La representación en los negocios jurídicos. Representación directa e indirecta. Representación voluntaria y legal. AutocontratacióN. ExtincióN DE la representacióN. El poder irrevocable y la subsistencia del poder extinguido






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títuloLa representación en los negocios jurídicos. Representación directa e indirecta. Representación voluntaria y legal. AutocontratacióN. ExtincióN DE la representacióN. El poder irrevocable y la subsistencia del poder extinguido
fecha de publicación14.07.2015
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TEMA 26. CIVIL

LA REPRESENTACIÓN EN LOS NEGOCIOS JURÍDICOS. REPRESENTACIÓN DIRECTA E INDIRECTA. REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA Y LEGAL. AUTOCONTRATACIÓN.EXTINCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN.EL PODER IRREVOCABLE Y LA SUBSISTENCIA DEL PODER EXTINGUIDO.

LA REPRESENTACIÓN EN LOS NEGOCIOS JURÍDICOS

La teoría de la representación aplicada a los negocios jurídicos presenta múltiples problemas por las siguientes causas:

-No existe en nuestro Código Civil una regulación sistemática de la institución de la representación, aunque sí algunos supuestos de representación legal. De ahí que su regulación resulte de principios extraídos de diversos lugares, principalmente del contrato de mandato y del artículo 1259, único que alude directamente a la representación.

-Porque bajo el nombre de representación incluye la doctrina distintas categorías que presentan entre sí notables diferencias, así la representación legal, voluntaria, directa e indirecta, que veremos después.

Podemos definir la representación como la facultad conferida a una persona (representante) por la ley o a través de un negocio jurídico, de actuar y decidir dentro de ciertos límites en interés o por cuenta de otra (representado).

Podemos destacar tres notas esenciales predicables de toda representación:

1) El representante actúa por cuenta ajena, en interés del representado, lo que permite distinguirla de figuras afines como el contrato en favor de tercero o la titularidad fiduciaria.

2) La representación implica legitimación del representante para actuar con eficacia en la esfera jurídica del representado.

3) La representación supone dualidad de personalidades, ya que el representante sustituye a la persona y a la voluntad del representado. Por esta nota se diferencia del mensajero que es mero transmisor de la voluntad de otra persona.

En cuanto al ámbito de la representación, aunque se suele tratar a propósito del negocio jurídico, la doctrina moderna señala que la representación es posible no sólo en aquél ámbito, sino también en el de los actos no negociales (como intimaciones, requerimientos), en el ejercicio de derechos y facultades, etc.

El contenido de la representación tiene carácter patrimonial exclusivamente, no pudiendo el representante ejercitar actos o derechos personales o familiares, aunque existen excepciones como el artículo 55 del C.C que permite la celebración del matrimonio con representante, en estos casos más que representantes nos encontramos con personas a quienes la Ley concede una potestad sobre otros.

No cabe la representación en el ámbito de los derechos personalísimos, ni en el ámbito de la sucesión mortis-causa, ya que cesa con la muerte del representado, si bien el Derecho ofrece figuras de naturaleza cercana como el albaceazgo.

REPRESENTACIÓN DIRECTA E INDIRECTA

  1. REPRESENTACIÓN DIRECTA

Es aquella institución por la cual una persona debidamente autorizada o investida de poder, otorga en nombre y en interés de otra, un acto jurídico recayendo sobre ésta última los efectos jurídicos del mismo.

Para explicar los efectos propios de la representación directa se han formulado diversas teorías:

a) Teoría de la ficción, formulada por Savigny, a cuyo tenor es el representado el que obra, sirviéndose del representante como de un instrumento.

b) Teoría de la representación. Ihering y la mayoría de los autores consideran que el negocio es concluido únicamente por el representante, si bien los efectos se producen en la esfera del representado en virtud de la voluntad de la persona por quien actúa o de la ley.

Elementos

  1. Personales. Capacidad.

Respecto al representante. Le basta la capacidad general para realizar actos jurídicos. En la voluntaria, no es necesario que tenga la capacidad especial requerida para la validez del acto concreto de que se trate pues sus efectos se producen directamente en el representado. En la legal, si el representante no tiene capacidad para realizar el acto, será necesaria la asistencia prevenida por la ley (por ejemplo menor respecto de su hijo).

