La primera expedición misionera salesiana al Amazonas






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NOTAS:
(1. HARING. C. 1958)

(2.TAVERA ACOSTA, B. 1907)

(3.LODARES, Baltasar. 1931)

(4. LODARES, Baltasar. 1931)

(5 LODARES,Baltasar. 1931)

(6. BLANCO PEÑAL VER, P. L. 1954).

(7. TAVERA ACOSTA. 1954.)

(8. Ibídem)

(9. Ibídem)

(10. STRADELLI E., en Anuario del Instituto de Antropología e Historia, UCV, pp. 323-432, Caracas).

CAPITULO IV
La Ley de Misiones y su contexto

1. Visión general de la época
Para estas primeras décadas de siglo, hay que evocar la Venezuela rural empobrecida y sometida a la dictadura gomecista. Más del 70% de la población vivía diseminada en pequeñas poblaciones y caseríos. Caracas y Maracaibo eran las únicas ciudades que sobrepasaban los 50.000 habitantes.

En ese tiempo, Venezuela carecía no sólo de infraestructura industrial, sino de plataforma para un desarrollo agrícola-ganadero competitivo. La Venezuela de 1930 era todavía el país sórdido de Gómez, la Venezuela de conspiraciones reprimidas con torturas, la de «Puros hombres» de Arráiz, la de «Fiebre» de Otero Silva o la de «Memorias de un venezolano de la decadencia» de Pocaterra.

Agricultura escasa, ganadería exangüe, peones mal pagados, más conuqueros que campesinos, ranchos de tierra apisonada con techumbre de paja y pared de bahareque.

Pero el petróleo había reventado en el Estado Zulia con profecías de abundancia y en el año 1925 desaloja por primera vez al café, como principal producto de exportación. Los beneficios se notaron pronto en Caracas. En 1936 los automóviles ocupan el segundo lugar en el volumen de las ventas comerciales.(1)

Venezuela reflejaba en su geografía el centralismo férreo al que estaba sometida. Caracas y las ciudades centrales concentraban la riqueza en pocas manos, sobre todo en la camarilla de Gómez, mientras que el campo yacía abandonado a su suerte, adormecido en un latifundismo patriarcal con visos de esclavitud.

La situación de Amazonas se encuadraba perfectamente en el marco hasta aquí enunciado, pero agravado por la situación geográfica que favorecía enormemente la inmunidad del explotador y el concepto racista que se tenía del indígena.

El «boom» del caucho, sarrapia, balatá, chicle etc. que había hecho de la región amazónica el nuevo Dorado desde la mitad del siglo XIX, también abarcó al Amazonas venezolano, incitando a la aventura y al negocio a miles de aventureros y negociantes sin escrúpulos, a la par que Compañías extranjeras impusieron por décadas la ley del terror y de la explotación en esas zonas.

En Venezuela la explotación del caucho no entró nunca a competir ni aún lejanamente, con los otros grandes rubros como el café, el cacao y posteriormente el petróleo. El caucho fue una explotación marginal, y en el Amazonas venezolano los «grandes» explotadores de caucho, que comerciaban con Manaos o Ciudad Bolívar, no pasaban de ser pequeños reyezuelos que reflejaban ese «jefeciviismo» de la época gomecista, reafirmado por esa categoría de «racionales» con el derecho de uso de la mano de obra «irracional» indígena, según los métodos propios de la época.

En uno de los informes que envían los primeros misioneros salesianos se leen estos párrafos que pueden darnos una idea del ambiente social que encontraron a su llegada al Amazonas en 1933:

«...encontraron a muchos indios al servicio de ciertos civilizados en condiciones que equivalían a una verdadera esclavitud. Para muchos empresarios se dividían los obreros en: racionales e indios. Con el primer término, que aún se conserva en gran parte del Territorio, se designa al obrero que habla castellano y era tratado como sus iguales en cualquier parte del país. Los indios, en cambio, formaban el personal fijo de los empresarios, los cuales pagaban por ellos un impuesto fijo (generalmente Bs. 3 por cabeza), y adquirían así un derecho sobre el indio que les permitía perseguirlo en caso de que se escapara. A estos indios no se les pagaba en dinero, sino en especies, a precios que sólo los empresarios sabían, pero que eran tales que el pobre indio quedaba siempre debiendo, por mucho que trabajara; deudas que a veces crecían de año en año y aún pasaban de padres a hijos» .(2)

