España. De país de emigrantes a país de inmigrantes: reflexiones practicas sobre la unidad de la sucesion en nuestro derecho internacional privado






descargar 147.36 Kb.
títuloEspaña. De país de emigrantes a país de inmigrantes: reflexiones practicas sobre la unidad de la sucesion en nuestro derecho internacional privado
página1/4
fecha de publicación12.06.2015
tamaño147.36 Kb.
tipoDocumentos
l.exam-10.com > Ley > Documentos
  1   2   3   4

España. De país de emigrantes a país de inmigrantes: 

REFLEXIONES PRACTICAS SOBRE LA UNIDAD DE LA SUCESION en nuestro DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO


 

Por Inmaculada Espiñeira Soto, Notario.

 

 I.- INTRODUCCIÓN.-

En este estudio me gustaría alejarme, en la medida de lo posible, de planteamientos excesivamente teóricos, para lograr encontrar una vía o camino que nos permita reconducir la interpretación que hemos de dar a este principio de UNIDAD de la sucesión en nuestro derecho internacional privado, en una realidad social, como la actual, en la que España de ser un país de emigrantes ha pasado a ser un país de inmigrantes y en la que nuestro sistema sucesorio internacional continua anclado en un punto de conexión: la nacionalidad.

A diferencia del trabajo anteriormente expuesto sobre Tratados Internacionales en materia sucesoria, que es una revisión bibliográfica, en éste, me he encontrado con enormes dificultades ante la escasez de Jurisprudencia y Resoluciones sobre el tema, y las existentes, dos que se centran en la materia, Resolución de 27 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999) y la reciente de 1 de marzo de 2005 (BOE de 21 de abril de 2005) no contribuyen, como a todos nos gustaría, a clarificar la cuestión que se centra básicamente en la contestación a una pregunta ¿“Que hacer y qué hemos de solicitar” ante la herencia de un extranjero con bienes en España?.

Este trabajo, lo he dividido en TRES PARTES:

La primera, en la que me gustaría dejar sentado que el principio de universalidad de la sucesión en nuestro ordenamiento jurídico interno se exterioriza en el ámbito internacional en otro principio, el de UNIDAD SUCESORIA y cómo el mismo presenta fisuras que a mi modo de ver son, cuando menos, lógicas.

La segunda o central, es un análisis de las citadas RESOLUCIONES, de la importante Resolución de 18 de Enero de 2005, y un análisis de escasa Jurisprudencia, y en la que intentaré, desde una visión particular, contestar a la pregunta planteada. En esta parte del trabajo diferenciaré si el causante extranjero ha otorgado o no testamento u otra disposición mortis causa en España, y de no otorgarlo en España si no ha manifestado en modo alguno su última voluntad o si ha otorgado testamento en algún otro Estado, y de haber manifestado su última voluntad en nuestro territorio cómo se ha de afrontar la escritura en virtud de la cual los beneficiarios designados en el testamento se adjudican los bienes, bien sea mediante la escritura de manifestación de herencia, o de entrega o manifestación de legado.

Y finalizaré el estudio con unas CONCLUSIONES.

II.- PRIMERA PARTE. LA UNIDAD SUCESORIA.

DOS FORMAS DE ENFOCAR Y CONTEMPLAR UN FENÓMENO: EL SUCESORIO.

Cuando observamos el mapa jurídico internacional en materia sucesoria, nos encontramos con dos formas de enfocar el tema sucesorio:

  1. Una de ellas, de la que formamos parte, responde a los principios de unidad, una única ley regula el fenómeno sucesorio, y universalidad de la sucesión, este último principio íntimamente ligado a la idea de la subrogación en la posición jurídica del causante.

El epicentro radica en la persona del fallecido y en la ficción de que los herederos son continuadores de su personalidad.

Imaginemos un causante como un atleta en una carrera de relevos; en sus manos lleva un testigo, lo sujeta fuertemente e inicia la carrera; si nos fijamos atentamente, en el interior del testigo que en sus manos lleva, hay una serie de hilos de diversos colores, son sus bienes muebles e inmuebles, derechos, obligaciones, responsabilidades, Algunos de esos hilos han enraizado en distintos territorios y naciones, pero el sigue corriendo y el testigo es uno, a veces es más llevadero otras veces más pesado, pues, ha contraído más obligaciones y responsabilidades; al llegar a la meta el testigo es entregado a sus herederos los cuales continúan la carrera.

