Rajoy ultima un plan europeísta para evitar el secesionismo. Según el presidente, la cesión de soberanía a Bruselas hace innecesaria cualquier otra reforma constitucional






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RAJOY Y MÁS DE MEDIA DOCENA DE MINISTROS DESEMBARCARÁN EN CATALUÑA EN MAYO (LA RAZÓN)

A la vuelta de las vacaciones de Semana Santa quedará prácticamente un mes para las elecciones europeas del 25 de mayo. El candidato del PP, Miguel Arias Cañete, tiene ya perfilado su recorrido electoral, y Génova también ha preparado otra «caravana» electoral alternativa, en la que cuenta con la plana mayor del Gobierno y de la dirección popular. Cataluña y Andalucía son dos objetivos prioritarios en la ofensiva de movilización. En el primer caso, por un doble motivo, por lo que el PP se juega en concreto en esta cita con las urnas y porque las elecciones serán también, inevitablemente, un test para la ofensiva independentista. En relación a esta última, en el Gobierno prevén que no haya movimientos significativos en la estrategia de Artur Mas hasta después del 25 de mayo, y que luego se centrará en acelerar la Ley de Consultas Catalana para que esté lista para su aprobación antes del verano, o justo inmediatamente después.

Pero, pese al parón que impone el tiempo electoral, el PP cree que la campaña es una oportunidad para dar resonancia a su mensaje, implicando al Gobierno en actos más de partido que de carácter institucional. Por ello, el PP catalán, que preside Alicia Sánchez Camacho, en coordinación con Génova y con los distintos gabinetes ministeriales, ultima una intensa agenda para las próximas semanas. En Cataluña aterrizará toda la artillería pesada del PP. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, irá al menos dos veces en el próximo mes. Y también tienen previsto que en mayo haga campaña en Cataluña la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, una de las dirigentes populares con mejor imagen y más respetada en esa comunidad.

En la lista de ministros que el PP catalán espera recibir de aquí a las elecciones están Cristóbal Montoro, Hacienda; Luis de Guindos, Economía y Competitividad; Fátima Báñez, Empleo; Ana Pastor, Fomento; y, por supuesto, Jorge Fernández, muy implicado en la estrategia de respuesta al desafío independentista por su condición de catalán. Jorge Fernández es parte de la estructura del PP regional y conoce de primera mano la realidad política, económica y social. Es previsible que otros compañeros de cartera, como el de Industria, José Manuel Soria, también viajen allí en las próximas semanas. Asimismo, en la agenda de visitas del PP de Sánchez Camacho están apuntados el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el nuevo líder del PP andaluz, José Manuel Moreno, entre otros; además del flamante nuevo candidato europeo. (VOLVER)
MAS NO AGUANTARÁ HASTA 2016 SI NO HAY REFERÉNDUM” (Entrevista Carme Forcadell, dirigente de la ANC. EL MUNDO)

De funcionaria del Departamento de Enseñanza de la Generalitat a rostro de la entidad que se ha atrevido a diseñar el guión para que Cataluña consume su independencia, con o sin consulta. Carme Forcadell y su Asamblea Nacional Catalana proponen la senda al Govern, al tiempo que orquestan la próxima manifestación del 11 de septiembre y engrosan sus asociados a cada nueva petición de ilegalización.

Pregunta.–¿Qué es para usted la Constitución?

Respuesta.–Una ley.

P.–¿Simplemente? ¿No tiene ninguna importancia especial?

R.–No. Es una ley que, como cualquier otra, debe estar al servicio de lo que quiere la mayoría de españoles.

P.–¿No lo está? ¿No cree que la mayoría de los españoles defiende el uso de la Constitución que hace el Gobierno?

R.–La mayoría de los españoles sí, pero nosotros somos catalanes y nuestra Constitución es el Estatut.

P.–¿Pueden 34.000 asociados dibujar la hoja de ruta de más de siete millones de personas?

