Mexico: Reforma energética que viola los derechos de los pueblos indígenas a su tierra y territorio: Mujeres Indígenas






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MEXICO: América Latina unida contra la minería

Radio Temblor
Desde México, El Salvador, Brasil, Bolivia, Perú, Argentina, Honduras y Panamá, organizaciones e investigadores nos explican por qué están contra la minería. Nos cuentan cómo esta industria, muy presente en el continente latinoamericano, contamina el medio ambiente y afecta a las comunidades aledañas. América latina unida contra la minería fue realizado por Otros Mundos y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero en junio de 2014 y está integrado en el Manualito del Radialista Antiminero, un disco que contiene 40 cuñas radiales sobre los impactos de las minas en los territorios.

http://www.radiotemblor.org/index.php/america-latina-unida-contra-la-mineria/
MEXICO: Paola Zavala Saeb. La Máquina de hacer pájaros. Ley mordaza para callar a los indígenas.

Animal Político
En México, las radios comunitarias deben instalarse y mantenerse con recursos de las propias comunidades, pero incluso para ello, la ley les pone trabas porque para recibir donativos deberán expedir comprobantes fiscales.
Las radios comunitarias han sido definidas por la UNESCO, como “un medio de comunicación que da voz a los que no la tienen, que sirve como vocero de los marginados y es el corazón de la comunicación y de procesos democráticos en las sociedades.” Estas emisoras constituyen el acceso a la palabra de los grupos indígenas, se conforman por miembros de la comunidad y su programación se basa en el acceso y participación comunitaria que en muchos casos está orientado a mantener sus tradiciones y reivindicar sus demandas. No tienen fines de lucro pero necesitan financiamiento para subsistir. La nueva ley de comunicaciones publicada esta semana no lo permite: está prohibido que las radios comunitarias transmitan publicidad o patrocinios. El argumento es que permitirles a las radios comunitarias transmitir publicidad sería una “competencia desleal” con las otras televisoras y radiodifusoras.
Imaginen ustedes que una radio comunitaria pueda ser competencia por ejemplo de “W radio”. ¡Ojalá! Pero las radios comunitarias fueron confinadas por ley a altas frecuencias de FM que son muy difíciles de sintonizar, jamás podrían tener la cantidad de radioescuchas que tienen las grandes cadenas de radio, jamás podrían lograr los patrocinios que tienen estas cadenas. Además, los propósitos y contenidos de las radios comunitarias no se asemejan en nada a la programación de las cadenas comerciales. No se puede argumentar competencia desleal si no hay ni de lejos un piso común de competencia.
La AMEDI ha hecho un estudio comparado sobre legislaciones que han superado el debate sobre competencia desleal, con normativas equitativas: Por ejemplo, en la legislación irlandesa se impone un tope para las emisoras comunitarias de seis minutos por hora para la transmisión de mensajes publicitarios. En los Países Bajos, las estaciones de radio comunitarias están autorizadas a emitir doce minutos de publicidad por cada hora. En Venezuela, los radiodifusores comunitarios pueden emitir publicidad, aunque menos tiempo que las emisoras comerciales. Y entre legislaciones más avanzadas, está la normativa peruana que prevé que todos los titulares de servicios de radiodifusión pueden transmitir mensajes publicitarios sin restricciones. Mientras tanto, en México, las radios comunitarias deben instalarse y mantenerse con recursos de las propias comunidades, pero incluso para ello, la ley les pone trabas porque, según el artículo 88 de la ley, para recibir donativos deberán expedir comprobantes fiscales.
La nueva Ley de Telecomunicaciones es una ley mordaza para los pueblos indígenas que restringe la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a las tecnologías de la información. Eliminar la posibilidad de que las radios comunitarias puedan mantenerse por medio de la venta de espacios publicitarios complicará su existencia, sobre todo si tomamos en cuenta que la mayoría de las radios comunitarias se encuentran en los municipios más pobres del país y los recursos de las comunidades para mantener sus radios son escasos. Si además de ello, las radios comunitarias son confinadas a frecuencias de difícil sintonización se les está condenando al olvido.
