La consideración juridica del adulto mayor y su problemática en el peru






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fecha de publicación09.09.2015
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LA CONSIDERACIÓN JURIDICA DEL ADULTO MAYOR Y SU PROBLEMÁTICA EN EL PERU



José Alfredo Pineda Gonzáles (*)


Planteamiento del problema

Para comenzar el estudio del tema del adulto mayor en el Perú, debemos apreciar los diversos problemas que este sensible sector de la población atraviesa. Estas se resumen en las siguientes:

  1. La situación de las pensiones congeladas de los cesantes y jubilados de las leyes 20530 y 19990, que generan casi a diario marchas, protestas, plantones, huelgas y otros mecanismos de reclamo frente al Estado.

  2. La situación de abandono e indigencia de muchos ancianos que nos permite visualizar casi a diario en la mayoría de ciudades del país a ancianos mendigando en lugares públicos.

  3. La situación de abandono de los ancianos por sus hijos que llegan inclusive no solamente a ser caso de tema periodístico sino que además de procesos judiciales, en los que los ancianos pierden sus propiedades y posesiones por acción de los hijos.

  4. La situación de marginación de los ancianos para quienes no existe posibilidad de empleo, de políticas de atención, esparcimiento y cultura por parte de la sociedad civil y el Estado.

  5. La marginación y muerte civil a la que se condena a los ancianos al considerarlos seres improductivos que están a la espera de la muerte y en lo que no existe posibilidad de pensar para incorporarlo a la vida nacional de manera activa.

Levantar un diagnóstico de la situación de abandono del adulto mayor no es una cuestión difícil, en realidad a diario enfrentamos cuadros dramáticos de ancianos mendigando para poder sobrevivir, otros viviendo en la vía pública sometidos a los vejámenes y la indiferencia de la gente. El problema entonces no es virtual sino fáctico y de diaria constatación.



El Adulto Mayor y su consideración social

Se define a un adulto mayor como aquella persona de 60 años o más­ ­edad definición establecida en la Asamblea Internacional sobre el Envejecimiento de Viena de 1982. La expresión adulto mayor ha reemplazado otros términos comunes tales como anciano, persona de edad o persona de la tercera edad.
Partimos de diagnosticar la situación social del anciano o adulto mayor para que a partir del mismo podamos identificar a que razones jurídicas obedece tal situación; siendo así resulta que en el mundo y en el Perú se aprecia una situación alarmante y dramática. Las estadísticas, sin duda nos pueden ofrecer una panorama mas amplio para entender el problema en que se encuentra la ancianidad.


  • El 22% de los habitantes del planeta será mayor de 60 años en el 2050.

  • En el 2050 habrá 2,000 millones de personas mayores en lugar de los 600 que hay actualmente

  • Un millón de personas, aproximadamente, llegan cada mes a los 60 años, el 80% de ellas en los países en desarrollo.

  • Se espera que para el 2050 el porcentaje de personas mayores de edad aumente del 8% al 21% mientras que de los niños descenderá del 33% al 20%

  • En las regiones desarrolladas en número de personas de tercera edad son mayores al de los niños.

  • El segmento de más rápido crecimiento es el de las personas de 80 años o más, su número es de 70 millones.

  • Actualmente hay 81 hombres por cada 100 mujeres mayores de 60 años, y esta proporción baja a 53 hombres por cada 100 mujeres mayores de 80 años.


Este panorama también se refleja en el ámbito de nuestro Continente, sobre todo en el que corresponde a América Latina, así se ha señalado la importancia del desarrollo de políticas orientadas al incremento de la calidad de vida de las poblaciones de adultos mayores actuales y futuras en la región de América Latina y el Caribe.

La dinámica formal de fecundidad, mortalidad y distribución por edad implica que la trayectoria de las tasas vitales de los países de América Latina en los últimos cuarenta años conducirá sistemática e inexorablemente al envejecimiento de la población del continente. Ese legado de tendencias pasadas no se puede alterar, detener o modificar.

El envejecimiento de los países del continente no seguirá un curso único ni homogéneo. En realidad, se observará una heterogeneidad considerable entre los países en cuanto a la distribución cronológica, los niveles y otras características del proceso de envejecimiento.

