En Ecuador hay presos políticos que necesitan la solidaridad y compromiso de todos y todas






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En Ecuador hay presos políticos que necesitan la solidaridad y compromiso de todos y todas

El caso de los 10 presos políticos del Luluncoto

Antecedentes generales

Según informes de organismos de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, en el 2011 existen 129 defensores de derechos humanos judicializados por el gobierno y por empresas privadas, así como 31 activistas políticos que tiene juicios en su contra o están sentenciados. Sus casos son poco conocidos lo que obliga a una acción más firme de parte de quienes se sientan comprometidos con los derechos humanos y la lucha consecuente para que se cumplan en todo el mundo.

Durante los últimos años en Ecuador se vive el deterioro y vulneración de las garantías y derechos contemplados en la Constitución; el Estado garantista de derechos ha sido afectado por el gobierno de Rafael Correa quien ha instaurado una política estatal de criminalización de la protesta social, violando los derechos humanos, usando normas y disposiciones heredadas de la dictadura militar y que apuntan a intimidar a la población con recursos como las numerosas declaratorias de excepción con las cuales se militarizan zonas enteras con una fuerza desproporcionada a fin de impedir la acción de los sectores sociales.

Los discursos gubernamentales han reiterado en una ofensiva mediática para deslegitimar las acciones de los defensores de derechos humanos y de la naturaleza, de los líderes populares e indígenas recurriendo a acciones judiciales con cargos como terrorismo, sabotaje, rebelión y hasta secuestro. Si antes esas acusaciones las usaban empresas transnacionales, ahora es común que las use el Gobierno. Hay que señalar que en Ecuador no existe ninguna organización de carácter terrorista, sin embargo de tener cerca de 200 acusados.

Esto se da en el contexto de la aplicación de una matriz económica extractivista, de violación a los derechos democráticos, sindicales y de participación; los sectores sociales han recurrido a las tradicionales formas de protesta y reclamo como toma simbólica de plazas, el cierre de carreteras, movilizaciones y marchas, que han sido reprimidas con una desproporcionada fuerza policial y militar. Para el gobierno, según su primera propuesta de nuevo código penal, un poblador que cierra una calle sin permiso merece la misma culpa que un sancionado por tortura.

Antecedentes del caso de los 10 de Luluncoto

En marzo de este año las principales organizaciones sociales del país, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), el Frente Popular (que agrupa a las organizaciones de maestros, estudiantes, barrios, pequeños comerciantes, campesinos, mujeres y una central sindical), el Frente Unitario de Trabajadores (que agrupa cuatro centrales sindicales) y muchísimos otros colectivos populares, anunciaron su participación en la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos que recorrió casi todo el territorio del país desde el 8 al 22 de marzo del 2012. La respuesta del gobierno fue un discurso violento, discriminatorio y racista, de incitación al odio, cargado de ataques y descalificaciones a los diversos actores sociales, a cuyos líderes calificó de “desestabilizadores de la democracia” y “golpistas”. La enorme campaña publicitaria apuntó a deslegitimar y detener la marcha. Fueron públicas las amenazas direccionadas a organizaciones sociales y políticas de la izquierda y de otros sectores de oposición y a sus líderes, la infiltración policial de la marcha, un operativo de espionaje a las organizaciones populares y de izquierda.

Este discurso tuvo el propósito de crear condiciones para una ofensiva de desprestigio y eventual represión contra las organizaciones sociales como consta en el documento gubernamental titulado “defiende la democracia”.

Sin embargo, como conoce todo el país la marcha se realizó pacíficamente, mostró su plataforma reivindicativa de derechos y dejó vacio el argumento del gobierno. Los sectores populares organizados se sumaron de distintas maneras y fueron muchos los intelectuales que expresaron públicamente su respaldo, realizaron eventos de análisis de la situación y contribuyeron a desenmascarar el extractivismo y la criminalización de la lucha social.

