Recursos interpuestos en la presente causa seguida contra






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Res: 2012- 2092

Exp : 06-000003-618-PE (7)

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las diez horas con cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil doce.

RECURSOS interpuestos en la presente causa seguida contra M., […], por dos delitos de INDUCCIÓN A ERROR A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA en perjuicio de EL ESTADO. Intervienen en la decisión del recurso, la s jueza s Rosaura Chinchilla Calderón y Lilliana García Vargas y e l juez Edwin Salinas Durán. Se apersonaron en esta sede, el licenciado José Francisco Madrigal Madrigal, defensor particular de la imputada, ésta a título personal con la autenticación del doctor Gonzalo Castellón Vargas, el licenciado Javier Fallas Villaplana y la licenciada Karen Guzmán Carvajal, fiscales del Ministerio Público y los licenciados Mario Guzmán García y Juan José Soto Cervantes, Procuradores estatales y,

RESULTANDO:

1. Que mediante sentencia Nº 147-2012 de las trece horas del doce de abril de dos mil doce, el Tribunal Penal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con los artículos 36, 39 y 41 de la Constitución Política, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 26 de la Declaratoria de Universal de Derechos Humanos; 1, 30, 71, 73, 74 del Código Penal, 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y las Reglas Vigentes para fijar el monto de la reparación civil del Código Penal de 1941; 1, 141, 143, 144, 258 en relación a los numerales 244 y 245, 324, 360, 361, 363, 364, 365, 367 y 368 del Código Procesal Penal; se declara a M. autora responsable de dos delitos de INDUCCIÓN A ERROR A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA que en perjuicio de LA HACIENDA PÚBLICA se le venía acusando, en virtud de ello se le impone la pena de cinco años de prisión por cada una de las delincuencias cometidas, para un total de diez años de prisión.La pena anterior la deberá descontar la sentenciada en el lugar y forma que así lo determinen los Reglamentos Carcelarios, previo abono de la preventiva que hubiere purgado con ocasión de la presente causa. Por no reunir los requisitos legales por ser la pena impuesta superior a los tres años de prisión, no se le concede el beneficio de ejecución de la pena. Comuníquese esta sentencia al Registro Judicial y al Jugado de Ejecución de la pena para lo de su cargo. Sin condenatoria en costas en cuanto a la acción penal.En cuanto a la acción civil resarcitoria promovida por la parte actora civil, en este caso el Estado, representado por la Procuraduría General de la República, cuyo apersonamiento estuvo a cargo de la licenciada Amira Suñol Ocampo, la misma se declara con lugar y en contra de los demandados civiles M. y Estrella Brillante Sociedad Anónima, representada dicha entidad por M., entidad que responderá solidariamente. Se acogen los reclamos por daño económico pretendidos y que corresponden a los impuestos de renta y ventas evadidos ilícitamente en el período fiscal y en el año natural dos mil tres y se acuerda en consecuencia el pago de la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO COLONES CON SESENTA CÉNTIMOS (por el impuesto sobre las ventas) y la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SIETE COLONES CON TREINTA CÉNTIMOS (por impuesto sobre la renta), sumas que serán giradas a favor del actor civil. Se condena en costas personales a los demandados civiles por el ejercicio de la acción civil resarcitoria. Sin lugar la solicitud de prisión preventiva, en su lugar, se decreta en contra de la sentenciada el impedimento de salida del país y la obligación de presentarse a firmar cada mes ante el Despacho donde radica la causa. Sobre la pérdida o extravío de parte de la evidencia material, se ordena comunicar a la Inspección Judicial para lo de su cargo."

( sic, folios 766 a 844 frentes y vueltos).

2. Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado José Francisco Madrigal Madrigal, defensor particular de la imputada y ésta, a título personal, mediante escrito autenticado por el doctor Gonzalo Castellón, interpusieron los recursos que aquí se conocen.

3. Que verificada la deliberación respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 466 del Código Procesal Penal (reformado por leyes Nº 8837 y Nº 9021 y siguiendo la numeración indicada en la Fe de Erratas adoptada mediante acuerdo del directorio legislativo publicado en La Gaceta Nº 51 del 12 de marzo de 2012, que es la que se usará en este texto), el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en las impugnaciones.

