Año Internacional de la Comunicación Indígena






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MEXICO: La batalla por Wirikuta continúa; la farsa del Gobierno Federal disfrazada de victoria para el pueblo wixárika. (Fuente: Graciela Zamora y Rodolfo Ambriz / Proceso, Sin Embargo). El 13 de abril de 2008 Felipe Calderón firmó el Acuerdo Huauxa Manaka con el que los gobiernos federal y de Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí se comprometían a resguardar los sitios ceremoniales del pueblo wixárica (huichol). “Nos comprometemos a proteger y fortalecer la continuidad histórica de los lugares sagrados y las rutas de peregrinación del pueblo wixárika”, dijo entonces.
No obstante en noviembre del año pasado el gobierno federal concesionó a la minera canadiense First Majestic Silver 6 mil 327 hectáreas del Área Natural Protegida y Sitio Sagrado Natural de Wirikuta, en el municipio de Catorce, San Luis Potosí. Además –ignorando las gestiones y peticiones de cancelación de esos contratos– otorgó nuevas concesiones a la minera West Timmins Mining en el ejido Las Margaritas, dentro de la misma área natural, donde los wixaritari (huicholes) depositan sus ofrendas y recolectan peyote. Esa zona protegida es uno de los 14 sitios sagrados naturales más importantes del mundo.
El pasado jueves 24 de mayo –en una reunión entre funcionarios de alto nivel del gobierno federal y representantes de los indígenas y de la minera canadiense– se anunció que First Majestic cedía al gobierno federal el área de su concesión, donde se ubican los sitios sagrados del pueblo wixárika.
Pero Felipe Serio Chino, secretario de la Unión Wixárika y delegado del Consejo Regional Wixárika, quien estuvo en ese acto, afirma que el anuncio gubernamental fue “una farsa” a la cual los trajeron con mentiras y sin la presencia ni la consulta de los representantes legales de las comunidades wixaritari.
A ellos les habían informado que vendrían a conocer los resultados de los trabajos técnicos de mapeo y georreferenciación que hizo la Secretaría de la Reforma Agraria en la ruta histórico-cultural. Estos trabajos tampoco fueron consultados ni aceptados por la mayoría del pueblo indígena. “No sabíamos a qué veníamos, el anuncio fue un engaño y nos tomó por sorpresa”.
Para Jesús Lara Chivarra, del Consejo Regional Wixárika, este no es un triunfo para el pueblo huichol sino para la empresa canadiense y para el gobierno federal. “Nunca nos consultaron. Nuevamente violan nuestros derechos y engañan a la opinión pública beneficiando los intereses de quienes quieren destruir nuestro altar principal”.
El descontento de los wixaritari obedece a que tramposamente, afirman, las 45 mil hectáreas decretadas por el presidente como Reserva Minera Nacional –supuestamente fuera del alcance de las trasnacionales– no están dentro de las áreas de las concesiones; corresponden a una franja a un costado de la vía del tren y de la carretera que cruza la reserva y el poblado de Wadley.
Por eso el Consejo Regional Wixárika y el Frente en Defensa de Wirikuta Tama Tsima Wahaa dijeron que las declaraciones de los secretarios de Estado en la reunión del 24 de mayo –encabezados por el titular de Gobernación, Alejandro Poiré– están llenas de falsedades que distorsionan la realidad que se vive en el lugar sagrado: el lote minero cedido por First Majestic abarca sólo 761 hectáreas que están libres de mineralización. Éste ya había sido ofrecido por la minera en enero de 2011 y el pueblo wixárika no aceptó.
Avalancha de mineras
Pero hay más concesiones que afectan el sitio sagrado. Según información de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía –obtenida mediante la solicitud 0001000040812 ante el Instituto Federal de Acceso a la Información– en los seis municipios de San Luis Potosí que comprende Wirikuta –Catorce, Villa de la Paz, Matehuala, Villa de Guadalupe, Charcas y Villa de Ramos– están vigentes 201 concesiones que suman 295 mil 920.203 hectáreas.
En el resto del área natural, también de acuerdo con la Dirección General de Minas, hay 71 concesiones que abarcan 82 mil 85.829 hectáreas.
