Informe sobre la situacion de los derechos humanos en peru






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fecha de publicación20.06.2016
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Comisión: POLÍTICA CRIMINAL Y REALIDAD PENITENCIARIA.

Titulo: LA POLÍTICA REPRESIVA PARA CONFLICTOS SOCIALES DEL ESTADO PERUANO EN LOS AÑOS 90’

Autores: Germán Bedoya Gómez

"mail: germanbedoyagomez@hotmail.com"

Zuloaga Pajuelo Karla Celia

kzuloaga@hotmail.com

Institución: Universidad Nacional Mayor de San marcos Facultad de derecho y Ciencia Política
“Ni la pretendida lucha para superar la pobreza y construir un nuevo Estado ni la necesidad de hacer justicia por su propia mano pueden justificar, en circunstancia alguna, el recurso al asesinato selectivo, a la ejecución sumaria, a la destrucción de la infraestructura productiva, a la tortura, a la desaparición forzada de personas o al empleo del terror como instrumento de control social”.
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PERU
Comisión interamericana de Derechos Humanos LA POLÍTICA REPRESIVA PARA CONFLICTOS SOCIALES DEL ESTADO PERUANO EN LOS AÑOS 90’ Panorama del Perú en los años 90’ dentro del contexto mundial Para el llegar de los años noventa, el mundo había cambiado drásticamente, el año1989 había caído el muro de Berlín y con esto el estado referente del bloque socialista, la URSS, lo que supone el fin de la Guerra Fría y la hegemonía del capitalismo, el mundo quedo a merced del capitalismo y a la cabeza estaba EEUU junto a un BM y el FMI. El siguiente paso sería satanizar al socialismo y a elevar las banderas de la globalización como la gran panacea capaz de curar cualquier malestar económico y por ende traer una tranquilidad social, pero como es sabido que estos planes han traído mas de un problema a los países que siguieron este camino o como diría J. E. Stiglitz(1) “las estrategias para los países pobres por el BM y el FMI y en cuya investigación empleada consiste en cuidadosas inspecciones a los hoteles de cinco estrellas de la nación y concluyen con un encuentro entre los funcionarios del banco y algún mendigante ministro de economía a quien entregan una carta de intención redactada de ante mano para su firma “voluntaria”. Y dichas cartas suponen cuatro aspectos importantes: la privatización, la liberalización del mercado de capitales precios regulados por el mercado y una seudo estrategia de reducción de la pobreza o libre comercio. Y siguiendo estos pasos tenemos como resultado fenómenos como la crisis de México y Venezuela en 1994, el sudeste asiático en 1997 o en Brasil de 1999. pero debemos partir por ver de donde parten estas directivas y que matices tienen y quien mejor que nos diga , sino quien estuvo en el mismo corazón financiero de la Globalización, J. E. Stiglitz(2) quien en una entrevista menciona: lo que me pareció especialmente inquietante fue que la ideología y la política tuvieran un papel tan importante en las instituciones económicas internacionales, en las cuales se suponía que estaban presentes profesionales de la economía (...) Desde luego actuaba de acuerdo con los intereses de los mercados financieros. A través de la presión que dichos mercados ejercían en el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, y de la presión, que a su vez, el tesoro ejercía en el FMI. De esto podemos sacar alguna conclusión; que las políticas realizadas por los estados siguiendo lineamientos del FMI son políticas de carácter ideo político, que defienden intereses y que al aplicarse estas en defensa de esos intereses no les interesa la situación de los sectores desposeídos y que si estos desarrollan respuestas ante estas políticas de violencia estructural, las que pueden ser incremento de la delincuencia y la insurgencia armada, los estados generen políticas represivas que sirvan para mantener dicha receta, para lo que acuden a la legislación que ate a estas fuerzas y que reduzcan sus derechos al mínimo incluso pisoteando los mas elementales derechos. Ahora centrémonos en el caso Perú. Luego del desastroso gobierno del APRA tenemos la llegada al poder del señor Alberto Fujimori quien en las elecciones de 1990 tuvo en primera vuelta una ridícula votación que solo alcanzo un 24.6% pero que lo ponían en segundo