Allanamiento y detención ilegales

En este ambiente, el sábado 3 de marzo del 2012, diez ecuatorianos, siete hombres y tres mujeres, profesionales, estudiantes, empleados y trabajadores públicos, líderes sociales reconocidos, se reunieron en actitud pacífica para discutir aspectos de interés público, el Buen Vivir, la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos que estaba por iniciarse. De acuerdo al parte policial, tenían solo fuentes de consulta como la Constitución de la República, el periódico oficial “El ciudadano”, varios medios de comunicación, libros y folletos sobre filosofía del derecho, el documento “Defiende la democracia” elaborado por el gobierno, entre otros. Esta reunión se realizaba en un departamento del conjunto Casales San Pedro, del barrio Luluncoto, al sur de Quito.

Los siete hombres y tres mujeres presentes en la reunión fueron sometidos violentamente por alrededor de 50 agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado ULCO y del Grupo de Intervención y Rescate GIR. Al hacerlo violaron expresas normas legales:

- ingresaron sin orden de allanamiento

- tampoco tenían orden de detención alguna

- a los detenidos no se les leyó sus derechos, ni se les informó la causa de su detención

- no existía ningún delito en marcha (la Policía admite que solo estaban reunidos y conversando), de manera que tampoco podían ser arrestados por delito flagrante

Los miembros de los grupos especiales de la Policía sometieron a los detenidos a tratos degradantes y crueles, pues los esposaron y los sacaron fuera de la habitación hacia una escalera donde permanecieron cuatro horas arrodillados. Fadua Tapia, joven de 18 años en estado de embarazo informó sobre su condición, sin embargo de lo que fue violentamente empujada al piso y luego esposada. Golpearon contra la pared el rostro del ingeniero afroecuatoriano Javier Estupiñan, provocando la rotura de una de sus piezas dentales como consta en el peritaje.

Mientras los hombres permanecieron fuera del departamento y las mujeres eran ubicadas en una de las habitaciones, las pertenencias personales de los detenidos: cédulas, celulares, cuadernos y agendas, laptops, billetes y monedas, mochilas y billeteras, fueron manipulados por los agentes policiales, quienes fueron increpados por Cristina Campaña quien protesto al ver que introducían material impreso en su mochila.

Los diez ciudadanos permanecieron arbitraria e ilegalmente retenidos por cerca de siete horas, desde la 4 de la tarde (hora del allanamiento) hasta las 11 de la noche, hora en la que recién se les traslada a la Policía Judicial, para luego de una hora, es decir, a las 24HOO, supuestamente legalizar la detención, con un parte policial mal forjado, pues tiene la fecha del 3 de marzo del 2011, es decir de una año antes de la detención. De acuerdo con la Ley, todo este procedimiento debió ser inmediato a la detención. Es apenas en ese momento cuando se les leyeron sus derechos y les permiten hacer una llamada a sus familiares. Todo esto en presencia de la Fiscal Diana Fernández León.

El día siguiente, a las 2 pm., los detenidos fueron sacados fugazmente de los calabozos de la Policía Judicial sin conocimiento de sus familiares y abogados defensores a la audiencia de formulación de cargos a otro lugar, la Unidad de Vigilancia de Carapungo, ubicada al norte de Quito, pretendiendo dejarlos en la indefensión. Pretextando la seguridad del Estado declaran la audiencia reservada y exhiben las supuestas evidencias: cedulas, celulares, billeteras, cuadernos y agendas, billetes, memorias rápidas, laptops, ocultando documentos como la Constitución de la República, el periódico “El Ciudadano”, el documento del gobierno “defiende la democracia”, y otros medios de comunicación. Los detenidos acusan a la Policía de haber añadido textos supuestamente ligados con los GCP (Grupos de Combatientes Populares). Todo esto con el propósito de distorsionar el motivo de la reunión, pero sin ninguna prueba fehaciente de relación con esa organización.

A esa misma hora se conoció el Ministro del Interior, había convocado una rueda de prensa con el propósito de exhibirlos como los supuestos desestabilizadores de la democracia, lo que no se consumó por la llegada de los familiares y abogados. Incluso antes de terminar la audiencia, personal policial tenían listo un cartel con el título de “GCP” y las fotos de los detenidos esposados, evidenciando una trama que tenía el claro afán de crear en la opinión pública una corriente de condena.