4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta la jueza Chinchilla Calderón y;

CONSIDERANDO:

I.-

El licenciado José Francisco Madrigal Madrigal, defensor particular de la imputada, plantea el presente recurso de apelación. En el primer motivo (folios 848 a 878) acusa la violación al debido proceso dada la atipicidad de la conducta, el incumplimiento del principio de adecuación y la errónea aplicación, o falta de ella, de los artículos 8, 92 y 103 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Señala que en esta normativa hay dos regímenes sancionatorios: uno de carácter administrativo con multas y otro de tipo penal con pena de prisión y que la diferencia entre ambos está en el monto en que se perjudique al fisco, según sea superior, o no, a los doscientos salarios base. Considera que ambos regímenes están precedidos por una fase de investigación denominada de Actuación Fiscalizadora, a fin de verificar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria, lo que es un requisito de procedibilidad. En esa fase, el administrado, que está a merced de la Administración , quien cuenta con amplias potestades de fiscalización, debe darle toda la información requerida y no hay debido proceso, pero se sigue, conforme a l primer artículo de la ley especial citada, el principio de realidad económica , según el cual hay que separarse de las formas jurídicas para establecer la verdadera actividad desplegada por el contribuyente. Si la Administración concluye que la información suministrada es incorrecta debe hacer una determinación de oficio aplicando un sistema de base cierta o uno de base presunta y aquí es donde se fija el perjuicio, por encima, o no, de los doscientos salarios base. Si es inferior, se inicia un procedimiento administrativo con absoluto respeto al debido proceso, ocasión en la que se tiene posibilidad de impugnar el proceso de determinación de oficio realizado por la Administración, cuando ésta se apartó del principio de realidad económica, pero si el monto es superior, estima el recurrente que el asunto se traslada a la vía penal, sin que el administrado tenga posibilidad de impugnar la determinación de oficio efectuada cuando ésta violó el principio de realidad económica. Considera que el proceso penal no es un medio de subsanación para el debido proceso y que eso fue lo sucedido en autos, en donde nunca se le dio esa posibilidad de impugnar la determinación de oficio que la Administración hizo sin considerar el principio de realidad económica. Señala que eso no fue subsanado por el ente fiscal, el O.I.J. ni por los peritos, quienes hicieron una repetición mecánica del procedimiento empleado por Tributación Directa, a través de A., para indicar que las facturas , que respaldaban las compras de Estrella Brillante S.A. , tenían inconsistencias, por lo que se rechazaron, se eliminaron del cálculo de los impuestos de renta y venta y se elevó ficticiamente la base impositiva, pese a haber reconocido que la fiscalizadora tributaria nunca implementó los sistemas legales de determinación de oficio (de base cierta o presunta) y que tampoco echó mano a indicios para acercarse a la realidad económica de esa compañía y sustituir las compras por otro elemento que representara la verdadera utilidad, lo que los peritos consideraron que tampoco podían hacer por no poder basarse en presunciones, negando, la fiscalizadora A. y los peritos, que tuviesen impedimento legal para no aplicar esos sistemas establecidos en los artículos 116, 124 y 125 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, por lo que la desaplicación fue arbitraria y contra legem porque los funcionarios solo pueden hacer aquello que tienen expresamente autorizado. Señala que el error es tan obvio que en el 2005 la misma Administración Tributaria de Alajuela, con otra funcionaria fiscalizadora, rechazó y descartó, nuevamente, las compras de la empresa, pero sí implementó la determinación de oficio, sustituyendo las compras a través de indicios para obtener la utilidad real, tal y como consta a folios 553 a 641 del tomo II del expediente, en particular los folios 612-613. Agrega que esa determinación oficiosa no es facultativa porque, de serlo, se violarían dos principios básicos: la reserva legal en materia criminal y la prohibición de cárcel por deudas, al reservarse, la Administración, cuándo convertir un proceso cobratorio de impuestos en uno penal por deuda. No obstante, al no haber existido en sede administrativa un traslado de cargos, nada de ello pudo ser alegado por la representante legal de la empresa, la aquí encartada, de lo que también hizo caso omiso el Tribunal, cuyos jueces se limitaron a repetir la tesis pericial y de la fiscalizadora tributaria, omitiendo hacer un control de legalidad, pues lo delegaron en aquellos funcionarios. Se indica que, de igual forma, se violó el principio de realidad económica establecido en el numeral 8 del Código citado y desarrollado por el voto número 2639-98 de la Sala Constitucional. Señala que esa tesis se sustenta en una falacia que no contempla el numeral 124 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, cual es considerar que solo hay determinación de oficio cuando no hay información contable o los datos contables son insuficientes. En este caso, considera que la Administración objetó las declaraciones juradas del impuesto de ventas de los años fiscales 2002-2003 por considerar que tenían información falsa, lo que encaja en