MEXICO: Punto de Referencia. Daniel Aceves Villagrán. "Oportunidades para mover a México"

Organización Editorial Mexicana
El componente Salud del PDH Oportunidades, que coordina y opera la Comisión Nacional de Protección Social en Salud se ha constituido como un eje que ha trastocado inercias que por más de tres lustros han existido en uno de los programas sociales icónicos más conocidos a nivel internacional, basta señalar que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha generado una migración del paquete básico garantizado de salud con trece intervenciones al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) con 27 intervenciones que incluyen vacunas insertadas en la cartilla nacional de vacunación vigente, una nueva suplementación para niñas y niños de 6 a 59 meses y para madres gestantes y lactantes de las 5.8 millones de familias que hoy reciben a través del Programa Oportunidades incentivos para incrementar las capacidades en alimentación, salud y educación con el propósito de interrumpir el ciclo intergeneracional de la pobreza
Por ello de igual forma el comisionado nacional de Protección Social en Salud, doctor Gabriel O'shea Cuevas ha rediseñado entre otras cosas los talleres de autocuidado para la salud a través de 9 determinantes de vida en donde se han privilegiado los temas de alimentación, obesidad y sobrepeso, detección de cáncer de mama, adicciones, violencia, planificación familiar y desarrollo infantil y una Estrategia Integral de Atención a la Nutrición (ESIAN), entre otros.
Uno de los logros más trascendentes se ubica en que 1.8 millones de personas de la comunidad Oportunidades se ha afiliado en los últimos meses al seguro popular, circunstancia que mejora sustancialmente la atención en 285 intervenciones que incluyen más de 1500 enfermedades y que son atendidas en los servicios estatales de salud del Distrito Federal y del IMSS Oportunidades, es pertinente.
Señalar que en esta constante de Mover a México destaca el Plan de Comunicación Indígena, que incluye más de la mitad de las 70 lenguas con más de 300 variables dialectales en 624 municipios determinados como indígenas y que a través de las unidades de primer nivel de atención y de las 24 radiodifusoras comunitarias de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se promueven mensajes para el autocuidado en salud que incluye lo familiar y lo comunitario, adicionalmente se han generado a través de Talleres Gráficos de México materiales impresos y utilitarios que promueven interactivamente la protección social en salud mediante historietas, pelotas imponchables, calendarios, videos, formatos y cuerdas para saltar.
Hay que destacar que muchas de estas actividades y acciones permean de manera acentuada en los municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre que al no ser un programa y sí una estrategia alinea y potencializa los recursos y las capacidades de los tres niveles de gobierno, en esta movilidad lo único que cuenta son los resultados, y como dicen los especialistas en la calidad "lo que no se puede medir, no existe", por lo que las alianzas con instituciones públicas y privadas de carácter nacional o internacional tendrán que abonar en la medición del impacto de estas transformaciones que cambiaran el destino y trayecto de vida de un número muy importante de quienes conforman el capital humano de nuestro país, ahora corresponde también llevar al terreno de la realidad el discurso presidencial para que haya un acceso efectivo, calidad en el servicio y prevención en materia de salud fundamentalmente con quienes son más vulnerables por estar por debajo de los indicadores multidimensionales de la pobreza, se tendrá que actuar con un sentido de urgencia promoviendo consensos entre todos los actores sociales. danielacevesv@yahoo.com.mx
CHIAPAS: Ha habido violencia de Estado contra zapatistas, concluye Tribunal Permanente de Pueblos

Hermann Bellinghausen / La Jornada
San Cristóbal de Las Casas. En la comunidad El Limonar, en la selva norte de Ocosingo, se celebró una preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), instancia internacional que culminará en noviembre próximo su capítulo México, cuando “denunciará y visibilizará ante la opinión pública nacional e internacional las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado”, hasta la fecha impunes.