Al allanar el departamento la fuerzas policiales no precisaron las razones de su detención, luego en la Policía Judicial se le dice que están acusados de “terroristas”; en la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal Diana Fernández, en una incongruente intervención ante el Juez Juan Pablo Hernández, que se mostró distraído en la audiencia, los acusó de delitos contra la seguridad del Estado, según sus palabras “ el delito se halla tipificado en el libro II, del Código Penal, de los Delitos en particular, título I de los Delitos contra la seguridad del Estado, en este momento no podemos individualizar el articulado”; donde existen 54 artículos, que representan un número igual de delitos.

De esta manera la Fiscal dejó sin establecer el tipo penal, violentando los principios de tipicidad del derecho penal, dejando la posibilidad de acusarlos de cualquier cosa, ya que le da los mismo acusarlos de venta de secretos a potencia extrajera o de terrorismo organizado; y, sin considerar su obligación de hacer respetar el debido proceso, el Juez dictó orden de prisión preventiva, por lo cual llevan más de tres meses privados de la libertad. Para más contradicciones de la parte oficial, esa misma noche en rueda de prensa el Ministro del Interior, José Serrano, de profesión abogado estableció que habían sido detenidos en “delito flagrante”.

Allanamientos a las casas de los familiares de los detenidos

El día 26 de abril, es decir 53 días después del ilegal apresamiento, en horas de la madrugada se producen allanamientos simultáneos a las casas de los familiares de los detenidos en varias ciudades del país, violentando nuevamente los derechos humanos, usando una cantidad desproporcionada de fuerzas policiales fuertemente armados y enmascarados que irrumpieron en los domicilios creando terror entre niños, mujeres y ancianos, convirtiéndose en un recurso de amedrentamiento hacia los familiares que vienen haciendo público el pedido de libertad.

La fiscal Diana Fernández justificó este atroz acto diciendo que se encontraron nuevas evidencias. Estas son: libros de derecho constitucional, folletos de varias organizaciones sociales, cuadernos de la Universidad Central, libros de ciencias sociales de autores como Agustín Cueva y otros, la Enciclopedia Universal Ilustrada, CDs de películas como “El Último Emperador de Escocia”, “el Exorcista”, CDs de música protesta como las del cantautor ecuatoriano Jaime Guevara, fotos como la de la hija de uno de los detenidos que tenía al fondo la imagen del Che Guevara y computadoras instrumentos para el trabajo y el estudio de otros miembros de las familias. Este absurdo y extemporáneo hecho fue rechazado por los familiares e impugnado por los abogados defensores.

Injerencia del gobierno en las Cortes

Este proceso, que nació contradictorio, atropellado y violatorio, se presenta como un justificativo de que en la marcha indígena y popular de marzo estaban desestabilizadores de la democracia y encontraron en la reunión de estos profesionales y jóvenes estudiantes la oportunidad para hallar un “chivo expiatorio”. La enorme campaña publicitaria del gobierno para deslegitimar la marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos terminó saturando a la población y no tuvo los efectos esperados.

Sin embargo, y pese a lo inconstitucional e ilegal del proceso, la injerencia del gobierno sobre la Fiscal y los jueces se notó desde el inicio: en la audiencia de formulación de cargos se hizo presente el Viceministro del Interior, Javier Córdova; una semana después de la detención, el presidente Correa fustigó a la prensa por no haberle dado la importancia que según él tenía este caso; en la contramarcha organizada por el gobierno el día 22 de marzo el Presidente hizo referencia a los detenidos en 6 discursos, ubicándolo como “desestabilizadores”; lo mismo hizo en una de sabatinas emitidas desde Murcia, España; en declaraciones del Ministro José Serrano a la revista “Vistazo”, realza amenazas a quienes han asumido la defensa de los detenidos. Todo esto muestra el interés por lograr una condena por un crimen inexistente el que no han sido capaces de probar.