Sólo el proyecto Universo de la compañía Revolution Resources, dedicada a la exploración de vetas de oro, cuenta con 59 mil hectáreas dentro del valle de Wirikuta, donde la explotación del mineral se haría con el método de tajo o a cielo abierto, considerado devastador para el ecosistema y prohibido por las leyes de Canadá y de Estados Unidos.
El gobierno mexicano no menciona esto ni el amparo que el Poder Judicial de la Federación otorgó en febrero pasado al pueblo wixárika sobre el proyecto de la canadiense First Majestic.
Los wixárika consideran además que el anuncio gubernamental de la devolución de tierras fue sólo una medida para minimizar ante la opinión pública el efecto del Wirikuta Fest realizado en la Ciudad de México el pasado 26 de mayo.
Los fondos recaudados en ese festival musical, informó Iván Guzmán, vocero del Frente de Defensa de Wirikuta, serán utilizados para la defensa jurídica de la zona sagrada. “Interpondremos otro amparo ahora contra las actividades del proyecto Universo de la Revolution Resources, quienes ya realizan trabajos de exploración en la reserva, los cuales hemos documentado ampliamente”, dijo.
Wirikuta está ya en contingencia ambiental por la contaminación de metales pesados en los organismos vivos de la cadena alimenticia; sin remediar los daños causados por la actividad minera, el gobierno sigue sin cancelar las concesiones para la explotación en la zona.
Importancia ecológica y cultural
Wirikuta es un sitio de amplia diversidad y riqueza biológicas, asegura el doctor Alfonso Valiente Banuet, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Pertenece a la ecorregión conocida como Desierto Chihuahuense, el más grande de Norteamérica y que abarca 10 estados. Es una de las tres áreas semidesérticas biológicamente más ricas del planeta. Wirikuta alberga la mitad de la flora, 85% de las aves y 60% de los mamíferos de esta zona.
Con una superficie de 140 mil 211 hectáreas, Wirikuta fue incorporada por la UNESCO en 1988 a la red mundial de Sitios Sagrados Naturales; el 27 de octubre de 2000 fue decretada por el Diario Oficial de San Luis Potosí como Área Natural Protegida, con la categoría de Sitio Sagrado Natural, y desde 2004 está en la lista tentativa para convertirse en Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad.

Valiente Banuet añade que 85% de las cactáceas del planeta están en México y Wirikuta concentra la mayor diversidad y riqueza de éstas por metro cuadrado. La mayoría figuran en la Norma Oficial Mexicana de Plantas Amenazadas y en Peligro de Extinción.
“Sería una miopía permitir que las mineras afecten una zona como ésta. La gente que toma las decisiones en el gobierno no debe ser ignorante, que no cometan el error de destruir la biodiversidad”, dice.
El doctor en ecología explica que México es uno de los cinco principales países megadiversos del mundo debido en primer lugar a su distribución climática. “La diversidad de organismos vivos útiles va de la mano con la diversidad cultural; nuestro país tiene en su biodiversidad el pasaporte al futuro pero hay que conservarla”, sentencia.
Para llevar a cabo una propuesta real de desarrollo es necesario el legado de los grupos indígenas. Ellos “han operado desde miles de años atrás y su conocimiento es extremadamente valioso; generaron y sentaron las bases para lograr esta megadiversidad. Desafortunadamente no se les apoya ni se les respeta como debería”, añade.
En Wirikuta hay 453 clasificaciones de especies vegetales, algunas de ellas en peligro de extinción como el híkuri o peyote, planta sagrada del pueblo wixárika clasificado como especie sujeta a protección especial de acuerdo con la norma NOM-059-SEMARNAT-2010.
La mitad de la fauna del Desierto Chihuahuense está en Wirikuta. Mamíferos como el oso negro, el puma, los berrendos y el venado bura están en peligro de desaparecer. En esta área natural anida el ave más grande de México, el águila real –representada en el escudo nacional– que está en riesgo de extinguirse. Esta zona está registrada en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad como Área para la Importancia de la Conservación de Aves en México, pues la habitan 213 especies.
En el foro Minería en Santuarios y Regiones en América Latina, el doctor en antropología Arturo Gutiérrez del Ángel, de El Colegio de San Luis, expuso que Wirikuta es muchas cosas, dependiendo quién mire y desde dónde se mire: “Para los wixaritari es su meca, su cielo, su universo”.
