María Alicia Ginjaume Valeria Salerno Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires – Argentina






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El valor probatorio de los objetos encontrados en las requisas


De todo lo que he desarrollado hasta ahora, considero que es muy visible la ilegitimidad formal que sufren, en su mayoría, estas diligencias dentro de los establecimientos carcelarios. A partir de esta base demarcaré el valor que poseen, a mi modo de ver, los objetos encontrados en ella.-

Si bien el procedimiento penal se dirige, básicamente, para lograr averiguar la verdad objetiva de un hecho pasado, este procedimiento no es libre, sino que es un método regulado. Esto significa que, durante la historia de la humanidad, algunas formas han sido excluidas como medios para averiguar la verdad ya que, dependiendo de principios superiores que protegen la dignidad del hombre, se llegó a la conclusión que no se acepta que, por la avaricia de arribar a la verdad histórica y de esa manera lograr la correcta actuación de la ley penal, se perjudique al imputado utilizando medios prohibidos de investigación. La justificación de la utilización de los medios probatorios depende directamente de lo que se encuentre determinado por las normas que regulan como se incorporan los distintos conocimientos recolectados al proceso. De tal manera, se puede asegurar que no todos los medios se encuentran autorizados por las normas y que estos se deben llevar adelante conforme a lo dispuesto en ellas. Por lo tanto, las formalidades judiciales no son una categoría formal, sino que son una categoría material, colocándose en un lugar primordial a la meta de la hallar la verdad histórica del suceso.-

La doctrina clásica argentina asevera, siguiendo el principio de libertad de prueba, que en el proceso penal todo objeto de prueba puede ser probado y por cualquier medio de prueba, pero este principio no es absoluto, sino que tiene dos excepciones. La primera excepción se trata de los objetos de prueba que la ley no permite que se verifiquen, razón por la cual, el derecho elimina a estos medios del procedimiento y de la argumentación judicial, lo que conlleva a que no goce de ningún efecto jurídico. La segunda, no se refiere a los objetos de prueba, sino a los medios de pruebas que la ley admita para demostrar el hecho; en algunos casos la ley especifica cual es el único medio aceptado para llevar adelante, y en otras oportunidades solo delimita que métodos de obtención de la prueba no pueden ser apreciados para el proceso.-

En la segunda excepción se puede ubicar a las limitaciones probatorias de origen constitucional que existen basadas en la protección que se le otorga a la persona44 en un Estado de Derecho. Las restricciones a la actividad probatoria perderían su sentido si la inobservancia de estos preceptos no provocara la inadmisibilidad de incorporar al procedimiento los elementos de prueba obtenidos ilegítimamente o la expulsión de su seno.-

Este tema, que fue abordado en primer lugar por el derecho anglo - sajón, se lo conoce con el nombre de Regla de exclusión por el efecto principal que provoca, que es que la decisión judicial en contra de un individuo portador de garantías no puede ser motivada sobre elementos de prueba obtenidos mediante su inobservancia o violando las formas previstas para resguardar aquellas garantías. Nuestra Corte Suprema de Justicia se encargó de delimitar diciendo que “la regla es la exclusión de cualquier medio probatorio obtenido por vías ilegítimas, porque de lo contrario se desconocería el derecho al debido proceso que tiene todo habitante de acuerdo con las garantías otorgadas por nuestra Constitución Nacional45 . La existencia de esta regla brinda la posibilidad de determinar la validez constitucional de ciertas prácticas que se realizan a menudo para influir sobre un proceso judicial.-

En esta situación particular, no se puede dejar de lado que la valoración de los objetos encontrados en las requisas encierra un conflicto de intereses, el cual gira fundamentalmente entre el que consta en una rápida y eficiente ejecución de la ley para lograr mantener el orden y la seguridad tanto del lugar como del establecimiento, y el de prevenir el menoscabo de los derechos individuales de sus miembros a raíz de la aplicación de métodos inconstitucionales por parte de quienes se encuentran encargados de resguardar el cumplimiento del orden.-

Ahora bien, si se hace una comparación entre el marco teórico y como se practican estas diligencias en la práctica, considero que es inevitable determinar que todos los objetos que se encuentran en ellas carecen de todo valor, ya sea tanto para llevar adelante un proceso administrativo dentro del penal, como un proceso judicial por la obtención de algún objeto que sea presumir la comisión de un delito, debido a que se produce una violación sistemática y alejamiento exagerado de todas las garantías constitucionales y procesales penales en el sistema de requisas a los internos, que ya hemos venido estudiando.-

En síntesis, no es la regla de exclusión la que determina que ciertos culpables no sean penados, sino la Constitución misma, por lo que, si el cuerpo de requisa observase a la Constitución, la situación no habría cambiado en lo sustancial. Esto se remite a un fundamento ético, ya que no se puede ver resentido el valor de Justicia por quienes deben velar de la seguridad y orden de aquellos que realizaron algún acto en contra del sistema jurídico. Por todo ello, toda vez que la exclusión de la prueba obtenida ilegalmente es un imperativo constitucional, no debemos con conformarnos con simplemente proclamar esto último, sino que también debemos brindarle a este instituto una posibilidad real de aplicación en todos los ámbitos y no hacer una distinción entre los que gozan del derecho a la libertad y de aquellos que lo tienen restringido por alguna causa en particular.-
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