Bienes exentos del iva bienes corporales muebles que se exporten o vendan a sociedades de comercialización internacional / exportacion definición para efectos de régimen de zonas francas y para efectos de impuestos descontables del iva






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títuloBienes exentos del iva bienes corporales muebles que se exporten o vendan a sociedades de comercialización internacional / exportacion definición para efectos de régimen de zonas francas y para efectos de impuestos descontables del iva
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BIENES EXENTOS DEL IVA - Bienes corporales muebles que se exporten o vendan a sociedades de comercialización internacional / EXPORTACION - Definición para efectos de régimen de zonas francas y para efectos de impuestos descontables del IVA
La Sala al analizar y sentar su criterio sobre el asunto objeto de apelación, en la sentencia de 15 de mayo de 1998, expediente 8768, C.P. Dr. Delio Gómez Leyva, reiterado en diversas oportunidades, al resolver sobre la procedencia o no de la devolución del impuesto a las ventas solicitado por una usuaria industrial de la Zona Franca, sostuvo que de conformidad con el artículo 481 del Estatuto Tributario en armonía con el parágrafo del artículo 850 ib., se colige que los bienes corporales muebles que se exporten y la venta en el país de bienes de exportación a las sociedades de comercialización internacional, no causan el impuesto a las ventas, y en consecuencia los responsables de los mismos, es decir, los exportadores, tienen derecho a la devolución de los impuestos pagados por la adquisición de bienes corporales muebles que constituyan costo de producción o venta de los artículos que se exporten. (art. 489 E.T.). De otra parte, esta Corporación reitera que la definición de “exportación” contenida en el artículo 8 del Decreto 971 de 1993, no debe hacerse extensiva a la exención del impuesto a las ventas consagrada en el artículo 481 del Estatuto Tributario, dado que tal definición está referida a los incentivos tributarios consagrados en el Decreto 2131 de 1991 (régimen de zonas francas) y el Decreto 971 de 1993 (que modificó parcialmente el régimen de zonas de francas). Estos decretos establecieron, entre otras medidas, beneficios fiscales, para los usuarios de las Zonas Francas Industriales sobre las ventas a mercados externos de bienes y servicios, los cuales se concretan al impuesto de renta y complementarios, remesas y retención en la fuente (arts. 53 a 58 Decreto 2131 de 1991 y 27 a 33 del Decreto 971 de 1993). De lo anterior se concluye que no es procedente confundir las exenciones al impuesto a las ventas previstas en el Estatuto Tributario en lo referente a la exportación de bienes corporales muebles –las cuales otorgan al exportador derecho a la devolución de impuestos- con los incentivos fiscales consagrados en el Estatuto Aduanero y mucho menos aplicar la definición de “exportación” que éste consagra, para desestimar el derecho a la devolución del IVA, cuando es claro, que tal concepto está referido a los incentivos tributarios creados en el mismo Estatuto Aduanero.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION CUARTA
Consejero ponente: MARIA INES ORTIZ BARBOSA


Bogotá, D.C., octubre doce (12) de dos mil seis (2006)
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL- NUEVA LEGISLACIÓN.