El tribunal considera que las evidencias son suficientes “para presumir la comisión de crímenes de lesa humanidad” por el Estado mexicano, el cual “identificó a poblaciones que constituían o podían constituir base social para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y con ello definió un ‘enemigo interno’, objetivo de estrategia de contrainsurgencia que incluyó a miles de tzotziles, tzeltales, choles y zoques, de Las Abejas, Xi’nich, simpatizantes y bases de apoyo del EZLN”.
El dictamen subraya que la violencia de Estado no se dirigió “contra combatientes, sino también contra la población civil no combatiente, incluyendo niños y niñas”, lo cual “pone de manifiesto que el único factor común a todas las víctimas era su pertenencia a determinadas organizaciones”, y demuestra que aquellos actos fueron cometidos “con la intención de destruir total o parcialmente” a tales grupos.
Participaron en El Limonar testigos y sobrevivientes de hechos de gran violencia en comunidades choles de la zona Norte (Jolnixtié Sección I, Miguel Alemán, Usipá, El Limar, Saquil, Susuclumil, Masojá Shucjá, Masojá Grande y Chuctiejá); tzotziles de Chenalhó, integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, y desplazados de Viejo Velasco, todos “víctimas de la estrategia de guerra contrainsurgente y de exterminio contempladas en el Plan de Campaña Chiapas 94 e implementada por el gobierno mexicano a partir del levantamiento armado del EZLN, que dio como consecuencia decenas de desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos forzados, violencia sexual y masacres: crímenes de lesa humanidad que siguen en la impunidad”, expone el dictamen de la preaudiencia.
La diligencia fue convocada por medio centenar de organizaciones populares, estudiantiles, sociales, de derechos humanos nacionales e internacionales, así como los 74 de organismos que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, la Red de Radios Comunitarias (AMARC) que agrupa 35 proyectos radiofónicos, las 42 organizaciones de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México, y la Red Paz Chiapas, integrada por 10 organizaciones.
Participaron como jueces nacionales Alejandro Cerezo Contreras, Alejandro de Jesús Martínez Martínez, los arregladores tzeltales Carlos Núñez Ruiz y Juan Méndez Gutiérrez, Joel Heredia y Rubén R. García Clark. Éstos sentenciaron que los tres casos examinados “se enmarcan en luchas sociales y políticas de los pueblos y comunidades por el reconocimiento y reivindicación de la identidad y derechos indígenas”.
El tribunal resolvió “que se cometieron violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en la zona Norte, Viejo Velasco y Acteal, por conductas derivadas del accionar de grupos paramilitares como Paz y Justicia, o pobladores de la comunidad Nueva Palestina, o bien en Chenalhó, siempre “organizados por autoridades municipales, estatales y federales”.
El Estado mexicano “está obligado a la reparación integral de los daños”, determinó el tribunal. Reconoció en los declarantes firmeza, dignidad, constancia de su memoria, búsqueda de justicia y verdad. También “su valor ante las amenazas que puedan surgir después de las preaudiencias”. El TPP dijo observar con preocupación los hechos en la comunidad La Realidad, “donde fue ejecutado extrajudicialmente José Luis Solís López (votan Galeano), significando la continuidad de la política contrainsurgente en Chiapas”.
MEXICO: Selva Lacandona, patrimonio amenazado. Andro Aguilar

Reforma
Los aullidos de los monos saraguatos trepados en las copas de los árboles dan la bienvenida a los caminantes en un rincón de la Selva Lacandona. La gravedad de su lamento parecería corresponder a bestias monumentales escondidas en la espesa vegetación, y no a animales de medio metro de altura que buscan marcar su territorio con un sonido que alcanza hasta 2 kilómetros a la redonda.
Dos machos saraguatos intercambian aullidos desde puntos ilocalizables y adquieren un nivel de omnipresencia. Algo muy relevante para una especie en peligro de extinción.
