Hacia una sociedad reconciliada, construida sobre la memoria a las víctimas, la justicia y el respeto a los derechos humanos”






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c) Principios Políticos de Actuación.

  • Manifestamos nuestro compromiso con el respeto de los derechos humanos y las libertades civiles y políticas, de todas las personas.

Los derechos humanos, todos ellos, constituyen un bloque que exige su respeto coherente e indivisible sin que quepa atender unas transgresiones en detrimento de otras.

  • Manifestamos nuestro rechazo a cualquier instrumento o método que suponga la conculcación de los derechos civiles y políticos.

El rechazo de las transgresiones graves de derechos fundamentales no puede atenuarse ni modularse en función del sujeto agente. Toda transgresión debe rechazarse provenga ésta de los poderes públicos o de grupos –organizados o no- de la propia sociedad civil.

2. Compromisos e Iniciativas

A) Promoción y defensa de los derechos civiles y políticos.

1.- Desarrollar campañas de sensibilización en la defensa de los Derechos Humanos, con especial atención a los derechos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

  • Diseño y puesta en marcha de una herramienta pedagógica sobre la tolerancia.

Se trata de diseñar y aplicar una guía didáctica específica sobre materias relativas a la libertad de expresión para abordar su discusión –contenido y límites de dicha libertad- en el ámbito de la educación para la paz y adaptada a los niños y niñas en edad escolar. Con ello se pretende sensibilizar a los jóvenes de la necesidad de la libertad de expresión, opinión, pensamiento, religión e ideología pero, a la vez, saber comprender los límites de dichas libertades cuando se pone en tela de juicio el honor de las personas o se deriva a lo que se conoce como “lenguaje del odio” (hate speech).

El proyecto se llevará a cabo con la implicación de las direcciones de Innovación Educativa (Departamento de Educación) y de Juventud (Departamento de Cultura).

  • Fomento de estudios de postgrado sobre el estado de las libertades civiles y políticas de Euskadi.

Se trata de impulsar la creación y/o consolidación de ciclos formativos de postgrado sobre las tendencias actuales en la evolución de las libertades civiles, con especial énfasis en la perspectiva internacional. El objetivo se dirige a incentivar la reflexión crítica en la materia y contribuir a la creación de foros de discusión e información permanentes.

2.- Organizar un seminario sobre la aplicación práctica de las Declaraciones Internacionales sobre Derechos Humanos en Euskadi y en el Estado.

El seminario persigue, en primer lugar, el análisis –para su posterior difusión en la sociedad vasca  de los Pactos Internacionales aprobados por las Naciones Unidas en 1966 como auténtico bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos. Dichos pactos de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales –firmados y ratificados por el Estado español  complementan y desarrollan la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Junto a dichos pactos, la reunión de expertos incluirá el análisis de otros Convenios internacionales de relevancia. El objetivo es difundir su contenido entre la ciudadanía, con especial atención a los mecanismos de cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales que dichos Pactos entrañan.

3.- Impulsar las iniciativas de entidades que trabajen en el ámbito de las libertades civiles y en la defensa de los valores democráticos.

En el conjunto de políticas de fomento dirigidas a promover la cultura de paz y los derechos humanos se establecerá una línea prioritaria que permita impulsar de forma específica aquellos programas y organizaciones que dirijan su actividad hacia materias que tengan relación con el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Se priorizarán, en el mismo sentido, programas y organizaciones que centren sus estrategias en destacar, consolidar y enraizar los valores democráticos.

4.- Plantear iniciativas parlamentarias e institucionales en contra de la conculcación de los derechos civiles y políticos de todas las personas.

  • Elaboración de un Informe anual sobre la aplicación de la normativa penal antiterrorista.

Se trata de confeccionar un instrumento informativo independiente sobre la aplicación de la normativa penal antiterrorista, con especial atención a las últimas reformas en la materia (1996-2005), modificaciones sustanciales en la línea jurisprudencial, prácticas forenses probatorias, etc. Su elaboración correrá a cargo de personas competentes en la materia y con garantías de independencia. El objetivo es dar a conocer entre la ciudadanía las actuaciones que se llevan a cabo en la materia y que por su dificultad jurídica no trascienden. Para ello, se elaborará un informe de carácter anual.