La Sala al analizar y sentar su criterio sobre el asunto objeto de apelación, en la sentencia de 15 de mayo de 1998, expediente 8768, C.P. Dr. Delio Gómez Leyva, reiterado en diversas oportunidades, al resolver sobre la procedencia o no de la devolución del impuesto a las ventas solicitado por una usuaria industrial de la Zona Franca, sostuvo que de conformidad con el artículo 481 del Estatuto Tributario en armonía con el parágrafo del artículo 850 ib., se colige que los bienes corporales muebles que se exporten y la venta en el país de bienes de exportación a las sociedades de comercialización internacional, no causan el impuesto a las ventas, y en consecuencia los responsables de los mismos, es decir, los exportadores, tienen derecho a la devolución de los impuestos pagados por la adquisición de bienes corporales muebles que constituyan costo de producción o venta de los artículos que se exporten. (art. 489 E.T.)
De otra parte, esta Corporación reitera que la definición de “exportación” contenida en el artículo 8° del Decreto 971 de 1993, no debe hacerse extensiva a la exención del impuesto a las ventas consagrada en el artículo 481 del Estatuto Tributario, dado que tal definición está referida a los ‘incentivos tributarios’ consagrados en el Decreto 2131 de 1991 (régimen de zonas francas) y el Decreto 971 de 1993 (que modificó parcialmente el régimen de zonas de francas). Estos decretos establecieron, entre otras medidas, beneficios fiscales, para los usuarios de las Zonas Francas Industriales sobre las ventas a mercados externos de bienes y servicios, los cuales se concretan al impuesto de renta y complementarios, remesas y retención en la fuente (arts. 53 a 58 Decreto 2131 de 1991 y 27 a 33 del Decreto 971 de 1993).
De lo anterior se concluye que no es procedente confundir las exenciones al impuesto a las ventas previstas en el Estatuto Tributario en lo referente a la exportación de bienes corporales muebles –las cuales otorgan al exportador derecho a la devolución de impuestos- con los incentivos fiscales consagrados en el Estatuto Aduanero y mucho menos aplicar la definición de “exportación” que éste consagra, para desestimar el derecho a la devolución del IVA, cuando es claro, que tal concepto está referido a los incentivos tributarios creados en el mismo Estatuto Aduanero.


Radicación número: 13001-23-31-000-1999-90292-01




Actor: COLEC INVESTMENT CORPORATION



Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES


FALLO




Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de septiembre 7 del 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, estimatoria de las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la actora contra los actos administrativos en virtud de los cuales se rechazó en forma definitiva la solicitud de devolución por el saldo a favor reflejado en la declaración de ventas de la actora correspondiente al 4º bimestre de 1996.

ANTECEDENTES



La sociedad COLEC INVESTMENT CORPORATION presentó el 23 de septiembre de 1996, declaración del impuesto sobre las ventas por el 4 bimestre de 1996 (fl. 64), en la que determinó un saldo a favor de $16.498.000.

La sociedad solicitó ante la Administración de Impuestos de Cartagena, la devolución del mencionado saldo a favor (fl. 63, sin fecha), la que fue atendida mediante Resolución 037 de septiembre 10 de 1998 (fl. 84), en el sentido de rechazarla con fundamento en que la contribuyente tiene derecho a la devolución a partir del Decreto 1000 de abril de 1997, artículo 2 literal a).
La sociedad interpuso recurso de reconsideración contra la anterior resolución, en el que alegó la precaria motivación del acto y señaló que tiene la calidad de exportadora y por ende derecho a la devolución de los saldos a favor determinados en sus declaraciones del impuesto sobre las ventas presentadas antes de la expedición de los Decretos 2233 de 1996 y 1000 de 1997. Explicó que de conformidad con el artículo 485 del E.T. tiene derecho a solicitar los impuestos descontables cancelados para producir bienes en Zona Franca Industrial, exportables a mercados internacionales. (fl. 85)
La Administración mediante Resolución No. 900022 de abril 30 de 1999 decidió el recurso interpuesto en el sentido de confirmar la Resolución 037 de septiembre 10 de 1998 que rechazó la devolución solicitada por la sociedad contribuyente.

