Hacia una sociedad reconciliada, construida sobre la memoria a las víctimas, la justicia y el respeto a los derechos humanos”






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RECONOCIMIENTO a las víctimas


  1. REPARACION de los daños causados


  1. convivencia y reconciliacion




    1. cuatro principios INSPIRADORES:


Posiblemente la carga, todavía reciente, de nuestra historia de incomprensiones, desencuentros y enfrentamientos políticos, constituye una dificultad objetiva para impulsar y llevar adelante un Proyecto en favor de la Paz y la Convivencia y lograr la unanimidad política y social en cada una de sus medidas. Sin embargo, estamos dispuestos a intentarlo. Para ello, el primer paso es trabajar desde unas bases sólidas que todos podemos compartir. A este respecto, estamos convencidos de que, al margen de las disputas partidistas, podemos coincidir en los cuatro principios básicos que inspiran esta propuesta, fundamentan sus objetivos y sustentan la acción del Gobierno: Respeto a la vida y a los derechos humanos. Reconocimiento a las víctimas. Reparación de los daños causados; y Convivencia y Reconciliación. Estos cuatro principios reflejan la voluntad política del Gobierno Vasco en esta encrucijada histórica en la que nos encontramos.
1.- ReSPETO a la vida y a los derechos Humanos

  • El principio básico.

Definir la vida y los derechos humanos como primer principio de este Proyecto es una forma de insistir que no hay nada que pueda situarse por encima ni por delante del derecho a la vida. Nada, absolutamente nada, ni una determinada concepción nacional o territorial ni una supuesta «razón de estado». Esta convicción inequívoca es el suelo firme en el que debe asentarse no sólo este Plan, o la acción de Gobierno, sino la convivencia y la defensa de cualquier proyecto, ideología, aspiración, idea o derecho. Ciertamente, se trata de un principio básico y elemental. No obstante es necesario y conveniente recordarlo una y otra vez, especialmente en un País como el nuestro en el que tantas veces se han antepuesto unos u otros objetivos a la vida y a la dignidad humana.


  • La tolerancia.

Hacer pedagogía reiterada de la tolerancia y del respeto a los derechos humanos es uno de los primeros compromisos que se derivan de este principio. Es una forma de hacer prevención para que no vuelvan a emplearse medios que vulneren la dignidad de las personas. Educar en la tolerancia y en el respeto a los demás es también una forma de debilitar el dogmatismo como raíz del comportamiento de quienes dan a sus objetivos más importancia que a las personas. Creer que el objetivo propio tiene un valor absoluto y sentirse poseedor de toda la razón son las dos convicciones que justifican el uso de medios no éticos en la defensa de una causa y dan luz verde a las vulneraciones de derechos humanos. Superar el dogmatismo y la intolerancia es una forma más de defender el derecho a la vida y los derechos humanos. Es también uno de los propósitos de este Proyecto.


  • Los compromisos.

Los principios se interpretan como compromisos concretos y activos o terminan siendo sólo un alarde retórico de buenas intenciones que se disuelve como un azucarillo en el agua. Por eso este Plan de trabajo desarrolla una amplia batería de medidas sociales, políticas, legislativas, educativas y divulgativas concretas que quieren contribuir a garantizar el respeto a la vida y a los derechos humanos como patrimonio colectivo que sustenta la convivencia democrática y la libertad de una sociedad. La sociedad vasca es plenamente consciente de la necesidad de cuidar y preservar ese patrimonio porque ha tenido la desgraciada experiencia de sufrir, generación tras generación, los terribles efectos de la violencia.
2.- RECONOCIMIENTO a las víctimas

  • La solidaridad.

El segundo principio que sustenta este Proyecto es el reconocimiento a las víctimas. El compromiso y la voluntad del Gobierno es ofrecer a todas las víctimas un reconocimiento público, político, social y personalizado. Saldar así esa deuda histórica de reconocimiento que tenemos con las víctimas del terrorismo, un reconocimiento que sí han recibido otras personas en este país.
Por eso queremos que las víctimas sientan nuestra solidaridad activa. Queremos que se sientan acogidas sin instrumentalizaciones, olvidos, ni equiparaciones. Queremos que se reconozca el dolor inmenso que han sufrido. Queremos que sepan que la injusticia que han padecido no tiene justificación y, sobre todo, queremos que sepan que esta sociedad les quiere, sin distinciones de siglas ni opciones políticas. Queremos que sepan que tenemos presente el dolor extremo e irreversible que han sufrido y que tenemos la determinación de que permanezcan en la memoria de nuestra sociedad. Queremos también que sepan que les pedimos perdón por los errores que todos hemos cometido.