el artículo 124 inciso 2 citado, pero el Tribunal consideró que esa determinación oficiosa solo podía hacerse en los casos de los incisos 3), 4) y 5). Por todo ello estima que se violó el debido proceso al no tenerse, ni en sede administrativa ni penal, la posibilidad de impugnar la determinación de oficio que realizara la Administración Tributaria. Deja alegada la inconstitucionalidad del artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios al considerar que solo diez céntimos de colón hacen la diferencia entre una conducta punible y otra que no lo es. Solicita que, en esta sede, se revoque lo resuelto y se absuelva a la encartada o, en su defecto, se ordene el reenvío para nueva sustanciación. Al contestar el recurso, el fiscal del Ministerio Público pidió que se rechazara esta argumentación porque, en cuanto a la constitucionalidad de la norma, será la Sala Constitucional la que deba determinarla y si a tal acción no se le ha dado curso, debe emitirse pronunciamiento. Refiere que la Administración Tributaria tiene dos sistemas para fijar los tributos: el de base cierta o estimación directa que se hace a partir de la información suministrada por el contribuyente y el de base presunta o estimación indirecta, ante la imposibilidad de usar el otro y a partir de la vinculación o conexión normal entre circunstancias con el hecho generador. En el caso concreto, la empresa dio información para los tributos, aportando facturas de gastos para disminuir el monto a pagar, pero esa información era falsa pues no existían proveedores, no tenían actividad vigente, no existían las empresas que supuestamente confeccionaron las facturas, etc. por lo que se dejaron de lado esas compras y sobre el resto de la información dada por la misma empresa se fijó el tributo y se envió a sede penal pues el intentar reducir la base imponible con información falsa es un delito. Señala que eso sucedió en 2003 y para el 2005 la empresa fue fiscalizada pero dijo haber extraviado todos los libros, comprobantes, etc. por lo que esa vez sí se usó el sistema de base presunta, por lo que ambos períodos son totalmente diferentes. Por unanimidad, e l motivo debe rechazarse. Lo primero que es necesario indicar es que, por referirse este motivo a argumentos de fondo o de procedibilidad, se hace necesario conocerlo, al margen de lo que se indicará más adelante. Por otra parte, debe recordarse que la encartada fue condenada por el delito de "inducción a error a la Administración Tributaria" establecido en el numeral 92 d el Código de Normas y Procedimientos Tributarios que señala: " Cuando la cuantía del monto defraudado exceda de doscientos salarios base, será sancionado con prisión de cinco a diez años quien induzca a error a la Administración Tributaria, mediante simulación de datos, deformación u ocultamiento de información verdadera o cualquier otra forma de engaño idónea para inducirla a error, con el propósito de obtener, para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial, una exención o una devolución en perjuicio de la Hacienda Pública. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior debe entenderse que: a) El monto defraudado no incluirá los intereses, las multas ni los recargos de carácter sancionatorio. b) Para determinar el monto mencionado, si se trata de tributos cuyo período es anual, se considerará la cuota defraudada en ese período; para los impuestos cuyos períodos sean inferiores a doce meses, se adicionarán los montos defraudados durante el lapso comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del mismo año. En los demás tributos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los conceptos por los que un hecho generador es susceptible de determinación. Se considerará excusa legal absolutoria el hecho de que el sujeto repare su incumplimiento, sin que medie requerimiento ni actuación alguna de la Administración Tributaria para obtener la reparación. Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá como actuación de la Administración toda acción realizada con la notificación al sujeto pasivo, conducente a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias referidas al impuesto y período de que se trate" (Así reformado por el artículo 2º de la ley Nº 7900 de 3 de agosto de 1999, las negritas no son del original). Es decir, no se ha acusado, ni sancionado, a la encartada por la no entrega de tributos, popularmente conocida como "evasión fiscal" sino porque a la Administración Tributaria se le dio información falsa. Se trata, entonces, de un tipo especial que puede desplazar, por concurso aparente de normas, a los generales contenidos en el Código Penal sobre “falsificación de documento” (público o privado), "uso de documento falso", "falsedad ideológica" o “estafa” (artículos 359 a 361, 365 y 216 del Código Penal) y es tan especial que, a diferencia de cualquier otro documento que se falsifique o sea usado , o al que se le inserte información falsa, que solo precisa la potencialidad de causar cualquier perjuicio, este tipo en particular requiere que ese perjuicio sea efectivo y, además, de una determinada magnitud (sobrepase los doscientos salarios base) y hasta prevé una excusa legal absolutoria (que no aplica a este caso desde que no se cumplen con los presupuestos de pago voluntario). Además, a diferencia de la estafa, los montos del perjuicio se amplifican, pues para la configuración se requiere un a afectación superior a los doscientos salario