En el Perú, el 26 de agosto del año 2002 se ha presentado a través del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social el “Plan Nacional para Personas Adultas Mayores 2002-2006”, el documento fue presentado en una ceremonia realizada en el Auditorio del Ministerio, en el marco de la celebración por el día de las personas adultas mayores. Este instrumento pretende elevar el desarrollo humano, mejorar la calidad de vida y revalorar la dignidad de las personas mayores de sesenta años. En esa oportunidad la Ministra resaltó que en “los últimos años se viene experimentando un proceso de envejecimiento acelerado en nuestro país. La población Adulta mayor representa el 7.2% de la población total, es decir representa un millón ochocientos cuarenta y tres mil trescientos treinta personas. De lo que se concluye, que en efecto, la población adulta mayor en nuestro país se viene incrementando, claro esta sin llegar a los standares europeos, donde la incidencia es mayor. Sin embargo, esta aproximación estadística nos debe hacer pensar que en el futuro la población de ancianos en el Perú va a representar un sector importante al que se le debe brindar una atención preferente.

Las Declaraciones Universales y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, no incluyen prohibición específica alguna a la discriminación por edad. Sin embargo, esta es una situación que padecen las personas mayores de todo el mundo en múltiples circunstancias: graves dificultades económicas, limitaciones en el acceso a los servicios de salud, ausencia de servicios sociales, graves carencias en vivienda y condiciones de vida, exclusión de la cultura y educación, trato inadecuado, escasa participación en la vida social y política.

Los derechos humanos de las personas mayores no son reconocidos en muchos lugares del mundo. Es por lo que desde el Foro mundial de ongs sobre el envejecimiento y declaración final y recomendaciones, realizado en Madrid, del 5-9 de abril del 2002, se desarrollo y los derechos de las personas mayores como una cuestión prioritaria, y se manifestó “reclamamos la estricta e integra aplicación de la Declaración de Derechos Humanos, recordando que esta debe ser vigente para todos los ciudadanos, sin distinción de edad. La plena inclusión de las personas mayores en la vida social y económica de sus respectivas sociedades, el aprovechamiento de sus capacidades y experiencias y la defensa de sus derechos ante cualquier tipo de discriminación, constituye una aspiración esencial del Foro de Envejecimiento”.

Pero además, debe tenerse en cuenta la conquista social que esta suponiendo el hecho de que muchos millones de personas lleguen a edades muy avanzadas, nos obliga a que determinados aspectos relacionados directamente con el envejecimiento de la población hayan de ser especialmente protegidos y respetados como derechos de las personas mayores.

Por todo ello, se manifestó en dicho evento “exigimos que, además de asumir realmente los derechos citados, se instauren los necesarios mecanismos de control y seguimiento que garanticen su aplicación en todos los ámbitos: locales, nacionales e internacionales.

Por último, se sostenía en el evento que queremos reiterar que los procesos de globalización sin derechos humanos y sin igualdad resultan inconcebibles e inaceptables y esto es especialmente decisivo en lo que se refiere a los derechos de las personas mayores.

El diagnostico es sobrecogedor, pero ante él es necesario determinar que causas de orden jurídico nos puede generar un escenario tan dramático, las razones las explicamos a continuación.

La consideración jurídica del adulto mayor

La temática de la vida, su origen y desarrollo ha sido motivo de preocupación de filósofos, teólogos y científicos hace alrededor de veinticuatro siglos. Uno de los testimonios más admirables acerca de esta problemática lo da Aristóteles (siglo IV A.C.) El Filósofo se planteó una serie de cuestiones teóricas acerca de la vida y los seres vivos. Para empezar ¿qué es la vida? Un cadáver tiene los mismos órganos y tejidos que un cuerpo vivo. ¿Qué tiene el segundo, que le falte al primero? GONZALES 1996: 23.
Sin duda el concepto de la vida misma puede tener diversas explicaciones y sentidos, dependiendo desde la perspectiva de análisis en la que nos enfrasquemos; sin embargo, la muerte también resulta una preocupación permanente, y si bien no esta en discusión la posibilidad de prolongar la vida en forma indefinida, lo está sí prolongar la existencia hasta límites cada vez más precisos. Peor en la discusión de la vida y la muerte, encontramos la temática de la existencia misma en su desarrollo entre las variable antes indicadas: Vida y muerte.
Desde determinada perspectiva, las etapas de la vida que encontramos en ambos extremos están la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultes y la senectud. Esta última etapa de la vida es materia de nuestra preocupación jurídica y social.
Se encuentra claro que la determinación y status jurídico de la niñez, de la adolescencia y de la adultes tienen en el derecho un tratamiento diferenciado basado en que siendo etapas diferentes de la vida humana, merecen desde luego un tratamiento jurídico diferente.
El caso del adulto mayor o anciano, que corresponde a la etapa de la senectud o ancianidad, refleja en la doctrina un tratamiento bastante limitado, por cuanto mayormente se considera al anciano como un adulto más, al que eventualmente hay que brindarle algunas consideraciones que más bien tiene su punto de partida en las consideraciones sociales de la cortesía, las buenas maneras, o acaso el respeto mismo, sin que se haya realizado esfuerzos significativos para ubicar esta etapa de la vida en un espacio que merezca un tratamiento jurídico especial, en la búsqueda permanente de revivificar su dignidad de quienes se encuentran en el epílogo de la vida.
Es la persona el bien supremo del Derecho?

