1 ¿Hasta qué punto es pensable hablar de genocidio en relación a la política del estado-nación argentino con los Pueblos Originarios?






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fecha de publicación03.09.2015
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Reflexiones sobre la dinámica genocida en la relación del Estado Argentino con los Pueblos Originarios.


Reflexiones sobre la dinámica genocida en la relación Estado Argentino-Pueblos Originarios.
Walter Delrio, Diana Lenton, Marcelo Musante,

Mariano Nagy, Alexis Papazian, Gerardo Raschcovsky1.
Introducción.
¿Hasta qué punto es pensable hablar de genocidio en relación a la política del estado-nación argentino con los Pueblos Originarios? Dado el debate público suscitado en torno a esta pregunta, proponemos abordar al concepto genocidio como categoría heurística y analítica, que eche luz sobre el proceso de sometimiento, incorporación e invisibilización de los Pueblos Originarios al interior del Estado.

Analizaremos luego las marcas en la memoria dentro de procesos históricos que resultan ser comunes con otras experiencias de genocidio y/o terrorismo de estado.

Finalmente, nos interrogamos sobre las dinámicas de las prácticas genocidas estatales para con los Pueblos Originarios desde la conquista de sus territorios hasta la actualidad. ¿Cuándo finaliza un genocidio? ¿Cuáles fueron y son las políticas genocidas desde el Estado Nacional? ¿Cuáles son sus consecuencias?

Si concebimos a la nación como comunidad ficcional y al Estado como materia que emerge siendo forma de organización de lo nacional, entenderemos que el estado-nación tiende a subsumir diversos registros culturales al interior de una única identidad válida: el ser nacional. ¿Puede este ser nacional cristalizar bajo prácticas genocidas? Este trabajo postula precisamente que la potencia estatal encierra potencialidad genocida; si no siempre llevada a la acción, siempre latente.

Enfocar en el accionar estatal no implica dejar de considerar las formas de resistencia que los distintos Pueblos Originarios han generado a partir de las diferentes formas de eliminación (física y simbólica) a las que fueron enfrentados. Apuntamos a la vez a convalidar la potencia testimonial de la memoria colectiva como fuente histórica que ha sido insuficientemente utilizada.