base, mientras que en la estafa mayor es de diez veces el salario base. Lo anterior brinda datos reveladores de política criminal que, sin embargo, no es este el momento para analizar, pero permite arribar a dos conclusiones: la primera es que, entonces, la conducta reprochada es dar información falsa a la Administración Tributaria (lo que hace que ésta incurra en errores al momento de fijar las obligaciones tributarias) y no la evasión en sí misma aunque, por supuesto, aquello genera ésto y, la segunda, que no es cierto el alegato del licenciado Madrigal que no hay parámetros objetivos para establecer la conducta delictiva por lo que "diez céntimos hacen la diferencia entre un delito y una falta administrativa" pues si bien una cifra y otra está marcada por diez céntimos, lo cierto es que esa ínfima suma debe verse en su contexto, es decir, que se sume hasta dar doscientos salarios base para hacer que algo sea delito tributario lo que, en materia no-tributaria solo requiere la potencialidad de daño, sin ninguna cuantía o los montos de ésta son menores. Es decir, en criterio de este Tribunal si hay alguna inconstitucionalidad en el tipo penal, ésta estaría dada en establecer las referidas cuantías para la comisión de este delito tributario, cuando el régimen corriente para otros sujetos activos o no las tiene o son mucho menores, dado que el bien jurídico no está en función de la magnitud del daño sino solo sobre la potencialidad de éste o en la inducción a error al tercero. En otro giro, si hubiese alguna inconstitucionalidad sería en perjuicio del resto de la ciudadanía y en beneficio de los acusados por estos delitos cuyo régimen punitivo se reservó particularidades respecto al atribuido generalmente. En todo caso, ese es un asunto que le corresponde a la Sala Constitucional determinar , dado que ese es el único órgano encargado del control de constitucionalidad concentrado (artículo 10 constitucional) y, a la fecha de esta decisión, no se le ha dado curso a ninguna acción de inconstitucionalidad en tal sentido, aunque es claro que el representante de la encartada sí presentó ante esa sede un alegato en tal dirección , sin que eso baste a los efectos de suspender esta decisión (artículo 81 de la ley de la Jurisdicción Constitucional). Así las cosas, el que se hayan establecido cuantías para diferenciar las faltas administrativas y las delictivas es un asunto de política criminal que no compete a esta Cámara, ni el procedimiento seguido para investigar y declarar una y otra afecta el debido proceso pues, tanto en sede administrativa como en la penal, la persona acusada tiene amplias potestades para ofrecer prueba , sin perjuicio de la obligación central del Estado de desvirtuar el principio de inocencia que cobija a todas las personas. Por ende, sin perjuicio de que, si en algún asunto concreto , se produzcan vulneraciones procesales que, entonces, cabe considerar caso por caso y no a partir de declaraciones generales , como la que pretende el recurrente. En otras palabras, si en este proceso , luego del análisis integral que deba hacerse de lo resuelto, se determinara que hubo vicios, deberán ser declarados en este asunto, pero ello no implica que la conducta atribuida sea atípica, ni que el procedimiento elegido no resguarde el debido proceso . Por otra parte, no es función fiscal o policial, ni mucho menos pericial, valorar la prueba o interpretarla, sino que ésto compete, en forma exclusiva, al Tribunal de Juicio, de modo que los alegatos que formula el recurrente (alusivos a la forma en que debió considerarse el tema de la realidad económica de las diversas empresas, tanto la representada por la aquí encartada como la de su esposo que, señala, constituyen un holding) deben reconducirse a ese tema de valoración de la prueba conforme a la sana crítica y, en tal medida, serán abordados en un acápite subsiguiente, bastando indicar, en este tema, que la policía y la Fiscalía hicieron acopio de elementos probatorios relativos a la falsedad de las facturas y en tal sentido se enfocaron los dictámenes periciales, sin que estos tengan vicios que obliguen a decretar su ineficacia sino que, se reitera, el tema de la forma correcta en que debieron ser valorados es asunto que compete al Tribunal y que deberá abordarse cuando se analice si los jueces aplicaron, o no, las reglas de la sana crítica en el escrutinio de todo ese material. Así las cosas, no observa esta Cámara que exista yerro alguno ni en la conclusión pericial de que las facturas tenían inconsistencias (como que la imprenta en que supuestamente se confeccionaron no las realizó; una de las empresas nominalmente proveedora se había fusionado años antes y a la fecha de esas facturas ya no existía; el número de oficio indicado en las facturas no correspondía, etc.: ver legajo de prueba 1, folios 5 y 6) ni, tampoco, en que, por la envergadura de estas debían eliminarse del cálculo de los impuestos de renta y venta de la sociedad representada por la encartada, temas sobre los que se pronunció la fiscalizadora A. y los peritos, sin que sea función de ninguno de ellos, de cara a este proceso penal, reemplazar sus conclusiones por presunciones, al margen de las competencias que, en su momento, tuviera la primera. Así las cosas, en tales temas, no hay yerro alguno, sin perjuicio de lo que se dirá luego sobre la forma en que debía valorarse esa prueba en conjunto con otras.
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