De acuerdo con él, la riqueza del sitio sagrado es ecológica pero también cultural e histórica: ahí está fechado el asentamiento humano más antiguo del país, de al menos 31 mil años; hay vestigios arqueológicos, paleontológicos y restos de animales que vivieron hace 160 millones de años.
“Existen grabados en unas cuevas de Wirikuta donde nuestros ancestros dejaron plasmadas en piedra las prácticas rituales que aún llevamos a cabo”, cuya antigüedad data al menos de ocho mil años, narra Lara Chivarra, quien llevó las denuncias de los wixaritari a la sede de la minera First Majestic en Vancouver, Canadá.
Envenenamiento
Un estudio de la Universidad de Guadalajara documenta que los desechos en las presas de jales de la empresa Minera Real Bonanza provocaron ya una contingencia ambiental en el ecosistema de la Sierra y planicies de Catorce. Esta minera es la representante en México de la canadiense First Majestic Silver.
En septiembre de 2010 las lluvias causadas por el huracán Alex arrastraron esos desechos que yacían desde hacía más de 18 años al pie de la Sierra de Catorce. Hubo mortandad súbita del ganado. Se tomaron 70 muestras de agua y suelos, cabello humano, pluma de aves, pelo de animal, tejido vegetal y estiércol.
Los análisis de las muestras arrojaron concentraciones de metales pesados que alcanzaron 54 partes por millón (ppm) de antimonio, un agente que provoca cáncer en humanos en concentraciones superiores a las nueve ppm. Estas concentraciones se encontraban también en las muestras de peyote y en los habitantes de Wirikuta. Además se detectó presencia de metales pesados –plomo, arsénico y bario– en toda la cadena alimenticia.
El Frente de Defensa de Wirikuta interpuso una denuncia –a la que este semanario tuvo acceso– ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente contra quien resulte responsable por “hechos, actos y omisiones que han producido y continúan produciendo desequilibrio ecológico, daños al ambiente y a los recursos naturales, además de contravenir las disposiciones legales y ordenamientos que regulan la protección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico”.
Hay que destacar que en su proyecto original First Majestic informa que reutilizará estas presas de jales “enriqueciéndolas” para utilizarlas como zonas de reforestación.
Alfonso Valiente señala que en los jales no crece nada y tienen un impacto nocivo para el ambiente, como ya ocurrió en Wirikuta. “Estas sierras aisladas, al tener zonas de alta infiltración, son susceptibles de contaminación del acuífero. Y si los animales ingieren plantas contaminadas, eso va a llegar a la mesa de la gente que comerá carne con desechos tóxicos. Esto representa un riesgo mortal”, advierte.
El artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dice que la exploración, explotación y beneficio de minerales requieren autorización por parte de la Semarnat en materia de impacto ambiental.

De acuerdo con Paloma García Segura, titular de la Dirección de Minería de la Semarnat, la empresa canadiense aún no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental.
Wirikuta padece otro tipo de acoso. Actualmente más de 400 hectáreas de la reserva, donde crecen el peyote y otras cactáceas protegidas por las leyes, ya fueron desmontadas para instalar enormes viveros donde se cultiva industrialmente el jitomate.
Las empresas agroindustriales, dice Eduardo Guzmán, juez auxiliar del ejido Las Margaritas, están ubicadas en sitios explícitamente prohibidos por el Plan de Manejo de Wirikuta.
Voracidad canadiense
De acuerdo con la Secretaría de Energía en México están vigentes 26 mil 75 concesiones mineras que afectan cerca de 51 millones de hectáreas, 26% del territorio nacional. La mayor parte se ha cedido a compañías extranjeras; 80% de ellas, canadienses. La meta del gobierno federal –según el diputado perredista Ramón Jiménez López– es concesionar 40% del territorio mexicano para 2012.
Esta situación posiciona a México ante un problema de seguridad nacional, advierte Jiménez, de la Comisión Especial para dar Seguimiento al Programa Minero en el País, porque hay “enormes extensiones de tierra que al menos durante 50 años estarán en manos de intereses extranjeros”.
San Luis Potosí ocupa el octavo lugar nacional en número de concesiones: 756 que suman 866 mil 917.745 hectáreas, 23% de su territorio. Tan sólo en el municipio de Catorce hay 63 concesiones que suman 41 mil 204.573 hectáreas, que equivalen a 22.1% de su superficie.