lugar, después de Vargas Llosa, y le permitía participar en la segunda vuelta, y con apoyo de los grupos de izquierda (los legales)y el APRA, quienes bajo la lógica de que era un mal menor, llega al poder en segunda vuelta alcanzando el 57,5%(3); de esta manera se instalaba en el poder sin un programa de gobierno definido y con una gran tarea, la de levantar un país desangrado por la guerra civil interna y por las políticas hambreadoras. A pesar que durante su campaña Fujimori había negado la posibilidad de realizar medidas de bruscos ajustes económicos, el 8 de agosto de 1990 anuncio el temido shock que devenía con un brusco aumento del costo de vida, que para diciembre el aumento de precios alcanzó el 23.7% lo que llevo a renunciar al ministro de economía. El 5 de abril de 1992, cuando Fujimori que en realidad carecía de organización política busco el respaldo de los militares y procedió al autogolpe. Congreso, Ministerio, Poder Judicial, gobiernos y parlamentos regionales y otros organismos fueron cerrados o intervenidos, pero la pregunta sería ¿por qué el autogolpe? Y en realidad esto va más allá, para entonces los grupos insurgentes habían alcanzado el equilibrio estratégico, lo que supone que las fuerzas insurgentes y las fuerzas del estado estaban en las mismas condiciones y además peligraban los intereses de la clase gobernante y de los grandes capitales transnacionales a los que sirven. Para lo que se procede a dar una inmediata legislación que se inicio con el Decreto Ley 25418 instaurando el llamado Gobierno de Emergencia y Reconstitución Nacional deviniendo en un proceso de centralización absoluta del poder en el Ejecutivo. Luego se orientaría la economía a una apertura a los capitales exteriores y reinserción a la comunidad financiera mundial, lo que se realiza con la gestión de los ministros Hurtado Miller y Carlos Boloña. Para 1995 había logrado una estabilidad económica de una presesión de –4.9% en 1990 paso a un 13.1 % en 1994(4), pero en materia social era un desastre el empleo no se reactivaba y en 1994 la pobreza alcanzaba el 49% de la población y la extrema pobreza el 20% había cumplido con el FMI pero no con el Perú. Para su segundo gobierno (1995 – 2000) Fujimori contaba con una economía estable, a pesar de los problemas de pobreza, más aún el atribuirse la captura al Dr. Abimael Guzmán líder del Partido Comunista del Perú en setiembre de 1992, le benefició en su campaña electoral, logrando una reelección. En esta etapa con una mayoría parlamentaria continúa una política mas preocupada en seguir con los lineamientos del FMI y continuar las cifras macroeconómicas, como mantener una inflación por debajo del 5% anual, pero la contraparte a esto es el elevado desempleo y subempleo que va a caracterizar al Perú, herencia que el actual gobierno no a sabido salvar. Política Represiva como medio de Control Social La violencia interna que imperó en el Perú en la década de los noventa dejó como secuela a miles de personas desaparecidas, miles de condenados de los cuales fueron muchos los que fueron juzgados injustamente y que, a la fecha, aún existe un gran número de ellos que se encuentran recluidos en diversas cárceles del país purgando altas penas, además de eso existe un gran número de reos sentenciados a la pena de “Cadena Perpetua”, (esto se debió más que nada gracias a la legislación penal que el gobierno del Presidente Alberto Fujimori dictó). Existió miles de denuncias de torturas por parte de las fuerzas del orden, miles de requisitoriados y expatriados, miles de personas desplazadas, campesinos que tuvieron que abandonar sus tierras huyendo de la violencia que imperó en esa época, no sólo por parte de los grupos subversivos, sino además por parte de las fuerzas militares y policiales. Las fuerzas armadas y policiales emplearon métodos que violaban los Derechos Fundamentales de la Persona Humana. A partir de los años ochenta se inicia en la región de la Sierra las actividades de violencia por un lado el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, quienes se levantan en aras de un nuevo Sistema que responda a los intereses del pueblo y no los intereses del “imperialismo norteamericano”. Del mismo lado tenemos al Partido Comunista del Perú “Sendero Luminoso” liderado