No obstante, hay una serie de derechos y obligaciones que se extinguen, desaparecen con la muerte de nuestro atleta (Vgr derechos y deberes de familia) y otras obligaciones las incorpora y crea el mismo (legados, cargas, modos testamentarios); esto es, el heredero se encuentra con una serie de obligaciones creadas ex novo por el causante en el momento en que le entrega el testigo. No obstante, el testigo es uno y una la sucesión, ésta mantiene una unidad. En nuestro ejemplo, tal unidad viene determinada por la ley nacional del causante, la nacionalidad de nuestro atleta. Es verdad que son muchos y variados los hilos que observamos en su interior, pero sigue siendo uno solo el testigo, una sola la sucesión.

B) La otra se asienta sobre cimientos bien distintos, se basa en una concepción dinámica del fenómeno sucesorio, cuyo epicentro está en los bienes, no en la sustitución de la persona del de “cuius”; de ahí que, en esta forma de enfocar el fenómeno sucesorio la intervención de la autoridad pública es mayor. En el sistema denominado anglosajón, entre el causante y sus favorecidos se interpone un administrador o ejecutor, fuertemente controlado por la autoridad del foro, que tiene la misión de liquidar el patrimonio relicto y atribuir el saldo activo a los beneficiarios. Si lo nombra el testador, el juez advera el testamento (son muchos los testamentos “privados”) y por así decirlo, ratifica su nombramiento y de faltar la designación testamentaria de dicho ejecutor, el órgano judicial procede a suplir tal falta, nombrándolo.

Precisamente por ser el centro de gravedad los bienes, obedece dicho sistema a principios diferentes, la territorialidad y fragmentación del fenómeno sucesorio.

Por consiguiente:

Conforme a la primera concepción, la sucesión mortis causa se somete a una misma y única ley (generalmente la nacionalidad, o domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento).

Y, conforme a la segunda concepción, se produce una fragmentación del fenómeno sucesorio, el cual se rige por una pluralidad de leyes, tantas, Vg., como países en los que el causante tenga bienes.

NUESTRO ORDENAMIENTO- Comienzo invitando a juristas y no juristas a abrir las paginas del Código Civil español, y concretamente vamos a situarnos en el artículo 9.8 objeto de este estudio, artículo que literalmente, en la primera parte del citado punto, dice: “ La sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren. Sin embargo las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento conservarán su validez, aunque sea otra la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en su caso, a esta última”.

El Código Civil, por tanto, sigue el principio de unidad de la sucesión internacional.

La universalidad de la sucesión en el plano de nuestro ordenamiento jurídico interno se trasluce en el plano internacional en el principio de unidad sucesoria.

Y ¿Por qué el punto de conexión se le otorga a la nacionalidad?

CASTELLANOS nos dice que no sólo responde a la concepción personalista de la sucesión, sino al afán de proteger a los herederos españoles en las sucesiones de españoles fallecidos en el extranjero.

Y obedece, como señala buena parte de la doctrina, y al margen de antecedentes jurídicos e influencias de otros ordenamientos, a dos ideas:

-la protección del ciudadano español en parte, y en parte también

-al propio refuerzo de la soberanía nacional: “si mis hijos (pensó el legislador español) han de buscar el pan más allá de nuestras fronteras, lleven en su equipaje su ley nacional y allá donde establezcan sus raíces, ésta les acompañe”.

Este artículo es el que materializa la unidad sucesoria; pero

¿ Qué entendemos por unidad y universalidad de la herencia o sucesión?

Unidad implica cualidad de lo que es uno y tratamiento unitario. Universalidad hace referencia a un conjunto de cosas en su totalidad general con independencia de los elementos singulares que la integran, y tratándose de la herencia al hecho de la comprensión en la misma del conjunto de bienes, derechos, acciones, obligaciones y responsabilidades del causante que no se extinguen con su muerte y fuertemente vinculado a este principio de universalidad, la idea de la subrogación en la posición jurídica del causante (en esa universalidad) por el heredero o herederos.

UNIDAD SUCESORIA EN LA JURISPRUDENCIA.