1) ¿Hasta qué punto es pensable hablar de genocidio en relación a la política del estado-nación argentino con los Pueblos Originarios?
El proceso histórico que derivó en la consolidación del estado nacional presenta una doble faz: en cuanto expansión territorial y consolidación de un sistema de dominación y en cuanto regulación epistémica, pues el avance del estado “está regulado a partir del momento en que la forma-Estado inspira una imagen de pensamiento”, es decir que para que el Estado pueda desplegarse en el pensamiento y regularlo, debe expandir su maquinaria de guerra (Deleuze y Guattari 1997: 373-381) sobre el espacio a dominar.
La creación de una identidad hegemónica que unificara y homogeneizara a la nación fue vital durante el proceso que culminó con la conformación de la República Argentina, proceso que no casualmente, coincidió con el avance militar sobre el actual territorio argentino. De hecho se llevaron adelante campañas de exterminio sobre aquellos grupos sociales que fueron creados y caracterizados como otros externos a la identidad “nacional”, pero internos en los marcos del territorio a dominar. La conformación identitaria coincidió con la consolidación y expansión del estado moderno y con la delimitación específica del territorio con el que hoy percibimos a la República Argentina. Las llamadas Conquistas del Desierto2, como conjunto de proyectos y prácticas se configuran así como la máxima expresión genocida en la política indigenista de la historia republicana, contribuyendo a los procesos de territorialización, sustancialización y nacionalización del Estado (Alonso 1994).
Este conjunto de procesos, simultáneos y operativos para la conformación de nuevas subalternidades, llevó a la cristalización en el sentido común de la idea de una sociedad cultural y fenotípicamente homogénea. Como parte de esta construcción epistemológica se tiende a pensar sólo ciertos procesos como genocidas mientras que otros, igualmente “...perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso...”3, son visualizados como procesos evolutivos y civilizadores que, acorde con visiones teleológicas de la historia, estarían determinados de antemano.
Las variables potenciales que la práctica genocida encierra y que son puestas en escena en el momento de su materialización fáctica y simbólica4, son insuficientemente tratadas por la definición jurídica a la hora de dar cuenta del proceso genocida a largo plazo. Resulta necesario analizar no sólo las prácticas situadas en un “momento” sino en su proceso de devenir a lo largo del tiempo.
La política de la “frontera interior” anterior a la “Organización Nacional” unía por una parte expediciones militares (preventivas o punitivas), con la sedentarización y establecimiento de fronteras de “indios amigos” y por la otra, medidas de corte “pacifista” o “integracionista” (como la alianza con las órdenes religiosas que involucró la creación del Consejo para la Conversión de los Indios al Catolicismo) con las clásicas firmas de tratados con jefes indígenas. Pero en poco tiempo la variable militar empieza a mostrarse decididamente determinante, pasando las iniciativas “pacíficas” a desempeñar un rol subordinado, cuando no contradictorio. En el marco del fortalecimiento de la tesis militar se producirán la expedición a Susques de 1874, la sanción de la expansión hasta el río Negro en 1878, y la fallida conquista del Chaco en 1884. Apenas iniciado el gobierno de Avellaneda, y en medio del proceso de ascenso y consolidación de la oligarquía norteña en la capital, el interés del Ejecutivo se concentrará en garantizar “la tranquilidad de los inmigrantes” alejando a los indios de las cercanías de las colonias. El ministro Alsina redacta, en el marco de la Ley de Presupuesto de 1877, una cláusula que sentencia la terminación de los tratados de paz con las comunidades originarias5.
A pesar de la variabilidad interregional de las “soluciones” al “problema indígena” que desmienten la posibilidad de unificar causalidades y procesos, la novedad del programa de Julio Roca a partir de 1878 es la nacionalización de la política de fronteras. La ausencia de una política de población que acompañe la normativa sobre la apropiación del territorio evidencia que los “indios y chusma” son para la clase gobernante y sus aliados simples competidores a eliminar, sin perspectiva de integración al cuerpo de la Nación, a pesar de los oportunos disclaimers (Lenton 2005).
Valen aquí las observaciones de Martha Bechis (1992), tendientes a reconocer lo insuficiente e inapropiado de pensar las relaciones de frontera como determinadas, exclusiva o básicamente, por el elemento étnico. Por ello, acordamos en señalar a 1878 como la irrupción de lo estatal en el espacio fronterizo. La campaña del desierto es un parte-aguas que ordena las identidades étnicas y convierte la antigua diversidad en dicotomía barthiana nosotros-otros. La coyuntura bélica reabierta en 1878 sentó las bases para la exacerbación de un discurso que asimilaba al indígena como enemigo extranjero real o potencial. Dados los resultados de la contienda, el indígena fue sometido, no como un simple connacional expropiado de su tierra, sino como un extranjero vencido de guerra, quien, perdidas sus posibilidades de autonomía, sufrirá también una desigual integración al crisol de razas ofrecido a la inmigración.
Los pueblos nativos del territorio, al igual que otros grupos sociales, han sido marginalizados, negados y/o eliminados en el contexto de origen del estado-nación. La praxis genocida fue un elemento fundamental de las políticas hacia la población indígena en Argentina y por lo tanto esto abre la pregunta hacia los modos de su devenir, debido al “éxito” de dichas políticas y la invisibilización del genocidio en discursos hegemónicos y la sociedad civil. En este punto ameritan dos aclaraciones: en primer lugar, no buscamos definir a priori los elementos actuales de la política indigenista como “genocidas”, sino ampliar su análisis a la luz de sus procesos políticos de conformación en los cuales las prácticas sociales genocidas han dejado una huella fundamental. En segundo lugar, consideramos indispensable incluir y sopesar la agencia de la población originaria en dichos procesos históricos, ya que la misma ha quedado doblemente invisibilizada tanto por la historiografía nacionalista hegemónica como por cierto revisionismo, incluso desde posturas que sostienen la utilización de los conceptos de genocidio y/o etnocidio.
Entendemos al genocidio como un concepto analítico que encierra una práctica social en un proceso histórico específico. Lo pensamos como un accionar que debe ser deconstruido para comprender tanto su lógica como también las formas en las cuales éste ha sido presentado por discursos hegemónicos como un compuesto espasmódico de actos aislados que se asemejarían más a un proceso de barbarie irracional que a una acción meditada, deliberada y sistematizada bajo el apoyo de un Estado en conformación o bajo un proceso reorganizativo interno (Feierstein: 2007). Fenómeno que hemos definido ya en otra ocasión como un absurdo6 de la lógica racional occidental.

