Mexico: Los indígenas mexicanos fortalecen su presencia en el sector turístico. (Fuente: efe)






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MEXICO: Indígenas de Chiapas denuncian acoso gubernamental. (Fuente: Proceso). Acteal. Indígenas pertenecientes a la organización civil denominada Las Abejas acusaron a los gobiernos estatal y federal de pretender deslegitimar su movimiento, al relacionarlos con el arsenal decomisado en el paraje de Yabteclum, municipio de Cheanlhó.
En conferencia de prensa, los líderes de Las Abejas rechazaron las versiones de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), filtradas a medios periodísticos locales, en las que se afirma que las armas decomisadas a Mariano Jiménez Pérez, hermano de Juan Jiménez Pérez, miembro de Las Abejas, eran para su organización y que supuestamente serían utilizadas para vengarse por la liberación de los "paramilitares" que participaron en la masacre de Acteal, en diciembre de 1997.
Con esa afirmación, añadieron, lo que pretenden hacer los gobiernos de Felipe Calderón y Juan Sabines es deslegitimar el movimiento civil y pacífico que reclama justicia desde hace casi 12 años.
"Decimos claramente que la lucha de Las Abejas y nuestra exigencia de justicia siempre ha sido a través de denuncias públicas y actos pacíficos. Jamás hemos tratado de vengarnos y mucho menos hemos planeado matar o agredir a los paramilitares, porque tenemos claro que ese no es el camino", dijo Sebastián Pérez Vázquez.
Esa historia inventada por la PGJE y la Procuraduría General de la República, agregó, es una estrategia para crear confusión y criminalizar las acciones de Las Abejas.
SUDAMERICA: Masacre no debe quedar impune. FIDH presenta informe de Misión sobre sucesos de Bagua. (Fuente: www.politicaspublicas.net). "Perú-Bagua, Derramamiento de sangre en el contexto del paro amazónico. Urge abrir diálogo de buena fe". Informe de la misión de la FIDH que visitó Perú los días 16 a 19 de junio de 2009 tras los violentos sucesos de Bagua.
La misión estuvo integrada por Rodolfo Stavenhagen, ex Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, y la Hermana Elsie Monge, Directora Ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), organización miembro de la FIDH en Ecuador.
"Estos trágicos sucesos no pueden quedar en el olvido ni deben permanecer impunes."
Tomando en cuenta los puntos de vista y testimonios tanto de las autoridades peruanas como de las víctimas y de sus familiares, y de las organizaciones indígenas, el informe hace un análisis detallado de los sucesos. También se presentan el marco previo a los enfrentamientos, es decir las protestas que surgieron a raíz de la adopción por el gobierno peruano de una serie de Decretos Legislativos dirigidos a facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos, más conocido como « TLC », y el escenario posterior a los enfrentamientos.
La FIDH denuncia que durante los hechos ocurridos en la llamada Curva del Diablo los días 5 y 6 de junio y en días posteriores, se violaron el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado u objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como el derecho a un debido proceso, a no ser detenido en forma arbitraria y a la libertad de expresión. Se destaca en particular la criminalización de los líderes indígenas que obstaculiza la posibilidad de un verdadero diálogo.
Estos trágicos sucesos no pueden quedar en el olvido ni deben permanecer impunes. Para ello, la FIDH recomienda, entre otros, la creación de una comisión investigadora totalmente independiente, que pueda esclarecer los hechos sucedidos y pide el respeto del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas.
La gravedad de este caso deja al descubierto profundas tensiones así como, en algunas ocasiones, la persistencia del racismo, por lo cual alentamos a que se abra un verdadero diálogo y que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas, en particular en el marco de las políticas y actividades comerciales.
Recomendaciones
Las recomendaciones de este informe destacan asimismo la necesidad de aportar ciertas modificaciones al marco legal para que se garanticen plenamente los derechos de los pueblos indígenas y en particular su derecho a consulta cada vez que una decisión o actividad pueda tener repercusiones sobre ellos o sobre sus tierras y territorios tradicionales.
