Requisitos para la configuración del silencio administrativo negativo






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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA.

Acción :
Actor :
Accionado :
Radicación :
N° Interno :

DECISIÓN EN EL CASO CONCRETO:
(…)”la Sala concluye que el demandante no cumplió con el requisito sine qua non de toda acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cual es el de dirigir su demanda contra un acto administrativo, pues en el libelo introductorio claramente se sostiene que se demanda el acto ficto negativo, el cual, como ya se precisara, nunca existió.
De otro lado, el accionante no demandó el acto expreso, calendado el 17 de enero de 1998 y que presuntamente recibió el 12 de marzo de 1998, el cual contiene la respuesta a su petición.
En suma, en el presente caso no existe acto sobre el cual decidir su legalidad o acto pasible de control jurisdiccional, toda vez que el silencio administrativo no ocurrió en el caso de autos y por tanto, así deberá ser declarado en la parte resolutiva de este proveído. En el presente evento, lo apropiado es declararse inhibido para proferir sentencia, dada la ineptitud sustantiva de la demanda.”


FUENTE FORMAL: Art. 40 y 60 del C.C.A.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre silencio Administrativo negativo: Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 12 de mayo de 2010. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Mayo 12 de 2010. Rad. 2500023260002009000701(37446)/Requisitos para la configuración del silencio administrativo negativo: Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 15 de junio de 2006. M.P. Jesús María Lemos Bustamante. Radicación 25000232500020030745601(8406-05). Sobre el tema de la nulidad de un supuesto acto ficto: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección “A”. Sentencia de septiembre 15 de 2011. M.P. Gustavo Gómez Aranguren. Rad. No. 50001-23-31-000-2005-40528-01(0097-10). Actor: Amanda Vivas Mora./ Sobre el tema de ineptitud sustantiva de la demanda: Consejo de Estado. Sección Segunda: Subsección “A”. Sentencia de septiembre 15 de 2011. M.P. Gustavo Gómez Aranguren. Rad. No. 50001-23-31-000-2005-40528-01(0097-10). Actor: Amanda Vivas Mora



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Rama Judicial

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Quinta de Decisión Escritural
Neiva, veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce (2012)
Magistrado Ponente : DR. JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRÍGUEZ

Acción : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Actor : ORLANDO MURCIA IBÁÑEZ

Demandado : MUNICIPIO DE SUAZA

Providencia : SENTENCIA

Radicación : 41 001 33 31 000-2002-00843-02

Acta : Nº 72

Decide la Sala el recurso de apelación propuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de enero de 2009, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva.


I.- ANTECEDENTES



1.- DEMANDA
ORLANDO MURCIA IBÁÑEZ, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó declarar la nulidad del acto ficto negativo resultante de la petición elevada el 17 de enero de 1998, mediante el cual arguye que la administración municipal de Suaza, le niega el reconocimiento y pago de emolumentos salariales y prestacionales.
2.- PRETENSIONES
2.1.- Que se declare la nulidad del acto ficto negativo mediante el cual, el municipio de Suaza negó al demandante, la solicitud de reconocimiento y pago de los salarios, cesantías, vacaciones, primas de vacaciones, intereses a las cesantías y sanción moratoria por el retardo en el pago de dichos emolumentos.
Como consecuencia de la anterior declaración, se condene al municipio a reconocer y pagar al demandante, el salario del mes de diciembre de 1997, las cesantías devengadas por el tiempo laborado debidamente indexadas, los intereses sobre las cesantías, las vacaciones e indemnización de vacaciones, la prima de vacaciones.

2.2.- Que en consecuencia y a título de restablecimiento del derecho se ordene el reintegro al mismo cargo o a otro de igual o superior categoría, se le reconozca y pague los salarios, primas, reajustes y demás prestaciones sociales, vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta su reintegro, sin solución de continuidad.
2.3.- Que se condene al pago de la sanción moratoria establecida por el pago no oportuno de las cesantías, a razón de un día de salario por cada día de retardo causado desde el 24 de abril de 1998, hasta la fecha del pago junto con los intereses moratorios sobre el valor de la condena, y las costas. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 176 del C.C.A.