En términos de Foucault (1996) “invirtiendo la proposición de Clausewitz, (...) diríamos que la política es la continuación de la guerra por otros medios... vale decir que la política es la sanción y la prórroga del desequilibrio de fuerzas manifestado en la guerra”. Efectivamente, es la expansión de la maquinaria estatal a través de la fuerza la que luego permitirá consolidar y cristalizar la dominación de los pueblos originarios a partir de mecanismos que respondan a políticas invisibilizadoras para con los sobrevivientes de las campañas de sometimiento. El genocidio en su etapa material genera un doble proceso, por un lado la eliminación física efectiva; por otro, el disciplinamiento a partir de diversos mecanismos a los sobrevivientes, como lo fue la aplicación del sistema de distribución sobre los miles de indios sometidos tras la campaña emprendida por el estado argentino en la región de Pampa y Patagonia a fines del siglo XIX (Mases 2002; Delrio 2005). Es decir, que la política genocida nacional no se acaba con la conquista, sino que trasciende el enfrentamiento bélico y continúa con una serie de leyes, normas y disposiciones que dan lugar a la creación de un conjunto de nociones que subsisten en el imaginario colectivo, como la de una nación de matriz europea, la negación del componente nativo en la identidad nacional, y por supuesto, en la exclusión política, económica y social de los pueblos originarios en la actualidad.



Indiferentemente del signo valorativo acordado a las campañas militares contra los pueblos originarios y especialmente a la que ha recibido mayor atención historiográfica y popular –la expedición al Río Negro de 1879-, aun en cierto discurso que las condena subsiste la idea de que en la Argentina estos pueblos y sus miembros son pocos o extintos. Esta noción no se diferencia de la que proponen los apologetas de la gesta roquista, para quienes la eliminación de los pueblos originarios, además del valor y los beneficios del avance estatal, es el mito fundador de la nación (Quijada, Bernard y Schneider 2000), al ocupar militarmente y ejercer la soberanía nacional sobre un espacio que fue designado como propio, mucho antes de poder asegurar la presencia estatal sobre esos territorios, es decir concluyendo una operación ideológica pensada con antelación a su realización efectiva.
Es aquí donde el poder epistémico occidental iguala ejército con civilización y civilización con evolución, entendida como un proceso universalmente predeterminado por el progreso epitomizado en el hombre europeo. Así, el marco temporal del genocidio para con los pueblos originarios, se disuelve en los discursos académicos que, incapaces de salirse del pensamiento hegemónico, tienden a repetir variables deterministas (aún “en defensa del indígena”), negadoras tanto de su resistencia y sobrevivencia frente al accionar del estado argentino como de su preexistencia al mismo.
Cuando los procesos genocidas no obtienen un reconocimiento jurídico, moral y público, nos encontramos ante un proceso histórico que lejos de creerse cerrado, mantiene su vigencia. No es casual que como sociedad estemos hoy al inicio de comprender que los campos de concentración y las prácticas genocidas existieron para con los pueblos originarios.