La tendencia más relevante del pensamiento científico jurídico de la hora actual es aquella que, al adherir a la corriente personalista, considera a la persona como el bien o valor supremo del derecho y reconoce a su rol central de protagonista del quehacer jurídico. Esta nueva perspectiva deja atrás una visión eminentemente patrimonialista e individualista del Derecho, la misma que subyace tanto en la doctrina como en la codificación generada a partir de la promulgación del Código Civil Francés de 1804. En tiempos recientes, un sector de la doctrina, adelantándose con frecuencia a las disposiciones de los ordenamientos jurídicos nacionales, plantea una teoría unitaria en lo que concierne a la tutela de la persona y, a la vez, diseña y desarrolla complementariamente, nuevas situaciones jurídicas subjetivas que protegen determinados aspectos o modos de ser de la persona y se preocupa por postular un adecuado mecanismo de protección, incluso de carácter preventivo. Son cada vez más numerosos los hombres de derecho decididos no sólo a proclamar la supremacía jurídica de la persona humana, sino a perseguir, más allá de toda lírica declaración y con redoblado afán, la renovación de los ordenamientos jurídicos nacionales para traducir en prescripciones normativas los postulados del personalismo jurídico. Los hombres de derecho comprenden también que es necesario permanecer vigilantes, en su caso, para que tales normas tutelares de la persona humana sean eficaces. Es decir que tengan una efectiva correspondencia en la realidad social de cada país. FERNÁNDEZ SESSAREGO 1995:112.
Esta perspectiva de análisis, sin embargo, respecto del adulto mayor, colisiona con una legislación que no recoge estos principios, y para demostrarlo es necesario precisar que la Constitución Política del Perú establece en su artículo primero que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado, inscribiéndose con dicho postulado en la corriente personalista del derecho. Seguidamente enumera una serie de derechos de la persona humana en la que vale la pena detenerse en los dos primeros incisos, que sirven para el análisis materia de la tesis. El numeral primero del artículo segundo de la Carta Política señala que toda persona tiene derecho “a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar... “, “a la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.
Estas normas constitucionales establecen derechos principios sobre la base de los cuales deben construirse estados de desarrollo y bienestar para todas las personas que viven en el Perú.
En el capítulo segundo: de los derechos sociales y económicos, artículo cuarto, se consagra “la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono.” Del precepto antes transcrito se desprende que la situación de abandono en que se encuentren el niño, el adolescente, la madre y el anciano es motivo de especial protección por parte de la comunidad y del Estado. Sobre este particular debe precisarse que en efecto, la situación de abandono en que se encuentra el niño y el adolescente recibe en la legislación peruana un tratamiento especial a través del Código Civil y a través del Código de los Niños y Adolescentes, en esta última norma se aprecia a través del capítulo noveno que inicialmente faculta al ministerio de la Mujer a realizar una diversidad de actividades destinadas a proteger a los niños y adolescentes en presunto estado de abandono, encontrándose en la actualidad dicha facultad en manos del Poder Judicial a través de los Juzgados Especializados de Familia. Sin embargo en materia de legislación destinada a la protección de la madre en estado de abandono no se ha avanzado lo suficiente, existiendo más que normas legales de contenido concreto, políticas de Estado destinados a apoyar a la madre en estado de abandono.
En lo relacionado a la protección del adulto mayor en estado de abandono diríamos que no existe una legislación que desarrolle lo dispuesto en el artículo cuarto de la Constitución, por cuanto ni el Código Civil, ni otra norma de rango legal o reglamentario desarrolla un contenido tuitivo sobre la tercera edad.
Es la Curatela la institución de protección del anciano?

