Prueba documental en pensión constituye prueba idónea y principal para acreditar tiempo de servicios / reconocimiento pensional prueba documental indispensable para acreditar el tiempo de servicio / documentos publicos presunción de autenticidad y veracidad






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títuloPrueba documental en pensión constituye prueba idónea y principal para acreditar tiempo de servicios / reconocimiento pensional prueba documental indispensable para acreditar el tiempo de servicio / documentos publicos presunción de autenticidad y veracidad
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DERECHO PENSIONAL - Antecedente normativo y jurisprudencial / SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL - Finalidad
La naturaleza de la prestación discutida, de donde se concluye que el derecho pensional constituye un Derecho Social de Orden Constitucional (artículos 46 y 48), cuya finalidad se encuentra dirigida a garantizar la subsistencia de las personas de la tercera edad en condiciones dignas y justas, en procura de evitar que cualquier persona, mermada en sus capacidades físicas e intelectuales, por razón de la edad en este caso, se vea excluida de su trabajo sin remuneración alguna y reducida a condiciones lesivas ante la imposibilidad de proveer su sustento y el de su familia, al contrario, se pretende que por virtud de dichas circunstancias y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley -dada la sujeción del derecho a la configuración legislativa-, se le reconozca un ingreso digno que atienda a un “mínimo vital” por el resto de su existencia, sin necesidad de continuar vinculado a una relación de trabajo. De esta manera, se garantiza la seguridad material de quienes llegan a la tercera edad, lo que constituye uno de los fines superiores consagrados en la Constitución de 1991 en materia social y a su vez, uno de los mayores retos del Estado, al cual deben contribuir desde luego todos sus Agentes como ejecutores y garantes de los derechos consagrados en el Ordenamiento Jurídico Colombiano. Desde esta perspectiva, cualquier proceder de la Administración que arbitrariamente lesione los derechos legalmente adquiridos y que por fuera de la Ley impida su realización, raya con la finalidad con que se previó el Sistema de Seguridad Social y con la teleología misma del Estado Social de Derecho, en desarrollo de lo cual, corresponde a las Entidades Públicas adelantar todas las gestiones indispensables, cuando a ellas corresponda, para la efectivización de tales derechos. El status de pensionado tal como lo ha establecido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, surge de la circunstancia de haber reunido el empleado dos requisitos esenciales señalados en la Ley para tener derecho a gozar de una pensión de jubilación: el tiempo de servicios y la edad, supuestos de hecho que deben ser acreditados para efectos de su reconocimiento.
PRUEBA DOCUMENTAL - En pensión constituye prueba idónea y principal para acreditar tiempo de servicios / RECONOCIMIENTO PENSIONAL - Prueba documental indispensable para acreditar el tiempo de servicio / DOCUMENTOS PUBLICOS - Presunción de autenticidad y veracidad
La prueba documental constituye en estos casos la prueba idónea y principal para acreditar el tiempo de servicios en aras de la obtención de un reconocimiento pensional, en ausencia de la cual y bajo los requisitos establecidos en la Ley 50 de 1886, resulta admisible la prueba testimonial como prueba supletoria, cuya procedencia resulta ser de carácter restrictivo; lo anterior no impide que frente a otros aspectos de la litis, éste medio probatorio pueda ser libremente ejercido y valorado por las partes y por el Juez, respectivamente, cuando se trate por ejemplo de demostrar la autenticidad de un documento, la desviación de poder en la motivación del acto, la perdida o destrucción de documentos o cualquier otra circunstancia que así lo amerite, razón por la cual se valorarán en este caso los testimonios recaudados, en cuanto resulten necesarios para establecer la validez o invalidez de los documentos cuestionados, más no para acreditar o refrendar los tiempos aducidos por el demandante, para lo cual se requeriría la ausencia absoluta de la prueba documental, tal como lo establece el articulo 8° del ordenamiento citado. Se constituye entonces como prueba documental todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, entre los cuales se encuentran los documentos públicos y los privados, entendiendo los primeros a voces del inciso 2° del artículo 251, como aquellos documentos otorgados por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. De conformidad con el artículo 264 del C.P.C., los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza. De otra parte, estos se reputan auténticos cuando existe certeza sobre la persona que los elaboró o suscribió mientras no se compruebe lo contrario, tal como lo establece el artículo 252 ibidem. De acuerdo con lo anterior, resulta necesario precisar que la Ley le ha otorgado expresamente al documento público, presunción de autenticidad y veracidad, la primera relacionada con el aspecto externo y material del documento, la segunda tiene que ver estrictamente con su contenido, con la parte declarativa del mismo; de manera que quien considera lo contrario, es decir, la falsedad del mismo, le corresponde probar tal situación en virtud de las presunciones que le acompañan, aun cuando se trate de la misma Administración.