3.- HECHOS
3.1.- El señor ORLANDO MURCIA IBÁÑEZ se desempeñó como alcalde municipal de Suaza – Huila, desde el primero de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1997 percibiendo una asignación mensual de $1.174.780.
3.2.- A la fecha del retiro del cargo por terminación de período, se le adeudaban las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, indemnización de vacaciones por el tiempo laborado como Alcalde Municipal de Suaza y el salario correspondiente al mes de diciembre de 1997.
3.3.- A pesar de que con fecha 17 de enero de 1998, solicitó al Alcalde Municipal que se le cancelaran dichos emolumentos, esta petición le fue negada mediante el silencio administrativo, pues respecto a ella el burgomaestre no tomó decisión expresa alguna dentro de los tres (3) meses señalados en el artículo 40 del C.C.A.
3.4- La conducta asumida por la administración municipal, constituye abuso de poder, pues el silencio administrativo así lo demuestra.
4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Municipio de Suaza, se opuso a las pretensiones del actor, invocando las excepciones de ausencia de fundamentos de hecho y derecho para elevar las pretensiones contenidas en la demanda, y falta de legitimación legal para pedir por parte del actor respecto de la sanción moratoria, los intereses devengados y la indemnización de vacaciones.
Como fundamento de las excepciones aduce que la actora pretende cobrar una sa

nción que no está prevista en la ley sino para ejecutarse a partir de la fecha en la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación y pago –ley 244 de 1995. Que no hay lugar a esta condena porque el acto es presunto negativo, es decir, no es un acto que ordene la liquidación y pago de cesantías para luego derivar de él la sanción moratoria prevista en la citada ley, por lo que dicho cobro elevado como pretensión por el actor, es ilegal. Además, el municipio, mediante resolución No 125 del 26 de junio de 2004, ordenó reconocer lo que legalmente correspondía al demandante y ordenó la consignación de $8.338.784 en el Banco Agrario - por orden del Tribunal Superior, y se ordenó su traslado al Tribunal Administrativo-, la cual efectuó el 8 de julio de 2004. Dicha consignación se hizo dentro de los 45 días siguientes al reconocimiento de la liquidación en la forma prevista en el artículo 2° de la precitada norma. Merced a lo anterior, solicita que se ordene el pago de dicho título al demandante, si aún no lo ha hecho.
El demandante, como alcalde municipal de la época, debió consignar sus cesantías correspondientes al año 1996 y 1997 a más tardar el 15 de febrero. De otra parte, al no gozar las vacaciones que pudo disfrutar correspondientes a los años 1995 y 1996, en los años 1996 y 1997, no puede haber lugar a la indemnización de las mismas. Por supuesto, el acto que las justificara en los años indicados le competía a él mismo, como alcalde municipal, por tanto no puede alegar su propia culpa en aras de reclamar una indemnización.
En cuanto al interés a las cesantías cobrado por el actor, no es competencia del municipio su liquidación, por lo que no está llamado a pagar dicho valor.
Merced a lo anterior, solicita que se considere pagada en legal forma la liquidación del actor contenida en la Resolución 125 de junio 26 de 2004, que se desestimen las pretensiones de la demanda y se condene en costas a la parte actora.