De ahí que durante la instrucción fiscal se puede constatar el esfuerzo de la Fiscalía por intentar, sin contar para ello con ninguna prueba efectiva, involucrar a los detenidos con el denominado Grupo de Combatientes Populares (GCP) y relacionarlos forzadamente con la instalación de bombas panfletarias firmadas con el nombre de otras organizaciones no conocidas en el país. Es más, la fiscal Diana Fernández ha violado procedimientos, ha entorpecido la labor de la defensa, no ha tramitado numerosas diligencias solicitadas por los abogados de los detenidos, como, por ejemplo, no entrega el listado de quienes participaron en el allanamiento del 3 de marzo, lo mismo sucede con las solicitudes de las pericias informáticas a las computadores de la fiscal y del juez. Por esto y por el abuso de poder fue denunciada ante el Consejo de la Judicatura de Pichincha Transitorio. Paradójicamente y casi al mismo tiempo, abandonaba el caso antes de terminar el tiempo de la instrucción fiscal y entró a concursar para el puesto de jueza. Cabe señalar que el proceso de reestructura del sistema de justicia impulsado por el Gobierno tiene constantes críticas por anular en los hechos la independencia y por haber nombrado jueces sin transparencia.

Solo por acción de los abogados defensores que solicitaron al juez el cierre de la instrucción fiscal, esta se produjo el día 7 de junio cuando el período determinado por la Ley finalizaba el 1 de junio. Sin embargo, hasta el 15 de junio no existe el dictamen fiscal.

La defensa ha sostenido que jurídicamente no hay motivo para la prisión en la que se encuentran los detenidos. Por ello formularon ante la Tercera Sala de la Corte Superior la apelación al auto de prisión preventiva que fue negada aduciendo peligro de fuga, posteriormente se solicitó la sustitución de la prisión preventiva y es negada por el juez décimo de lo penal, aduciendo peligro de fuga, la misma suerte siguió el pedido de libertad ante la Corte Provincial. De nada valieron las pruebas de la forja de documentos por parte de las autoridades y las argumentaciones que demostraron el inconstitucional e ilegal allanamiento y apresamiento.

Conclusión

Estas detenciones se muestran como ilegales y violatorias de los Derechos Humanos y la Constitución del Ecuador que garantiza el derecho de todos los ecuatoriano a participar en el espacio público como ámbito de deliberación; en los asuntos de interés público como es el caso del Buen Vivir, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda; el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas; que garantiza la libertad de conciencia, de asociación, de reunión y movilización en forma libre y voluntaria. El ejercicio de estos derechos no puede constituirse en delito contra la seguridad del Estado. Lo que hacían estos jóvenes estudiantes y profesionales es ejercer sus derechos.

Los 10 detenidos en el Luluncoto, son presos políticos a quienes se les ha causado un grave daño en todos los órdenes, varios de ellos han perdido sus trabajos, han sido truncados en sus estudios, separados injustamente de sus familias y amigos, impedidos de hacer una vida normal.

Los familiares han acudido a los organismos de derechos humanos y a la defensoría del pueblo, ha conversado con el juez Baltasar Garzón a fin de que en sus condiciones contribuyan a que se lleve un proceso justo y libre de las claras presiones políticas del gobierno que busca una condena a como dé lugar.

Acción inmediata

La condición de un preso político demanda la respuesta de la comunidad internacional, pueblos y personas democráticas y comprometidas con los más elevados valores humanos. Por ello, los familiares de los 10 presos políticos de Luluncoto solicitamos la acción inmediata dentro y fuera del país que impida la continuación de esta injusticia y la amenaza de una prisión de años que destruiría la vida de este grupo de jóvenes y sus familias.

En sus manos está tomar toda iniciativa posible, expresarse ante las embajadas del Ecuador, enviar cartas a las autoridades del país y tomar acción. Lo que demandamos es justicia, cumplimiento del debido proceso y de las leyes del país, suspensión de la persecución y amenazas del gobierno, fin del uso de la prensa para justificar un “linchamiento mediático” y que el sistema judicial actúe con independencia. Si la justicia se expresa, nuestros familiares víctimas de este montaje saldrán libres de manera inmediata y se impedirá que casos como este se repitan una y otra vez.

¿Quiénes son los detenidos?