por Abimael Guzmán Reinoso, partido que desarrollo una cruenta guerra contra el estado peruano. De otro lado se encontraba el Estado. El Estado debe de actuar dentro de los límites que impone la preservación del estado de derecho sin embargo éste, busco una forma desesperada de frenar el conflicto surgido, utilizando cualquier método que tenga a su alcance para combatir el terrorismo. En los informes presentados a La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se da cuenta de la responsabilidad del Estado peruano por graves violaciones a los derechos humanos, pero existen dos casos que fueron muy sonados y que se trata aún de ocultar, nadie quiere hacerse responsable, se trata de la desaparición de internos en el Centro Penal de El Frontón en 1986 (acciones en las que murieron alrededor de 250 internos en total en dos centros carcelarios) y el referido a la muerte de 40 personas a partir de los hechos ocurridos en la localidad de Cayara, Ayacucho, en 1988. Es obvio que él, o los responsables están determinados, lo que no quiere hacerse es castigarlos, al contrario se sigue encubriendo estos crímenes. Fue el 28 de julio de 1990 cuando asume el mando el ingeniero Alberto Fujimori Fujimori. Durante su campaña electoral profesó un plan de gobierno en el cual “se definía la necesidad de un programa nacional de pacificación mediante el desarrollo que reconociera que la solución al problema subversivo no era exclusivamente militar, que era el pueblo conjuntamente con el gobierno los que podrían derrotar la subversión y que el rol de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, siendo fundamental, debería aparecer como una función de apoyo no exclusivamente represivo dentro de una estrategia integra”. Lo expresado anteriormente fue corroborado con el Mensaje a la Nación que el Presidente de la República de entonces leyó al asumir el mando; “sólo la eliminación definitiva de la injusticia y la marginación puede acabar con la subversión”. Al parecer este plan de gobierno era el más adecuado, al fin llegaría para el Perú un gobierno que instauraría la justicia social, un gobierno que devolviera al país la paz y la tranquilidad que alguna vez se le arrebató. Pero la historia fue otra, totalmente contraria a aquel plan de gobierno que alguna vez prometió. Lo dicho anteriormente fue refutado totalmente en la praxis, tan sólo en el primer año de su mandato ya se habían denunciado 375 desapariciones forzadas de personas, además se continuaron cometiendo los asesinatos masivos en contra de las comunidades que se creía apoyaban a los grupos subversivos (asesinatos que se venían cometiendo desde gobiernos anteriores), se cometieron miles de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales. La violación a los derechos Humanos cometido durante los períodos del Presidente Alberto Fujimori fue amparada por una legislación Penal antisubversiva de emergencia, la cual desde su nacimiento ya es viciada. En este contexto, en este gobierno se dictaron 126 decretos legislativos, de los cuales 37 fueron los que se refirieron a la “pacificación”, legislación que negó los derechos fundamentales de la personas, consagrados en la Constitución Política del Perú y además consagrados en diversos Tratados Internacionales que el Perú ha suscrito. La Constitución Política, que es la Ley Fundamental del Estado y de rango jerárquico superior a todas las demás leyes, fue la primera en ser transgredida, en ser violada, por cuanto este gobierno disolvió el Congreso contraviniendo expresas normas constitucionales, ya que en la constitución d 1979 se contemplaba los procedimientos a seguir para disolver la Cámara de Diputados (art. 227°- 229°), prohibiéndose además la disolución del Senado. Tal conducta es uno de las razones de vacancia de presidencia (art. 206° inciso 4) y 210°). El 5 de abril de 1992 el Presidente Fujimori promulgó el Decreto ley No. 25418 con el cual se instituyó un gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, motivado por la intención de “pacificar el país dentro de un marco jurídico que garantice la aplicación de sanciones drásticas a los terroristas, a fin de que, dentro de un clima de paz y orden nuestra sociedad se desarrolle adecuadamente”. En cuanto a terrorismo se dictaron los