  • El consenso.

Sin embargo, este principio de reconocimiento a las víctimas, por sí sólo, no basta. Desde la perspectiva política hace falta el compromiso de buscar el máximo consenso posible en esta materia. Durante los últimos años las divisiones políticas en relación a esta cuestión han supuesto un elemento añadido de sufrimiento. Por ello, una de las necesidades más urgentes y prioritarias es alcanzar un consenso social y político para el apoyo y la solidaridad hacia las víctimas. Este principio se vincula al compromiso de todos los partidos políticos para trabajar conjuntamente en todas aquellas iniciativas de reconocimiento a las víctimas, desde el consenso y la no crispación.

  • El respeto.

Y es que, además de reconocimiento y consenso, las víctimas merecen también respeto. Nadie debe apropiarse de la causa de las víctimas. En la confrontación política no todo vale. No es admisible la utilización del dolor de las víctimas con fines partidistas. Nadie debe utilizar a las víctimas como arma arrojadiza. Nadie debe vincular la solidaridad con las víctimas a una idea, proyecto o razón política concreta. Debe respetarse la pluralidad de ideas y sensibilidades que, como en el conjunto de la sociedad, también se da entre las víctimas. La solidaridad con las víctimas tiene que ser gratuita, debe ofrecerse con independencia de la razón política que cada cual defienda y sin otro motivo que el compromiso con la defensa de la dignidad humana. Así entiende el Gobierno el principio de reconocimiento a las víctimas y los compromisos que de él se derivan. En este marco encuentran sentido todas las medidas y programas que se implementarán en este ámbito.
3.- REPARACION de los daños causados.

  • Reparación integral.

Ningún plan puede reparar las pérdidas irreversibles que han producido el terrorismo y las vulneraciones de derechos humanos en tantos conciudadanos nuestros. Somos conscientes de ello, pero, a pesar de todo, tenemos que asumir, como uno de los principios fundamentales de este Proyecto, el compromiso de compensar todo aquello que sea reparable. Nos referimos por supuesto a la prioridad que representan los apoyos de tipo económico, material o asistencial, pero también, y de forma muy especial, a la reparación moral, a todo aquello que tiene que ver con la memoria y la solidaridad, con la dignidad y el reconocimiento, con la justicia y con una interpretación crítica, pública y compartida del pasado. Hablamos por tanto de una reparación global e integral a todas las víctimas. Este es el primer compromiso que implica este principio.

  • Coordinación interinstitucional.

Por encima de todas las dificultades, la coordinación interinstitucional debe poner a los diferentes niveles de la administración en una misma lógica de cooperación y optimización de sus recursos con un único fin: apoyar a las víctimas, sea cual sea su entorno político o el origen de su agresión. No podemos, ni debemos dispersar esfuerzos, ni caer en duplicidades. Es necesario socializar y visualizar la solidaridad acompañando todo ello de una difusión de valores de cultura de paz y humanización. La colaboración interinstitucional tiene que buscar, por ello, la participación ciudadana y la coordinación con los agentes sociales, especialmente con las organizaciones de afectados, y con aquellas que luchan por la paz y los derechos humanos.

  • Acción permanente.

La voluntad política del Gobierno con este plan es poner las bases para una acción de reconocimiento y apoyo a las víctimas que sea permanente en el tiempo. No se trata sólo de articular un conjunto de iniciativas coyunturales sino de hacer de la memoria del sufrimiento, de la solidaridad con las personas que han sufrido y de la defensa de los derechos humanos, una acción constante en nuestra sociedad, un aprendizaje permanente para nuestra generación y para las generaciones venideras. Asumir este compromiso también es cumplir con el principio de reparación del daño causado. Muchas de las iniciativas que se desarrollan a través del plan se encuadran en esta filosofía.
4.- CONVIVENCIA Y RECONCILIACION.