Para nuestra Jurisprudencia, no es más que el sometimiento de las cuestiones de fondo que plantea la sucesión a una única ley. Así lo entienden las sentencias del TS de 15 de Noviembre de 1996, 21 de Mayo de 1999 y 23 de Septiembre de 2002, las cuales, al estudiar el tema del reenvío nos dicen que el mismo encuentra sus limites en los principios de unidad y universalidad de la sucesión del DIPr español, reenvío que habrá de rechazarse si lleva a un fraccionamiento de la sucesión, y esta misma unidad sucesoria incide en otro principio que ha de regir el Derecho Internacional, que no es otro que el logro de una armonía internacional de soluciones; esto es, para nuestro TS el reenvío solo es admisible si, aplicando la ley española se alcanza un resultado similar al que se hubiera alcanzado si se hubiera aplicado la ley extranjera (sin embargo, este último requisito no fue aplicado en la STS de 23 de Septiembre de 2002). El Reenvío nos dice el TS en Sentencia 15 de Noviembre de 1996 debe entenderse como modo de armonización de sistemas jurídicos de distintos Estados.

Por tanto, son los principios de unidad y de universalidad de la sucesión los que presiden, como contrarios a todo fraccionamiento legal, la regulación del fondo de la misma.

Veamos distintos pronunciamientos de nuestros tribunales y como en todos ellos la unidad sucesoria es entendida, en tal sentido.

SAP de Alicante de 7 de junio de 2001 no aceptó el reenvío de primer grado porque los bienes del causante de nacionalidad inglesa, se encontraban en España y en Inglaterra y de admitirse se habrían vulnerado los principios de unidad y universalidad de la sucesión puesto que la sucesión del causante inglés se habría regulado por varias leyes y en el mismo sentido las sentencias de la AP Málaga de 13 de marzo de 2002 y la de la AP Alicante de 10 de marzo de 2003 y las sentencias antes referidas de nuestro TS. No obstante, la última de ellas, STS de 23 de Septiembre de 2002, ha sido criticada por varios internacionalistas al entender que nuestro Tribunal no tuvo en cuenta el reenvío como un mecanismo sólo admisible cuando se logra una armonización internacional de soluciones (puesto que olvidó el principio rector de derecho ingles de libertad de testar).

Una vez sentado que, conforme a nuestra legislación rectora de la sucesión internacional, la sucesión se ha de regir por una única ley, la del causante al tiempo del fallecimiento, nos encontramos con roturas a tal principio en nuestra propia legislación, fisuras lógicas:

La primera, obedece al intento de preservar la voluntad expresada por el causante,

La segunda, reforzar el vinculo del particular con el tribunal que ha de entender sobre el tema sucesorio,

y la tercera, obedece a otro principio, propio de cualquier cooperación, buscar un punto de encuentro y el respeto mutuo.

La primera la encontramos en el propio artículo 9.8 del Código civil cuando dice, “ Sin embargo las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento conservarán su validez, aunque sea otra la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en su caso, a esta última”.

En otros términos, en muchas ocasiones habremos de tener en cuenta dos leyes:

UNA: la ley nacional o la vecindad civil del disponente en el momento de otorgar su disposición testamentaria y

OTRA: la ley nacional o la vecindad civil del disponente en el momento de su fallecimiento.

Y la cuestión no es baladí, clásico es el ejemplo que, a nivel interregional, expone la doctrina (Adolfo Calatayud): Si una persona de vecindad civil catalana establece una sustitución para caso de premoriencia en su testamento y después fallece bajo vecindad civil común, habremos de tener en cuenta que en Cataluña la sustitución para caso de premoriencia se extiende a todos los supuestos en que el sustituido no quiera o no pueda aceptar la herencia y sin embargo, en derecho común sólo se extiende al caso expresamente recogido. Y con toda probabilidad al hacer el testamento, bajo vecindad civil catalana, la voluntad del testador era que el sustituto llegase a ser heredero en todos los supuestos en que la sustitución pudiese tener lugar.

Se trata pues de fortalecer el principio de AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD.

La segunda, se halla contenida en Ley Orgánica del Poder Judicial,” Artículo 22: En el orden civil, los juzgados y tribunales españoles serán competentes: ....3....en materia de sucesiones, cuando el causante haya tenido su último domicilio en territorio español o posea bienes inmuebles en España.”