La First Majestic compró en tres millones de dólares 22 concesiones mineras a Real Bonanza y tramitó con el gobierno federal otras 13. De ese total, 70% está dentro de Wirikuta. La minera canadiense pretende extraer de ahí 46 millones 787 mil 527 onzas de plata.
Hasta 2011 la Secretaría de Economía tenía registrados 771 proyectos mineros vigentes en México; más de 95% son de compañías extranjeras y de éstas, 585 canadienses. Los métodos extractivos y de manejo de desechos de estas empresas “rara vez” son auditados por el gobierno mexicano.
Según información del Senado los beneficiarios de las concesiones mineras sólo pagan, por hectárea o fracción, una tarifa que en 2010 se fijó entre 5.08 pesos y 111.27 pesos. El abogado y teórico del derecho indígena Francisco López Bárcenas asegura que desde 1988 las trasnacionales realizaron un trabajo minucioso de exploración de la riqueza del subsuelo nacional; trabajaron en la adecuación del marco legal a modo de sus intereses y ahora tienen preferencia “sobre todo y sobre todos”. La Ley Minera vigente –expedida en 1992, durante el salinato– reglamentaria del artículo 27 constitucional anunció el retiro definitivo del gobierno de las actividades mineras. Actualmente las empresas del ramo pueden ser de capital extranjero al ciento por ciento.
Las empresas no tienen que especificar el tipo de mineral que extraerán y la vigencia de las concesiones se amplió: El artículo 15 de la Ley Minera estipula que su duración es de 50 años prorrogables otros 50.

Además las trasnacionales están exentas de cualquier impuesto municipal o estatal y pagan cantidades irrisorias por la renta de la tierra a los ejidatarios y campesinos.
“Si tienen problemas para acceder a la tierra, el gobierno puede expropiarla. Si hay pueblos o lugares sagrados indígenas, no importa”, prevalece la extracción, concluye Bárcenas.
La abogada Bárbara Zamora advierte sobre la iniquidad de la Ley Minera, ya que las comunidades o pueblos indígenas tienen preferencia para las concesiones, pero “todo se reduce a una contraprestación económica y quien haga la oferta más alta recibe la concesión. Es una burla. El trato igual a desiguales es una injusticia”.
MEXICO: Continúa GDF los trabajos contra la deserción escolar. (Fuente: El Sol de México). Este año, el gobierno capitalino entregará 200 apoyos a niños y jóvenes indígenas que cursan la educación básica, a fin de reducir la deserción escolar entre los menores de ese sector de la población que viven en el DF.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades precisó que estos apoyos beneficiarán a estudiantes de primaria y secundaria, 135 de los cuales son hablantes de lengua indígena.
PUEBLA: Disminuye 13.3% en entidad población penitenciaria de origen étnico. (Fuente: e-consulta). De 2008 a este año, la población penitenciaria de origen indígena en Puebla disminuyó 13.3 %, según estadísticas oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en las cuales define que en 2008 había mil 242 internos; en tanto, en la actualidad hay mil 77.

La dependencia estatal desglosó que en cinco Centros de Reinserción Social (Cereso) está el 72.1 por ciento de los presos étnicos: en Tehuacán hay 210; en Tepexi de Rodríguez 166; en Puebla 160; en Huauchinango 156 y en Zacapoaxtla 85.

De acuerdo con la contestación de la SSP a la solicitud de información con folio 179512, en 2008 había mil 171 hombres y 71 mujeres de alguna etnia; para 2011, las cantidades disminuyeron a 977 y 61, y este año hay mil 30 y 47, respectivamente.
Cabe destacar que en este año hay un repunte en comparación con 2011; empero, la cantidad no supera a los datos registrados en 2009, cuando llegaron a sumar mil 455 indígenas recluidos, el número más alto del periodo de referencia.
Según los datos enviados por parte de la SSP, del total de mil 77 presos indígenas actuales, incluyendo hombres y mujeres, solamente 887 han sido condenados es decir, falta más del 17 por ciento por recibir una sentencia, y de éstos, 501 cumplen penas entre 11 y 30 años de prisión, de los cuales 485 son hombres y 16 son mujeres.
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