siguientes Decretos Ley: -Decreto Ley 26508 del 20 de julio de 1995 Tipifica como delito de traición a la Patria los actos de terrorismo cometidos por personas que se hayan acogido a la legislación sobre arrepentimiento - Decreto Ley 26447 del 20 de abril de 1995 Procedimiento judicial en el juicio de los terroristas, y la culpabilidad de los menores implicados en las actividades terroristas. - Decreto Ley 25880 del 18 de noviembre de 1992 Considera como autor de traición a la Patria al que, valiéndose de su condición de docente influya en sus alumnos haciendo apología del terrorismo. - Decreto Ley 25475 del 5 de mayo de 1992 Establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción, y el juicio - Decreto Ley 25516 del 26 de mayo de 1992 Autoriza al Ministerio de Justicia la contratación directa de obras para edificación de un pabellón de máxima seguridad destinado para procesadas o condenadas por delitos de terrorismo en el establecimiento penitenciario de mujeres de Chorrillos. - Decreto Ley 25916 del 28 de noviembre de 1992 Precisa que las prohibiciones de beneficios penitenciarios y procesales para los agentes de los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Terrorismo, y de Traición de la Patria mantienen su vigencia. - Decreto Ley 25298 del 31 de diciembre de 1990 Norma la libertad provisional, además de los casos establecidos en el Código de Procedimientos Penales y otras leyes especiales. - Decreto Ley 25031 del 1 de junio de 1989 Modifican artículos 2, 3, 4 y 6 de la Ley N° 24700 que reglan el procedimiento para la investigación policial. La instrucción y el juzgamiento de delitos de terrorismo. Dentro de los Decretos más cuestionados está el Decreto Ley No. 25475, el cual tenía como finalidad el perseguir, juzgar y sancionar a los responsables del delito de terrorismo, mediante tribunales civiles “sin rostro”, posteriormente el Decreto Ley No. 25659 el cual se encargaría de perseguir, juzgar y sancionar a los responsables del delito de traición a la patria, mediante tribunales militares sin rostro. Además de los Decretos Leyes No. 25708 y No. 25880. El porqué de la Inconstitucionalidad de los Decretos Leyes No. 25475, 25659, 25708, 25880 El decreto Ley No. 25475, de 6 de mayo de 1992, nos da una definición de terrorismo en su artículo 2 como “un acto que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo y la salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio, ……o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad y del Estado”. Se impuso para los responsables una pena de 20 años como mínimo y una pena máxima de cadena perpetua. 1. Porque atentan contra el principio de legalidad Ya que la definición que consagra el referido artículo sobre definición de terrorismo es abstracta, general e imprecisa pues dice: “realiza actos” más no dice que tipo de actos, es más la conducta estipulada no necesita ser vinculada necesariamente con actos terroristas, pues estos actos los pueden realizar fácilmente delincuentes comunes, es un tipo penal abierto, ya que no se vincula la realización de la conducta típica al elemento subjetivo de la intención de terrorismo. Así se viola uno de los principios básicos del derecho penal, el principio de legalidad, que tiene como objetivo la seguridad jurídica que un individuo tiene para que éste pueda saber con exactitud cuales son los hechos y omisiones que puedan hacer que incurra en responsabilidad de tipo penal, transgrediéndose además el artículo 2,inc. 4) de la Constitución Política vigente que señala que: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible; ni con pena prevista en la Ley”. En el derecho Penal por ser eminentemente punitivo y dogmático no caben tipo abiertos, lo estipulado en el artículo 2° de este decreto ley dejó el camino libre para interpretaciones extensivas inapropiadas, abusivas y arbitrarias, que violaban el principio de legalidad. El decreto Ley No. 25659, el cual tipifica los llamados delitos de “traición a la patria”, no hace otra cosa que agravar el delito de terrorismo, es decir, aquí no se crea un nuevo delito, lo único que se hace es darle una figura agravada al delito de terrorismo con una clara intención: el de trasladar el procesamiento y juzgamiento de civiles al fuero militar. Esto se