5.- ALEGATOS DE CONCLUSION.
5.1.- DE LA PARTE DEMANDANTE
Está demostrado que mediante el acto ficto demandado, la administración municipal de Suaza, negó el pago de los dineros reclamados por concepto de emolumentos salariales mediante petición elevada el 17 de enero de 1998.
El actor recibió el 12 de marzo de 1998, una comunicación negando el pago de los dineros adeudados, en razón a la no devolución de implementos recibidos en el ejercicio de sus funciones –celular e instrumentos musicales- y la no cancelación del servicio de energía eléctrica y el pago de los cánones de arrendamiento de la casa fiscal, del 1 de marzo de 1995 al 17 de enero de 1998.
Afirma que el actor devolvió los implementos antes de recibir la citada comunicación –el celular el 30 de enero del citado año y los instrumentos el 19 de febrero siguiente-. Que mediante orden escrita enviada a la Tesorera el 20 de enero de 1998, el señor alcalde municipal había dado orden de no pagar el último salario, cesantías, primas, vacaciones e intereses a las cesantías a que tenía derecho el actor. Como para el mes de marzo, ya había entregado los elementos, quedó a paz y salvo por todo concepto, por lo que debió cancelársele lo adeudado.
El valor de las cesantías, intereses a las mismas, primas de servicios, vacaciones compensadas y salario del mes de diciembre de 1997, el cual ascendió a $8.338.784, fueron cobrados por el demandante por intermedio del apoderado actor, el 6 de agosto de 2004, mediante título judicial que fue consignado dentro del proceso de la referencia por la parte demandada, y con la única intención de evitar el pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías previsto en el art. 2° de la ley 224 de 1995. Pero dicho pago constituye un abono a la deuda existente, imputándose en principio a los intereses generados por las cesantías, a las primas de servicios, vacaciones, salarios y una porción de las cesantías, donde debe entenderse que a la fecha se adeuda parte de las cesantías, ya que el municipio entró en mora desde el 20 de febrero de 1998, por ende, desde ese día está obligado al pago de un día de salario por cada día de retraso como sanción.
Los argumentos de hecho y de derecho esbozados por la parte actora, desvirtúan las razones de defensa del demandado.
5.2.- DEL DEMANDADO
Presenta su alegato sosteniendo que se encuentra probado que al actor se le cancelaron las acreencias laborales que le correspondían por su labor como mandatario del municipio de Suaza y reiterando los argumentos de la contestación de la demanda.
Concluye exponiendo que existe cobro de lo no debido, por cuanto el demandado profirió la Resolución No 125 del 26 de junio de 2004 reconociendo que se debía al demandante y ordenándole consignar la suma de $8.338.784 en el banco agrario, consignación que se llevó a cabo dentro de los 45 días siguientes al reconocimiento de la liquidación, conforme al art. 2 de la ley 244 de 1995.
Por lo anterior, considera que no existe obligación alguna a cargo de su representado, que están llamadas a prosperar las excepciones, y en consecuencia, solicita al señor Juez, no acceder a las pretensiones de la demanda.
6.- LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, mediante sentencia del 27 de enero del 2010, negó las pretensiones de la demanda y mantuvo incólume la presunción de legalidad de los actos acusados.
En principio, advierte que por tratarse de un acto ficto, no analizará la causal de abuso de poder, ya que el acto presunto carece de todos los elementos constitutivos del acto.
Al abordar el caso concreto, refiere que el actor pretende que se declare la nulidad del acto ficto o presunto predicado del silencio administrativo negativo con ocasión de petición que hiciera a la administración el municipio de Suaza, solicitando el pago de acreencias laborales generadas a raíz de la vinculación que tuvo con el citado municipio cuando ejerció el cargo de alcalde municipal, en el período comprendido entre el 1° de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1997.
Se probó que el accionante peticionó ante la administración municipal para obtener dicho pago, mediante comunicación del 17 de enero de 1998, y que el alcalde municipal, respondió que no ordenará dicho pago hasta tanto el actor, no devolviera algunos elementos de propiedad del municipio y no pague algunas obligaciones contraídas con el mismo.
El demandante, según lo manifestado por él mismo, recibió dicha respuesta el 12 de marzo de 1998, lo que indica que el interregno de los tres meses de que trata el artículo 40 del C.C.A. con el cual se con figura el silencio administrativo negativo, pues contrario a lo afirmado en la demanda, existe una expresa manifestación de la administración del demandado, el cual desplaza totalmente la existencia de un acto ficto o presunto.
Resalta el a quo, que al actor, por intermedio de su apoderado, se le pagó mediante título de depósito judicial, la suma de $8.338.784.
Concluye, que no le asiste razón al demandante para solicitar la declaratoria de nulidad solicitada en la demanda, y en consecuencia, las pretensiones incoadas en la misma no tienen vocación de prosperidad.
Por lo anterior, niega las pretensiones de la demanda.

