1. Concepto de Derecho Civil. Delimitación






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Partos dobles o múltiples

Determinar el momento del nacimiento tiene una especial relevancia en aquellos casos en los que nacen dos o más criaturas en el mismo parto, son los denominados partos dobles o múltiples.

En los partos dobles o múltiples es posible que determinados efectos deriven de la prioridad del momento del nacimiento. Pueden ser voluntarios (nombrar heredero al hijo primogénito) o pueden ser elementos legales (según el artículo 57 del Código Civil, el orden a la sucesión al trono y, a veces, en ciertos títulos nobiliarios).

Actualmente, estas atribuciones de derechos se consideran excepcionales, ya que las situaciones legales en las cuales se produce más reconocimiento a los primogénitos, deben considerarse contrarias al principio de igualdad y de discriminación del artículo 14 de la Constitución. En los casos de partos dobles o múltiples el artículo 31 dispone que la prioridad en el nacimiento corresponde al que nace primero. Paradójicamente, a efectos médicos, nace antes el que es concebido en segundo lugar.

Prueba del nacimiento (existen artículos que van a cambiar en el próximo verano)

Cuando nace una persona debe inscribirse en el Registro Civil. Según establece la actual ley del Registro Civil, la inscripción da fe del nacimiento, hora, lugar, sexo y filiación del inscrito. La nueva regulación (Articulo 44 ss LRC 2011) advierte que, cuando se inscriba a un recién nacido, se le otorgará un Código personal. Los padres o parientes más próximos están obligados a promover la inscripción. Si nos lo hay, debe hacerlo cualquier persona mayor de edad presente en el lugar del nacimiento (Por ejemplo: médico, comadrona, ayudantes técnicos…).

La ley actual que entrará en vigor da prioridad para la inscripción a la dirección de hospitales, clínicas y establecimiento sanitarios. El plazo para la inscripción sería de 8 días desde el nacimiento. Si transcurrido este plazo no se ha inscrito, se podrá hacer posteriormente con un expediente especial.

La nueva regulación obliga a los hospitales a comunicar en 24 horas desde el nacimiento de estos niños al registro sanitario. Si son niños que nacen fuera de hospitales, la inscripción debe realizarse en el plazo de 10 días para que conste dicho nacimiento. No es preciso llevar al niño recién nacido al registro, ya que es suficiente la declaración de quien solicita el registro y el informe médico de quien haya asistido al parto. Según la doctrina de la dirección general no es posible ocultar la identidad de la madre en el informe médico (“Mater Sempre Certa Est”).

Actualmente, existe un legajo especial en el Registro Civil para las criaturas abortivas. Todas las criaturas que hayan ostentado una vida fetal de más de 180 días pueden voluntariamente inscribiste en este legajo de criaturas abortivas.

La protección jurídica del concebido no nacido

Antes del nacimiento y de la adquisición de la personalidad, el ordenamiento jurídico otorga simple reconocimiento al concebido pero no nacido.

Desde el punto de vista personal, esta materia nos remite al conflictivo tema del aborto en el que influyen ideas religiosas, morales, filosóficas, etc. Desde el aspecto jurídico, el concebido (nasciturus) no es persona para los efectos civiles según el artículo 30 del Código Civil.

La controvertida sentencia del Tribunal Constitucional de 1985, después de aclarar que el feto no es titular del derecho a la vida a efectos del artículo 15 de la Constitución, considera que se trata de un bien jurídico protegible, lo que permite su tutela por el Estado, incluso por la vía penal. Desde el punto de vista personal, esta doctrina se reiteró en seguidas sentencias.

Desde el punto de visto patrimonial, se genera la duda de saber si el nasciturus, pese a no ser persona, puede ser beneficiario de atribuciones patrimoniales condicionadas a su nacimiento.

Por ejemplo, existe un matrimonio en el cual ella está embarazada y el marido fallece antes de que su mujer dé a luz. Dado que el hijo no ha nacido antes de la muerte del padre, no podrá heredar de su padre, porque al fallecer y abrirse la sucesión aún no tiene personalidad jurídica al no reunir los requisitos del artículo 30. Esto es así aunque el hijo nazca a las pocas horas de fallecer el padre, porque es requisito esencial sobrevivir al causante para ser heredero. La aplicación estricta de esta regla conducirá a que los bienes del padre no irían nunca a este hijo al no haber nacido antes de morir él.

Para solucionar esta cuestión, el artículo 29 del Código Civil establece una ficción legal, según el cual al concebido se le considera nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con los requisitos el artículo 30.