verifica al revisar el artículo 1° el cual estipula: “Constituye delito de traición a la patria la comisión de los actos previstos en el artículo 2 del decreto Ley N° 25475, cuando se empleen las modalidades siguientes…” 2. El derecho a ser juzgado por un Tribunal Independiente e Imparcial La Constitución vigente, La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos Organismos Internacionales -de los cuales el Perú forma parte- establecen la independencia de los jueces y de los tribunales, lo cual es indispensable para garantizar un juicio justo y un debido proceso, más el decreto ley 25659 violó esta garantía al someter a las personas civiles a comparecer ante tribunales militares, siendo además juzgados por militares, a los cuales además se les desconocía su identidad, éstos eran los denominados “jueces sin rostro”. El artículo 12 del Decreto Ley 25475 le dio un exceso de poder a la policía Nacional, a través de la DINCOTE, tal es así que le dio a ésta la facultad de determinar si el detenido comparecerá ante un tribunal civil o militar, “sin consultar a un juez ellos determinaban la detención en régimen de incomunicación y las restricciones al derecho de defensa en los tribunales sin rostro”(5). Los Decretos Ley N° 25475,25659,25880 y 25708 son inconstitucionales desde su origen ya que cuando se promulgaron transgredieron la Constitución de 1979 ya que ésta prohibía el juzgamiento de civiles en el fuero militar, si bien la actual constitución Política del Perú prevé el juzgamiento de civiles por fuero militar en casos de traición a la patria y terrorismo, estos decretos atentan contra los derechos fundamentales de la persona humana, ya que toda persona tiene derecho a ser juzgados por un tribunal independiente e imparcial y conforme a las normas del debido proceso. 3. El Derecho a la Defensa El derecho a la Defensa permite a la persona citada o detenida a elegir a su abogado defensor desde ese mismo momento, a no ser privado del derecho a la defensa en ningún estado del proceso, a comunicarse personalmente con el defensor de su elección, sin embargo los Decretos Leyes cuestionados transgreden el derecho a la defensa. Además de atentar contra lo previsto en la Constitución Política del Perú, ésta atenta contra lo estipulado en la Convención Internacional de los Derechos Humanos, ya que ésta ha estipulado en su artículo 8, inciso d) de las Garantías Judiciales: “el derecho del inculpado a defenderse personalmente o de ser asistido por un abogado de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor”. Asimismo, la imposición de que los abogados no pudieran defender simultáneamente a más de un procesado por terrorismo (6) afectó lo que consagra el artículo 8 de la Convención Americana en el cual los encausados tienen derecho a elegir libremente a su defensor. El artículo 12. inciso f) dispone que el defensor “solo podrá intervenir a partir del momento en que el detenido rinda su manifestación…”, pero el detenido por delito de terrorismo puede estar detenido por 15 días o más si así ellos lo disponen, y la manifestación policial pueden realizarla el último día, estando el detenido sin defensa durante un plazo indefinido, siendo objeto en muchas oportunidades de torturas, de violaciones sexuales (en caso de mujeres, e incluso de varones). Existió un gran número de personas que fueron conducidas a calabozos en donde se le trataba de sacar toda clase de información, incluso en la misma sede del Servicio de Inteligencia se encontró este tipo de calabozos, a los cuales ingresaron y se sabe por diversas fuentes (ex-agentes del Servicio de Inteligencia que denunciaron estos hechos) que nunca más volvieron a salir. Después de caído el régimen de Alberto Fujimori se tuvo ingreso a estas instalaciones, en donde se halló un Horno gigante el cual sirvió para deshacerse de los cuerpos de los cadáveres. En todos estos casos, jamás estas personas contaron con un abogado defensor, desde un principio este derecho les fue negado irrestrictamente. 