en su esfuerzo por aislar y debilitar los impactos de la revolución popular sandinista en Nicaragua y el progreso de la lucha revolucionaria armada en El Salvador. Por supuesto su vida social y política nada tiene que con igualdad ante la ley (Estado de derecho), igualdad de participación e igualdad de riqueza que, como tendencias, podrían considerarse básicas para un régimen de gobierno democrático o para una sociedad democrática. Esto quiere decir que la ¿cuestión democrática’ no constituye el núcleo de los desafíos planteados por la crisis de junio-julio del 2009, desafíos potenciados por un golpe de Estado contra su presidente Manuel Zelaya. No lo es centralmente porque en Honduras nunca han existido las condiciones sociales ni políticas que posibilitan una institucionalidad democrática efectiva o al menos anuncian el camino hacia ella.

    Con independencia de su carácter oligárquico, ‘cristiano’ y su tradición dictatorial, aunque vinculada a estos factores, la sensibilidad política de los grupos dominantes en Honduras sería cómica si no fuese por sus efectos sociales dramáticos. En los años 80 del siglo recién pasado se cultivó la idea de pasar a ser un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, tal como Puerto Rico. Como la ocurrencia no prosperó en el país que debía aceptar el regalo (administración Reagan), en los noventa se abrazó, por los “partidos” Nacional y Liberal (son solo nombres para apetitos) el modelo neoliberal, lo que inevitablemente concentró aun más la riqueza y aumentó el empobrecimiento de los sectores vulnerables al mismo tiempo que enflaquecía a sectores medios. El esquema ‘tecnócrata’ (es solo otro nombre) tuvo sin embargo un logro: abolió, hacia la mitad de la década de los noventa, el servicio militar obligatorio y buscó reestructurar las Fuerzas Armadas para que dejaran de ser un sector relativamente autónomo de clase y se refuncionalizaran como el “brazo armado” del poder oligárquico. Por supuesto, esto no las hace más profesionales, pero les quita capacidad para disputar los buenos negocios o apoderarse de ellos. Las reformas en la institucionalidad militar culminaron en 1998 con una cláusula constitucional que determina al Presidente hondureño como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Los militares que hace unos días (28 de junio) asaltaron y capturaron al Presidente en ejercicio de su país, para luego expulsarlo de Honduras, “no podían hacerlo” (en términos normativos) porque éste era, en una institución de mando vertical, su máximo jefe. Solo podrían haber actuado así si él (el Presidente Zelaya) se los hubiese ordenado. O si deseaban romper la institucionalidad. Situación que, en efecto, consumaron.

    La economía hondureña es una economía muy abierta centrada en la exportación de productos agrícolas (café, banano, caña de azúcar, madera) y manufacturas. Esto la torna extraordinariamente vulnerable no solo a una crisis recesiva global (o estadounidense), sino a presiones económicas determinadas por razones políticas, como la suspensión de giros que resolvió realizar el Banco Mundial debido al golpe militar y empresarial. De hecho, si los países centroamericanos, Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial, resolvieran cortar todo tráfico con Honduras, excepto ayuda humanitaria, tanto la economía como los aparatos militares hondureños se desquiciarían aceleradamente. Honduras es extraordinariamente sensible a su entorno internacional y carece de la capacidad para crear escenarios alternativos si éste se torna abiertamente hostil. El capital extranjero (Zonas Francas) aposentado en su territorio sería incluso un potencial aliado de un bloqueo (o huiría) debido a la disparidad de fuerzas en pugna.
Honduras es uno de los países ubicados en la Cuenca del Caribe. Esta cuenca es valorada geopolíticamente por Estados Unidos como una de sus fronteras estratégicas. Es un área particularmente sensible por tratarse de una frontera marítima y porque por el Mar Caribe se mueve una parte significativa del comercio estadounidense, del tráfico de drogas que EUA dice querer combatir y porque constituye, además, un espacio que podría proveer importantes reservas de petróleo. Históricamente y para atender su control estratégico (quiere decir las condiciones para la reproducción de su dominio mundial) en la zona, EUA mantuvo bases militares y de espionaje en Puerto Rico, Cuba, y Panamá. Ha abandonado las de Panamá (1999) y Puerto Rico (2004), aunque sin perder en este último país las facilidades de espionaje y adiestramiento militar, y ha ido trasladando instalaciones y fuerzas militares a Texas, Florida y Miami. Durante este período, y en parte ligadas al “Plan Colombia”, creado en 1999, se han instalado nuevas bases en Ecuador, Aruba, Curazao y El Salvador. En este momento, agosto del 2009, genera una discusión hemisférica el aumento de la presencia militar estadounidense en Colombia (siete bases bajo la cobertura de ser bases colombianas y no estadounidenses). Esta tipo de acciones aumenta el perfil de la iniciativa estadounidense (administración Bush/Obama) de ‘resolver’ diversos tipos de desafíos a su poderío mediante la presión militar o la abierta militarización de los conflictos.
Honduras posee una base militar con control estadounidense, la Soto Cano, en la que se realizan tareas de espionaje y preparación de grupos militares estadounidenses y locales. La existencia de esta base fue cuestionada por la administración Zelaya. En relación con la geopolítica estadounidense, el espacio de Honduras ha sido utilizado para dos grandes ‘operaciones’ de “estabilización” en el área centroamericana. Desde territorio hondureño, durante la Guerra Fría, salió el grupo armado financiado por Estados Unidos que derrocó a Jacobo Arbenz (Guatemala, 1954), presidente electo que intentó una reforma agraria en su país y, en la década de los ochenta, Honduras sirvió como plataforma militar para la guerra que socavó el proceso popular revolucionario sandinista. Las dos situaciones muestran que la oligarquía que controla el país se siente a gusto atendiendo los requerimientos de Estados Unidos, o sea desempeñando a cabalidad su papel de “república del banano”. Estados Unidos, por su parte, también se siente a gusto utilizando y despreciando a sus “socios hondureños” y entrenando a sus aparatos militares, que poseen una probada voluntad anticivil y antipopular, para que defiendan “el mundo libre”, básicamente contra su propia población.