R.–Nosotros no pretendemos de ninguna manera dibujar la hoja de ruta de siete millones. Nosotros hacemos una propuesta para que Cataluña sea un Estado libre y soberano, pero quien decide es el Govern de Cataluña.

P.–¿No tienen derecho los 47 millones de españoles a decidir sobre la independencia de Cataluña?

R.–El pueblo catalán es soberano. El Parlament aprobó una declaración de soberanía con 85 votos a favor y 41 en contra.

P.–Muchas enmiendas a su hoja de ruta discrepaban de la celebración de plebiscitarias porque entendían que implicaba ceder la iniciativa a los partidos. Y ustedes rebatían que en ningún caso se la cederían.

R.– Sabemos que ellos tienen que decidir siempre, pero si no hubiéramos tomado la iniciativa de salir a la calle el 11 de septiembre, no estaríamos donde estamos. Estaremos presionando a los políticos continuamente para que hagan lo que nosotros creemos.No dejaremos que olviden la declaración de soberanía.

P.–¿Qué pasaría si Mas agotase la legislatura aunque no haya consulta?

R.–Si no se puede hacer, lo que no se podrá es aguantar el Govern hasta 2016. Estamos convencidos. Porque la presión popular y política será importante. En la Asamblea no estamos por aguantar hasta 2016.

P.–El consejero Homs dijo que los catalanes «no se venderán por cuatro duros». ¿Antepone usted la independencia a la economía?

R.–La inmensa mayoría la quiere por dignidad y porque ve que llamas y al otro lado no responde nadie. (VOLVER)

EL CONSTITUCIONAL APLAZA SINE DIE LA SENTENCIA SOBRE LA LEY DEL ABORTO (EL PAIS)

El Tribunal Constitucional ha aplazado sine die la deliberación sobre el recurso que el PP interpuso contra la vigente ley de plazos del aborto. Tanto el Gobierno del PP, que tramita una reforma de esa ley para eliminar todos los aspectos que creía inconstitucionales de la normativa en vigor, como el PSOE conocen las intenciones del presidente del Constitucional. El nuevo texto que prepara el Ejecutivo para eliminar la ley de plazos sigue su lenta tramitación. El Consejo General del Poder Judicial ha pedido un mes más de prórroga para aprobar su informe, preceptivo pero no vinculante. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la vigente Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la ley del aborto aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, está pendiente de “señalamiento para votación y fallo”, según informó el tribunal a IU. Sin embargo, el Constitucional no tiene previsto ni siquiera someter a debate el recurso presentado por el PP en 2010 ante la futura aprobación de la reforma tramitada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que, principalmente, sustituye los plazos por supuestos para la interrupción del embarazo. La decisión está aplazada sine die. (VOLVER)
LOS FISCALES QUIEREN ENDURECER LAS LEYES CONTRA LA CORRUPCIÓN (EL MUNDO)

Fiscales del departamento de Anticorrupción del Ministerio Público coinciden e insisten en la necesidad de cambiar las leyes para que sea considerado delito el enriquecimiento injustificado de políticos y funcionarios. Es decir, para que se pueda actuar contra aquéllos que trabajan en la Administración cuyo nivel de vida no tenga nada que ver, con los ingresos que proporciona su nómina. Según las fuentes consultadas, para el fin señalado sería necesario, entre otras cosas, un buen protocolo para proteger a los testigos de los casos de corrupción –actualmente sujetos a todo tipo de amenazas y presiones y absolutamente desasistidos– y una norma que permita atraer a los denunciantes con todas las garantías.

En un país en el que el mapa de la corrupción alcanza a una buena parte de los ayuntamientos, diputaciones y partidos políticos, sorprende que las medidas mencionadas, aparentemente básicas, no existan. No hay nada de eso. O, mejor dicho, lo que hay es insuficiente para luchar contra una lacra que amenaza con socavar la credibilidad del sistema democrático.