PRECEPTO AVANZADO pero ¿y la nacionalidad del causante?. Desaparece. En definitiva, si un ciudadano español vive en Inglaterra y sus bienes están situados en Inglaterra, nuestro tribunal español de entrada no es competente, pero además, ni tan siquiera por parte del tribunal inglés se aplicará la ley española ya que, al responder el derecho inglés a la segunda concepción de enfocar el fenómeno sucesorio, aplicará la ley inglesa. Efectivamente, el derecho internacional privado inglés establece en materia sucesoria que la herencia de los inmuebles se rige por la ley de su situación y la herencia de los muebles por la ley del lugar de la última residencia del causante.

Sigamos con ejemplos:

a) En el Reino Unido, como hemos visto en la introducción, se interpone entre el causante y beneficiario, un administrador o ejecutor, con la misión de liquidar el patrimonio, ejecutor controlado por la autoridad judicial, ya que, si lo nombra el testador, el juez advera el testamento y lo confirma o ratifica en su nombramiento y, si el testador no lo nombra, lo nombra el juez. Por consiguiente, un ciudadano heredero de un causante español, con bienes en España y en Inglaterra difícilmente podrá tomar posesión de los bienes inmuebles situados en Inglaterra, sin intervención de la autoridad pública judicial inglesa, nombrando un ejecutor.

Luego, nuestro principio en el momento del traslado posesorio, nunca hemos dejado de hablar de causantes españoles, quiebra.

b) Alemania, no debería en principio plantear problema, ya que, al igual que nosotros, sigue un principio unitario en materia sucesoria, y con conexión personal, luego, respiramos; si un ciudadano español tiene bienes en España y en Alemania, o sólo en Alemania pero su último domicilio lo tiene en España, nuestros tribunales son competentes (artículo 22.3 LOPJ) conocerán de toda la sucesión con arreglo al derecho español y ¿qué ocurrirá cuando quieran hacer efectiva su sentencia en Alemania?, En principio sin problema, pero el artículo 25 de la ley de introducción al Código Civil Alemán (EGBGB) tras establecer en su primer apartado que la sucesión en derechos mortis causa está sujeta a la Ley del Estado al que pertenecía el testador en el momento de su muerte; añade que “el testador podrá elegir el derecho alemán en forma de disposición mortis causa para el patrimonio inmueble ubicado en territorio nacional” (alemán)

Por consiguiente, cuando el causante español elija el derecho alemán para el patrimonio inmueble ubicado en Alemania, y se quiera reconocer la sentencia en Alemania, nos encontramos con el convenio bilateral firmado con Alemania sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones y transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil de 14 de noviembre de 1983. Instrumento de ratificación 18 de enero de 1988 y Acta de Canje de 19 de Enero de 1988. Un convenio aplicable en materia sucesoria que, a diferencia de otros, introduce el control de la ley aplicable. Efectivamente el artículo 6 dice textualmente: 1) el reconocimiento no podrá ser denegado por el solo motivo de que el Tribunal que haya dictado la resolución hubiera aplicado una ley distinta a la que hubiese correspondido de acuerdo con las normas de Derecho Internacional Privado del Estado requerido (En este caso, Alemania) 2) Sin embargo, el reconocimiento podrá ser denegado por dicho motivo, si la resolución viene determinada por....derechos sucesorios...., salvo que se hubiese llegado a igual resultado de aplicar las normas de Derecho Internacional Privado del Estado Requerido. El artículo 2. 4 nos aclara que, por Estado Requerido, se entiende aquél en cuyo territorio tenga lugar el reconocimiento o se solicite la ejecución. En definitiva, la situación puede ser claudicante.

Y la tercera fisura.- Nuestro sistema sucesorio internacional en principio, no sólo sigue el principio de unidad legislativa, además sigue el principio de unidad judicial. Me explico: una vez que nuestro tribunal es competente en materia sucesoria, ya sea porque el causante ha tenido su último domicilio en territorio español o posee bienes inmuebles en España, puede conocer sobre TODA la sucesión, y lo hará con arreglo a la ley nacional del causante.