  • Organización de un foro de reflexión internacional sobre la normativa antiterrorista en el ámbito estatal y europeo.

Se pretende analizar la posición que se mantiene en nuestro entorno jurídico ante la regulación penal del terrorismo, con especial atención al entorno europeo. Se busca, además, contrastar las actuaciones del Estado Español con la experiencia y los estándares europeos e internacionales de protección de los derechos fundamentales. El planteamiento consistirá en organizar una jornada de reflexión con expertos europeos, con el objetivo de elaborar un informe final, sintético de la situación actual en derecho comparado y jurisprudencia internacional, que, posteriormente, pudiera ser divulgado a la sociedad.

  • Proponer debates parlamentarios sobre el ejercicio de las libertades civiles y políticas en Euskadi.

Instar, mediante los mecanismos oportunos, y previo contraste con los Grupos Parlamentarios, la celebración de un pleno monográfico en el Parlamento Vasco que contribuya a tomar conciencia de la importancia y situación de las libertades civiles y políticas en Euskadi. El objetivo consiste en analizar, debatir y consensuar resoluciones y recomendaciones sobre la materia, mediante el concurso de todas las fuerzas representadas en el arco parlamentario.

  • Impulsar un manifiesto institucional a favor del pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos y ciudadanas vascas.

Elaboración de un manifiesto institucional que sintetice la posición del Gobierno Vasco ante la situación de las libertades civiles y políticas y que, buscando el máximo nivel de consenso, contribuya a delimitar las líneas maestras sobre las que articular los mecanismos precisos para garantizar su pleno ejercicio.

B) Respeto de los derechos fundamentales de expresión, reunión y participación política.

5.- Promover iniciativas concretas para la modificación de normas legales que restrinjan o vulneren los derechos civiles y políticos.

Instar mediante los cauces oportunos, tanto en el Parlamento Vasco como en el Parlamento Español, la adopción o desarrollo de iniciativas de modificación y adecuación de la legislación sobre partidos políticos y lucha penal antiterrorista. El objetivo es reconducir y depurar las políticas jurídicas sobre regulación de partidos y antiterrorismo hacia el respeto de los ámbitos legítimos del ejercicio de las libertades fundamentales y, en particular, de las de expresión, opinión, pensamiento, ideología, asociación y participación política.

6.- Maximizar, en el ámbito competencial de las instituciones vascas, el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de primera generación.

El Gobierno Vasco se compromete, en su ámbito competencial y dentro del escrupuloso acatamiento del ordenamiento jurídico vigente, a una actuación especialmente atenta y porosa, a dotar de contenido y desarrollar al máximo los derechos fundamentales, de conformidad con los instrumentos vigentes en materia de derechos humanos. Con particular sensibilidad, orientará sus interpretaciones a maximizar el ámbito protegido de las libertades de expresión, opinión, pensamiento, ideología, asociación, reunión, manifestación y participación, promocionando, entre las opciones interpretativas que las leyes ofrecen, aquellas que entrañen una menor restricción de derechos.

C) Defensa de la libertad de información.

7.- Desarrollar medidas de sensibilización a favor de la libertad de información:

  • Defender el derecho a la libertad de expresión e información de los profesionales de los medios de comunicación amenazados por la violencia.

Desde el Gobierno se continuarán y potenciarán todas aquellas actuaciones que tengan como finalidad garantizar el libre ejercicio de los derechos de opinión, expresión e información, cuando estos se vean gravemente amenazados por la violencia, con el objetivo de defender el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los profesionales de los medios de comunicación, como base imprescindible de una sociedad democrática y plural.

  • Organización de una jornada con los medios de comunicación europeos sobre el ejercicio efectivo del derecho a la información en Euskadi.