Sobre la vereda, la temperatura ronda los 25 grados centígrados y hay una alta humedad. Los intrusos humanos, sudorosos, son un banquete para los incontables mosquitos. En un par de horas se pueden coleccionar más de 10 piquetes en una mano, sin necesariamente percatarse de ello.
Son las seis de la tarde. La hojarasca cubre casi por completo la vereda. Es un camino poco iluminado: la lucha de las plantas por captar la luz genera que sólo 5 por ciento de los rayos solares alcance a tocar el suelo. No cesa el sonido de los miles de insectos que interactúan con plantas y animales para sobrevivir y dar vida a la selva húmeda más grande en el hemisferio norte. Si se pone atención en la tierra, a cada paso por lo menos un bicho se mueve.

Sobresale por momentos el canto rechinante de las cigarras, que en la búsqueda de una hembra para aparearse insisten una y otra vez. No tienen opción: han esperado hasta 17 años para despegarse de la raíz de un árbol donde succionaban su alimento con la intención de fecundar y, entonces, sin posibilidad de volver a comer, esperar la muerte.
La espesura vegetal obliga a esquivar ramas y agachar la cabeza para seguir avanzando. Hay lianas delgadas que forman columpios y otras perfectamente anudadas cuyo grosor no es posible abarcar con una mano; también, hormigueros de cuatro metros de diámetro; árboles que han recorrido 10 metros en 20 años para alcanzar un poco de luz solar; ranas camufladas como hojas otoñales; hongos en forma de flores; siete especies de vainilla; pitas que servirían para cinturones de charros, magueyes que, trepados en la copa de un árbol para alcanzar rayos de luz, propician el nacimiento de otros ecosistemas con ranas, salamandras y víboras a decenas de metros de altura.
Entre la amplia diversidad de plantas y animales, sobreviven las enormes ceibas pentandras. Sus 500 años de vida les han permitido a esos árboles extenderse más de 60 metros hacia arriba y ensanchar su tronco a cinco metros. La ceiba es el árbol sagrado de los mayas, en cuya cosmovisión la copa significaba el supramundo; los contrafuertes esos soportes que llegan a medir hasta ocho metros desde el tronco representaban el inframundo, y el tronco, la realidad de ese pueblo indígena. Por eso no había que talarlos, si no los mayas perderían su realidad y, según sus poemas, una estrella del cielo.
Llegar a este punto, en el sur de la Reserva de la Biosfera Montes Azules (Rebima), sólo es posible a través del río Lacantún. A unos 200 metros hacia dentro.
Es sólo una estampa de un pequeño rincón de la Selva Lacandona, la fábrica de agua dulce más grande de México, que produce 30 por ciento de ese líquido para el país, y donde habitan 800 especies de mariposas diurnas, 114 especies de mamíferos, 54 especies de reptiles, 23 de anfibios y 341 de aves.
La Selva Lacandona es un espacio que ha sido deforestado en 70 por ciento de su superficie original en tres décadas, de 1.8 millones de hectáreas a poco menos de 500 mil. Pero sigue palpitando. Mario Olvera es un hombre moreno de ojos claros, tan serio que cuando ríe procura hacerlo hacia adentro. Habita en el sur de la Selva Lacandona desde hace tres décadas, en el ejido Boca Chajul, municipio Marqués de Comillas. Trabaja en la estación biológica.
Llegó en los años setenta, cuando el gobierno federal lanzó la convocatoria para poblar el territorio selvático de Chiapas. Había viajado desde Guerrero con 12 años de edad, acompañado de sus padres, sus seis hermanos y la ilusión de fincar una historia en un territorio inhóspito en el que reinaban los jaguares.
La vía aérea era la única opción de acceso: con avionetas que aterrizaban en pistas abiertas entre la selva o directamente en el río. Así lo hizo la familia de Mario Olvera, junto con personas provenientes de Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, entre otros estados, además de otras regiones de Chiapas.