2) Las marcas en la memoria.
En distintas comunidades, familias y lugares se relata en episodios una historia que ha sido relegada de los espacios públicos hegemónicos de construcción del pasado. Estas narrativas son también constitutivas de la Historia y son indispensables para comprender la propia lógica del poder.
Por ejemplo, en el caso del pueblo mapuche, las contadas sobre el tiempo de los abuelos, cuando los “expedicionarios” venían corriendo a los antiguos pobladores, reponen trayectorias de individuos, familias y linajes además que actualizan experiencias sociales en la toma de decisiones personales, familiares y comunitarias. La figura del perseguidor aparece difusa en cuanto a su identificación pero contundente en cuanto a sus efectos. El resultado es devastador. El invasor persigue y fuerza la marcha por el terror. Se debe huir del territorio ancestral para evitar el asesinato de niños, el hambre, y la barbarie que ha invadido, dando por finalizada una época de abundancia y de libertad (la de los abuelos). Aquel espacio social desaparece al punto que la misma naturaleza parece haber cambiado. El relato describe cómo los abuelos escaparon, de forma individual –en la mayor parte de los casos- o en forma colectiva, de la persecución de los militares y de las “concentraciones” posteriores. Se describen espacios y lugares, a veces con topónimos actuales, a veces sólo mediante referencias que interpelan a un conocimiento compartido (“allá donde juntaban a toda la gente”). De dichos campos, campamentos, cuarteles había que escapar porque allí mataban a los niños, a las personas, o se las llevaban a Buenos Aires, a pie. En las deportaciones masivas se cometían torturas y asesinatos e infanticidios, se desgarronaba y se dejaba morir a quien no pudiera seguir la marcha.
Estas son historias que han sido conservadas a través de la memoria oral en el lapso de dos y tres generaciones. Los protagonistas de las mismas, hoy, son “los abuelos”. La performance en la contada busca la fidelidad con la experiencia social del antepasado quien, se recuerda siempre, “sabía llorar cuando se acordaba”. Esta frase suele ser la apertura de dichas narrativas, las que entre el pueblo mapuche corresponden al género veritativo del gvxam. Así, lo que es dicho cuando se inicia con la marca de apertura debe ser entendido como lo que realmente pasó. Se trata de una historia que ha sido y es repuesta colectivamente (Delrio 2005).
Mediante las narrativas se reconstruyen itinerarios, escenarios concretos y metodologías sistemáticas del accionar genocida. Dando por tierra la posibilidad de comprenderlos como simples “excesos” se iluminan vacíos producidos deliberadamente por la historiografía nacionalista: las políticas del Estado hacia los pueblos originarios como prácticas genocidas, incluyendo sus formas concentracionarias.
Al mismo tiempo permiten comprender las decisiones cotidianas, las políticas históricas y presentes de la comunidad y la familia. Son experiencias sociales que han guiado y guían las decisiones en el presente. A partir y a través de ellas se ha venido construyendo identidad bajo territorialidad estatal. En los espacios privatizados donde el acceso a los recursos ha sido permanentemente restringido y amenazado, donde el reconocimiento ha sido y es dado por el molde impuesto desde el estado, donde se ha cuestionado su legitimidad en tanto “pueblos originarios” de esta tierra tanto como la existencia de una historia oral propia.
La realización simbólica (Feierstein 2007) del genocidio se manifiesta en el silenciamiento de la historia propia de las víctimas, mediante distintos recursos de poder, que implican diferentes grados de violencia. En el norte del país, los reclamos por justicia de la Federación Pilagá sobre la llamada Masacre de Rincón Bomba de 1947 y de las comunidades Qom por la Matanza de Napalpí de 1924, se refieren no sólo a esos hechos, sino que se proyectan a varios siglos de exterminio anterior y posterior. Sin embargo, (sólo) aparentemente sordo ante las voces contrahegemónicas, el Estado nacional responde con argumentos que proponen la prescriptibilidad de ciertos crímenes de lesa humanidad, étnicamente situados, mediante la negación de los pueblos originarios como “etnias” y por ende de su carácter de sujetos pasibles de reparación. Y mientras tanto, cerrando el círculo, la “ciudadanía criolla” conserva los trofeos de la masacre en museos improvisados, prolongando la deshumanización que concurre al genocidio y amalgamando la identidad local en la de los victimarios.
Las narrativas familiares sobre el genocidio no sólo permiten comprender estos procesos de sometimiento del pasado, sino que cuestionan la legitimidad del estado y su modelo de territorialización en el presente. Dando cuenta de la dificultad que la sociedad civil tiene para percibir estas prácticas como genocidas.
Por eso, pese a que existen en la actualidad algunas iniciativas de reparación del genocidio estatal por vía judicial, no puede pensarse en un Nüremberg si no media una modificación de la conciencia colectiva que incluya como cultura contrahegemónica la memoria colectiva de sus víctimas.