De 1908 a 1910, cuando el General Gómez asumió el poder, representarán al Poder central como Gobernadores del Territorio F. Amazonas los Sres. Manamá y Néstor Pérez Briceño. En 1911 vino de Gobernador D. Samuel Darío Maldonado, hombre de letras, justo y empeñado en hacer una gran obra en este rincón abandonado de la patria. A éste le sucedió Bernardo Guevara y después Roberto Pulido, con el que comienza la «era Funes», que posteriormente se convertirá en leyenda.

El sátrapa cauchero que se impuso en toda la cuenca amazónica era una mezcla de tirano y «gentleman», por eso en los testimonios sobre su figura se mezclaban la bondad y la fiereza, la justicia y la crueldad, y por un testimonio «pro Funes» encontramos otro «anti Funes», pero en ambos juega más la leyenda que la historia.

El General Gómez, taimado, mantuvo despectivo a Funes en el Amazonas; nunca le dio el nombramiento de Gobernador que él claramente aspiraba, y aunque desconfiaba de él lo utilizó como polizonte del Sur.

Muerto Funes, después de un pequeño paréntesis de escaramuzas contra Arévalo Cedeño, logró Gómez establecer el orden en la zona por medio de las tropas del coronel Méndez. Se inició el trabajo de la carretera Atures-Samariapo, que el Ing. Santiago Aguerrevere diseñó para salvar los raudales de Atures y abrir así un camino de penetración hacia el Sur, facilitando así el desarrollo del comercio. En 1928 se trasladó la capital del Territorio desde S. Fernando de Atabapo a Puerto Ayacucho, pueblo que a la llegada de los salesianos no pasaba de 200 habitantes.

La Iglesia venezolana para esa época podemos calificarla como debilitada para responder a una población profundamente religiosa. Micheo A. resume así los rasgos más característicos de esta Iglesia de fin de siglo e inicios del siglo XX:

«Socialmente poco significativa: La Iglesia había perdido todos aquellos instrumentos que en la Colonia la hacían importante en la sociedad: el patronato inclinado a su favor, la mediación ante el pueblo, la influencia política etc. Es cierto que ya había terminado la agresividad de los gobiernos, típica del siglo XIX, pero esto se debía a que la Iglesia había tenido que ceder a fuerza mayor su presencia social, política y profética dentro de la sociedad civil.

Pobre y dependiente: la eliminación de los diezmos, el paso a la dependencia del erario nacional siempre deficiente e incierto, y la incautación de los bienes raíces de la Iglesia, le cercenaron muchas posibilidades en el cumplimiento de su misión. La dependencia del Estado para la subsistencia le privó de libertad de acción y de pensamiento, sobre todo de aquellos aspectos que podían rozar con la sensibilidad del gobierno.

Poco comprometida en lo social: el obligado desplazamiento de su posición social y política, junto con la dependencia económica del Estado, obligó a la Iglesia a reducirse a aquel aspecto que no iba a despertar celos en la sociedad civil y en los gobiernos, sobre todo el aspecto cultural y espiritualista. El clero, sobre todo desde principios de siglo, se forma dentro de este contexto.

Adherida a Roma: no nos referimos a la normal pertenencia a la Iglesia Católica romana. Las circunstancias que dijimos anteriormente, la obligaron a extremar esta nota teniendo que presentarse ante los gobiernos, no como localmente responsable de sus decisiones, sino como miembro integrante de una entidad universal con fortaleza suficiente para mantener sus posiciones. Este hecho interiorizó un concepto de Iglesia que necesitaba de las directivas romanas para avalar sus decisiones, dificultando con ello la normal autonomía de la Iglesia local».(3)

En este ambiente se encuadra el momento de la restauración de las Misiones en Venezuela y el Convenio entre el Gobierno y la Congregación Salesiana.
2. Restauración de las Misiones en Venezuela
Restaurar las Misiones «destruidas a consecuencia de la dilatada guerra de la Independencia» fue una obligación sentida por los Gobiernos durante el siglo XIX.