En cuanto al representado. En la representación voluntaria debe tener capacidad especial para realizar el acto para el que se apodera al representante. No es así en la legal donde se establece la representación para suplir esa falta de capacidad.

2) Reales. Requisito propio de la representación directa es la actuación del representante en nombre e interés del representado, dando a conocer a los terceros con quienes concluye el acto que lo hace en calidad de representante (contemplatio domini). Si no se hace notar la representación por el encargado de la misma no hay verdadera representación, sino representación indirecta y el negocio se forma entre las dos partes contratantes, esto es lo que sucede en materia comercial en el contrato de comisión (artículos 245 y 246 del Código de Comercio).

3) Formales. Que el representante ostente título bastante. Lo que supone que le esté conferida por la ley o por el propio interesado la representación. Que el negocio que se trate de realizar esté dentro de los términos de la autorización , que serán los de la ley o los del apoderamiento. La falta o insuficiencia del título sólo pude ser suplida con la ratificación que veremos después.

En la representación con título suficiente los efectos jurídicos del acto concluido mediante la representación directa y dentro de sus límites repercuten directa y exclusivamente en la esfera jurídica del representado. Es aplicable el artículo 1725 del Código Civil que dice que: “El mandatario que obre en concepto de tal no es responsable personalmente a la parte con quien contrata sino cuando se obliga a ello expresamente o traspasa los límites del mandato sin darle conocimiento suficiente de sus poderes”.(referido al mandato representativa)

  1. REPRESENTACIÓN INDIRECTA

Tiene lugar cuando el representante actúa en su propio nombre, si bien en interés y por cuenta del representado.

Frente a la doctrina tradicional que mantenía la tesis de que la representación indirecta no es verdadera representación, la mayoría de la doctrina moderna se pronuncia en sentido contrario.

En cuanto a los efectos, rige el artículo 1717 (referido al mandato no representativo) que establece que: “Cuando el mandatario obra en su propio nombre, el mandante no tiene acción contra las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni éstas tampoco contra el mandante.

En este caso el mandatario es el obligado directamente en favor de la persona con quien ha contratado, como si el asunto fuera personal suyo. Exceptúase el caso en que se trate de cosas propias del mandante.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las acciones entre mandante y mandatario”.

Diez Picazo señala que la representación indirecta implica una disociación de los efectos del negocio representante-representado y respecto de los terceros.

En el primer plano, los efectos del negocio recaen directamente en el representado, en base a la teoría de la representación. El Tribunal Supremo, a propósito del mandato para adquirir y en las relaciones entre mandante-mandatario, ha declarado que el mandante adquiere directamente la propiedad, no siendo necesario un nuevo negocio de transmisión, pero el mandatario tiene la obligación, en base al artículo 1720, de transmitir la posesión de la cosa y de otorgar escritura pública de reconocimiento de la propiedad del mandante.

En el segundo plano, respecto de los terceros es el representante quien asume los efectos derivados del negocio jurídico.

Sin embargo, también se producen relaciones directas entre el tercero y el representado: en el caso de que se trate de cosas propias del mandante, lo que significa que si el negocio representativo versa sobre cosas propias, es decir asuntos o relaciones del representado, la representación indirecta funcionará como directa y los derechos y obligaciones se producirán directamente entre tercero y representado. Del mismo modo, cuando la representación indirecta posteriormente se pone al descubierto, la relación se da directamente entre tercero y representado, pudiendo mutuamente cumplir o exigir el cumplimiento del negocio representativo. Y también puede darse la relación directa cuando los terceros son de mala fe, es decir conocen la representación.

En todo caso, quedan siempre a salvo las relaciones que pueden darse entre representante y representado, en el ámbito interno de la representación (último párrafo del artículo 1717).

REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA Y LEGAL

  1. REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA

Es la que deriva de un acto de voluntad del representado, que pude ser anterior o posterior al acto del representante. Por tanto, tiene dos fuentes, el apoderamiento, si la autorización es anterior y la ratificación, si la autorización es posterior.

  1. El apoderamiento

Es el acto jurídico en virtud del cual se confiere la representación, ya sea directa, ya indirecta, asignándole al representante la condición de tal.

El negocio de apoderamiento es unilateral y recepticio: unilateral, porque la concesión de poder nace exclusivamente por la declaración del poderdante; y recepticio, porque la declaración de voluntad ha de ser conocida.