3) ¿Cuáles fueron y son las políticas genocidas? ¿Cuándo finaliza un genocidio? ¿Cuáles sus consecuencias? Dinámicas de prácticas genocidas para los Pueblos Originarios.
El genocidio contra los pueblos originarios es un factor que por su sistematicidad y extensividad opera como trasfondo de la política indigenista de larga duración y es central para entender los modos en los que se operó hacia el acallamiento (Trinchero 2005) y condicionamiento (Grossberg 1992) de la agentividad indígena aún en nuestros días.
Como ya señalamos, el genocidio no se define únicamente por el exterminio sistemático. También se constituye y extiende en términos simbólicos y políticos al negar o desviar toda responsabilidad sobre los actos cometidos7. La lógica binaria8, se activa al (re)crear una noción de guerra que “ennoblece a los militares que, de otro modo, deberían verse como vulgares represores” (Calveiro 1998). De igual manera la noción de guerra-contra-el-malón inviste al accionar militar de un poder que, más allá del de sus armas, es el de la razón (occidental y cristiana) que prolonga y oculta la práctica genocida sobre los grupos sociales que no se adaptan a esta ficción discursiva que actúa como lazo social.
La construcción historiográfica nacionalista no es externa a las prácticas genocidas. Al construir la imagen de “Conquista al desierto” como la batalla final de la guerra al malón, como instancia ineludible de un proceso encuadrado en una lógica de desarrollo histórico “universal”, gran parte ese discurso historiográfico ha consolidado no sólo las imágenes de un otro foráneo y bárbaro que debió desaparecer por razones trascendentes, sino que ha inhabilitado su existencia posterior (Lazzari y Lenton 2000). Así, el único destino posible propuesto para dicha población ha sido su “desaparición”.

Por un lado, esta “desaparición” queda por fuera de cualquier proyecto político y es presentada como “efecto” de una lógica mayor que quita responsabilidad y desvanece la agencia de sectores de poder, aún cuando quienes participaron se hayan vanagloriado de ella como parte de sus plataformas de gobierno. Por otro lado, en el caso de los pueblos originarios, y a diferencia quizás de otros casos, dicha desaparición ha sido comúnmente presentada –no ocultada- en términos de extinción biológica o disolución social (Briones 1998). Nuevamente en el concepto de extinción se minimiza la acción estatal (“posibles excesos”) para introducir factores demográficos como epidemias, sedentarización y mestizaje que naturalizan el proceso de desaparición, eludiendo toda responsabilidad política9.
Una buena parte de dicha construcción historiográfica ha venido no sólo a justificar sino a silenciar las prácticas físicas del genocidio, al imponer narrativas, circunscribir arenas y agendas de debate e investigación, pero fundamentalmente al constituir imágenes/recuerdos hegemónicos que se repiten e instalan en la vida cotidiana, creando sentidos de ciudadanía bajo la forma de espacios públicos, tiempos de celebración cívica, curricula escolar, escenas perpetuadas en símbolos, moneda circulante, individuos petrificados y omnipresentes entre los modelos de buen gobierno.
A pesar de la pretensión en contrario de los “nuevos” paradigmas políticos de la integración, el respeto a la interculturalidad y el diálogo plural, el genocidio, lejos de agotarse en su fase constituyente (Feierstein 2007) se prolonga en prácticas tendientes a sostener un status quo que, si no puede caracterizarse como genocida, es claramente inescindible del genocidio que sentó sus bases. Así, cuando las voces contrahegemónicas provenientes de la agentividad indígena parecen exceder los límites “pensados” para ella (Balibar 1991), resurgen discursos, argumentaciones y prácticas preexistentes, surgidos al calor de paradigmas políticos aparentemente obsoletos, y sin embargo eficaces a la hora de acorralar a la resistencia. Elementos de otredad negativa claramente tendientes a la construcción de una víctima propiciatoria, tales como el recurso siempre latente a la extranjerización o a la barbarización de los pueblos originarios, parecen perdurar más allá de los contextos que les dieron origen, para indicar la perduración de tales condiciones (Lazzari y Lenton 2000). El huevo de la serpiente duerme, apuntalado por discursos pseudocientíficos que ponen en duda la “autenticidad” de los sobrevivientes sobre la base de supuestas “evidencias” de su extinción o degeneración.
Si la latencia de la realización simbólica del genocidio habilitó la perduración de un sistema de dominación cimentado en el mismo, vale la pena preguntarnos cómo lo simbólico opera en las relaciones de explotación, configurando una cotidianeidad específica. Y especialmente, si dicha fase de realización simbólica incluyó eventos epitomizantes (Briones 1998) como los de Rincón Bomba y Napalpí -años después de la conquista, y en contextos de expansión de la ciudadanía (Lenton 2005)-, vale la pena preguntarse con Adorno (1993), ya no sólo qué y cómo pasó, sino cómo hacer para que no siga ocurriendo.