Del análisis sistemático del Código Civil podemos apreciar que la curatela es una institución de derecho familiar cuyo fin radica en el cuidado de la persona y bienes de los mayores de edad incapaces, es decir tiene por objetivo encargar a una persona para que proteja al incapaz y logre su recuperación la causa que motivó su incapacidad. Es decir que la curatela protege al adulto, en general, (no específicamente al anciano o adulto mayor) que se encuentra incapacitado por causales expresas contenidas en la ley y no necesariamente por el proceso natural del envejecimiento.
El Código Civil en su artículo 565 sanciona que la curatela se instituye para :

  • Los incapaces mayores de edad.

  • La administración de bienes.

  • Asuntos determinados.

No se puede nombrar curador para los incapaces sin que preceda declaración judicial de interdicción, y esta declaración se logra acreditando que el incapaz se encuentra en alguno de los supuestos de los numerales dos y tres del articulo 43 y los contenidos en el artículo 44 del Código Civil.
Incapacidad absoluta

  • Los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento.

  • Los sordo mudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable.


Incapacidad relativa

  • Los retardados mentales

  • Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad.

  • Los retardados mentales.

  • Los pródigos.

  • Los que incurren en mala gestión.

  • Los ebrios habituales.

  • Los toxicómanos.

  • Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil.


Se aprecia, entonces que la curatela no comprende el caso específico del anciano que fruto de su proceso involutivo requiere una atención y protección especial, sino que considera el caso genérico de los adultos que por razones expresamente contenidas en la Ley requieren de alguien que los “cure” de su causa y en tanto no se curen asume su protección y cuidado, tanto de su persona como de los bienes de esta. Podríamos atrevernos a afirmar que mayormente esta institución es utilizada cuando el incapaz tiene un patrimonio que no puede administrar.
En la búsqueda de procesos judiciales sobre interdicción civil se tiene que en los Juzgados de Familia estos procesos buscan fundamentalmente la declaración de incapacidad para que se nombre a un curador se ocupe de la administración de sus bienes, fundamentalmente, es decir que el componente de protección del adulto no es el que prevalece o el que orienta la pretensión de intedicción civil y nombramiento de curador, sino una marcada pretensión de protección de un patrimonio en riesgo.
Entonces, la curatela no es la institución encargada de brindar protección efectiva al anciano o adulto mayor, aunque debemos admitir que sería la única institución jurídica que absorve los casos de los ancianos.

Por otra parte, otras normas que en forma genérica brindan protección al anciano son las que corresponden a la seguridad social y al sistema previsional, las que a través de las atenciones médicas y el otorgamiento de una pensión de jubilación o cesantía se otorga atención a este sector de la población y normas sobre facilitar el acceso y transito en edificios públicos. Sin embargo, estas normas no tiene en esencia una finalidad tuitiva sino de mera retribución al aporte que los ancianos hubieron brindado durante largos años de trabajo, según corresponda a las leyes 20530, 19990 o al régimen privado de la Aseguradoras de Fondos de Pensiones, entre otros sistemas.
Todas las iniciativas legislativas surgidas en este sensible sector de la sociedad se han debatido más en el ámbito previsional o de la seguridad social, y la perspectiva siempre ha sido la búsqueda de mejoras económicas en las pensiones de jubilación y cesantía.
No obstante lo anteriormente señalado, y recientemente, el 21 de julio del año en curso, y (cuando este articulo ya se había elaborado) se ha promulgado en el Perú la Ley de las Personas adultas mayores, Ley 28803. Una rápida revisión de su contenido evidencia aun la ausencia de disposiciones concretas a favor del adulto mayor, sobre todo del adulto mayor en estado de abandono. La ley debe ser reglamentada en sesenta días, esperemos que se produzca para tener una apreciación crítica mas adecuada.

Conclusiones

Que se ha demostrado que el envejecimiento de la población es un proceso tanto internacional como nacional, de carácter ascendente y que nos proyecta una visión de incremento de la población de ancianos que va en incremento, y que tanto en el contexto internacional como nacional, la situación social del anciano es dramática en razón de que no es bien considerado y no se le brinda la promoción y protección correspondiente, permitiendo que éste se ubique no solamente en situaciones de discriminación, sino además de abandono moral y material.

Que la problemática social del adulto mayor esta ligado a que su consideración jurídica lo ubica como un adulto más, al que no se le brinda tratamiento especial fruto del declive de sus capacidades físico mentales, y si bien recibe un tratamiento constitucional generoso, al establecerse el principio de que el anciano en estado de abandono recibe una protección especial de parte de la comunidad y del Estado, sin embargo no existe Ley de desarrollo constitucional que concretice esa protección especial que debe brindarse al anciano en estado de abandono, a través de una institución específica.
Bibliografía


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