Hay algunas aportaciones legislativas que todos los fiscales e investigadores policiales mencionan cuando se les pregunta qué instrumentos necesitarían para hacer más eficaz su labor, pero entre ellas hay una en particular en la que, de forma espontánea, todos coinciden: «Sería de gran ayuda», reconocen, «que asumiésemos el artículo 20 de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, celebrada en Mérida en 2003 y de la que España constituye un Estado Parte».

Dicho artículo propone la posibilidad de que nuestro país adopte «las medidas legislativas que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos, que no pueda ser razonablemente justificado por él». No parece nada del otro jueves, es más, parece una obviedad introducirlo en el corpus legal español, dadas las circunstancias, pero lo cierto es que, como quiera que se trata de una norma sugerida, no de obligado cumplimiento como lo son otras, los distintos gobiernos siempre han alegado su posible inconstitucionalidad –el hecho de que se invertiría la carga de la prueba sobre los funcionarios y demás afectados– para eludirla.

Ninguna norma es infalible y, con ésta, pudiera suceder que los potenciales delincuentes la burlasen llevando sus excedentes a Suiza sin posibilidad de ser detectados, pero los expertos de Anticorrupción recuerdan que la ONU introduce como fuente de sospecha un nivel de vida desproporcionado y, por lo tanto, delator, no justificado. Respecto a la inconstitucionalidad argumentan que esa exigencia de explicar un nivel de vida inexplicable ya se aplica en algunos casos –como en el de los miembros de organizaciones delincuenciales– y el Constitucional no ha dicho nada al respecto. (VOLVER)
OFENSIVA ISLÁMICA INTERNACIONAL PARA EXPROPIAR LA MEZQUITA DE CÓRDOBA A LA IGLESIA (LA RAZON)

Con sorprendente rapidez, una iniciativa local dinamizada por personas con vínculos con diversos grupos islámicos y organizaciones de extrema izquierda va camino de convertirse en toda una campaña mediática internacional con el objetivo de lograr la expropiación de la Catedral de Córdoba, en propiedad de la Iglesia católica desde el siglo XIII. Con el pretexto de lograr la titularidad pública de la Catedral, y mezclando argumentos laicistas y viejas consignas de la izquierda anticlerical, los miembros de la «Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba» quieren introducir el culto compartido en este templo católico, vieja reivindicación de la Junta Islámica de España. De lograr sus objetivos se produciría un precedente de graves repercusiones internacionales, sabido el estatus mítico de este monumento en la mente de cientos de millones de musulmanes de todo el mundo que siguen considerando Al Ándalus (toda España y parte del sur de Francia) parte de la Umma, la Nación Islámica que reúne a todos los pueblos musulmanes.

Los dos principales impulsores de la iniciativa están al frente o mantienen lazos con diversos grupos y organizaciones islámicas: Isabel Romero es presidenta de la Junta Islámica. Antonio Manuel Romero, profesor de Derecho en Córdoba, es autor de numerosas publicaciones en Webislam, principal órgano en internet de la comunidad musulmana. Miguel Santiago Losada, portavoz de la iniciativa, es fundador del colectivo de extrema izquierda COSAL (que se define a sí mismo como «anticapitalista» y «antifascista»).

Basta un repaso a los medios de comunicación internacionales que en los últimos 20 días han visitado la Catedral de Córdoba para darse cuenta de la magnitud de la campaña y de que dentro de muy poco un tema de interés local y regional pasará a convertirse en una polémica que rebase nuestras fronteras. La cadena de televisión catarí Al Jazeera (que hace apenas dos días entrevistó al etarra Arnaldo Otegi en la prisión de Logroño en la que cumple condena) emitió desde ayer a mediodía un vídeo de casi tres minutos en el que se repite casi punto por punto el argumentario empleado por los impulsores de la campaña. La IRINN (Islamic Republic of Iran News Network), cadena pública especializada en contenido político de Irán, también se ha dejado ver en la Catedral. Multidud de medios europeos han hecho lo propio, con la BBC a la cabeza. De Francia han llegado «Le Monde», «Les Echos» y «Liberation». La RAI italiana, el canal ORF de Austria, la MTV3 de Finlandia y el canal francoalemán ARTE también tienen pensado informar sobre este asunto.