7.- LA IMPUGNACIÓN
El apoderado actor interpone el recurso de apelación contra el fallo proferido manifestando que no es verdad que la administración le haya reconocido y pagado lo que legalmente le correspondía al demandante.
El municipio reconoció que le debía y por ello profirió la Resolución No 125 del 26 de julio de 2004. Sin embargo, esos dineros debieron ser cancelados en los términos concedidos en la ley, lo cual no sucedió, ya que no reconoció ni liquidó, el valor de un día salario por cada día de mora por la no consignación oportuna de las cesantías. Así mismo, el municipio debe la indexación de las sumas reconocidas y pagadas por concepto de vacaciones y prima de vacaciones.
Sostiene que el demandado, esperó a ser demandado, reconociendo y pagando después de más de seis años de habérselo solicitado, por lo que debe reconocer los valores por indexación, y sanción por mora en el caso de las cesantías.
Considera que la Juez de primera instancia, a pesar de no hallar configurado el silencio administrativo, debió pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda en aras de la recta administración de justicia, ya que –en su criterio-, ello no era óbice para decidir de fondo sobre las pretensiones de la demanda evitando así cercenarle el derecho que le asiste a reclamar sus derechos laborales.
8.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA
Solo presentó alegatos finales el apoderado del demandado – Municipio de Suaza-, reiterando los argumentos esbozados en los alegatos de primera instancia, para solicitar que se confirme la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo.
9.-CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El señor representante del Ministerio Público, hace un resumen de los argumentos esbozados por las partes en sus primeros escritos, del fallo de primera instancia y del recurso de apelación,

Luego pasa a emitir su concepto precisando en principio:
Que no existió un acto ficto como lo expresa la demandada, porque entre la solicitud y la respuesta no transcurrieron tres meses, y porque la entidad dio respuesta expresa a la petición, mediante el oficio del 17 de enero de 1998, el cual el accionante manifiesta haber recibido el 12 de marzo del mismo mes y año.
Que mediante Resolución No 125 del 26 de junio de 2004 al actor se le reconoció la suma de $8.338.784 por concepto de prestaciones laborales, suma que efectivamente le fue cancelada por medio del un título de depósito judicial.
Que el empleador está obligado a consignar las cesantías de un trabajador a más tardar el 14 de febrero del año siguiente al culminado, lo que indica que al día siguiente de la fecha máxima de consignación, si no lo ha realizado, el empleador ya está en mora y nace para el trabajador el derecho si quiere, de reclamar la sanción de un día de salario por cada día de retraso. En el presente caso, las cesantías del señor Murcia Ibáñez debieron habérsele consignado en un fondo de cesantías elegido por él mismo o en su defecto haber sido canceladas en la misma fecha por parte del ente territorial, sin embargo las cesantías fueron pagas hasta luego de meses de haber sido reconocidas por la administración municipal.
Conforme lo anterior, conceptúa que es del caso confirmar parcialmente la sentencia recurrida en el numeral primero y considerar lo pertinente a la sanción, tal como se estableció en las razones antes expuestas.