Tradicionalmente se han identificado poder y mandato. Sin embargo, la doctrina moderna y el Tribunal Supremo, en Sentencia de 22 de mayo de 1942, han señalado las siguientes diferencias:

-El mandato es un contrato creador de obligaciones, el apoderamiento es un acto unilateral cuya finalidad exclusiva es la representación.

-El mandato puede ser o no representativo y la representación pude derivar del mandato o de otros contratos como la sociedad o el arrendamiento de servicios o existir una representación sin mandato como los supuestos de representación legal.

-El mandato es un contrato que requiere la aceptación del mandatario, aunque sea tácita. El apoderamiento al ser unilateral no requiere aceptación del apoderado.

-Ambas instituciones se regulan en lugares diferentes: la representación en el artículo 1259 y el mandato en los artículos 1709 y ss.

Con posterioridad el Tribunal Supremo ha declarado que mientras que el mandato afecta a las relaciones materiales internas entre mandante y mandatario, el apoderamiento es un concepto mas bien formal, que trasciende a lo externo y va dirigido a ligar al representado con los terceros (Sentencia de 24 de febrero de 1995).

Elementos

  1. Personales. Capacidad

Respecto al poderdante, requiere la capacidad especial para celebrar el negocio que constituye el objeto del apoderamiento.

Con relación al apoderado o representante, le bastará la capacidad general para contratar o para obligarse. Como regla especial, el artículo 1716 dispone que: “El menor emancipado puede ser mandatario, pero el mandante sólo tendrá acción contra él en conformidad a lo dispuesto respecto a las obligaciones de los menores”.

  1. Reales. Contenido

El artículo 1712 dice que: “El mandato es general o especial. El primero comprende todos los negocios del mandante. El segundo uno o más negocios determinados”.

Y el artículo 1713 establece que: “El mandato, concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración. Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso. La facultad de transigir no autoriza para comprometer en árbitros ni amigables componerores”.

  1. Forma

Rige el principio de libertad de forma. El artículo 1710 dice que: “El mandato puede ser expreso o tácito.

El expreso pude darse por instrumento público o privado y aún de palabra.

La aceptación pude ser también expresa o tácita, deducida ésta última de los actos del mandatario”.

Aunque el poder tácito carecerá de eficacia a efectos registrales.

En algunos casos se exige forma documental pública, pero no con el carácter ad solemnitatem, sino ad probationem, sólo se exige la forma para que el poder pueda perjudicar a terceros. Así el artículo 1280.5º establece que: “Deberán constar en documento público: 5º. El poder para contraer matrimonio, el general para pleitos y los especiales que deban presentarse en juicio; el poder para administrar bienes, y cualquier otro que tenga por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura pública, o haya de perjudicar a tercero”.

La Dirección General de los Registros y del Notariado reiteradamente ha señalado que el apoderamiento ha de figurar íntegro en el documento público en que se formalice porque si se establecieran por ejemplo restricciones o condicionamientos en documentos privados no serán oponibles a terceros.

  1. La ratificación. Representación sin título

Existe representación sin poder cuando el negocio jurídico representativo es concluido sin suficiente legitimación, bien por la inexistencia originaria del poder de representación, bien por la extinción del poder conferido o porque se han sobrepasado sus límites. La ratificación es una autorización posterior que tiene por objeto suplir o subsanar una falta de poder.

El artículo 1259 establece que: “Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga por la ley su representación legal.

El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante”.

El artículo 1727.2º señala que: “En lo que el mandatario se haya excedido, no queda obligado el mandante sino cuando lo ratifica expresa o tácitamente”.

Y respecto del matrimonio el artículo 71 dispone que: “Ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación del otro sin que le hubiere sido conferida”.

En cuanto a sus requisitos, la ratificación ha de ser total, pura y simple. No requiere forma especial, pudiendo ser expresa o tácita. La expresa debe someterse a los mismos requisitos de forma que los del negocio a ratificar. La tácita se deduce de los actos del dominus, por ejemplo cuando se aprovecha de los efectos del acto realizado sin poder.