  • Desde hoy.

La sociedad vasca ha vivido sacudida por fuertes tensiones y conflictos políticos sostenidos de manera estable durante muchos años. Ciertamente la crispación se ha elevado, en demasiadas ocasiones, por encima de los niveles razonables en cualquier sociedad democrática, hasta el punto de poder afirmar que la calidad de la convivencia resulta manifiestamente mejorable. Es preciso, por ello, sentar, ya mismo, las bases de actuación para orientar el futuro hacia una mejora de la convivencia social y política, donde el diálogo, la tolerancia, el respeto y el acuerdo constituyan las pautas del proceder social y político.

Al mismo tiempo la violencia y el terrorismo han dejado en nuestra sociedad secuelas de dolor y sufrimiento personificadas en las víctimas. El futuro ha de asentarse sobre la memoria crítica y veraz del pasado y el reconocimiento público del daño causado. Con el cuarto principio de este plan se pretende, precisamente, crear condiciones para propiciar una deseable reconciliación. La reconciliación será posible mañana si desde hoy somos capaces de abrir camino en esa dirección.

  • Desde la sociedad.

Este principio no implica, como a veces se interpreta erróneamente, que la víctima tiene algún tipo de «deber moral» de reconciliarse con su agresor. Además de un error sería hacer recaer sobre las víctimas una carga absolutamente injusta. Reconciliación tampoco significa necesariamente volver a tratarse como amigos, significará simplemente tratarse con respeto. La reconciliación necesitará, muy especialmente, de la valentía de quienes sean capaces de pedir perdón por los crímenes cometidos y por toda clase de vulneraciones de derechos humanos.

La sociedad, por su parte, ostentará la responsabilidad de avanzar en el proceso hacia una convivencia de mayor calidad, protagonizando una interpretación crítica del pasado y, muy especialmente, articulando los mecanismos precisos en el ámbito educativo, como instrumento idóneo y eficaz para mejorar nuestros niveles de respeto y tolerancia.



  • Desde la educación.

La actuación en el ámbito educativo requiere una especial dedicación y tratamiento. Es imperativo difundir los valores de la cultura de la paz. Es decir, apoyar y promover todo tipo de discursos, acciones e iniciativas tendentes a consolidar en la sociedad la defensa y garantía de los derechos y libertades fundamentales de las personas sobre dos premisas básicas y complementarias: el principio de igualdad y el respeto a la diferencia.

Debemos aprender y consolidar la utilización de las herramientas que ayudan a resolver pacíficamente nuestros contenciosos. Todo esto implica impulsar un ambicioso proyecto de educación para la paz y la convivencia. Pero no nos estamos refiriendo únicamente a la educación escolar o académica -también a ella-, sino a un aprendizaje social, familiar, asociativo, público y político, que permita que nuestra sociedad disponga de recursos suficientes para solucionar, pacífica y democráticamente, sus problemas.


  1. CINCO Ejes Y UN CAMINO POR RECORRER:



Eje 1: La defensa y promoción de todos los derechos humanos

Eje 2: La solidaridad con todas las víctimas del terrorismo

Eje 3: La recuperación de la memoria histórica y la reparación a las víctimas del franquismo

Eje 4: La defensa de las libertades y los derechos civiles y políticos

Eje 5: La prevención de la tortura y el respeto de los derechos de las personas detenidas y presas.
Un camino por recorrer: “La Educación para la Paz y la Convivencia. La Reconciliación”.

Eje 1.-
La defensa y promoción de todos los derechos humanos

Eje 1.

LA DEFENSA Y PROMOCION DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS
1.- Antecedentes, fundamentos y principios políticos
a) Algunos Antecedentes,

  • “Un camino para la paz: un punto de encuentro para convivir” (Palacio Euskalduna, 1 de junio de 2000).

  • “Una iniciativa política para la Paz y la Convivencia” (Parlamento Vasco, 19 de octubre de 2000).

  • “El compromiso democrático de la sociedad vasca, (25 de octubre de 2000).