La FIDH invoca al Estado peruano a respetar los convenios y tratados internacionales que protegen el derecho de los pueblos indígenas; derogar las normas que afecten estos derechos; cesar la persecución de los dirigentes y autoridades indígenas criminalizados en el marco la movilización amazónica de Abril a Junio del presente año y, al mismo tiempo, abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que agraven la situación previa al conflicto.
Finalmente, la FIDH formula recomendaciones a terceros Estados y a las empresas con el objetivo de prevenir las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y a los derechos humanos en general, en el marco de las políticas comerciales y de inversiones, permitiendo así reducir además el riesgo de conflictos sociales.
SUDAMERICA: Un informe denuncia que Perú viola derechos humanos de los indígenas. (Fuente: Beatriz Jiménez). Lima. El incumplimiento reiterado del Estado Peruano de los derechos de los pueblos indígenas, recogidos en el convenio 169 de la OIT, originó el conflicto amazónico y fue la causa de los lamentables hechos de Bagua, considera la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), quien presentó el informe 'Derramamiento de sangre en el contexto del paro amazónico'.
”El gobierno del presidente Alan García no cumple los convenios internacionales en materia de derechos de las comunidades indígenas, como es el derecho de la consulta previa”, declaró a elmundo.es Soraya Gutiérrez, vicepresidenta de la FIDH, tras recordar que más del 70% de la selva amazónica peruana ha sido concesionada para la extracción de hidrocarburos y el cultivo de biocombustibles.
Cabe recordar que en el marco del Tratado de Libre Comercio con EEUU, el gobierno peruano promulgó un paquete de Decretos Supremos que según los pueblos indígenas afectan sus derechos ancestrales sobre las tierras que habitan. Estas leyes motivaron un paro amazónico sin precedentes que se extendió durante casi 60 días, en los cuales los pueblos indígenas bloquearon carreteras y tomaron estaciones petrolíferas de la selva. Estas protestas culminaron el 5 de junio en Bagua con un operativo policial que se saldó con 33 fallecidos, 23 de ellos policías.
“La actitud del gobierno ha sido señalar a esas comunidades como obstáculos al desarrollo, lo que ha contribuido a que se fomenten prácticas discriminatorias que avivaron la polarización y culminaron en los lamentables hechos de Bagua”, opinó la vicepresidenta de la FIDH.
Persecución de líderes indígenas
Casi 5 meses después de los enfrentamientos en la provincia peruana de Bagua, no existe ningún procesado por la muerte de los civiles y no existen investigaciones judiciales sobre las circunstancias en las que 200 personas fueron heridas (83 por arma de fuego).
Sin embargo, 84 indígenas, la mayoría dirigentes, han sido denunciados. Entre ellos el consejo directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 1350 comunidades indígenas. Esta situación ha sido calificada por la vicepresidenta de la FIDH, como “una criminalización de los líderes indígenas que impide un verdadero diálogo para solucionar el conflicto amazónico”.
Entre los procesados se encuentra el presidente de Aidesep, Alberto Pizango, actualmente asilado político en Nicaragua, y el dirigente indígena Santiago Manuin, premio Reina Sofía por su labor en defensa de la amazonía, quien fue herido en el abdomen por 8 disparos de AKM el pasado 5 de junio en la Curva del Diablo.
“Hace falta esclarecer como murieron civiles y policías, y también depurar responsabilidades políticas para restablecer la confianza y acabar con el miedo que viven comunidades indígenas”, consideró Gutiérrez, quien saludó las mesas de diálogo y comisiones investigadoras integradas por representantes indígenas y del gobierno.
Los hechos el 5 de junio según la FIDH
En base a testimonios e información recabada en la zona del conflicto, la FIDH asegura que la noche anterior al operativo policial el general de la policía Víctor Uribe, el obispo de la localidad de Jaén, Monseñor Santiago García y dirigentes indígenas, acordaron la retirada pacífica de los manifestantes apostados en la Curva del Diablo. Ante la gran cantidad de indígenas, que superaban los 1.500, los dirigentes pidieron a la policía una tregua hasta las 10 de la mañana del 5 de junio para organizar el retorno a sus comunidades. Sin embargo, según la FIDH, la policía no respetó esta tregua.