Por lo que se refiere a los efectos, en principio se afirma la nulidad del contrato celebrado salvo que sea ratificado. Sin embargo, pese a la dicción del artículo 1259, el acto no es nulo sino con ineficacia claudicante pendiente de ulterior ratificación. Esta situación de pendencia puede terminar:

. Por la revocación de la otra parte antes de la ratificación.

. Por la ratificación del dominus mediante la cual el negocio adquiere plena eficacia desde el momento de la celebración. Pero como ha afirmado la jurisprudencia el efecto retroactivo de la ratificación se produce siempre sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros que pueden impedir tal retroacción.

Hablar del principio de prioridad registral.

  1. REPRESENTACIÓN LEGAL

Es aquella por la que en virtud de un título legal se viene a entregar un poder de legitimación a una persona para obrar en interés y por cuenta de otra.

Sus caracteres son:

Su origen legal. De manera que sus casos están tipificados en la ley.

Su carácter imperativo. En cuanto no es renunciable.

Su carácter tutelar. La representación legal puede servir como un medio para suplir un defecto de capacidad de obrar de ciertas personas (patria potestad, tutela) o como un medio de evitar el desamparo de unos bienes que carecen transitoriamente de titular (herencia yacente) o cuyo titular no puede asumir por sí mismo su gobierno (curatela, prodigalidad, ausencia).

Su obligatoria publicidad en el Registro Civil, a diferencia de la voluntaria que no es inscribible salvo en el ámbito mercantil.

Es una institución de interés y orden público, objeto de regulación jurídica cogente.

Principales supuestos

Los más importantes se encuentran en el Derecho de la persona y de la familia.

El defensor del desaparecido y el representante del que se encuentre en situación de ausencia declarada, con las facultades y deberes que resultan del régimen legalmente establecido (artículo 181 y ss).

Son representantes legales los progenitores que ostenten la patria potestad sobre sus hijos menores o la patria potestad prorrogada sobre los hijos mayores incapacitados (artículo 162, 171 y concordantes).

Los tutores son representantes legales de los menores o incapacitados sometidos a tutela, con carácter general (artículo 267).

El defensor judicial que represente y ampare los intereses de menores e incapacitados (artículos 299 y ss) con las atribuciones conferidas por el juez (artículo 302).

La curatela no es un supuesto de representación legal, ya que el curador no suple la voluntad del sometido a curatela sino que complementa su capacidad.

Tampoco son representantes legales los administradores concursales, pues tienen poder de administración y disposición de la masa del concurso, pero no actúan en nombre y por cuenta del concursado. Lo mismo ocurre con el administrador de la herencia, que no representa al difunto ni a los herederos aunque tenga facultades de administración y disposición.

Señalar que algunos autores consideran la representación orgánica de las personas jurídicas como una categoría intermedia entre la representación voluntaria y la representación legal, pues las personas jurídicas desarrollan por sí mismas su capacidad de obrar a través de sus órganos.

En cuanto a la calificación registral de las facultades representativas, el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre se refiere a dos elementos: la reseña por el Notario de los datos identificativos del documento auténtico que se le haya aportado y su valoración de la suficiencia de las facultades representativas, pero el juicio notarial de suficiencia ha de incorporar los elementos necesarios para que el Registrador pueda realizar su función calificadora, es decir, debe calificar la congruencia del juicio notarial con el acto o negocio documentado, como se deduce de la doctrina de la DGRN con base en la Resolución de 12 de abril de 2002 que resuelve consulta formulada por el Consejo General de Notariado.

AUTOCONTRATACIÓN

La autocontratación o con mejor terminología contrato del representante consigo mismo, se puede dar cuando un representante actúa en un negocio jurídico en su propio nombre y en nombre de su representado (como representante) al mismo tiempo o bien representando a varias personas a la vez con intereses distintos.

En Derecho español no existe una norma general que regule la autocontratación, ni tampoco una prohibición general, pero sí varias prohibiciones especiales en los casos en que se aprecia conflictos de intereses entre el representante y el o los representados.

El artículo 221.2º prohíbe al tutor “representar al tutelado cuando en el mismo acto intervenga en nombre propio o de un tercero y existiera conflicto de intereses”.

El artículo 244.4º prohíbe ser tutores a “los que tuvieren importantes conflictos de intereses con el menor o incapacitado…”

El artículo 162.2º exceptúa de la representación legal de los padres aquellos actos en que exista conflicto de intereses entre los padres y el hijo”. Y el artículo 163 exige el nombramiento de un defensor “siempre que en algún asunto el padre y la madre tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados”.