LA DEMANDA



La actora, por conducto de apoderado, solicitó la nulidad de las Resoluciones 037 de septiembre 10 de 1998 y 900022 de abril 30 de 1999, y a título de restablecimiento del derecho se ordene la devolución del saldo a favor determinado en la declaración del impuesto sobre las ventas del 4 bimestre de 1996. Los cargos de la demanda se resumen así:
El artículo 29 de la Constitución Nacional consagra que cada acto administrativo debe motivarse adecuadamente, sin embargo en la Resolución 0037 de 1998 demandada, la Administración rechazó la solicitud de devolución de saldo a favor con fundamento en el siguiente concepto: “El beneficio de la devolución nace a partir del artículo 2 del decreto 1000 de abril de 1997”, por lo que concluye que es precario y no cumple con las exigencias que imponen la debida motivación de los actos administrativos.
Afirma que la actuación administrativa vulnera el artículo 363 de la Constitución por cuanto no se cumplió con el principio de equidad allí consagrado al negarle a la sociedad el derecho a recuperar el saldo a favor generado por impuestos sobre las ventas cancelados a proveedores.
Manifiesta que el artículo 8 del Decreto Ley 971 de 1993, fue interpretado en forma errónea por la Administración, en el sentido de impedir que los usuarios industriales de zonas francas puedan ejercer el derecho a recuperar los impuestos pagados por las compras de bienes y utilización de servicios, desconociendo que según la norma, la introducción de bienes desde el territorio aduanero nacional a la zona franca se considera exportación para efectos de los incentivos tributarios.
Precisa que el Decreto 971 de 1993 fue expedido en desarrollo de la Ley 7 de 1991, el cual sólo puede regular el arancel, luego el entendimiento en cuanto a que también se ocupó del IVA es equivocado y con ello se viola el citado Decreto. Indica que el régimen de exención de los bienes que se exporten no obedece a un “incentivo tributario” sino a la técnica de imposición en el destino que los países han acogido para los impuestos al consumo de los bienes que se exportan y en particular para el IVA.
Sostiene que la demandada vulnera el artículo 481 literal a) del Estatuto Tributario por omitir su aplicación, ya que cuando el ordenamiento tributario se refiere a los “bienes corporales muebles que se exporten” alude en realidad a los bienes que salen del circuito económico con destino a mercados externos, a los cuales deben llegar sin componente alguno de impuesto de ventas.
Expone que si bien desde el punto de vista aduanero la zona franca no es territorio nacional, ello no significa que el espacio físico que ocupa no hace parte del territorio colombiano definido en el artículo 1 de la Constitución, el cual resulta violado con la actuación administrativa que se impugna.
Argumenta que es perfectamente viable, como en efecto ocurrió en el caso de su representada, que en las ventas del territorio nacional a la zona franca, el proveedor nacional facture IVA, evento en el cual se legitima para los usuarios de la zona, la posibilidad de solicitar el IVA facturado como descontable, de conformidad con los artículos 485 y siguientes del Estatuto Tributario.

Señala en relación con la equivocada interpretación del artículo 8 del Decreto 971 de 1993 que hace la demandada en los actos acusados, que el hecho que esta norma calificara como exportación para efectos de incentivos tributarios la introducción a las zonas francas industriales, de bienes de capital, materias primas, elementos de dotación y en general bienes de libre disposición en el resto del territorio nacional se traduce según el enfoque dado por la demandada en dos consecuencias en materia de IVA: 1) que el exportador es el proveedor de bienes establecido en el territorio aduanero nacional y por consiguiente, en él radica el derecho a la devolución de impuestos repercutidos por ser el titular de la exportación y 2) que el usuario industrial fabricante de los bienes destinados a mercados externos no recibe el tratamiento de exportador, lo que impide obtener la devolución de impuestos.
Alega que la posición de la Administración ignora que la recuperación de impuestos repercutidos por parte de los exportadores, no obedece a la concepción aduanera de exportación, sino al principio de “imposición en el destino”, en virtud del cual los bienes y servicios deben ser sometidos a IVA en el país en que se verifique el consumo y no en el de origen. Agrega que la demandada no entiende que al consagrarse el derecho a la devolución del IVA en el proceso de exportación no se establece un incentivo tributario sino que se reconoce el principio fiscal universal según el cual el Estado habilitado para recaudar el IVA es aquél en el que se vende el bien al consumidor final.