El ángulo geopolítico (que liga históricamente a la oligarquía hondureña y a sus militares más con el Pentágono y su personal conspirativo permanente que con la administración presidencial de Estados Unidos) tiene importancia para comprender la ambigüedad relativa de la administración Obama ante el golpe militar del 2009. También el ángulo geopolítico permite entender a Honduras como un territorio de experiencias-piloto de lo que algunos sectores de Estados Unidos desean para América Latina.
Pese a su historia de dominio oligárquico y transnacional, y a la injerencia permanente del Gobierno de Estados Unidos, y también en parte a causa de estos factores, la población hondureña ha resistido la explotación, exclusión y dependencia, con organización social y movilizaciones de lucha. Desde 1964, y pese a que la organización sindical ha sido considerada “subversiva”, existe una Confederación de Trabajadores de Honduras, afiliada a la Organización Interamericana de Trabajadores (ORIT), que coexiste con una Central General de Trabajadores, la Federación Unitaria de Trabajadores, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Honduras y la Federación Independiente de Trabajadores. También existen organizaciones en el sector agrario: el Frente Nacional de Campesinos de Honduras, el Sindicato de Trabajadores de la “Tela Railroad Company” (alias hondureño de la United Brands) y el Sindicato de Trabajadores de la Compañía Agrícola y Ganadera de Sula que, con los trabajadores organizados de la Tela Railroad, enfrentan los vaivenes de la producción bananera. El Movimiento Cooperativo (jurídica y constitucionalmente forjado entre 1921 y 1987) se ha dado una Confederación Hondureña de Cooperativas (1971) que se orienta actualmente a entregar respuestas locales a los desafíos globales.
Los grupos sindicalistas (Bloque Popular), activistas de Derechos Humanos, periodistas, taxistas, escritores y artistas, maestros y profesores, y el Frente Nacional de Resistencia Popular y Vía Campesina Honduras, destacaron en la resistencia inicial interna al gobierno empresarial/militar encabezado por Roberto Micheletti. Las organizaciones campesinas han preparado, además, marchas hacia las ciudades para reforzar esta protesta. Lo hacen, como muchos otros ciudadanos y trabajadores, no por ser “gente del presidente Zelaya o partidarios liberales”, sino, como enfatiza un dirigente de la Vía Campesina hondureña, porque ven en su presidencia un factor que les permitiría derrotar el modelo neoliberal. Señalan que Zelaya ha detenido el proceso de privatización de activos públicos hondureños, como la energía eléctrica, los puertos y el sistema de salud y, más importante, se ha pronunciado a favor de un régimen democrático que apodere la participación ciudadana y social de la población en las determinaciones políticas. El último punto contiene potencialmente una profunda transformación de la institucionalidad oligárquica del país.
Sobre esta situación, el insospechable Banco Mundial, reseñando favorablemente el programa original del presidente Zelaya, lo puntualizó de la siguiente forma: crecimiento económico con equidad; gobernabilidad vía la modernización del Estado y la
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