Notas:


1 Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena y Proyecto UBACYT F180. Sección Etnología y Etnografía, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.


2 Recordemos que entre 1879-1889 se llevó adelante la conquista militar de pampa-patagonia –proceso incorporado a la conciencia histórica común con el nombre de Conquista del Desierto- y entre 1884-1917, expandió sus fronteras sobre el nordeste en la región chaqueña –acontecimiento conocido como Conquista del Chaco, del Desierto Chaqueño, del Desierto Verde, etc. Estos hechos, precedidos entre 1874 y 1875 por la Campaña de los Andes, de la Puna o “de Susques”, contribuyeron con su resultado a la cristalización de la estructura de la República Argentina bajo la matriz estado-nación-territorio.


3 Artículo 2º de la Convención para la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio, ONU 1948: “(...) Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.


4 Para un estudio analítico del proceso véase Daniel Feierstein (2000). Tomando el modelo teórico que este autor compone, el genocidio se entiende como una práctica social que va desde procesos de marginalización y marcación de otro [un colectivo cultural, religioso, étnico] diferente hasta la deshumanización y eliminación material y simbólica del mismo (Feierstein 2006)


5 Este punto es importante por que implica la desaparición del cacique como sujeto de la política y la diplomacia, y preanuncia la desaparición simbólica de sus pueblos. Véase Tamagnini y Pérez Zavala (2002); Briones y Carrasco (2000).


6 Si bien tomamos el análisis que Camus 1999 [1953] hace del absurdo y generamos una interpretación propia al hermanarlo con la lógica del genocidio, en una suerte de suicidio de la Humanidad a partir de la eliminación material y simbólica de un otro creado por el aparato estatal en favor de su propia identidad (Papazian 2006).



7 La política negacionista encuentra, en nuestro país, su variable discursiva cuando los represores, como el General Camps, afirmaban “no desaparecieron personas, sino subversivos” (Calveiro 1998: 89). De la misma manera se podrá pensar que no se eliminaron personas, ciudadanos llamados a habitar el territorio, sino “apenas” indígenas.


8 Las lógicas totalitarias -dice Pilar Calveiro (1998: 88)- son lógicas binarias que conciben el mundo como dos grandes campos enfrentados: el propio y el ajeno, donde todo lo que pertenece al campo ajeno, lo diferente, constituye un peligro latente que es necesario anular. Esta definición, que Calveiro elabora –apoyándose en Deleuze (1988)- para abordar otros episodios de nuestra historia, puede aplicarse estrictamente a la lógica de la generación del ´80 en su proyecto hegemónico por la anulación de la barbarie y la imposición de su civilización. El racismo, como concepción binaria, epitomiza esta lógica, maximizando los elementos de construcción arbitraria, denigrante y amenazante del Otro.


9 Para el análisis específico del tratamiento de las “campañas contra los indios” en la historiografía escolar, ver Nagy (2007).

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