Especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones con resodencia en el distrito federal del poder judicial de la federación y jurisdicción en toda la república






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QUEJOSO(A): _____________________________________________

AMPARO INDIRECTO: _____/2015

Asunto: Desahogo de Prevención
C. JUEZA ______________________ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES CON RESODENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

P r e s e n t e.

_______________________________________________________________________en mi calidad de quejoso(a) en el amparo al rubro citado, quien autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo para que oír y recibir todo tipo de notificaciones en mi nombre a las Profesionales en Derecho Nitze Nayeli Pérez Fernández, Karla Micheel Salas Ramírez, David Peña Rodríguez y Héctor Alberto Pérez Rivera, ante usted, con el debido respeto, comparezco, y expongo:

DESAHOGO DE REQUERIMIENTOS

En el término de cinco días a que se refiere el artículo 114 último párrafo de la Ley de Amparo, de conformidad con lo decretado por su Señoría en auto notificado el 28 de abril de dos mil quince, a esta parte quejosa, comparezco a desahogar los requerimientos que se me formularon, que consisten en lo siguiente:

“…con fundamento en el artículo 114 de Ia Ley de Amparo, se previene a Ia promovente, para que en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído:

a) Precise a qué funcionarios o empleados públicos adscritos al Instituto Federal de Telecomunicaciones, les atribuye el acto que reclama, en razón de que el señalamiento del órgano que refiere es ambiguo, irregular, e impreciso, puesto que no indica si se refiere a su titular, o a algún otro empleado a subordinado.

En Ia inteligencia de que no es necesario el nombre pero si el cargo que detenta, a efecto de identificarlo.

b) Identifique claramente las actuaciones que hace consistir en: [...] LA TOMA DE DECISION, ORDEN VERBAL 0 ESCRITA, MANDATO Y/O ACUERDO para que, de forma unilateral y obligatoria, Ia empresa concesionaria MVS RADIO, procediera a dejar de transmitir al aire a través de Ia radio, en su plataforma de difusión informativa, el programa radiofónico ‘NOTICIAS MVS PRIMERA EMISION, CON CARMEN ARISTEGUI’, [...]”; y a quién se los atribuye a modo que denote un hecho autoritario, concreto y particular dotado de imperatividad, unilateralidad y coercitividad; absteniéndose de hacer consideraciones subjetivas o de fondo aI precisar tal información.



c) En caso de desahogar el requerimiento formulado en el inciso anterior; precise el acuerdo, oficio, resolución o cualquier otro acto análogo enjuiciable a través del juicio de amparo, donde se encuentren contenidos los actos por los cuales se formula el requerimiento que antecede.



d) Con fundamento en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, manifieste bajo protesta de decir verdad, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los actos que por la presente vía reclama…



e) Aclare si MVS Radio tiene el carácter de autoridad ordenadora o ejecutora.

f) Exhiba ocho copias del escrito aclaratorio…

En virtud de lo anterior, los suscritos desahogamos la prevención ordenada en el proveído indicado, en los términos siguientes:

PRIMERO: Por lo que hace a la prevención señalada con el inciso a) de la transcripción señalamos como autoridad responsable DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, LOS COMISIONADOS GABRIEL OSWALDO CONTRERAS SALDÍVAR, LUIS FERNANDO BORJÓN FIGUEROA, ERNESTO ESTRADA GONZÁLEZ, ADRIANA SOFÍA LABARDINI INZUNZA, MARÍA ELENA ESTAVILLO FLORES, MARIO GERMÁN FROMOW RANGEL, ADOLFO CUEVAS TEJA y al Titular de la Unidad de Concesiones y Servicios Rafael Eslava Herrada.

SEGUNDO: En cuanto a la prevención identificada con el inciso b) señalamos como ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN ADMINISTRATIVA de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes así como del Organismo Autónomo Instituto Federal de Telecomunicaciones para proteger y garantizar los derechos humanos a la libertad de expresión (en sus dimensiones individual y colectiva) en razón de la salida del aire de la frecuencia radiofónica 102.5 “Noticias MVS” del programa MVS Noticias Primera Emisión (en adelante, “Primera Emisión” o “el Programa”), conducido por la periodista María del Carmen Aristegui Flores, más conocida como CARMEN ARISTEGUI y su equipo de equipo de colaboradores, enmarcados en un contexto de actos de censura, hostigamiento y violencia en contra de periodistas y personas que emiten y difunden opiniones críticas al poder estatal.

TERCERO: En lo relativo a la prevención señalada con el inciso c) es menester establecer que el acto reclamado no consiste en un acuerdo, oficio, resolución o cualquier otro acto análogo sino en una OMISIÓN ADMINISTRATIVA de las autoridades identificadas como responsables.

El acto que imputamos a las autoridades responsables consiste en la concatenación de una serie de omisiones legales y Constitucionales que se desarrollan a continuación:

De conformidad con el actual marco constitucional de protección, el Estado tiene obligaciones específicas en materia de derechos humanos; para efectos de esta demanda nos centraremos en las de protección y garantía, las cuales han sido definidas por el Poder Judicial de la Federación de la manera siguiente:
Época: Décima Época

Registro: 2007596

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 03 de octubre de 2014 09:30 h

Materia(s): (Constitucional)

Tesis: XXVII.3o.2 CS (10a.)

DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de garantizarlos; y como la finalidad de esta obligación es la realización del derecho fundamental, requiere la eliminación de restricciones al ejercicio de los derechos, así como la provisión de recursos o la facilitación de actividades que tiendan a lograr que todos se encuentren en aptitud de ejercer sus derechos fundamentales. La índole de las acciones dependerá del contexto de cada caso en particular; así, la contextualización del caso particular requiere que el órgano del Estado encargado de garantizar la realización del derecho tenga conocimiento de las necesidades de las personas o grupos involucrados, lo que significa que debe atender a la situación previa de tales grupos o personas y a las demandas de reivindicación de sus derechos. Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades, se encuentra obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta, de forma que su conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la restitución del derecho humano violentado. Por tanto, su cumplimiento puede exigirse de inmediato (mediante la reparación del daño) o ser progresivo. En este último sentido, la solución que se adopte, debe atender no sólo al interés en resolver la violación a derechos humanos que enfrente en ese momento, sino también a la finalidad de estructurar un entorno político y social sustentado en derechos humanos. Esto implica pensar en formas de reparación que, si bien tienen que ver con el caso concreto, deben ser aptas para guiar más allá de éste.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 03 de octubre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Por cuanto hace al deber de protección, es aplicable la siguiente Jurisprudencia:
Época: Décima Época

Registro: 2008516

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III

Materia(s): Constitucional

Tesis: XXVII.3o. J/25 (10a.)

Página: 2256

DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE PROTEGERLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de protegerlos. Ésta puede caracterizarse como el deber que tienen los órganos del Estado, dentro del margen de sus atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya sea que provengan de una autoridad o de algún particular y, por ello, debe contarse tanto con mecanismos de vigilancia como de reacción ante el riesgo de vulneración del derecho, de forma que se impida la consumación de la violación. En este último sentido, su cumplimiento es inmediatamente exigible, ya que como la conducta estatal debe encaminarse a resguardar a las personas de las interferencias a sus derechos provenientes de los propios agentes del Estado como de otros particulares, este fin se logra, en principio, mediante la actividad legislativa y de vigilancia en su cumplimiento y, si esto es insuficiente, mediante las acciones necesarias para impedir la consumación de la violación a los derechos. De ahí que, una vez conocido el riesgo de vulneración a un derecho humano, el Estado incumple su obligación si no realiza acción alguna, sobre todo, porque, en el caso de sus propios agentes, está obligado a saber todo lo que hacen.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 470/2014. DRP Constructora México, S.A. de C.V. y otros. 27 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 537/2014. Eduardo Negrete Ramírez. 27 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 542/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 544/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de febrero de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.”

En el presente caso, las autoridades responsables, a pesar de tener las atribuciones legales, derivadas de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar nuestros derechos a la libertad de expresión en sus dos dimensiones, omitió ejercer actividades tendientes a lograr garantizar el ejercicio de tales derechos fundamentales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CoIDH1) con fundamento en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH), establece que el Estado está obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. La acción u omisión de cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad2.

La responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos por la Convención Americana.

También puede provenir de actos realizados por particulares, como ocurre cuando el Estado omite prevenir o impedir conductas de terceros que vulneren los referidos bienes jurídicos. En este orden de consideraciones, cuando se trata de competencias esenciales relacionadas con la supervisión y fiscalización de la prestación de servicios de interés público, como en este caso los medios de comunicación, sea por entidades públicas o privadas (como es el caso de un hospital privado), la responsabilidad resulta por la omisión en el cumplimiento del deber de supervisar la prestación del servicio para proteger el bien respectivo3

No basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la ―adopción de medidas positivas−, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre4.

Por tanto, ante una omisión administrativa, la Justicia Federal puede tutelar a las personas gobernadas por la vía del juicio de amparo; sirva de apoyo el criterio judicial siguiente:

Época: Décima Época

Registro: 2007189

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III

Materia(s): Común

Tesis: XI.1o.A.T.33 A (10a.)

Página: 1861

OMISIÓN LEGISLATIVA O ADMINISTRATIVA. EL MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE UNA DEMANDA DE AMPARO, CONSISTENTE EN QUE NO PROCEDE EL JUICIO EN SU CONTRA, NO ES NOTORIO, MANIFIESTO NI INDUDABLE, PORQUE IMPLICA UN ESTUDIO EXHAUSTIVO SOBRE EL TEMA QUE NO ES PROPIO DE UN ACUERDO, SINO DE LA SENTENCIA.

Tomando en consideración que para analizar si existe una inconstitucionalidad omisiva el operador jurídico debe revisar que: i) exista un mandato normativo expreso (ya sea de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de un tratado internacional o de una ley) que, luego de declarar la norma "programática" que proponga un derecho fundamental dotado de contenido y alcance, requiera de complementación "operativa" en las leyes o acciones conducentes; ii) se configure la omisión del cumplimiento de tal obligación por el legislador o funcionario competente de cualquiera de los órganos públicos; y, iii) esa conducta vulnere un derecho o garantía, lo que se sitúa en la tensión entre la máxima efectividad que debe atribuirse a un texto constitucional y la realidad, que pasa por el núcleo de los poderes del Estado, así como que para hacer efectivos los derechos fundamentales existen dos principios a colmar: el de legalidad y el jurisdiccional; en atención al nuevo bloque de constitucionalidad y a la obligatoriedad de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se concluye que el motivo de desechamiento de una demanda de amparo, consistente en que no procede el juicio contra omisiones legislativas o administrativas, no es notorio, manifiesto ni indudable, porque implica un estudio exhaustivo sobre el tema que no es propio de un acuerdo, ya que no es posible hablar de una causa de improcedencia notoria y manifiesta, al no derivar de los argumentos de la demanda o de las pruebas, sino del estudio e interpretación que lleve a cabo el Juez de Distrito en la sentencia.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Queja 122/2013. Leopoldo Enrique Bautista Villegas. 30 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Barreto López, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Jesús Santos Velázquez Guerrero.

Esta tesis se publicó el viernes 15 de agosto de 2014 a las 09:42 horas en el Semanario Judicial de la Federación.”

En el caso que nos ocupa, se configuran los tres elementos necesarios para actualizar la omisión administrativa:
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