II.- CONSIDERACIONES
1.- PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER
El presente asunto se contrae a establecer, si se configuró el acto ficto o presunto respecto de la solicitud de pago de emolumentos salariales elevada por el actor a la administración municipal de Suaza, y si dicha negativa se circunscribe dentro de la legalidad.
La Juez de primera instancia declaró la improsperidad de las pretensiones, considerando que no se configuró el silencio administrativo porque no se cumplieron los tres meses sin respuesta de la administración, exigidos por la ley.
Así las cosas para resolver la controversia puesta a consideración se analizan los siguientes aspectos relevantes:
2.- EL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO
A voces del artículo 40 del C.C.A.:
transcurrido un plazo de tres meses contados a partir de la presentación de la petición, sin que se haya notificado la decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades ni las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos de la vía gubernativa con fundamento en él, contra el acto presunto.”
Al abordar los requisitos para que se configure el silencio administrativo permitiendo el surgimiento del acto ficto, el Consejo de Estado manifestó:

SILENCIO ADMINISTRATIVO SUSTANCIAL - Opciones del interesado frente a tal decisión. En cuanto a los requisitos para su configuración, según los artículos 40 y 60 del C.C.A., una vez transcurra el término 3 meses contado a partir de la presentación de una solicitud sin que se notifique decisión alguna por parte de la Administración –silencio administrativo sustancial o inicial– o, en caso de la resolución de los recursos propios de la vía gubernativa, luego de 2 meses contados a partir de su interposición sin que se hubiere notificado decisión expresa sobre ellos –silencio administrativo procesal o adjetivo-, será el peticionario, interesado o el particular el que a su voluntad, determine su ocurrencia. En este sentido, como lo ha dicho la jurisprudencia, si bien el silencio administrativo negativo opera por ministerio de la ley, es decir sin necesidad de declaración judicial que lo reconozca, lo declare o lo constituya en los términos antes descritos, ello no significa que se configure de manera automática por la sola expiración del plazo consagrado en la ley para su configuración, comoquiera que en cuanto se trata de una garantía a favor del peticionario, quedará a voluntad de éste, determinar su efectiva ocurrencia a partir de la conducta que decida emprender puesto que, en relación con el silencio administrativo sustancial o inicial, el peticionario podrá a su arbitrio: “i) continuar esperando a que la Administración resuelva o decida su solicitud, tiempo durante el cual la autoridad administrativa continuará con el deber constitucional y legal de pronunciarse sobre la petición, independiente de que ya hubiere expirado el plazo legalmente establecido para atender la misma; ii) interponer, en cualquier momento, recursos en vía gubernativa contra el acto administrativo ficto o presunto; ó iii) acudir directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa pretendiendo que se declare la nulidad del acto ficto o presunto, puesto que se entiende agotada la vía gubernativa.”1
De igual manera, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 1° de agosto de 2002, con ponencia del Dr. Tarcisio Cáceres Toro, expediente 4669, sostuvo:
Pero bien puede ocurrir que contra el acto solo proceda el recurso de reposición que no es obligatorio y el interesado decida no proponerlo; en ese caso, cabe concluir que la administración no pierde competencia para resolver esa petición mientras no se haya acudido ante la jurisdicción contencioso administrativa.”
Respecto a los pronunciamientos expresos de la administración ocurridos luego de presentada la demanda, la Sección Segunda de esa Alta Corporación precisó:
Podría aducirse, en sentido contrario, que la administración no pierde competencia para pronunciarse respecto de la petición inicial o del recurso gubernativo “mientras no se haya acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, expresión que se ha entendido extensivamente en el sentido de que puede pronunciarse mientras no se haya notificado el auto admisorio de la demanda. “Acudir”, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa "(Cruce de recudir y acorrer). 1. intr. Dicho de una persona: Ir al sitio adonde le conviene o es llamada. 2. intr. Ir o asistir con frecuencia a alguna parte. 3. intr. Dicho de una cosa: Venir, presentarse o sobrevenir [...]”, por lo que bastaría simplemente con la presentación de la demanda para que la administración perdiera la potestad de decidir. Es cierto que la autoridad no sabe que ha perdido la competencia sino cuando se le notifica el auto admisorio de la demanda y desde ese punto de vista tendría la potestad de decidir hasta la notificación, sin embargo la norma es clara al indicar que es suficiente con “acudir” para impedirle resolver válidamente. Además, conforme a lo expuesto, la decisión expresa de la administración sería válida en la medida en que el interesado adicione la demanda controvirtiéndola pues, se insiste, la facultad de demandar un acto ficto negativo es una garantía legal del administrado, que es quien puede definir si controvierte el acto expreso o si deja la demanda inicialmente interpuesta contra la decisión presunta. Como ya hay una decisión negativa presunta, exigirle demandar la decisión negativa expresa equivaldría a obligarlo a demandar doblemente la misma decisión. Si el actor decide no demandar el acto expreso negativo sino continuar la acción contra el acto presunto negativo debe considerarse que el acto expreso carece de valor no sólo por corresponder exactamente al acto presunto sino porque fue expedido sin fundamento legal al haber desaparecido su sustento jurídico (artículo 66 del C.C.A.) ya que la autoridad lo profirió sin tener competencia para ello, lo que genera su decaimiento.”2