  • Declaración de Gernika, “Un compromiso ético a favor de los derechos humanos y las libertades de todas las personas” (Gernika 20 de diciembre de 2000).

  • “Por un compromiso social a favor de la No Violencia y el Diálogo. Un camino de solución” (Donostia 8 de febrero de 2001).

  • Resoluciones aprobadas sobre pacificación y normalización política, en el Parlamento Vasco (Pleno de 28 de septiembre de 2001).

b) Fundamentos.

Los derechos humanos condensan en su formulación los consensos valorativos y normativos que deben vertebrar y articular la sociedad y sus Instituciones sobre la base de la centralidad de la dignidad humana. Consensos transnacionales, supraestatales, con vocación de universalidad, que alimentan, con un lenguaje renovado, los ideales eternos de justicia y solidaridad. Como señala el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 10 de diciembre de 1948, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

La dignidad humana se erige así en epicentro y auténtica piedra angular que siempre, y en cualquier caso, debe quedar salvaguardada y que no admite discriminación por razón de raza, color, origen étnico o nacional; idioma, religión, ideología o creencias, sexo, orientación sexual, estado de salud, origen social o cualquier otra circunstancia.

Ese respeto a la dignidad humana tiene, como consecuencia directa, el reconocimiento de grupos de derechos que se han ido consolidando en un largo proceso histórico, aún no concluso, y que no dejan de ser instrumentos dirigidos a asegurar el desarrollo de cada persona, tanto en su esfera individual como en su dimensión social y colectiva. La interpretación de los derechos humanos debe, por ello, tender a un fin: posibilitar y promocionar el desarrollo pleno de las personas según una concepción abierta, solidaria e igualitaria, que no ahogue –sino armonice y dinamice- las distintas identidades, pertenencias colectivas y vocaciones culturales.

En este contexto, apostar por la promoción de todos los derechos de todas las personas es tanto como aseverar que nos reafirmamos en la construcción social e institucional de un sujeto colectivo que adopta y asume como suya la cultura de los derechos humanos. Nos entroncamos con el modelo de organización social y política que proclaman tanto los instrumentos internacionales más universales y relevantes  Declaración universal de los Derechos del Hombre de 1948; Pactos internacionales de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de 1966  como el Convenio Europeo de los Derechos Humanos de 1950. Convenio éste que despliega y nos remite materialmente a una auténtica Magna Carta europea que, tanto por la vía de la doctrina jurisprudencial del Tribunal europeo de Derechos Humanos, como a través del art. 10.2 de la Constitución española de 1978, incorpora unos estándares de reconocimiento y garantía efectiva de derechos irrenunciables.

Ahora bien, este legado representa un acumulado de derechos indivisible que tiene, en el respeto a la vida, su máxima expresión, porque sin el reconocimiento y defensa de este derecho no se pueden ejercer los demás. El respeto a la vida y a las libertades civiles y políticas de primera generación asegura, por tanto, un primer escalón que integra el presupuesto vital sin el que no cabe iniciar ningún desarrollo personal. Su posición en la jerarquía de valores es, por ello, la de la cúspide en importancia o, si se prefiere, la de la base primera, sin la que no cabe discutir las condiciones humanas y dignas de existencia. Existencia que para un desarrollo pleno precisa, sin embargo, de unas condiciones económicas y sociales –derechos de segunda generación- y también de una vocación de solidaridad que no puede llamar verdadera justicia a una que fuera parcial y olvidara la interrelación y corresponsabilidad en la organización mundial. Desarrollo de la persona y su dignidad, por tanto, que además debe atender al prisma individual y colectivo en una esfera internacional.

La promoción y defensa de los derechos humanos, de todos ellos y para todos, exige así una adhesión y un compromiso que a todos compete y en el que no caben subterfugios ni adhesiones parciales o condicionadas. Adhesión e impulso que, en los tiempos presentes, se torna incluso obligación de defensa y promoción de esos derechos. Defensa que, sin embargo, nunca puede encontrar en la violencia cauce de expresión y que remite, en todo caso, para la resolución de conflictos, a las vías pacíficas y democráticas para su superación.
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