Entonces no existía la carretera fronteriza de Palenque a Comitán, que se comenzó a construir en 1994 y fue inaugurada el 19 de junio de 2000 por Ernesto Zedillo.
La familia de Mario se estableció inicialmente en el ejido Galacia, pero las constantes inundaciones con agua proveniente del río Lacantún los hicieron buscar otra zona. Se mudaron a Chajul y reprodujeron lo que sabían hacer en su lugar de origen: sembrar maíz. Para ello tenían que tumbar la selva. Ése ha sido un patrón en las comunidades que llegaron a poblar el sur de la Selva Lacandona. Algunos se han dedicado a la agricultura en una tierra de menos de un metro de fertilidad y completamente dependiente de que el ecosistema persista. Otros han optado por la ganadería extensiva, echando abajo decenas de árboles para establecer potreros.
Durante décadas se ha reproducido ese modelo de consumo, que ha generado que sólo permanezca 30 por ciento de la superficie original forestada, concentrada principalmente en las áreas de protección natural, como la Rebima, y otros remanentes.
A lo largo de la carretera fronteriza de Palenque a Comitán, ya no sólo existen milpas de maíz o frijol, como ocurría en años pasados. Ahora una palma de aceite traída desde África a principios de los noventa ocupa gran parte del paisaje.
El cultivo obedece a un proyecto de reconversión productiva que pretende revitalizar como áreas de cultivo terrenos que son utilizados por los ejidatarios como potreros. La siembra de esta palma es impulsada por el gobierno estatal a través de la Secretaría del Campo, que otorga a los productores plantas para sembrar, y el Fondo Estatal de Desarrollo Comercial Agropecuario y Agroindustrial, que los respalda con financiamientos.
De acuerdo con Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA, del Banco de México, Chiapas ocupa el primer lugar en el cultivo de palma de aceite en México, con 38 mil 525 hectáreas establecidas, 70 por ciento de la superficie total en el país. En el cultivo de la palma también participa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), con apoyos financieros en proyectos de inversión para el establecimiento de la planta y para infraestructura productiva.
El rendimiento por hectárea de fruta de la palma rebasa, según FIRA, con 7 mil pesos por hectárea lo que recibiría un agricultor dedicado a productos típicos de la región. Pero el costo ambiental de esta práctica es alto. Aunque la iniciativa buscó sustituir potreros por sembradíos, la medida ha promovido de manera indirecta que algunos nuevos productores deforesten otras áreas de selva para no renunciar a la cría de ganado. Más palma y más potrero; menos selva.
Daniel, un joven que estudia el bachillerato en el ejido Zamora Pico de Oro, recuerda que el cultivo de la palma de aceite en esa región comenzó a realizarse aproximadamente tres años atrás. Al principio, dice, las familias buscaban participar en el cultivo de la palma, pero poco a poco algunos agricultores han perdido interés de sembrar por temor a que la tierra no dé la misma ganancia. Después de que termina su ciclo de productividad, el alto consumo de agua de la palma y la degradación de la tierra no permiten que esos terrenos sean utilizados nuevamente como sembradíos. El grado de desertificación es tal que algunos pobladores temen que no sirvan ni para potreros.
Otro factor que incide directamente en la preservación de la selva tropical de la región chiapaneca son las políticas públicas que terminan siendo contraproducentes por la contradicción entre sus objetivos.
Sin una agenda ambiental transversalizada, la Sagarpa y la Semarnat propician que los ejidatarios de la región elijan entre dos apoyos: recibir mil 300 pesos anuales para criar una cabeza de ganado, que consume en promedio alrededor de una hectárea de terreno, o conservar la selva a través del Programa por Servicio Ambiental, de la Comisión Nacional Forestal, con el que reciben mil pesos al año por cuidar una hectárea.
En la selva persiste también la tala ilegal de maderas, principalmente de la conocida como corazón azul, apreciada por su dureza y cuyos tablones de 12 pulgadas cuadradas son comprados en 30 pesos a los ejidatarios para sacarlos hacia China.
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