Aunque la restauración fue intentada muchas veces durante ese siglo, no llegó a ser una realidad firme y duradera hasta el 21 de febrero de 1.922, cuando se firmó un Convenio (a tenor de la Ley de Misiones de 1915 y el Reglamento de la misma), entre el Ejecutivo Nacional y los PP. Capuchinos de Castilla.

He aquí los principales intentos de restauración:

- El 30 de julio de 1824, el Congreso de la Gran Colombia, dictó una ley obligándose a restaurar las Misiones, destruídas a causa de la larga guerra de Independencia.

- El 10 de julio de 1828, Simón Bolívar derogó las leyes que dificultaban la restauración de las Misiones y decretó su instauración con los mismos religiosos que las habían atendido anteriormente.

- El 18 de agosto de 1841, el Congreso de Venezuela, bajo la Presidencia del General Páez, dictó una ley sobre «reducción y civilización» de indígenas.

- El 9 de febrero de 1893 se dictaron unas resoluciones del Ejecutivo Nacional bajo la Presidencia de Joaquín Crespo, declarando los territorios Delta, Alto Orinoco, Amazonas y Goajira, regiones de Misión católica.

- El 16 de junio de 1915, el Congreso de Venezuela, presidido por Márquez Bustillos, dictó una ley por la que se mandaba restablecer «tantas misiones cuantas sean necesarias», en los Territorios Federales y en los siguientes Estados: Bolívar, Apure, Zulia, Zamora y Monagas.

- El 26 de Febrero de 1921, el Ejecutivo Nacional dictó un Reglamento de la Ley de Misiones, revocando el publicado en el año 1915.

Con estas actuaciones a lo largo de casi un siglo, el 21 de febrero de 1922, el Ejecutivo Nacional firmó un Convenio con los PP. Capuchinos de Castilla para el restablecimiento de la Misión del Caroní. A éste, le sucederán otros.
3. La Ley de Misiones
El Estado venezolano cuando hizo esta Ley se consideraba todavía legítimo heredero del derecho de Patronato Eclesiástico que habían tenido los reyes españoles. Por lo tanto, la injerencia del Gobierno en los asuntos eclesiales venezolanos era inevitable.

El establecer nuevas misiones entre los indígenas del territorio nacional era, en consecuencia, prerrogativa única y exclusiva del Gobierno, aunque con el asentimiento de la Santa Sede para el nombramiento del Prelado y demás aprovisionamientos canónicos.

En su deseo de restaurar las Misiones, fue confeccionada la ley que determinaba en concreto el estado jurídico de la Misión misma. Fue el punto de partida para la estipulación de Convenios con las actuales Familias religiosas que aún hoy trabajan en las Misiones. Determinaba la finalidad, condiciones, funciones y elementos constitutivos de las mismas.

Los objetivos y criterios que en dicha Ley se exponen chocan hoy con nuestra mentalidad y en los tiempos recientes, los pueblos indígenas y la misma Iglesia lucharon por la derogación de dicha Ley y el establecimiento de un basamento jurídico acorde con el tiempo y el derecho de los pueblos indígenas a ser gestores de su propia historia.

Los criterios de fondo que inspiraron tal ley se podrían resumir así:

- Compete al poder legislativo de la nación establecer Misiones donde lo juzgue más oportuno.

- Compete al poder ejecutivo regular tales Misiones y contratar para el trabajo de las mismas a quienes crea más adecuados.

- El Presidente de la República, o aquel a quien él delegue, tiene el cometido de permitir o prohibir la entrada de los Misioneros extranjeros en el Territorio nacional.

Los objetivos generales de la Ley, a tenor del Artículo 1º de la misma, son: El sometimiento de los indígenas no civilizados y la repoblación de las regiones deshabitadas.(4)

El texto íntegro de la Ley de Misiones de 1915 es el siguiente:
«El Congreso de los Estados Unidos de Venezuela decreta la siguiente Ley de Misiones:

Art. 1. Con el fin de reducir y atraer a la vida ciudadana las tribus y parcialidades indígenas, que aún existen en diferentes regiones de la República, y con el propósito, al mismo tiempo, de poblar regularmente esas regiones de la Unión, se crea en los Territorios Federales y en los Estados Bolívar, Apure, Zulia, Zamora y Monagas tantas Misiones cuantas sean necesarias, a juicio del Ejecutivo Federal.