“Las acciones se iniciaron a las 5.30 de la madrugada cuando un contingente de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales intentó sorprender a los nativos, produciéndose un enfrentamiento en el que los nativos habrían desarmado a efectivos policiales de sus armamentos de largo alcance”, reza el informe. El tiroteo, en el que fallecieron 10 policías, se extendió por más de tres horas. Después de los enfrentamientos, fueron recuperados los cuerpos de cinco indígenas, uno de ellos con signos de quemaduras. El mayor Felipe Bazán, a cargo de este contingente policial, permanece desaparecido hasta la fecha.
Tras los enfrentamientos en la Curva del Diablo, el conflicto se extendió a las ciudades cercanas de Bagua Grande y Bagua, donde grupos de pobladores enardecidos quemaron locales públicos. “La policía actuó como una fuerza de ocupación, apostando inclusive francotiradores en los techos que disparaban a la población”, dice textualmente el informe. Más de 100 personas resultaron heridas en ambas ciudades por acción de la policía, entre ellas la niña Leidy Luz, de tan solo 7 años.
Mientras, en la localidad de Imazita (a 3 horas de la Curva del Diablo), la FIDH señala la versión oficial de que un grupo no determinado de pobladores “lleno de dolor” secuestró a los 38 policías que custodiaban una estación petrolífera estatal cercana y asesinó a 10 de ellos. La FIDH confirma que recibió múltiples testimonios sobre presuntas desapariciones de cadáveres de indígenas, pero sin embargo hasta la fecha no existen pruebas.
Toque de queda, torturas y detenciones arbitrarias
La Curva del Diablo fue cercada por el Ejército y la policía hasta el 10 de junio, impidiendo el acceso a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía. “La imposición del Estado de emergencia y el toque de queda también dificultó considerablemente la búsqueda de cadáveres y personas desaparecidas”. La FIDH denuncia que durante esos días, un kilómetro cuadrado de la zona de la Curva del Diablo fue quemado.

Tras los hechos, 185 personas fueron detenidas “según los testigos en una operación de rastrillaje para capturar a aquellos que tengan rostros indígenas”. Fruto de esta atmósfera de miedo, la FIDH señala que 1500 indígenas fueron refugiados por la Iglesia Católica y la población de Bagua.“ Los detenidos fueron con frecuencia golpeados y torturados por los integrantes de la DINOES y la policía local según los numerosos testimonios recibidos”, asegura la FIDH, que también denuncia que hasta el 10 de junio no se permitió a las organizaciones de derechos humanos acceder a los lugares de detención.
SUDAMERICA: Perú: Gobierno pretende desaparecer organización amazónica nacional AIDESEP. (Fuente: Servindi). La Procuraduría del Ministerio de Justicia solicitó al Poder Judicial ordenar la disolución de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la principal organización nacional de los pueblos amazónicos del Perú.
El pedido se efectuó invocando el artículo 96 del Código Civil, que señala que se puede “solicitar la disolución de una asociación cuyas actividades sean o resulten contrarias al orden público”. El Consejo Directivo de la AIDESEP ha llamado a los Apus de la Amazonía a una reunión de emergencia para analizar, conversar y determinar la decisión que se adoptará ante esta nueva situación.
Mientras que los pueblos indígenas buscamos la reconciliación entre peruanos el gobierno pretende silenciar nuestra voz, dijo el dirigente nacional de organización Saúl Puerta Peña. “Esto es un acto de discriminación contra los indígenas” afirmó. Peña dijo que esta acción “genera incertidumbre en las bases” e incrementa la “desconfianza respecto al gobierno” pues prosigue la ” persecución política y judicial”. “Este acoso pone en peligro la credibilidad de las mesas de trabajo porque no se puede –por un lado- dialogar y, al mismo tiempo, perseguir, acosar, maltratar” afirmó el dirigente nacional.