CARGA DE LA PRUEBA - Corresponde a quien alega la falsedad de un documento público / PENSION DE JUBILACION - Carga de la prueba en casos en que la administración desconoce la autenticidad de documentos aportados para acreditar requisitos
En reiteradas oportunidades, se ha afirmado que a quien corresponde probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el derecho pretendido, es a la parte demandante, es decir que, normalmente es ésta quien lleva la carga probatoria dentro del juicio contencioso de carácter laboral; no obstante, en casos como el que nos ocupa, se invierte la carga de la prueba en virtud de la presunción legal establecida por el Legislador, lo que impone para quien alega la falsedad de un documento público -aun tratándose de la Administración que los expide-, un papel activo en la etapa probatoria dirigido a la comprobación de la ficción o vicio que se le endilga, lo que para el caso concreto no sucedió, como quiera que no obra dentro del expediente prueba alguna aportada por el Departamento de Nariño que controvierta eficazmente lo declarado en las certificaciones aludidas, al punto de restarles la veracidad que les es inherente por expresa prescripción legal. Al respecto, cabe precisar que la misma presunción inicialmente apuntada derivada del artículo 264 del C.P.C., señala que tales documentos dan fe por si mismos de lo consignado en ellos, mientras no se demuestre lo contrario, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la Ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos, tal como lo prevé el artículo 187 ibidem, frente a lo cual observa la Sala que las ritualidades que hecha de menos la Administración Departamental para darle valor a las constancias expedidas, no se encuentran previstas en el ordenamiento legal; sin embargo, por la finalidad que se persigue y por el supuesto de hecho que prevé la norma para el reconocimiento pensional, sustancialmente resulta necesario que estas hayan sido expedidas por la autoridad competente y que contengan la delimitación del tiempo de servicios laborado por el interesado en la Entidad respectiva. La situación advertida anteriormente impone recordar, que las actuaciones de la Administración y los procedimientos adelantados por ésta, deben observar en todo momento su objeto y finalidad, que no es otra diferente al cumplimiento de los cometidos estatales señalados en la Ley, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados reconocidos en la Ley; de manera que resulta desajustado por parte de ésta, exigir al administrado mayores requisitos o formalidades que las contempladas en la Ley o gravar al mismo con cargas procedimentales derivadas de su propia negligencia, situación que torpedea injusta y arbitrariamente la realización de los derechos sustanciales, que atenta contra los derechos constitucionales irrenunciables de los asociados y que en todo caso desconoce la finalidad misma del Estado, tal como sucede en el presente caso, en donde el Departamento de Nariño no solo alegó su propia incuria para negar el derecho pensional reclamado, sino que exigió sustentado en tal situación, mayores requisitos de los establecidos en el ordenamiento legal, sin procurar un procedimiento objetivo tendiente a la materialización del derecho demandado. Lo anterior, como una clara expresión del principio general del derecho recogido en el aforismo latino nemo auditur propriam turpitudinem allegans, en virtud del cual nadie puede alegar en su favor su propia torpeza o culpa, cuya aplicación permite concluir a la Sala, que el Departamento de Nariño no debió utilizar como excusa para negar la prestación reclamada un hecho derivado de su negligencia, ni en virtud de la misma, imponer al administrado cargas que no le corresponden, en aras de obtener el reconocimiento demandado.