ANA CRISTINA CAMPAÑA SANDOVAL, CI. 1722463799 de 23 años de edad, con instrucción superior, de profesión auditora. Es una joven de gran capacidad y liderazgo, que le permitió ocupar varios cargos en su vida estudiantil en la Facultad Administración y Auditoria de la Universidad Central del Ecuador: fue vicepresidenta de la Asociación Escuela de Contabilidad y Auditoría, candidata a presidenta de la misma Asociación, representante al Consejo Directivo de la Facultad. Por su trayectoria y calificaciones fue promovida como candidata al Honorable Consejo Universitario de la UCE, candidata a la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, filial Quito FEUE-Q, fue miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación femenina Universitaria, AFU. Participó en el Encuentro Mundial de Mujeres de Base en Venezuela, y por sus méritos estudiantiles fue delegada a Nicaragua.

FADUA ELIZABETH TAPIA JARRÍN CI.1722136086, tiene 18 años, inicio sus estudios en Derecho en la Universidad Central del Ecuador, realizó su bachillerato en Ciencias en el Colegio Benalcázar y el bachillerato Internacional, participó en grupos de danza de dicho colegio. Realizó acciones comunitarias; junto a sus compañeros de colegio construyeron una guardería infantil en el Chamal, provincia de Orellana. Estudió inglés en el Centro de Educación Continua (CEC), de la Escuela Politécnica Nacional, y dio clases de inglés en el Centro Infantil Carolina Terán. Como estudiante universitaria participó en el Campamento Internacional Antifascista y Antiimperialista de la Juventud, realizado en Turquía en el año 2010, evento en el cual se destacó como traductora de la delegación ecuatoriana. Vive con sus padres en Quito.

YESCENIA ABIGAIL HERAS BERMEO CI. 0301940235, tiene instrucción superior, es abogada, de 28 años de edad, nació en Azogues, está casada, vive en Cuenca, en la parroquia Ricaurte. Se graduó de Bachiller en Ciencias Sociales, estudió Teatro en la Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay; fue integrante del grupo de teatro “Sonrisas”. Ha realizado obras sociales, como “Clown”, en SOLCA, en el área de niños y en el Hospital Vicente Corral Moscoso, de la ciudad de Cuenca.

Tiene un niño de 3 años, que se encuentra sin su madre.

Fue ganadora del concurso realizado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Cuenca, para participar en calidad de Asistente en el IV Encuentro Internacional de Estudiantes de Derecho del Cono Sur, “EECOSUR”, en las áreas de Derecho Constitucional, Filosofía Jurídica y Derechos Humanos; Derecho Penal y Derecho y Procesos de Integración realizado en el Departamento de Cochabamba–Bolivia los días 19, 20 y 21 de Septiembre de 2007, con un valor curricular de 72 horas académicas.

Ha asistido a varios seminarios académicos como: Seminario Nacional “LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS”, celebrado en Cuenca – Ecuador, del 29 de mayo al 1 de junio de 2006, con un total de 20 horas presenciales.

Asistente al SEMINARIO TALLER NACIONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, realizado en la ciudad de Cuenca–Ecuador, en la semana del 20 al 24 de mayo de 2008, con una duración de 42 horas académicas.

Integrante de la Asociación Femenina Universitaria (AFU) de la Universidad Estatal de Cuenca, año 2006.

Asesora en el Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad de Cuenca, de octubre de 2007 a octubre de 2008.

Pasantías estudiantiles en el Consultorio Jurídico del Dr. Patricio Ochoa, de octubre de 2006 a junio de 2007.

CRISTHIAM ROYCE GOMEZ ROMERO, C.I. 0932813753, de 25 años de edad, con instrucción superior, de profesión odontólogo, está casado, tiene un hijo de 5 años. Tiene estudios avanzados de inglés en la Universidad de Guayaquil. Ha participado en eventos como el Tercer Mega Encuentro Internacional Científico y las Primeras Jornadas laser en Odontología. Con su rpofesión de odontólogo ha realizado trabajo social en barrios urbano marginales como el Guasmo, Suburbio Oeste y otros de la ciudad de Guayaquil, vive en la ciudadela los Samanes 2. Manzana 26, Villa 22 de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.

PABLO ANDRÉS CASTRO CANGAS CI.1718716002, estudiante de derecho en la UCE, tiene 24 años, fue uno de los mejores egresados del Colegio Universitario Odilo Aguilar, hoy Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador (UCE), participó en varios concursos de oratoria y obtuvo el segundo lugar en Concurso Intercolegial Jaime Hurtado González, realizado en el Teatro Universitario, su apego a la lectura, su gran interés por ser un líder social lo llevaron desde sus primeros años de estudiante secundario a estudiar los temas de gobernabilidad.