A pesar del diálogo iniciado por medio de cuatro mesas de trabajo y del trabajo de la Comisión investigadora de los hechos de Bagua , el pedido de disoluciónes una mala noticia que incrementa la “desconfianza a medidas incalculables”.
Pedido de disolución

Según informó la agencia de noticias EFE, el pedido de disolver la AIDESEP existe desde el 11 de junio y fue trasladada a la Fiscalía de la Nación, que el 12 de octubre la admitió a trámite. Si la Fiscalía aceptara los argumentos contenidos en esa petición, trasladará su petición al Poder Judicial, que a su vez estimará o no oportuna esa disolución, o también podría optar por una solución salomónica, como es el cambio de la junta directiva de la asociación, indicó EFE. En cualquier caso, ese proceso podría demorar “hasta 80 días hábiles”, es decir, varios meses más.
Ministro aprista
El actual Ministro de Justicia es Aurelio Pastor, dirigente del partido Aprista y ex colaborador del gobierno de Fujimori. Es conocido por ser un ácido crítico del movimiento social a favor de los derechos humanos.

En agosto, Pastor acusó en una sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas que los indígenas asaltaron una estación policial para proveerse de armas y atacar a los efectivos del orden.
La grave acusación que no está avalada por ninguna evidencia, provocó que Daysi Zapata, Vicepresidente de AIDESEP, lo calificara de “mentiroso y caradura”. Hace pocos días se aperturó un proceso judicial al lider del pueblo Cocama-Cocamilla Bladimiro Tapayuri, quién es coordinador de la Mesa de Diálogo Nº2 sobre Consulta Previa. Tapayuri es acusado por participar en la toma de la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el sector de Yurimaguas – Tarapoto, durante la protesta amazónica que se inició el nueve de abril del presente año. Actualmente hay 89 indígenas procesados judicialmente por los sucesos de Bagua.
En tanto, el 37 Juzgado Penal ha programado, a partir del 10 de noviembre, el interrogatorio a los dirigentes de la referida asociación por su participación en el ‘Baguazo’. Por otra parte Juan José Quispe, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), lamentó la situación en que se encuentran las evidencias de los hechos de Bagua y expresó su malestar por lo numerosos procesos abiertos a los lideres nativos. “Esto afecta el trabajo de la comisión investigadora y las mesas de diálogo” indicó.
Aidesep
La AIDESEP es una organización de larga trayectoria. Fue fundada en 1980 y su máximo dirigente es Alberto Pizango quién se encuentra exiliado en Managua, capital de Nicaragua. Es una organización amazónica descentralizada en seis organizaciones regionales y 60 federaciones indígenas, que representan a más de 1,300 comunidades donde viven 350,000 pobladores.
AIDESEP es miembro fundador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), creada en Lima el 14 de marzo de 1984 y en la que participan organizaciones de nueve países que habitan la cuenca amazónica. AIDESEP es una matriz del movimiento indígena amazónico y nacional del Perú habiendo promovido la Conferencia primero y luego la Coordinadora Permanente de Pueblos Indígenas del Perú (COPPIP) como un espacio abierto de articulación costeña-andina y amazónica desde las bases.
También es gestora del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (Formabiap), organización pionera en la promoción de la educación bilingüe intercultural. Formabiap recibió el 2003 el Premio Bartolomé de las Casas de manos del Príncipe Felipe de Borbón en reconocimiento a su invaluable labor. Un premio similar de la Casa de las Américas fue recibido en 1996 en reconocimiento a su defensa de los pueblos en aislamiento voluntario. Y en 1991 recibió el Premio Antiesclavitud otorgado por Anti Slavery International por la liberación de indígenas ashaninkas que vivían en esclavitud en la zona de Atalayaq, región Ucayali.
Entre sus logros se encuentra haber gestionado la titulación de aproximadamente 12 millones de hectáreas, la creación de varias reservas comunales y territoriales y promover la defensa de los pueblos en aislamiento, la salud intercultural y el liderazgo de las mujeres indígenas.

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