Se pretende contrastar la situación y funcionamiento de los medios de comunicación en Euskadi y en el Estado español, con la experiencia y los estándares europeos e internacionales. Se persigue estimular el debate sobre un código de buenas prácticas, detectando las actuaciones irregulares o deficitarias de los medios de comunicación en cuanto agentes activos indispensables en la conformación de una opinión pública crítica e independiente en un Estado Democrático.

  • Elaborar un informe de seguimiento sobre la situación y efectos del cierre de los medios de comunicación en Euskadi.

Se trata de elaborar un informe independiente sobre la situación de los medios de comunicación clausurados. Su elaboración estará a cargo de personas y expertos de reconocido prestigio profesional con garantías de independencia. El objetivo es disponer de información veraz sobre cuya base pueda conformarse una opinión pública responsable y consciente de la importancia y límites de la libertad de información.

8.- Impulsar la reflexión y toma de conciencia sobre la gravedad del cierre de medios de comunicación vascos.

El Gobierno Vasco se compromete a difundir en los foros adecuados los resultados del informe de seguimiento de los medios de comunicación clausurados, por entender que la imposición de medidas tan graves como el cierre de un periódico, sin prejuzgar aún el fondo, resultan, cuando menos, extremadamente difíciles de justificar en un Estado de Libertades y, en cualquier caso, frontalmente contrarias a los principios de proporcionalidad y necesidad en la imposición de medidas cautelares.


Eje 5.-
La prevención de la tortura y el respeto de los derechos humanos de las personas detenidas y presas

Eje 5.

LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS DETENIDAS Y PRESAS.
1.- Antecedentes, fundamentos y principios políticos
a) Antecedentes:


  • Resolución del Parlamento Vasco relativa al respeto de los derechos penitenciarios y penales de los presos y presas vascos (18 de febrero de 1994).

  • Acuerdo del Parlamento Vasco, solicitando el acercamiento de los presos a prisiones cercanas a Euskadi (28 de diciembre de 1995).

  • Acuerdo del Congreso de los Diputados, solicitando una nueva orientación consensuada, dinámica y flexible de la política penitenciaria (10 de noviembre de 1998).

  • Aprobación de un sistema de certificado de gestión de calidad de la detención policial, aprobado por el Departamento de Interior y avalado por el Comité Contra la Tortura del Consejo de Europa (Diciembre 2002).

  • Aprobación de un Protocolo para la coordinación de la asistencia a personas detenidas en régimen de incomunicación (8 abril 2003).

  • Acuerdo del Consejo de Gobierno Vasco, reclamando el acercamiento de todos los presos vascos, a su entorno social y familiar (8 de abril de 2003).

  • Acuerdo del Parlamento Vasco, sobre el acercamiento de todos los presos vascos a su entorno social y familiar (6 de junio de 2003).

  • Bases para un nuevo modelo vasco de gestión penitenciaria. (Marzo 2005).

b) Fundamentos.

• El fundamento y legitimidad de un Estado de Libertades, de un Estado social y democrático de Derecho, reside en última instancia en la capacidad de articular la convivencia social en términos de justicia y respeto a la dignidad humana de cada una de las personas.

Los valores, principios y derechos se adaptan y modulan según sea el ámbito de intervención o regulación del Estado en la vida social y por ello allí donde dicha intervención puede tener unos efectos más drásticos sobre los ciudadanos en forma de privación de derechos (imposición de castigos penales), alcanzan aquellos principios una precisión y un significado especial que requiere de un mayor celo por evitar su grave quiebra. El fin último se remite a impedir, en la medida de lo posible, las prácticas de hecho que puedan llegar a socavar definitivamente el sentido real de un Estado democrático.

Conscientes de los riesgos que a lo largo de la historia –y hoy en día- se han demostrado ciertos y recurrentes, en el propio ordenamiento jurídico estatal, pero también en el ámbito del derecho internacional, ha ido calando la convicción de que deben evitarse a toda costa situaciones que favorezcan el abuso del poder sobre los ciudadanos y, en particular, el de la práctica de la tortura y tratos inhumanos y degradantes.