4. El Derecho a la jurisdicción predeterminada por la Ley La Constitución Política del Perú de 1979, en su artículo 282 prohibía que civiles sean juzgados en tribunales militares. Estando vigente aún esta Constitución se promulgó el Decreto Ley No 25659 el 13 de agosto de 1992, el cual sometió a los civiles a tener que comparecer ante los tribunales militares y ser sometidos al Código de Justicia Militar, siendo entonces este decreto Inconstitucional de nacimiento, ya que transgrede la Constitución de 1979. Si bien es cierto que la Constitución de 1993 en su artículo 173 prevé de manera excepcional, que esto es posible en los casos de terrorismos y traición a la patria, esto no deja de ser inconstitucional, lo único que hizo es legalizar la inconstitucionalidad de este decreto, pues sigue violando la actual Constitución pues toda persona tiene derecho a su juez natural, al juez que les corresponde, y en el caso de personas civiles es el juez penal del fuero común quien debe juzgarlos. La doctrina Penal y la base jurídica que sustenta un Estado de Derecho han determinado que el fuero militar es un régimen excepcional, cuya finalidad es el mantenimiento de la disciplina en los institutos armados, el fuero militar y las normas del Código de Justicia Militar sólo son aplicables a los miembros de los institutos armados cuando éstos transgredan las normas del Código de justicia Militar. 5. El Derecho a la presunción de inocencia D.L. N° 25475, artículo 13 inciso a) “Formalizada la denuncia por el Ministerio Público, los detenidos serán puestos a disposición del Juez Penal quien dictará el auto apertorio de Instrucción con orden de detención, en el plazo de veinticuatro horas, adoptándose las necesarias medidas de seguridad. Durante la instrucción no procede ningún tipo de libertad con excepción de la libertad incondicional”. Este dispositivo fue aplicable también para los delitos de traición a la patria por disposición del D.L. N° 25744. Esto atenta con lo que establece la Constitución Política de 1993, pues esta establecido en el artículo 2, inciso 24) que “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. Lo que establece el D.L. N°25475 viola el principio de Presunción de inocencia, pues este principio determina que una persona sólo es responsable de un delito cuando después de llevado el debido proceso es declarada judicialmente su responsabilidad penal, sin embargo este decreto lo que hace es determinar la responsabilidad penal de un delito cuando se da la apertura de instrucción, con el simple mérito del atestado policial se le debe considerar como culpable de este delito y debe ser detenido, esto no le deja al juez el pleno ejercicio de sus facultades ya que el artículo 115° del Código Procesal Penal establece que: “El juez Penal al tomar conocimiento de la comunicación del Fiscal prevista en el artículo 114 expedirá resolución fundamentada declarando promovida la acción penal y determinando la condición procesal del imputado, sea de compareciente o de detenido”. 6. El derecho al debido Proceso La Constitución Política del Perú en su artículo 139°, inciso 3) expresa: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: …3) La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”. El derecho al debido proceso no se respetó, pues se trasgredió los derechos que aseguran un debido proceso aquellos derechos que aseguran el juzgamiento de las personas, respetando los derechos fundamentales que establecen las garantías judiciales, como son el derecho del encausado a ofrecer pruebas de descargo el cual les fue negado, el derecho a ser oído por Juez imparcial e independiente ya que los jueces militares son jueces y parte en el proceso esto debido a que la lucha se dio entre militares y subversivos, derecho de los encausados a interrogar a quienes les detuvieron ya que el artículo 13 del Decreto Ley N° 25475 impide que aquellos que elaboraron el atestado policial puedan ser interrogados, impidiéndose así contradecir lo afirmado por la policía, derecho de recusación, derecho a no ser incomunicado sino por tan sólo el tiempo necesario, sin embargo la policía podía detener ilimitadamente a un presunto terrorista, derecho de toda persona a ser llevada sin demora ante un juez, derecho a la pluralidad de la instancia debiendo así existir un Tribunal Superior que preste las garantías necesarias para que se de un justo proceso, pero todos estas instancias están sujetas la legislación antiterrorista la cual atenta contra el derecho a un debido juicio, derecho de presunción de inocencia, el cual les fue negado al ser tratados como terroristas sin tener una sentencia que determine como culpables de terrorismo. 