La campaña tuvo su pistoletazo de salida el pasado 11 de febrero, cuando se dio de alta una petición en Change.org para que la titularidad de la Catedral pase a ser pública. El argumentario expuesto por la «Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba» aboga por el cambio de titularidad de este símbolo islámico describiéndolo como un «paradigma universal de la concordia entre culturas» y denunciando «los continuados intentos de apropiación jurídica, económica y simbólica por el Obispado de Córdoba». El objetivo de la iniciativa es, afirman sus promotores, que intervengan «las administraciones públicas» y la «Unesco con el fin de preservar del peligro que corre su declaración como Patrimonio Mundial». La iniciativa, al cierre de esta edición, había recabado más de 207.000 firmas. Es pertinente señalar que para dar su apoyo a «Salvemos la Mezquita de Córdoba-Por una Mezquita Catedral de todos» no hace falta dar el número del DNI sino tan sólo nombre, apellidos y dirección de e-mail. (VOLVER)
GOLDMAN SACHS, AL ASALTO DEL GAS ESPAÑOL (EXPANSION)

El coloso financiero norteamericano Goldman Sachs, que en 2010 aterrizó en el sector energético español con la compra de redes de transporte y distribución de gas a Endesa, se ha propuesto apostar de lleno por este país. Goldman ha creado el grupo Redexis Gas a partir de esos activos y ha dotado a la nueva compañía de un mayor músculo financiero para poder crecer, desafiando la caótica situación regulatoria del sector energético en España, que desde hace dos años vive inmerso en una reforma total del mercado.

Redexis Gas, grupo presidido por Fernando Bergasa, acaba de completar una emisión de bonos corporativos por valor de 650 millones de euros. Con esta emisión, Goldman Sachs refinancia tanto la adquisición que se hizo de activos a Endesa, como las inversiones para el lanzamiento inicial de Redexis.

En paralelo, explican fuentes financieras, la nueva compañía gasista creada por Goldman Sachs en España ha logrado un megacrédito sindicado por valor de 300 millones de euros para abordar nuevos proyectos en España dentro de un ambicioso plan de crecimiento a 4-5 años.

En concreto, Redexis Gas ha logrado un crédito sindicado que ha otorgado un grupo de entidades entre las que se encuentran algunas españolas, como La Caixa, BBVA y Banco Popular, y otras extranjeras, entre ellas, RBS, BNP Paribas, Crédit Agricole e ING.

El pool de bancos inicial estaba formado por Santander, Bankia, ING, BNP, BBVA, Crédit, La Caixa, Popular, WestLB , Natixis y RBS. Redexis Gas se ha configurado como la segunda empresa de redes de transporte (troncales) de gas, por detrás de Enagás, y la cuarta en distribución, tras Gas Natural Fenosa, Naturgas (grupo EDP) y Madrileña de Gas (Morgan Stanley y Galp). Opera 5.500 kilómetros de redes.

A diferencia de otros grupos, es totalmente independiente. Se limita a operar una red por la que otros comercializadores venden el gas a clientes finales, pagándole un peaje. Según la presentación corporativa realizada a la banca, desde que Goldman aterrizó en este negocio, los activos de Redexis han crecido a un ritmo del 2,3% en puntos de conexión, más del doble que la media del sector.

El grupo tiene ya más de 384.000 puntos de suministro, un 5% de los 7,4 millones de puntos de conexión de gas que existen en España. Con los nuevos recursos financieros, Redexis tiene previsto acelerar su plan y crecer a un ritmo de entre el 3% y el 4% en los próximos cuatro años, con una inversión media de unos 70 millones. La apuesta de Goldman por la distribución gasista se produce a pesar de que el Gobierno va a aprobar una reforma normativa del sector para evitar excesos de costes, como en la electricidad. (VOLVER)
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