El Lehendakari Ibarretxe, en su discurso de investidura, remarca una vez más la firme determinación de hacer del respeto a todos los derechos de todas las personas un compromiso ético fundamental que debe orientar e informar la actuación de todos los poderes públicos. Y ese horizonte de actuación debe tener respecto de la execrable práctica de la tortura, allí donde se produzca, una resonancia aún de mayor intensidad. Y es que las personas retenidas, detenidas, internadas o presas, aun las condenadas por los crímenes más reprochables y atroces, son depositarias de una dignidad humana que obliga a tratarlas como tales si queremos mantener como modelo de resolución de los conflictos sociales más graves –como son los delitos- el correspondiente a un Estado democrático.

Si pretendemos reconocernos a nosotros mismos como sociedades organizadas de forma civilizada y respetuosa con los derechos humanos, no cabe desconocer que allí donde se sustituye la respuesta legítima a los crímenes por el abuso de poder se está atravesando la frontera real que determina la existencia o inexistencia del propio modelo de Estado de Libertades. Por ello, corresponde a los poderes públicos vigilar de forma permanente y salir en defensa de la dignidad humana, particularmente en aras a la prevención de los malos tratos y torturas de cualquier índole a las personas encarceladas.

• En 1984, a raíz del primer informe de Amnistía Internacional, en la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, se definió por primera vez en un tratado internacional de alcance universal el concepto de tortura y malos tratos que, como establece el artículo 2º, no podrán justificarse en ningún caso, ni invocando circunstancias excepcionales, sea guerra o cualquier otra emergencia pública, ni la orden de un superior.

Desde entonces, a impulso de Naciones Unidas y de otros organismos no gubernamentales, se han ido estableciendo mecanismos concretos para incluir la prohibición de la tortura en los códigos penales y para combatir su práctica. Ese espíritu se ha traducido en la prioridad de los poderes públicos por erradicar toda sombra de duda sobre la eventual existencia de conductas, sistemáticas o no, que supongan malos tratos o torturas. E incluso yendo más allá implica la firme determinación de investigar, castigar y reparar el delito en aquellos casos en que las acciones preventivas se hayan demostrado ineficaces.

También la Constitución española de 1978 recoge, en su artículo 15, la prohibición de que, en ningún caso, pueda admitirse que nadie sea sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Prohibición que ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional asumiendo e integrando la doctrina jurisprudencial del Tribunal europeo de Derechos Humanos.

 Frente a su reconocimiento internacional y estatal, a pesar, en definitiva, de su abolición legal y teórica asunción de su gravedad e ilegitimidad, el siglo XXI no ha sido frontera para que esta práctica perviva. Puede incluso afirmarse, que la tortura, amén de ser una realidad en numerosos países, se ha ido haciendo más científica y sofisticada, lo que dificulta su detección y erradicación.

Así lo atestiguan los informes internacionales que gozan de mayor prestigio (Amnistia Internacional, Human Rights Watch…) y que aluden, en común diagnóstico, al giro histórico que parece haberse producido tras los dramáticos acontecimientos del 11-S en Nueva York. El movimiento pendular hacia políticas de seguridad con restricciones drásticas de los espacios de libertad promueve legislaciones excepcionales y favorece desandar el camino de garantías incluso en los países de mayor tradición democrática.

• Los datos en el Estado español, a la luz del reciente informe (marzo 2005) del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Alvaro Gil-Robles, dan motivos para la preocupación si, además, se suman al informe presentado en febrero de 2004 por el entonces relator especial del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Theo van Boven, sobre la cuestión de la tortura.

Parece por tanto un imperativo ético y político reactivar la tensión frente a la lacra de la tortura como mejor garantía y carta de legitimidad de que el Estado democrático articula sus respuestas frente al crimen en general, y al terrorismo en particular, con un escrupuloso respeto de los derechos fundamentales y garantías básicas. La respuesta a las transgresiones más graves de los derechos debe realizarse desde coordenadas de normalidad que son las que aseguran la superioridad moral de la democracia.
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