Expone que frente a la sesgada interpretación de la DIAN el Consejo de Estado, Sección Cuarta mediante sentencia de 11 de diciembre de 1998, Expediente 9060, C.P. Dr. Germán Ayala Mantilla, admitió que las oficinas de impuestos violaron los artículos 420, 479, 481 y 489 del E.T. al negarle al usuario industrial de zona franca la calidad de exportador y por ende el derecho a la devolución del saldo a favor determinado en la declaración del impuesto sobre las ventas.
LA OPOSICIÓN

La apoderada de la demandada se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:

Explica que los bienes introducidos a las zonas francas industriales procedentes de proveedores que se encuentren en el territorio nacional, obtienen los beneficios de los incentivos otorgados a las exportaciones, de conformidad con los artículos 8, 9, 10 y 11 del Decreto 971 de 1993.

Con fundamento en el artículo 8 del citado Decreto señala que de acuerdo con la normatividad vigente, el concepto de exportación comprendía únicamente la venta de bienes de capital, materias primas, servicios, etc., a un usuario de la zona franca, por operar la ficción de la extraterritorialidad y por lo tanto aquél que vendiera a un usuario de la misma era quien tenía derecho a solicitar su impuesto descontable. Afirma que lo anterior si se tiene en cuenta que para efectos del IVA, el artículo 479 del E.T., establece que los bienes corporales muebles que se exporten son exentos en cabeza del exportador, en concordancia con lo previsto en el artículo 481 íb.

Sostiene que la Subdirección Jurídica de la DIAN en Concepto No. 1489 de enero 10 de 1995 precisó que es el proveedor exportador quien tiene derecho a solicitar como descontable el impuesto que haya pagado al adquirir bienes y servicios gravados que sean costo o gasto de producción o de venta en los bienes vendidos y a solicitar en compensación o devolución el saldo a favor que se configure en su declaración del IVA cuando realice esas ventas a zona franca que la ley califica como exportación, ello en virtud del artículo 489 del E.T. Agrega que el mismo concepto señala que las ventas de usuarios industriales de bienes y servicios a mercados externos se consideran hechas fuera del territorio aduanero nacional y por tanto no se tratan como exportaciones; por consiguiente en tales operaciones no habrá lugar a solicitar impuestos descontables y por ende su devolución.

LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia de 7 de septiembre del 2004 anuló los actos acusados y como consecuencia de ello ordenó la devolución del saldo a favor determinado en la declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente al 4 bimestre de 1996.

El a quo transcribe la sentencia de febrero 8 del 2002 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa y concluye que si bien el Decreto 2233 entró a regir el 7 de diciembre de 1996 tal situación no debe afectar a la sociedad actora quien solicita la devolución del saldo a favor generado por impuestos descontables en el 4° bimestre de 1996 (julio y agosto), puesto que la pretensión de la contribuyente está amparada en normas de carácter sustancial como son las contenidas en el Estatuto Tributario.
LA APELACIÓN