Art. 2. A los efectos del más pronto establecimiento de estas misiones, el Ejecutivo Federal contratará con quien corresponda, lo concerniente al personal y a la estabilidad de las Misiones, al asiento de ellas, a la construcción de habitación en los sitios adecuados, a la fundación de poblaciones y a todo lo relativo al cumplimiento de las obligaciones mutuas entre el Gobierno Federal y los Misioneros. Bien entendido que el Misionero debe conocer el idioma castellano y un oficio, por lo menos, para enseñarlo.

Parágrafo único. Ninguna Misión se establecerá en población o ciudad comprendida dentro del territorio de un Estado.

Art. 3. El superior de cada Misión tendrá autoridad suficiente para mantener el orden inmediato entre los indígenas, para el cabal cumplimiento de los respectivos reglamentos, y solicitará la intervención del Ejecutivo Federal, cuando se trate de medidas de mayor transcendencia.

Art. 4. Los Misioneros contratados por el Ejecutivo Federal podrán entrar libremente en el Territorio de la República con destino a sus respectivas Misiones y las autoridades civiles y militares le prestarán todo género de apoyo moral y material en el desempeño de sus deberes.

Parágrafo Único. El Ministro de Relaciones Interiores tomará las medidas necesarias a fin de que ningún misionero desempeñe cargo ni función alguna fuera de su respectiva Misión.

Art. 5. Para el mejor régimen y dominio de la República sobre los territorios que comprendan las Misiones, se erigirán éstas en Vicariatos o Direcciones y al efecto, solicitará el Ejecutivo Federal del respectivo representante su asentimiento a estas erecciones, quedando las Misiones separadas de toda otra jurisdicción.

Art. 6. Los Vicarios o Directores de Misiones, en su relación con el Gobierno, se comunicarán directamente con el Ejecutivo Federal, por medio del Ministro de Relaciones Interiores: darán cuenta anual del estado y progreso de su Misión respectiva, y administrarán éstas conforme al presupuesto aprobado por el Ejecutivo Federal.

Art. 7. Los gastos que ocasionan las Misiones serán fijados en la Ley de Presupuesto.

Art. 8. El Ejecutivo determinará los linderos de cada Misión y reglamentará la presente Ley.

Dada en el Palacio Legislativo, en Caracas, a dos de junio de 1915» (5)
Como requería el Art. 8 de la ley de Misiones, con el Decreto del 26 de octubre de 1921 se reglamentó cuanto se refiere a los Contratos del Gobierno con los Religiosos misioneros y se dieron normas prácticas más adaptadas a las exigencias de los tiempos. Quedaba pues, fijada la normativa legal de los futuros contratos misionales.

Los artículos del Decreto especificaban los deberes y derechos de ambas partes contratantes, establecían los poderes y facultades de las autoridades de la Misión, sus compromisos con el Estado y con las personas a evangelizar.

A estas normas se atendrá el Convenio del 20 de abril de 1937 entre la Congregación Salesiana y el Gobierno venezolano, respecto a la Misión del Alto Orinoco, actual Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho.
NOTAS:
(1. VILDA C. 1983. Proceso de la cultura en Venezuela III (1935-1985). Centro Gumilla)

(2. COMITE ORGANIZADOR DE LA TERCERA CONFERENCIA INTERAMERICANA- DE AGRICULTURA, 1945. Tribus indígenas de la Prefectura Apostólica del Alto Orinoco. Escuelas Artes Gráficas Salesianas. Caracas.)

3. MICHEO. A., 1983. Proceso histórico de la Iglesia venezolana. Centro Gumilla. Caracas.

(4. En cambio los fines primordiales de la Santa Sede, de la Nunciatura de Caracas y de las Familias Religiosas misioneras, eran altamente espirituales, como lo era la promoción integral de los indígenas venezolanos. Cfr. STOCCO P. en «La Missione Salesiana Alto Orinoco» (Venezuela))

(5. Cfr. LEY DE MISIONES de 1915, en Gaceta Oficial. XLIII, n 12.562 del 16 de junio de 1915.)
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