El artículo 1459 prohíbe adquirir por compra al tutor los bienes del pupilo, a los mandatarios lo bienes de cuya administración o enajenación estuviesen encargados, y a los albaceas los bienes confiados a su cargo.

El artículo 267 del Código de Comercio expresa que “ningún comisionista comprará para sí mismo o para otro lo que se le haya mandado vender, ni venderá lo que se le haya encargado comprar sin licencia del comitente”.

Sin embargo, está reconocida expresamente la autocontratación en la Ley de Fundaciones de 26 de diciembre de 2002, cuyo artículo 28 establece que: “Los patronos podrán contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero, previa autorización del Protectorado que se extenderá al supuesto de personas físicas que actúen como representantes de los patronos”.

Admisibilidad. En un primer momento, la doctrina y la jurisprudencia mostraron su rechazo a la admisión de esta figura por considerarla falta de los requisitos que requiere todo contrato. Faltaba en estos casos el consentimiento requerido en el artículo 1261, como concurrencia de voluntades autónomas y contrapuestas. Sin embargo, modernamente existe una posición favorable a la licitud de la autocontratación, declarando el Tribunal Supremo que:

-Se admite cuando no medie colisión de intereses que ponga en peligro la imparcialidad del autocontratante.

-Las prohibiciones impuestas a este respecto por la ley han de ser objeto de interpretación estricta.

-Si el representado ha admitido el riesgo de que el autocontrato se produzca ha de quedar vinculado por lo que haga el representante, a menos que exista justa causa que la permita desvincularse de ello.

-El autocontrato es válido cuando se haya autorizado en el poder de representación. La autocontratación es válida cuando viene precedida por la dispensa o licencia del poderdante, sin que tal licencia haya de reunir requisitos especiales de forma. La dispensa genérica es válida como ha reconocido la DGRN. Sin embargo, a pesar de tal dispensa, el poderdante puede reaccionar contra los negocios abusivos realizados por el apoderado.

La DGRN admite la autocontratación en sede de representación voluntaria precisando los requisitos a los que debe sujetarse la actuación del representante. Así ha declarado que los supuestos de autocontratación tienen carácter excepcional, pues suelen originar conflictos de intereses con peligro de lesión en una de las partes (Resolución de 1 de febrero de 1980). Cuando existe contraposición de intereses es preciso que el representante cuente con el consentimiento expreso del representado (Resoluciones de 29 de abril de 1993 y 19 de febrero de 2001). Igualmente ha declarado que el comitente o el mandante se hallan investidos del poder jurídico de autorizar previamente o de ratificar la autocompra realizada por los comisionistas o mandatarios (Resolución de 15 de junio de 2004).

El autocontrato celebrado fuera de los límites señalados es ineficaz, como el negocio celebrado sin poder, pero cabe la ratificación (Resolución de 11 de diciembre de 1997 entre otras).En la representación legal como es institución de orden público, los autocontratos prohibidos son nulos de pleno derecho (artículo 6.3)

EXTINCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN

La representación legal se extingue cuando cesa la situación que legalmente dio origen a su constitución y habrá que estar a los preceptos que regulan cada uno de los supuestos. Así la patria potestad termina por la emancipación o la mayor edad.

En cuanto a la voluntaria, se extingue por las causas generales de toda relación jurídica: cumplimiento de la condición resolutoria, vencimiento del plazo para el que se confirió el poder, conclusión del negocio para el que se otorgó, imposibilidad de cumplimiento, etc.

También será de aplicación las causas de extinción del mandato que enumera el artículo 1732:

1) La revocación del poderdante.

2) La renuncia del apoderado. Esta causa, aplicada al poder, suscita alguna dificultad, pues no se comprende que un acto unilateral de una persona pueda extinguirse por la voluntad de otra. Lo que pude hacer el apoderado es no utilizar el poder, pero no extinguirlo por renuncia.

3) La incapacitación del apoderado.

4) La muerte, declaración de prodigalidad, concurso o insolvencia del poderdante o del apoderado.

En el caso de morir el apoderado, deberán sus herederos ponerlo en conocimiento del poderdante y proveer entretanto a lo que las circunstancias exigan en interés de éste (artículo 1739).

