Examen de las principales pistas en la novela negra de las ciencias y las humanidades criollas
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| Participación en el pillaje y el fraude electoral de los Consejeros Universitarios Hemos visto en el capítulo anterior el doloso comportamiento de los Secretarios de CyT de las Universidades Nacionales. En consecuencia, surge a simple vista que la administración de los subsidios destinados a la ciencia y a la investigación que fueron repartidos por la Agencia o ANPCYT entre los docentes-investigadores de las Universidades Nacionales debió haber ocupado una de las máximas prioridades de los claustros universitarios y de los Consejos Directivos de las respectivas Facultades. Sin embargo, nos encontramos ante la amarga realidad que dicha administración ha sido ignorada, y que los subsidios de la Agencia han sido objeto de una suerte de asalto a medianoche, con nocturnidad y alevosía. En efecto, de los 645 millones de pesos procedentes del BID, que son Deuda Externa, distribuidos entre 1997 y 2007, el portal electrónico de la Agencia indica que fueron asignados a unos seis millares (6.000) de Proyectos, insinuando que los subsidiados habrían sido otros tantos Investigadores. No obstante estos generosos cómputos oficiales, hemos podido estimar que aproximadamente un 20% de los mismos o 133 millones de pesos fueron a parar a las arcas individuales de un centenar y medio de funcionarios de la nomenclatura científica y universitaria (Coordinadores de la Agencia, integrantes de Comisiones Asesoras del CONICET, Directoriales de la CONEAU y del CONICET, Decanos, Consejeros, Jefes de Departamento, Secretarios de CyT de las Universidades, miembros del CECTE, etc.). Asimismo, entre esos 133 millones repartidos entre un centenar y medio de funcionarios, una doceava parte (11 millones) se habría alojado en los bolsillos de una treintena de los mismos, que tuvieron la oportunidad de repetir en dos, tres y hasta cuatro oportunidades su participación en el botín. Más aún, si computáramos los Listados de los beneficiarios correspondientes a las primeras Convocatorias de los años 1997-1999, inhallables en el portal de la Agencia, muy probablemente nos encontraríamos con Investigadores que han repetido hasta cinco (5) veces la participación en el botín. Por otro lado, si nos atenemos a una proyección de las pautas seguidas para con los funcionarios subsidiados, de los 520 millones de pesos restantes, 393 millones se habrían distribuido entre milquinientosdiecisiete (1517) Investigadores no funcionarios, entre los cuales 384 Investigadores lo repitieron en dos, tres y hasta cuatro oportunidades. Y los 127 millones, que en esta estimación quedarían remanentes, se habrían distribuido por una sola vez en solicitantes de viáticos para jornadas, congresos y mesas redondas, subsidios para revistas, y otra serie de bagatelas, de forma tal que se ocultó la oligopolización de los subsidios en beneficio de una minoría incestuosa de eternos favoritos. Por lo tanto, de los seis mil (6.000) supuestos subsidiados que anima la estadística oficial exhibida en el portal de la Agencia, la cifra real de los mismos por nosotros estimada (1517 subsidiados) habría disminuido enormemente, y por cierto su índice de concentración habría sido altísimo. Cabe entonces preguntarse ¿Qué investigación y que protesta de esta oligopolización de los subsidios de la Agencia han hecho los Consejeros representativos de los diferentes claustros en los distintos Consejos Directivos correspondientes a las Facultades de las Universidades Nacionales? ¿Qué control han ejercido los Consejos Directivos sobre las respectivas Secretarías de CyT de cada Facultad, y en especial en la emblemática Facultad de Exactas de la UBA? Ignoramos la respuesta. Pero lo que sí sabemos es que unos cuantos de dichos Consejeros --cuyo verdadero número e identidad no ha sido posible aún establecer-- también participaron del botín, no en una sino en varias oportunidades, sin haber existido escrúpulos por incompatibilidad alguna. Y la presunción que asalta en esta hermenéutica de la sospecha es que los Consejeros han buscado y buscan los cargos electivos para poder compartir este obsceno pillaje, a sabiendas que contaban y cuentan con absoluta impunidad, pues los Secretarios de CyT de las Facultades nada podrían o querrían hacer para controlar sus respectivas rendiciones de cuentas. La búsqueda de los cargos electivos en las Universidades Nacionales hace necesario estudiar el simulacro de la democracia interna oculta en los mecanismos electoralistas de las Universidades Nacionales, y que bajo el pretexto del cogobierno tripartito han alimentado la gestación de una red de mafias o camarillas enquistadas en sus órganos de poder, la que los ha vuelto extremamente objetables y vulnerables. Dichos mecanismos electoralistas nada dicen respecto a una serie de violaciones morales, legales e institucionales que agravian profundamente el quehacer universitario argentino, y sin cuya ineludible reparación ningún subsidio o incremento presupuestario lo puede remediar. Nada dice de:
En consecuencia, habida cuenta de estas violaciones, la burocracia universitaria que controla dichos órganos de poder puede eventualmente llegar a ser procesada en sede penal. Por lo tanto, como lo ha manifestado off the record un colega de la UBA, las camarillas que controlan dichos órganos no pueden ni deben perder las elecciones, pues si pierden deberían materialmente quemar aquellos archivos que guardan los testimonios de sus desaguisados. Desde ese punto de vista, todos los docentes que no les respondan o que no se vendan son una amenaza potencial pues pueden llegar a acceder a la documentación que los incrimina y deben por tanto ser derrotados antes de que muestren su perfil. En ese preciso sentido, todas las Asociaciones Gremiales Docentes (AGD) les resultan amenazantes, por su resistencia contra el fraudulento sistema de concursos vigente. En los claustros de profesores, dichas mafias suelen ganar las elecciones de claustro por estrecho margen. Para evitar perder en el claustro de profesores manejan el padrón, es decir, filtran la incorporación a las categorías docentes beneficiando a los suyos y perjudicando a los independientes u opositores. Pero en las listas de graduados, que reúnen a la mayoría de los docentes auxiliares recibidos en esa universidad (los recibidos en el extranjero o en otras universidades no tienen derecho a votar), las elecciones les son sistemáticamente desfavorables a los docentes auxiliares porque los "graduados externos" llegan a los comicios en flotas de remises, pagados por la mafia. Las reglamentaciones electorales, decididamente anti-democráticas, requieren que una lista de profesores esté formada en su mitad por profesores titulares. De esa forma, manejando a los titulares se evitan la oposición. Capítulo XIV Conclusiones En conclusión, cabe señalar que esta red de camarillas mafiosas en su intento de corrupción institucionalizada ha capturado no sólo la superestructura de la Agencia y el CONICET (recientemente fueron concursadas siete Gerencias administrativas del organismo) sino también de la CONEAU, del Comité de Ética del Ministerio de Ciencia y Tecnología (CECTE), de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, y de las Secretarias de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales.- Aún queda por identificar quienes son los capos de esta red mafiosa, ya fueren padrinos o madrinas. Por la excesiva concentración de funciones de los Directorios del CONICET, la Agencia, la CONEAU y la SPU, y por su dependencia del poder político, el sistema científico-educativo ha degenerado en un clima inficionado de miedos; en un obsceno intercambio de favores, prebendas, canonjías y sinecuras (que constituyen una fuente de violencia moral); y en un régimen de poder de naturaleza patrimonialista, clientelar y patriarcal, donde se confunde lo público con lo privado y se dispone lo uno como lo otro con total discrecionalidad.- En suma, la legislación universitaria vigente calla la estructura de poder discriminatoria, deformadamente profesionalista, corporativamente cerrada, y premeditadamente fraudulenta vigente en el aparato universitario y científico argentino. Esta decadente estructura de poder ha terminado por desintegrar a las instituciones universitarias, privando de seguridad y confianza a sus integrantes, alterando sus centros y parámetros morales e impidiendo la existencia en ellos de una auténtica comunidad científica. Por último, en este rosario de agravios: los mecanismos comunicacionales impenetrables y secretos; las normativas escalafonarias prebendarias; los sistemas de evaluación y calificación absolutistas (son simultáneamente juez y parte interesada); los regímenes de representación estamental pre-moderno; y los sistemas electorales fraudulentos y antidemocráticos, han sido la fuente originaria de un creciente faccionalismo cultural, de un mandarinato mercenario (nomenklatura), de un electoralismo clientelar perverso, de un permanente drenaje de inteligencias, de una desigualdad obscena, de un miedo generalizado y de un discurso oculto de prejuicios, discriminaciones, exclusiones y amedrentamientos, de los cuales la Agencia, la CONEAU, el CONICET, la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU), el CECTE, el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) son también plena y palmariamente responsables. 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