La apoderada de la entidad demandada sustenta el recurso de apelación interpuesto en los siguientes términos:
Precisa que en el momento en que ocurrieron los hechos, los incentivos tributarios de las zonas francas estaban establecidos taxativamente en la Ley 109 de 1985, norma especial que no hizo mención del impuesto a las ventas. Indica que el Decreto 1471 de 1986, reglamentario de la citada Ley, en su artículo 32 definió exportación -para efectos de los incentivos tributarios y crediticios- como la introducción a zona franca industrial de bienes que se encuentren en libre circulación en el territorio colombiano, con destino a ser utilizados en un proceso productivo dentro de la respectiva zona.
Afirma que el mencionado artículo 32 íb., en su inciso segundo determina que sólo para efectos de normas de origen, convenios internacionales, registro en el INCOMEX o crédito para exportar, se considera exportación final la venta y salida a mercados externos de los bienes elaborados en zonas francas industriales.
Señala que son precisos los incentivos tributarios que se establecen dentro del régimen especial de Zonas Francas, lo cual no puede ser de otra forma, por cuanto son de aplicación restrictiva y no pueden hacerse extensivos a sujetos o hechos distintos a los previstos en las leyes.
Explica que en las exportaciones del territorio nacional a la Zona Franca, el proveedor nacional factura IVA a los usuarios de la Zona, legitimándose para éste último, la posibilidad de solicitar dicho IVA facturado como descontables, de acuerdo con las reglas generales de los artículos 485 y siguientes del Estatuto Tributario.
Expone que por el hecho de ser exentos del IVA los bienes que se exportan, el exportador puede contabilizar a su favor como descontable todo el impuesto de ventas generado en la adquisición de bienes o servicios que constituyan costos o gastos para él. Indica que el procedimiento de contabilizar impuestos descontables y hacerlos valer dentro de la declaración bimestral del impuestos a las ventas es el establecido para que el responsable del tributo recupere el IVA pagado por él, mediante su imputación como débito en la cuenta “impuestos a las ventas por pagar”.

Precisa que la ley condiciona este tratamiento del IVA a que los bienes y servicios que los generen sean destinados a operaciones gravadas con el mismo impuesto o exentas de él, pero por el contrario, tratándose de operaciones que no causen el impuesto, no es posible, en consecuencia el IVA que afecta estas operaciones constituya un mayor valor del costo o del gasto imputable.
De acuerdo con lo anterior concluye que el impuesto sobre las ventas debe ser descontado y contabilizado por el exportador nacional y no puede ser trasladado al adquirente del producto, es decir, al usuario de zona franca, para que éste a su vez le dé tratamiento de descontable.
Manifiesta que se ha querido demostrar en el proceso, que en el momento en que se efectuaron ventas a los mercados externos, el usuario de la zona franca, no ostentaba la calidad de exportador para efectos de los incentivos tributarios propios de las exportaciones, con fundamento en el artículo 8 del Decreto 971 de 1993 cuando define la exportación como “salvo en lo relativo a los incentivos crediticios aplicables a las exportaciones, para efectos de los incentivos tributarios se considera exportación la introducción a las zonas francas industriales, de bienes de capital, materias primas, elementos de dotación y en general toda clase de bienes que se encuentren en libre disposición en el resto del territorio nacional”.
Aclara que sólo a partir de la entrada en vigencia del Decreto 2233 de diciembre 7 de 1996, surge el derecho sustancial para el usuario de zona franca a considerarse exportador y por ende, a solicitar devolución o compensación en el impuesto sobre las ventas, existiendo la imposibilidad de aplicar esta norma, por el principio de irretroactividad de la misma y de la vigencia de la ley en el tiempo establecido en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. Sobre este punto citó y transcribió apartes de las sentencias de esta Corporación de agosto 18 de 1996, Expediente No. 7935 y de marzo 2 de 1997, Expediente No. 8056.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN


La parte actora reitera los argumentos expuestos en la demanda e insiste en que lo afirmado por la DIAN y que apunta a desconocer el derecho a la devolución del saldo a favor de la demandante, no corresponde a una sana interpretación de la normativa legal para lo cual sostiene que la sociedad para la fecha de los hechos controvertidos sí tenía la calidad de exportadora, con fundamento en el literal a) del artículo 481 del E.T. y el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 48 de 1983, y por ello tiene derecho a la devolución de los saldos a favor determinados en las declaraciones del impuesto sobre las ventas presentadas antes de la expedición de los Decretos 2233 de 1996 y 1000 de 1997.
En relación con el recurso de apelación señala que en éste se alude a un procedimiento sui generis y peculiar mediante el cual se deja en cabeza del proveedor nacional que cobró el IVA al usuario de la zona franca, la potestad unilateral de reintegrar lo que no debió cobrar, situación que atenta contra los principios de equidad y del debido proceso, pues no son los particulares responsables del IVA quienes están habilitados para decidir si deben reintegrar o no lo cobrado indebidamente.
La parte demandada afirma que no se comparten las apreciaciones del a quo por cuanto la Ley 109 de 1995 establece taxativamente los incentivos tributarios para las zonas francas sin que haga referencia al impuesto sobre las ventas. Indica que el artículo 8 del Decreto Ley 971 de 1993 alude al concepto de exportación a las zonas francas industriales, lo cual sólo aplica para efectos de las normas de origen, convenios internacionales o créditos para exportar y no para fines tributarios.
Con fundamento en las normas tributarias que establecen quiénes se consideran exportadores y que los beneficios que se aplican a éstos sólo se hacen extensivos respecto de la introducción a las Zonas Francas de bienes de capital, materias primas, elementos de dotación y en general toda clase de bienes que se encuentren en libre disposición en el resto del territorio nacional, afirma que constituyen exportación pero para el proveedor que envía dichos productos desde el resto del territorio nacional, por lo que concluye que no se entiende por qué en el fallo recurrido se excluye esta normatividad.

Precisa que la Administración lo que ha querido demostrar es que en el momento en que se efectuaron ventas a los mercados externos, el usuario de la zona franca, no ostentaba la calidad de exportador para efectos de los incentivos tributarios propios de las exportaciones. Indica que con la entrada en vigencia del Decreto 2233 de 1996, surge el derecho para el usuario de zona franca de considerarse como exportador y por ende el de solicitar la devolución o compensación del impuesto sobre las ventas, pero para el caso es un imposible jurídico aplicar la mencionada norma debido al principio de irretroactividad de la misma y de la vigencia de la ley en el tiempo.
El Ministerio Publico, no rindió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA



De acuerdo con los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, corresponde en la instancia decidir sobre la legalidad de los actos administrativos en virtud de los cuales la Administración de Impuestos de Cartagena, rechazó a la sociedad COLEC INVESTMENT CORPORATION la devolución del saldo a favor determinado en su declaración de ventas correspondiente al 4 bimestre de 1996.
Al respecto proceden las siguientes consideraciones:
Dispone el artículo 8 del Decreto 971 de 1993, por el cual se modifica parcialmente el Régimen de Zonas Francas:

Artículo 8. Definición de exportación: Salvo en lo relativo a los incentivos crediticios aplicables a las exportaciones, para efectos de los incentivos tributarios se considera exportación la introducción a las Zonas Francas Industriales, de bienes de capital, materias primas, elementos de dotación y en general toda clase de bienes que se encuentren en libre disposición en el resto del territorio nacional, con destino a ser utilizados o procesados dentro de la respectiva Zona.
Solo para efectos de las normas de origen, convenios internacionales o crédito para exportar, se considera exportación final la venta y salida a mercados externos de los bienes y servicios producidos en las Zonas Francas Industriales del país.

(…)
PARAGRAFO 3. La introducción de los bienes de que trata el presente artículo requiere del documento de exportación para Zona Franca Industrial expedido por la Aduana. Este documento se legalizará siguiendo el procedimiento simplificado que para tal efecto se establezca.”

De acuerdo con los términos de la norma parcialmente transcrita, está claro que la definición de exportación tratándose del régimen aplicable a las zonas francas industriales, está referida a las operaciones aduaneras.
De otra parte, según la misma norma, se considera exportación definitiva la operación en virtud de la cual el usuario de zona franca vende con destino a los mercados externos, los bienes producidos en zona franca, pero solo para efectos de las normas de origen, convenios internacionales o crédito para exportar.
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 481 del Estatuto Tributario, “Únicamente conservarán la calidad de bienes exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a devolución de impuestos:


  1. Los bienes muebles corporales que se exporten.

  2. Los bienes corporales muebles que se vendan en el país a las sociedades de comercialización internacional, siempre que hayan de ser efectivamente exportados directamente o una vez transformados, así como los servicios intermedios de la producción que se presten a tales sociedades, siempre y cuando el bien final sea efectivamente exportado.”