3.- EL SUB EXAMINE
El demandante en el escrito de apelación sostiene que con la demanda se pretendió que el municipio de Suaza cancelara al actor el salario del mes de diciembre de 1997, junto con las cesantías devengadas por el tiempo laborado debidamente indexadas, los intereses sobre las cesantías, las vacaciones, la indemnización de vacaciones, y la prima de vacaciones.
Del libelo introductorio se desprende con claridad meridiana, que el actor pretende obtener la nulidad del acto ficto negativo surgido de la petición que elevara a la administración municipal de Suaza solicitando dichos pagos.
Conforme lo anterior, en principio es menester establecer si se cumplió con los requisitos para la presumir dicha ficción legal, es decir, si se configuró el silencio administrativo respecto de la petición incoada y en consecuencia, se entiende negada la misma por la administración mediante el denominado acto ficto o presunto negativo.
Revisado el expediente se observa que el acápite de hechos de la demanda, el actor refiere que mediante escrito del 17 de enero de 1998, solicitó al alcalde municipal de la época el pago de los emolumentos antes referidos.
Igualmente, a folio 75, obra copia del oficio calendado el 17 de enero de 1998, suscrito por alcalde municipal de Suaza, mediante el cual, le manifiesta al actor:
Con relación a su oficio del diecisiete (17) de enero presente, me permito significarle que esta Alcaldía no ordenará los pagos por usted solicitados, hasta que no entregue el teléfono celular del municipio, los instrumentos musicales que están en su poder y no pague el período de arrendamiento de la casa fiscal del municipio, desde el primero (1) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), hasta el diecisiete (17) de enero de mil novecientos noventa y ocho (1998), como también el pago de energía eléctrica durante el mismo tiempo, por dicha casa.”