CONCEJAL - Ejercen una función pública y no tienen la calidad de empleado público / CONCEJAL - Régimen especial de pensión de jubilación / PENSION DE JUBILACION - El tiempo de servicios en que una persona se desempeña como Concejal no es computable para efecto de la pensión de jubilación
Pretende el demandante que se tenga en cuenta el periodo ejercido como Concejal del Municipio de Pasto. Al respecto cabe resaltar que de conformidad con lo establecido en el artículo 312 de la Constitución Política de 1991, los miembros de los Concejos Municipales no tienen la calidad de empleados públicos y los honorarios percibidos por su asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas en la Corporación respectiva, no tienen carácter de remuneración laboral, ni generan reconocimiento alguno de prestaciones sociales. Si bien los Concejales cumplen una función pública, ello no implica una relación o vínculo laboral con el Estado, de manera que el régimen que los gobierna es especial y por lo mismo, no tienen derecho a que se les reconozca ninguna prerrogativa prevista por la Ley para los empleados públicos. De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que el tiempo durante el cual una persona se desempeña como Concejal no es computable para efecto de la pensión de jubilación, salvo que durante dicho periodo haya realizado aportes al Sistema General de Pensiones como trabajador independiente y en efecto así lo demuestre, situación que en este caso no se encuentra probada, razón por la cual se desestiman los tiempos que alega el actor bajo tal investidura.
CONGRESISTA - Pensión de jubilación / PENSION DE JUBILACION - Asistencia a las sesiones del Congreso como factor de cómputo del tiempo de servicio
El artículo 9° de la Ley 48 de 1962 para efectos del computo del tiempo de servicio oficial de los miembros del Congreso como requisito pensional, creó la ficción de equiparar el período de las sesiones legislativas a los doce meses del año calendario, lapso que en verdad correspondía sólo a 150 días, entre el 20 de julio y 16 de diciembre en cada legislatura. La ficción legal en este caso, se comprende por la reducción del tiempo efectivo de servicio que comporta el ejercicio de la función legislativa. Con posterioridad a la Reforma Constitucional de 1968, el Legislador reiteró el contenido de la norma de 1.962 sobre la forma de computar el tiempo de servicio oficial de los miembros del Congreso y autorizó el pago proporcional en los eventos de asistencia parcial, mediante el artículo 3° de la Ley 5ª de 1.969. De acuerdo con esta norma, el período de sesiones ordinarias y extraordinarias se computaría como si el congresista hubiera servido los doce meses del año; pero si sólo concurría a parte de ellas, el tiempo de servicio para efectos pensionales, se reconocía en forma proporcional, realizando la operación aritmética respectiva.

NOTA DE RELATORIA: Cita concepto 1310 de 1 de diciembre de 2000.