  3. (…)”


La Sala al analizar y sentar su criterio sobre el asunto objeto de apelación, en la sentencia de 15 de mayo de 1998, expediente 8768, C.P. Dr. Delio Gómez Leyva, reiterado en diversas oportunidades1, al resolver sobre la procedencia o no de la devolución del impuesto a las ventas solicitado por una usuaria industrial de la Zona Franca, sostuvo que de conformidad con el artículo 481 del Estatuto Tributario en armonía con el parágrafo del artículo 850 ib., se colige que los bienes corporales muebles que se exporten y la venta en el país de bienes de exportación a las sociedades de comercialización internacional, no causan el impuesto a las ventas, y en consecuencia los responsables de los mismos, es decir, los exportadores, tienen derecho a la devolución de los impuestos pagados por la adquisición de bienes corporales muebles que constituyan costo de producción o venta de los artículos que se exporten. (art. 489 E.T.)
De otra parte, esta Corporación reitera que la definición de “exportación” contenida en el artículo 8° del Decreto 971 de 1993, no debe hacerse extensiva a la exención del impuesto a las ventas consagrada en el artículo 481 del Estatuto Tributario, dado que tal definición está referida a los ‘incentivos tributarios’ consagrados en el Decreto 2131 de 1991 (régimen de zonas francas) y el Decreto 971 de 1993 (que modificó parcialmente el régimen de zonas de francas). Estos decretos establecieron, entre otras medidas, beneficios fiscales, para los usuarios de las Zonas Francas Industriales sobre las ventas a mercados externos de bienes y servicios, los cuales se concretan al impuesto de renta y complementarios, remesas y retención en la fuente (arts. 53 a 58 Decreto 2131 de 1991 y 27 a 33 del Decreto 971 de 1993).
De lo anterior se concluye que no es procedente confundir las exenciones al impuesto a las ventas previstas en el Estatuto Tributario en lo referente a la exportación de bienes corporales muebles –las cuales otorgan al exportador derecho a la devolución de impuestos- con los incentivos fiscales consagrados en el Estatuto Aduanero y mucho menos aplicar la definición de “exportación” que éste consagra, para desestimar el derecho a la devolución del IVA, cuando es claro, que tal concepto está referido a los incentivos tributarios creados en el mismo Estatuto Aduanero.
De conformidad con las razones expuestas, se concluye la procedencia de la devolución del saldo a favor registrado en la declaración del impuesto a las ventas correspondiente al 4 bimestre de 1996 y en consecuencia, la ilegalidad de los actos acusados mediante los cuales la Administración rechazó definitivamente la solicitud de devolución presentada por la actora, por lo que la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, no estando llamado a prosperar el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

F A L L A:

CONFIRMASE la sentencia apelada.

Se reconoce a la doctora Esperanza Luque Rusinque como apoderada de la Nación, en los términos del poder que obra a folio 203.

Cópiese, Notifíquese, Comuníquese y Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
La providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

HECTOR J. ROMERO DIAZ LIGIA LOPEZ DIAZ

Presidente de la Sección
MARIA INES ORTIZ BARBOSA JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE

RAUL GIRALDO LONDOÑO

Secretario



1 Sentencias de febrero del 2000, Expediente No. 9752, C.P. Dr. Daniel Manrique Guzmán, de octubre 12 del 2001 Expediente No. 12295, C.P. Dra. Ligia López Díaz, de 18 de abril del 2002, Expediente No. 12415, C.P. María Inés Ortiz Barbosa y de 31 de marzo del 2005, Expediente No. 11907, C.P. Dr. Juan Angel Palacio Hincapié.

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