7. El Derecho a las Garantías de Habeas Corpus y Amparo En el gobierno de Fujimori se prohibió las acciones de Habeas Corpus y Amparo con la finalidad de actuar libre e impunemente, la libertad de actuar contra los detenidos, contra sus propiedades y bienes sin que tengan responsabilidad alguna. Con esto además se le dio a las fuerzas armadas y policiales la facilidad de actuar libremente en contra de los detenidos torturándolo, desapareciéndolos y asesinándolos, los cuales posteriormente fueron indultados por la misma legislación penal terrorista que imperó en este gobierno. A la fecha estas garantías fueron restituidas, pero como consecuencia de su prohibición fueron muchos los que se quedaron en las cárceles, otros que no tuvieron la oportunidad de presentarla a la fecha, ya que les fue privado el derecho más importante: el derecho a la vida. Sobre la pena de Cadena Perpetua La Cadena perpetua fue una de las penas que más se aplicó en casos de terrorismo, miles de personas fueron sentenciados a esta pena, sin embargo cabe analizarla cuidadosamente ya que esta norma atenta contra derechos fundamentales de la persona, viola lo establecido en la Constitución Política del Perú “El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”, además de atentar contra el artículo 5 inciso 2) de La Convención americana sobre Derechos Humanos: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos cueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a su dignidad inherente al ser humano”, el Artículo 6° dispone: “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. Al sentenciar a una persona a Cadena Perpetua se le está negando toda posibilidad de readaptación social, de reinsertarse a la sociedad, además el condenado no tiene oportunidad de beneficios penitenciarios, “…es nula, ya que equivale a sepultar en vida a un ser humano, pues no tiene término… En consecuencia esta Pena es violatoria de derechos fundamentales, hace del sistema penitenciario peruano un régimen cruel e inhumano”(7). Esta pena es una negación de la función de la pena, y más bien surge como una respuesta irrestricta del Estado que no encuentra una solución adecuada a sus problemas sociales, que no sabe como enfrentarlos y busca la forma más fácil de frenar la violencia, los conflictos sociales, agravando los delitos, aumentando las penas. Si bien el Derecho Penal tiene una función represiva ésta debe ir siempre acompañada de una función preventiva y además buscar siempre la reincorporación del delincuente.“Las carencias propias de nuestro sistema penal, la crisis de valores, la ausencia de un Derecho Penal específico para jóvenes delincuentes y la antitécnica y facilista costumbre de sobrecriminalizar conductas, propiciando la agravación indiscriminada de la pena como prácticamente única respuesta al fenómeno delicuencial, se constituyen en los obstáculos principales de nuestro Derecho para llevar a cabo una buena función preventiva”.(8) Estos son sólo alguno de los tantos principios que se transgredieron, además de violar la Constitución Política del Perú y las normas internas que rigen dentro del Perú, además se violó los Pactos y Tratados los cuales suscribieron con diversos Organismos Internacionales,…… A manera de conclusión La política no es más que la expresión condensada de la economía, por lo que entendemos que la estructura económica va a determinar la Política desarrollarse por los Estados. Ahora bien, el Perú para los años noventa venía de haber sufrido una serie de políticas económicas, durante el gobierno de Fujimori la aplicación de recetas del F.M.I., lo que genera es aún más pauperización de la sociedad se incrementaba la pobreza y la extrema pobreza a 20% de la población, lo que trae como consecuencia la agudización de las contradicciones sociales, lo que a su vez genera una expresión social plasmada en grupos insurgentes armados para el estado denominados terroristas, para la Comisión de la Verdad y reconciliación se trata del Partido comunista del Perú y del MRTA. Que causaron el terror en el Perú, pero en realidad se trataba de una guerra contra el estado peruano y el Estado