La ficción es la siguiente: El concebido no es nacido pero se le tiene por nacido o se le trata como si hubiera nacido. Esta ficción sólo opera en aquello que sea favorable para el nasciturus, no en lo que pueda perjudicarle. Por tanto, entra en juego esta ficción para recibir herencias o donaciones, es decir, “se adelanta el nacimiento” ficticiamente. Si se produce el nacimiento, los efectos favorables se retrotraen al momento de la concepción. De este modo, se trata de establecer un sistema de protección al concebido de forma que se deje en suspenso aquellas relaciones jurídicas (casi siempre sucesorias) que pueden proporcionarle beneficios. Por ejemplo: Donaciones (art. 627 Cc), herencias (arts. 959 ss Cc), art. 6.1.2 LEC, indemnizaciones, seguros vida…

Se reconoce la validez de las donaciones efectuada a los concebidos y no nacidos. Estas donaciones son aceptadas por las personas que legítimamente representen a los nasciturus. No se espera que la aceptación tenga lugar por parte de los representantes cuando tenga el nasciturus.

La razón de esta norma es que, dado que una donación no obliga al donante ni produce efectos sino desde el momento de su aceptación, mientras esta aceptación no se produce, el donante es libre de revocar la donación. Si hubiera que esperar al nacimiento para que la aceptación fuera posible, resultaría que durante el transcurso de ese lapso de tiempo, el donante tendría plena libertad para revocar la donación y hacer ilusorio el derecho del nasciturus. Por eso, el artículo 627 permite aceptar la donación antes de que nazca el nasciturus.

Una vez aceptada la donación el bien, ya no es del donante, pues se ha desprendido de ello voluntariamente y se ha aceptado. Sin embargo, aún no es propiedad del donatario, pues no ha nacido. El bien donado queda en situación de interinidad a resultas de que se produzca el nacimiento en las condiciones del artículo 30.

Durante este periodo de interinidad, el bien donado constituye una especie de patrimonio separado, por lo que lo conservarán los representantes hasta que nazca. Si el donatario no llegara a nacer, el donante o sus herederos tiene derecho a solicitar la restitución de lo donado, dado que la “Conditio Iuris” no se ha producido.

En materia de herencias diferidas a un nasciturus, hay que tener presentes los artículos 959 y siguientes del Código Civil, los cuales son normas que toman cautela para evitar una suposición de pacto. Los interesados pueden pedir al juez que dicte unas providencias oportunas para evitar la suposición de parto o que la criatura que nazca pase por viable no siéndolo en realidad. En estos supuestos se designa a una persona de confianza para que se cerciore de la realidad del alumbramiento. Mientras no se resuelve la incertidumbre, se suspende la división de la herencia y es un administrador el que cuidará de la seguridad de los bienes. En todo caso, es posible que el no nacido se haya desinado como sustituto fideicomisario.

En el artículo 6.1.2. de la LEC se advierte que el concebido no nacido puede ser parte en un proceso para los tribunales civiles para todos los supuestos que le sean favorables. Por ejemplo, las que tiene su causa en la muerte de su progenitor. Igual que un hijo de 1 año tiene derecho a indemnización, el concebido puede tener el mismo derecho.

En cuanto al seguro de vida, entra también dentro de los efectos favorables que sea nombrado el nasciturus como beneficiario de un seguro de vida.

Son supuestos que tienen como protagonista al nasciturus, que no son personas pero que el órgano jurídico los tiene presentes.

Reservas de derechos a favor del no concebido (No son ni nasciturus)

Nuestro Derecho también atribuye derechos a personas futuras que no están concebidas, llamadas “Nondum concepti”. Más que una atribución de derechos, lo que se hace en estos casos es crear casos de administración o goce temporal de los bienes a otras personas, mientras que no nazca el futuro individuo.

Destacan los siguientes casos: “mortis causa”, “sustitución fideicomisaria” (dar bienes a una hija para que cuando nazca la nieta se lo dé, arts. 781 ss Cc), “designación condicional” (se declara como heredera a una persona directamente con la condición de que llegue a nacer).

En cuanto “inter vivos”, hay cláusulas de reversión (art. 641 Cc). Supone disponer que, a partir de un momento, el donante sea sustituido por otro que no ha nacido (Por ejemplo, dono los bienes a mi vecina, pero si nace un hijo mío, mi hijo se quedara con los bienes). La persona futura puede tenerse en cuenta también en contratos en los que se preste alguna prestación a su favor. Por ejemplo, un seguro o una renta vitalicia.

Los preembriones (concepto nuevo de la biología)

Son los óvulos fecundados mediante técnicas de inseminación artificial que, entre otros usos, pueden empezar el proceso natural de reproducción humana. La duda es el estatuto jurídico del preembrión viable, dado que es un asunto muy polémico. Evidentemente, no es persona, y el Tribunal Constitucional lo único que ha dicho es que los preembriones no viables no son nasciturus. Este asunto cobra importancia por la investigación con células madre, la cual es aún muy limitada.

b) Fin de la personalidad.

La muerte

El art. 32 del Código Civil nos dice que la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas físicas. Sin embargo, las personas jurídicas se extinguen, pero no mueren. Existen situaciones similares a la muerte en aquellos casos en que una persona desaparece en circunstancias especiales y sin tener noticias de ella.

Nos centramos en la muerte de las personas físicas, la cual provoca la extinción de la personalidad civil y el fin de la capacidad jurídica. El primer problema que surge tras el fallecimiento de una persona es qué sucede con sus relaciones patrimoniales y personales.