PENSION DE JUBILACION - Normas y jurisprudencia / PENSION DE JUBILACION - Reconocimiento y pago a servidor de entidad territorial / REGIMEN PENSIONAL DE EMPLEADO DEPARTAMENTAL - Vigencia del sistema general de pensiones de servidores públicos / REGIMEN DE TRANSICION - Monto de la pensión de jubilación / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Forma de efectuarlo
La Ley 100 de 1993 en su artículo 36, inciso segundo, dispuso que la edad para acceder a la pensión, el tiempo de servicio, el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión se determinarían por el régimen anterior al que se encontraran afiliados los solicitantes, siempre y cuando para el momento de entrar en vigencia el Sistema de Seguridad Social Integral, estos hubieren cumplido treinta y cinco (35) años de edad, si son mujeres y cuarenta (40) años si fueren hombres o hubieren acumulado por lo menos por quince (15) años de servicios cotizados. De acuerdo con lo anterior, para la fecha en que entró en vigencia el Sistema previsto en la Ley 100 de 1993 a nivel departamental, municipal y distrital -30 de junio de 1995-, el actor cumplía los requisitos del mencionado artículo 36, por cuanto contaba con 55 años de edad y más de 15 años de labores al servicio del Estado, siendo amparado por el régimen de transición referido, es por ello que su pensión se regula íntegramente por la normatividad anterior -la Ley 33 de 1985-, es decir que tanto los requisitos como el monto de la pensión deben ser reconocidos en los términos allí establecidos, conforme lo ha expresado ésta Corporación en abundante jurisprudencia frente al tema. El artículo 1° de la Ley 33 de 1985 dispuso, que el empleado oficial que sirviere veinte (20) años continuos o discontinuos y llegare a la edad de 55 años, tendría derecho a que por la respectiva Caja de Previsión, se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, de manera que resulta procedente en este caso el reconocimiento pensional del demandante como quiera que cumplió con la edad exigida el 21 de junio de 1995 y cuenta con más de 20 años de servicios, razón por la cual se declarará la nulidad de los actos acusados y en su lugar se ordenará el reconocimiento de la pensión de jubilación reclamada, de conformidad con lo anteriormente expuesto. Ahora, si bien el demandante consolidó su status pensional el 10 de octubre de 1997, el reconocimiento pensional se hará en los términos solicitados en la demanda, esto es, a partir del 8 de mayo de 1998, en cuantía equivalente al 75% del promedio de la asignación básica y de todos los factores salariales devengados por el actor durante el año anterior a la causación del derecho, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 33 de 1985. La pensión que se reconoce tendrá los reajustes de Ley.

NOTA DE RELATORIA: Menciona sentencias 0470-99 de 21 de septiembre de 2000, 2279 de junio de 2000 y 2799-02 de octubre de 2003.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA - SUBSECCION "A"
Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil ocho (2008).


EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

En reiteradas oportunidades, se ha afirmado que a quien corresponde probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el derecho pretendido, es a la parte demandante, es decir que, normalmente es ésta quien lleva la carga probatoria dentro del juicio contencioso de carácter laboral; no obstante, en casos como el que nos ocupa, se invierte la carga de la prueba en virtud de la presunción legal establecida por el Legislador, lo que impone para quien alega la falsedad de un documento público -aun tratándose de la Administración que los expide-, un papel activo en la etapa probatoria dirigido a la comprobación de la ficción o vicio que se le endilga, lo que para el caso concreto no sucedió, como quiera que no obra dentro del expediente prueba alguna aportada por el Departamento de Nariño que controvierta eficazmente lo declarado en las certificaciones aludidas, al punto de restarles la veracidad que les es inherente por expresa prescripción legal.
Resulta evidente que el tiempo durante el cual una persona se desempeña como Concejal no es computable para efecto de la pensión de jubilación, salvo que durante dicho periodo haya realizado aportes al Sistema General de Pensiones como trabajador independiente y en efecto así lo demuestre.
El artículo 9° de la Ley 48 de 1962 para efectos del cómputo del tiempo de servicio oficial de los miembros del Congreso como requisito pensional, creó la ficción de equiparar el período de las sesiones legislativas a los doce meses del año calendario, lapso que en verdad correspondía sólo a 150 días, entre el 20 de julio y 16 de diciembre en cada legislatura. La ficción legal en este caso, se comprende por la reducción del tiempo efectivo de servicio que comporta el ejercicio de la función legislativa Con posterioridad a la Reforma Constitucional de 1968, el Legislador reiteró el contenido de la norma de 1.962 sobre la forma de computar el tiempo de servicio oficial de los miembros del Congreso y autorizó el pago proporcional en los eventos de asistencia parcial, mediante el artículo 3° de la Ley 5ª de 1.969. De acuerdo con el artículo 29 de la ley 6ª de 1.945, el período de sesiones ordinarias y extraordinarias se computaría como si el congresista hubiera servido los doce meses del año; pero si sólo concurría a parte de ellas, el tiempo de servicio para efectos pensionales, se reconocía en forma proporcional, realizando la operación aritmética respectiva.


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