Fue instructor de matemáticas en los cursos de nivelación que se realizaban durante las vacaciones, asimismo fue instructor de bandas musicales juveniles.

Fue presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, FESE, en calidad de tal entregó al presidente Rafael Correa el Plan “EL ECUADOR QUE LOS JÓVENES QUEREMOS”.

Ha participado en varios eventos nacionales e internacionales de índole estudiantil.

Por su condición de líder estudiantil y presidente de la FESE fue invitado, junto con líderes de otras organizaciones, a formar parte de la comitiva que junto al presidente Correa viajó a Brasil, al Foro Social de 2009.

Tiene un hijo de 6 meses

LUIS SANTIAGO GALLEGOS VALAREZO CI.1002345856, con instrucción superior, de profesión Ingeniero Agroindustrial, de 30 años de edad, soltero. Realiza una maestría en seguridad y salud en trabajo en la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE). Funcionario del área de riesgos del trabajo del IESS. Coordinador de eventos de capacitación y capacitador a trabajadores de distintas ramas en temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo.

VICTOR HUGO VINUEZA PUENTE CI 1707625016, con instrucción superior, es licenciado en Sociología para el Ecodesarrollo, es empleado público, trabaja en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Filosofía, tiene 48 años, casado con tres hijos, desde muy joven se vinculó a varios grupos sociales, culturales y deportivos, fue líder de grupos en los campamentos vacacionales de Asociación Cristiana de Jóvenes, ACJ, de Chimbacalle, participó en equipos de futbol barrial. Es un activista social ocupo cargos como dirigente barrial , fue miembro de la directiva de la Federación de Barrios de Quito, fundador del “Periódico La Esquina” de esa misma organización. Ha sido capacitador en temas como liderazgo barrial, métodos y técnicas de dirección popular. Por su preparación en temas sociales y políticos ha sido invitado a conversatorios y debates sobre la situación del Ecuador. Es miembro de la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Facultad de Filosofía, de cuya organización fue su vicepresidente hace dos años.

LUIS MARCELO MERCHÁN MOSQUERA CI. 0927743542, Estudiante universitario de cuarto año de Derecho en la Universidad Estatal de Guayaquil, vicepresidente de sus curso, fue un destacado estudiante del Colegio Eloy Alfaro y candidato a la asociación estudiantil en dicho establecimiento, fue secretario provincial de la FESE de Guayas, es uno de los impulsores de los debates y movilizaciones por la gratuidad de la educación desarrollados durante la Asamblea Constituyente.

Ha dictado talleres de liderazgo y oratoria en los colegios y sectores barriales, promovió junto a la FESE campeonatos barriales de fútbol y festivales artísticos para promover el derecho de los jóvenes a la recreación y alejarlos de la violencia, alcohol y drogas.

HÉCTOR JAVIER ESTUPIÑAN PRADO CI. 0802907717, instrucción superior, Ingeniero en Sistemas, Universidad Luis Vargas Torres, de 27 años de edad. Es servidor público en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Esmeraldas, Técnico en Desarrollo Comunitario del Gobierno Provincial de Esmeraldas. Docente secundario en la Unidad Educativa Particular Angelita Ortiz. Docente contratado Universidad Luis Vargas Torres, ext. Cantón Muisne. Apasionado de temas políticos, participó en el Seminario de Derechos y Garantías Constitucionales sobre el BUEN VIVIR.

CESAR ENRIQUE ZAMBRANO FARÍAS CI 0803210246, es estudiante universitario, soltero, huérfano de madre y padre migrante, vive en Esmeraldas, en la parada 11 en barrio Ecuador Libre. Miembro de la Casa de la Juventud, instructor de talleres de formación y capacitación en actividades culturales y sociales. Participó del Taller de Construcción de Políticas Públicas de la Juventud. Taller de Encuentro Regional por el derecho a la Comunicación Juvenil desde la Radio.

COMITÉ POR A LIBERTAD DE LOS 10 PRESOS POLTICOS DEL LULUNCOTO

Ecuador julio 2012

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