peruano puede justificar lo que ocurrió durante toda esta época, porque el Estado es tan responsable como ellos de las muertes ocurridas, se cometió toda clase de violaciones a los Derechos Humanos, el Estado debió proteger a su pueblo y no atacarlo, porque aunque se quiera tapar el sol con un dedo se cometió genocidio en contra de las comunidades campesinas, al ser exterminados por creerlos seguidores o colaboradores de los subversivos. La guerra interna iniciada en los años 80’ que para los noventa se radicaliza, según la comisión de la verdad y Reconciliación estimó que había muerto 69,286 personas, además de desplazados y heridos en gran cantidad. Al desarrollo de este conflicto interno el estado responde y reprime violentamente pasando por la violación de los más elementales derechos: Atentan contra el principio de legalidad El derecho a ser juzgado por un Tribunal Independiente e Imparcial El Derecho a la Defensa El Derecho a la jurisdicción predeterminada por la Ley El Derecho a la presunción de inocencia El derecho al debido Proceso El Derecho a las Garantías de Habeas Corpus y Amparo Todo esto avalado con una legislación propia de una dictadura, iniciándose con la promulgación del decreto Ley N° 25475, donde la pena al llamado delito de terrorismo es cadena perpetua, la pena menor de 20 años para el apoyante, estableciendo el aislamiento celular continuo por un año para el sentenciado, un desconocimiento del debido proceso, se prohibió y negó el Habeas Corpus obligando al Juez a dictar sentencia contra el procesado desconociendo la presunción de inocencia, se prohibía recusar a jueces, ofrecer como prueba testimonial a los autores del atestado, prohibiendo además beneficios penitenciarios, etc. Ya destituido Fujimori el nuevo Gobierno crea una comisión de estudio y revisión de la legislación emitida desde el 5 de abril de 1992, dicha comisión fue creada por resolución Suprema N°281-200-JUS, la cual en su informe en el punto 3.3) sobre legislación penal indica la inconstitucionalidad de dichas normas; y si a esto le agregamos que dentro de las conclusiones de la CVR nos habla que el 28,73% de las víctimas fueron ocasionadas por las fuerzas armadas y el 37,26% por comités de autodefensa y miembros del Estado, lo que demuestra que fue una guerra interna, por tanto todas las normas antiterroristas tienen un carácter puramente político ya que no tienen asidero doctrinario y son inconstitucionales. Por lo tanto siendo normas de carácter político, demandan una solución a ese nivel, una solución política. CITAS: (1)Economista, premio Novel 2001. Tomado del diario “Liberación”, edición de Lima 8 de julio del 2002 (2) Ibidem (3)Datos extraidos de Cameron, Maxwell, Democracy and Authoritarianism in Peru, New York, citado por Carlos Parodi Trece, Perú 1960 – 2000 Políticas económicas y Sociales en Entornos CambiantesK pag. 251 (4)Datos tomados de Banco Central de Reserva del Perú, Memoria 1995 (5) Informe del Relator especial de la ONU, encargado de la cuestión de la independencia de los jueces y abogados (6) Artículo 18 del Decreto Ley N°25475 (7) De la Demanda de Incostitucionalidad contra los Decretos Leyes No. 25475, 25659, publicada en enero de 2003, pag. 38-39. (8) Silfredo Hugo Vizcardo, Revista de Investigación de la facultad de Derecho y Ciencia Política, Lima-Perú, Año 4 - N°. 6, diciembre 2002, Pag. 155. BIBLIOGRAFÍA Banco Central de Reserva del Perú, Memoria 1995 Contreras Carlos y Cueto Marcos, “Historia del Perú contemporáneo”, ED. IEP, Lima, 2000 Editores importadores S.A., Manual de legislación Penal, ed. 1999. Parodi Trece Carlos, “Perú 1960-2000, Políticas Económicas y Sociales en entornos cambiantes”, Ed. Universidad del Pacífico, 2002. Silfredo Hugo Vizcardo, Revista de Investigación de la facultad de Derecho y Ciencia Política, Lima-Perú, Año 4 - N°. 6, 2002. Diario Liberación, Ed. 8 de julio 2002. Diario Liberación, Ed. 4 de agosto 2002. Diario “El Peruano”, Ediciones del 18 de mayo del 2001 Diario “El Peruano”, Ediciones del 0418 de enero del 2003 Diario “El Peruano”, Ediciones del 20 de febrero del 2003 Movimiento Popular de Control Constitucional, Documentos, enero 2003. Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

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