5)El poder se extinguirá, también, por la incapacitación sobrevenida del poderdante a no ser que en el mismo se hubiera dispuesto su continuación o el poder se hubiera dado para el caso de incapacidad del poderdante apreciada conforme a lo dispuesto por éste. En estos casos, el poder podrá terminar por resolución judicial dictada al constituirse el organismo tutelar o posteriormente a instancia del tutor.

Pueden citarse otras causas de extinción:

La ausencia. Según el artículo 183 “Inscrita en el Registro Central la declaración de ausencia, quedan extinguidos de derecho todos los mandatos generales o especiales otorgados por el ausente”.

Nulidad, separación o divorcio. Según el artículo 102.2 “Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro”.

EL PODER IRREVOCABLE Y LA SUBSISTENCIA DEL PODER EXTINGUIDO

  1. EL PODER IRREVOCABLE

El Código Civil parte de la base de la revocabilidad del mandato y, consiguientemente del poder (artículo 1732), siendo la revocación voluntaria para el poderdante (artículo 1733). Sobre esta base, cabe plantearse si la revocación es esencial al poder o si es un elemento natural y por tanto, cabe conferir un poder irrevocable.

La doctrina tradicional considera el pacto de irrevocabilidad contrario a la esencia del poder, que se basa en una relación de confianza y en la medida en que ésta cese, debe extinguirse el apoderamiento.

Sin embargo, la doctrina tradicional admite la irrevocabilidad por pacto, siempre que sea conforme a la finalidad del poder y no esté en contradicción con la moral. Se considera que la revocación es un derecho del poderdante que puede ser renunciado dentro de cierto límites conforme al artículo 6.2 del C.C.

Díez Picazo señala que si el poder no se fundamenta en una mera relación de confianza, sino que es el instrumento jurídico utilizado por la partes para la ejecución de un negocio, es claro que el poder no se da en interés exclusivo del poderdante, no pudiendo revocarlo a su arbitrio. Pensemos en el supuesto de que el deudor ceda sus bienes a los acreedores apoderándoles para proceder a su venta y con en el importe obtenido saldar las deudas. En este caso, la revocación supondría el incumplimiento unilateral del negocio concertado para el pago de las deudas.

A juicio de este autor y otros como Lacruz, se distinguen los siguientes efectos de la irrevocabilidad:

a) Efecto absoluto o real. Cuando el poder se da en interés del propio apoderado o de terceros. En estos casos la revocación será ineficaz y podrá ser desconocida por los terceros afectados a quienes será inoponible.

b) Efecto relativo u obligacional. Cuando el poder es personalísimo. En estos casos la revocación será válida y eficaz, si bien con la obligación del representado de indemnizar daños y perjuicios.

El Tribunal Supremo ha admitido la irrevocabilidad del poder cuando no sea simple expresión de una relación de confianza, sino que obedezca a una causa distinta. Esta posición jurisprudencial ha tenido eco legislativo en la Compilación de Navarra, ley 52.

  1. LA SUBSISTENCIA DEL PODER EXTINGUIDO

El poder extinguido puede seguir siendo eficaz, en ciertos casos, frente a las personas que han confiado de buena fe en la existencia del mismo.

De la Cámara señala que, no se trata de una subsistencia del poder extinguido, sino de protección a la confianza en la apariencia jurídica.

La subsistencia del poder se produce:

  1. En favor de terceros

El artículo 1734 establece que: “Cuando el mandato de haya dado para contratar con determinadas personas, su revocación no puede perjudicar a éstas si no se les ha hecho saber”.

  1. En favor del apoderado y de forma mediata también en favor de los terceros de buena fe

El artículo 1738 dispone que: “Lo hecho por el mandatario ignorando la muerte del mandante u otra cualquiera de las causas que hacen cesar el mandato, es válido y surtirá todos sus efectos respecto a los terceros que hayan contratado con él de buena fe”.

No hay duda de estas consecuencias cuando tanto el tercero como el apoderado son de buena fe. Sin embargo, algunos autores como Pérez González y Alguer consideran, pese a la dicción legal, que la buena fe de los terceros es requisito suficiente para que sean protegidos, sin necesidad de la concurrente buena fe del apoderado.

REVISADO. MARIAN ANGULO.2012


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