De lo anterior se desprende con claridad que la petición inicialmente incoada por el actor fue elevada el 17 de enero de 1998. Igualmente que el alcalde municipal le dio respuesta ese mismo día.
Respecto a la notificación de dicha respuesta, se observa a folio 76 el escrito radicado el 14 de marzo del mismo año, en el cual el actor sostiene que recibió la respuesta -datada el 17 de enero- a su petición, hasta el 12 de marzo de esa anualidad. En dicho escrito, además precisa lo siguiente:
1.- En lo relacionado con la entrega del teléfono celular me permito manifestar que este fue recibido por la señora NELLY MUÑOZ CUÉLLAR. Y el cual fue entregado al Almacén por la funcionaria referenciada.
2.- Los instrumentos Musicales a los cuales hace referencia estos se entregaron mediante acta del 19 de febrero de 1998 suscrita por el anterior y actual almacenista, el original de la misma reposa en la alcaldía que usted regenta.
3.- Para su conocimiento en el evento de que usted considere que le adeudo suma alguna al municipio por concepto de arrendamientos y demás, debe iniciar el respectivo proceso ya que solo mediante orden judicial puede retenerse el pago de mi salario del mes de diciembre, vacaciones, viáticos y cesantías definitivas, que a la fecha y sin justificación alguna de ha retenido, violándose de su parte la ley.”
Conforme lo anterior, no hay lugar a duda acerca de que la administración emitió pronunciamiento expreso respecto de la solicitud incoada por el actor el 17 de enero de 1998.
Ahora bien, teniendo en cuenta las fechas de la petición -17 de enero de 1998-, y del recibo de la respuesta emanada de la administración municipal por parte del actor -12 de marzo de 1998-, es fácil concluir, que entre la solicitud y la respuesta no transcurrieron los tres meses previstos en el artículo 40 del C.C.A., lo que impide la configuración del silencio administrativo y por ende imposibilita el surgimiento del acto ficto o presunto negativo.
Merced a lo anterior, el actor, debió demandar la decisión expresa contenida en el oficio que recibió el 12 de marzo de 1998 donde se le informaba por parte del alcalde municipal, las razones por las cuales no había ordenado el pago de los emolumentos reclamados.
Así las cosas, la Sala concluye que el demandante no cumplió con el requisito sine qua non de toda acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cual es el de dirigir su demanda contra un acto administrativo, pues en el libelo introductorio claramente se sostiene que se demanda el acto ficto negativo, el cual, como ya se precisara, nunca existió.
De otro lado, el accionante no demandó el acto expreso, calendado el 17 de enero de 1998 y que presuntamente recibió el 12 de marzo de 1998, el cual contiene la respuesta a su petición.
En suma, en el presente caso no existe acto sobre el cual decidir su legalidad o acto pasible de control jurisdiccional, toda vez que el silencio administrativo no ocurrió en el caso de autos y por tanto, así deberá ser declarado en la parte resolutiva de este proveído. En el presente evento, lo apropiado es declararse inhibido para proferir sentencia, dada la ineptitud sustantiva de la demanda.
Al abordar un caso donde se pretendía obtener la nulidad de un supuesto acto ficto, el Consejo de Estado manifestó:
En primer lugar, se advierte que el acto ficto demandado es inexistente, toda vez, que dicho fenómeno procedimental se configura al tenor de lo dispuesto en el artículo 40 del C.C.A., cuando transcurridos tres meses luego de elevada una solicitud en interés particular, la Administración no ha notificado decisión alguna al respecto. En el caso objeto de análisis, la Entidad demandada mediante Oficio del día 2 de agosto de 2005 dio respuesta negativa a la solicitud elevada el día 1° del mismo mes y año, hecho que a todas luces demuestra que no se configuró tal ficción jurídica, ni mucho menos predica la existencia de un acto de insubsistencia o de desvinculación implícito o tácito.
Por consiguiente, se configura una ineptitud sustantiva de la demanda.”3

4.- DECISIÓN.
Así las cosas, la Sala modificará la sentencia de primera instancia, que negó a las súplicas de la demanda, y en su lugar se dispondrá declararse inhibida para fallar por ineptitud sustantiva de la demanda
En mérito a lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Escritural del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia de fecha 27 de enero de 2009 proferida por el Juzgado Sexto Adminsitrativo del Circuito Judicial Administrativo de Neiva, el cual quedará así:
PRIMERO: Declararse INHIBIDA para decidir de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”
SEGUNDO: RECONOCER personería para actuar como apoderado del Municipio de Suaza, al abogado Armando Tamayo Álvarez, en los términos y para los fines del poder conferido –fl.24 a 29.
TERCERA: En firme esta providencia, envíese a la Oficina Judicial para su reparto entre los Juzgados Administrativos Escriturales.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRÍGUEZ

Magistrado
ZORANNY CASTILLO OTALORA GERARDO IVAN MUÑOZ HERMIDA

Magistrada Magistrado



1 Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 12 de mayo de 2010. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Mayo 12 de 2010. Rad. 2500023260002009000701(37446)

2 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 15 de junio de 2006. M.P. Jesús María Lemos Bustamante. Radicación 25000232500020030745601(8406-05)

3 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección “A”. Sentencia de septiembre 15 de 2011. M.P. Gustavo Gómez Aranguren. Rad. No. 50001-23-31-000-2005-40528-01(0097-10). Actor: Amanda Vivas Mora.


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