  • Relaciones patrimoniales: el Código Civil articula un mecanismo transmisivo según el cual los derechos y obligaciones pertenecientes al fallecido pasan a integrar su herencia, la cual se transmite a los herederos (se abre la sucesión).

  • Relaciones personales (patria potestad, matrimonio, tutela): el fallecimiento de una persona determina su extinción (como cualquier contrato que pudiera tener esta persona…).

El Código Civil no nos determina cuándo debemos considerar que una persona ha fallecido. Debemos asociar la muerte a conclusiones científicas, por lo que se considera que una persona ha fallecido cuando existe una paralización de su actividad cerebral (que se demuestra con el encefalograma plano) y una paralización de sus órganos vitales, especialmente el corazón.

La normativa de trasplante de órganos (Ley de 1979) nos ofrece una pista de lo que el legislador entiende por muerte. Esta ley advierte que la extracción de órganos u otras piezas anatómicas podrá realizarse previa comprobación de la muerte, la cual se basará en la existencia de datos de irreversibilidad de las lesiones cerebrales que son incompatibles con la vida. En su Real Decreto se añade que la muerte del individuo podrá certificarse tras la confirmación de cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias y encefálicas.

Tras la muerte, el cadáver se convierte en cosa en sentido jurídico. La persona en vida puede haber manifestado su voluntad sobre ser inhumado (el lugar donde tienen que enterrarlo) o incinerado. Si nada ha manifestado, serán los familiares los que decidirán al respecto.

En cuanto a la prueba del fallecimiento, debemos acudir a la Ley del Registro Civil y la prueba es la certificación registral del fallecimiento. También se regula en la Nueva Ley de Registro Civil del 2011 (muy similar a la actual). Se extingue el código personal y no se puede aplicar a otra persona. La inscripción del fallecimiento nos da fe de la hora, fecha y lugar del fallecimiento. Se celebra en virtud de quien tenga conocimiento certero de la muerte (médico) y la puede promover cualquier persona (amigos, familia, hospital). En cualquier caso, se requiere certificado médico y hasta que no haya inscripción no se expide la licencia de entierro, el cual tiene que tener lugar transcurridas al menos 24 horas desde el fallecimiento. Si se ha fallecido por causas violentas se suspende.

En 1994, se dictó una orden donde se suprimía la obligación de reflejar en la inscripción la causa de la muerte porque se consideraba que atentaba a la intimidad (por el SIDA). Pero también podía suprimirse para muertes anteriores al 1994, lo que generó un problema: el ataque a la memoria histórica. Por ello, se suprimió parcialmente, es decir, se puede suprimir sólo para muertes posteriores a 1994.

Vinculado con el tema de la muerte, veremos tres temas:

  • Eutanasia. Supone el acortamiento voluntario de la vida de quien sufre una enfermedad incurable y para poner fin a sus sufrimientos. La voluntad de la persona manifestada, antes de la enfermedad, puede hacerlo en el llamado “testamento vital”, donde manifestará si quiere ser o no mantenido en esas situaciones.

En todo caso, el Tribunal Supremo, siguiendo al Tribunal Constitucional, sostiene que el derecho a la vida del art.15 de la Constitución tiene un contenido de protección positiva, que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte.

La ley 41/2002 de autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica regula el denominado “instrumento de instrucciones previas”. Entiende por tal aquel en que una persona manifiesta anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y tratamientos de su salud cuando él no pueda manifestarlo. También puede manifestar en este instrumento el destino de su cuerpo o de sus órganos. Viene a ser el reconocimiento del testamento vital (muchas donaciones de órganos se transmiten por ahí).

  • Comoriencia/Premoriencia. Supone la muerte simultánea y/o contemporánea de dos personas que, recíprocamente, tienen derecho a sucederse entre sí. Por ejemplo, un padre y un hijo fallecen en un mismo accidente. Decidir quién ha muerto antes tiene bastante relevancia. Si se estima que falleció primero el padre, el hijo le heredará, por lo que los bienes del padre pasarán a quienes son herederos del hijo. Si es el hijo quien fallece antes, su padre le heredará, y serán los herederos del padre los que disfrutarán de los bienes del hijo.

Dada la dificultad que existe en muchos casos de determinar quién ha fallecido antes, desde el Derecho Romano se intentó buscar soluciones y se establecieron una serie de presunciones: se presumía que moría primero la persona mayor respecto de la más joven, antes la mujer que el hombre… Estas presunciones es lo que generaba la premoriencia: ante fallecimiento en el mismo accidente había presunción de premoriencia.

Nuestro Código Civil las abandonó y reguló la materia en el art. 33: “Si se duda, entre dos o más personas llamadas a sucederse, quién de ellas ha muerto primero, el que sostenga la muerte anterior de una o de otra, debe probarla; a falta de prueba (lo más habitual), se presumen muertas al mismo tiempo y no tiene lugar la transmisión de derechos de uno a otro (la herencia del padre va por un lado y la del hijo por otro)”.
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