Nosotros hemos firmado con diversos Estados, distintos convenios bilaterales de cuyo ámbito de aplicación no se excluyen los litigios sucesorios, y como alguno de los Estados con los cuales hemos firmado estos convenios siguen un criterio de fragmentación no sólo legislativa sino también judicial en materia sucesoria, hemos respetado su criterio, y al exigirse en muchos de estos convenios el control de la competencia del Juez de origen o el de la ley aplicada, se pueden producir sentencias claudicantes (esto es, válidas en el país de origen, país que dicta la sentencia pero inválidas en el país de destino, país requerido, donde se pretende el reconocimiento de la sentencia)

La profesora CASTELLANOS RUIZ, nos pone el siguiente ejemplo, un Tribunal español partiendo de la unidad judicial, se declara competente para conocer toda la sucesión de un nacional francés porque el causante tenía un bien en Granada, artículo 22.3 de la LOPJ, además el causante tiene bienes en Francia. El Tribunal español resolverá con arreglo a derecho francés (ley nacional del causante) pero la Sentencia no se reconocerá en Francia porque no respeta la competencia del juez de origen. Efectivamente, el artículo 7.4 del Convenio Hispano-Francés (28 de Mayo de 1969, instrumento de ratificación 15 de enero de 1970) como parte del fraccionamiento judicial, considera competentes a efectos de reconocer y ejecutar una sentencia en esta materia a los tribunales del lugar de situación del inmueble; luego con arreglo a este convenio sólo puede conocer el Tribunal Español de la sucesión del bien inmueble situado en España. El texto de este convenio se puede encontrar en http://www.notariosyregistradores.com/LEYESEXTRANJERAS/TRATADOS.htm, sección internacional

Y no sólo éstos son los únicos ejemplos de tales fisuras; así, en el marco de los conflictos internos, interregionales, nos encontramos con el siguiente ejemplo propuesto por IRIARTE: en el caso de un vizcaíno de villa que tenga bienes raíces sitos en el infanzonado, su sucesión no se rige por una sola ley, sino por dos: por el derecho civil de Vizcaya respecto de los bienes troncales y en cuanto a los demás bienes por el derecho común.

Todo ello, ha llevado a diferentes autores a plantearse si la unidad sucesoria está en crisis, y sí es realmente un principio.

Ortiz de la Torre se muestra crítico con el artículo 9.8, porque la aplicación de la ley nacional del causante a toda la sucesión es, en principio, respecto de los bienes sitos fuera de España, ineficaz, ya que el Juez sólo puede garantizar el cumplimiento de la Sentencia respecto de los bienes que se hallen en el territorio de su Estado; los convenios reguladores del reconocimiento y ejecución de sentencias no son suficientes.

Aquí finaliza la primera parte de este trabajo y nos queda cierto sabor amargo al constatar que la protección del ciudadano español y la aplicación del derecho español más allá de nuestras fronteras no es tan real y fácil con relación a los bienes de los españoles sitos en el extranjero.

No obstante, el principio de UNIDAD sucesoria interpretado dentro de unos contornos lógicos, es la solución idónea, y el sistema de unidad sucesoria es el adoptado por el Convenio de la Haya de 1 de Agosto de 1989, sobre ley aplicable a las sucesiones mortis causa- convenio que no está en vigor para España.- si bien su ámbito de aplicación está limitado a la delación hereditaria, esto es, no se aplica, en principio, a la administración y partición de la herencia, consciente de la vinculación de estos temas con la lex fori y lex sitae.

Una vez finalizada la primera parte de este trabajo, éstas son mis conclusiones:

  1. - Lo criticable no es el “principio” de unidad sucesoria, aún reconociendo que se puedan producir situaciones claudicantes, y no es criticable porque es más acorde con la voluntad privada: el causante goza de una mayor certeza jurídica sobre el derecho que se le va a aplicar, uno sólo, con lo cual no tiene porqué andar indagando en función de los distintos territorios donde tenga bienes si se aplicará esta u otra ley y sobre todo, si su voluntad tendrá éstas u otras limitaciones legales.

  2. - Lo criticable es seguir aferrados a la nacionalidad del causante como punto de conexión y no abrir las puertas a la posibilidad de que el otorgante de una disposición mortis-causa, pueda escoger la ley que ha de ser aplicada a su sucesión entre aquellas con las que tiene estrechos vínculos.

  3. - Todo pues, se ha de reconducir a cómo hemos de interpretar el indicado principio de unidad sucesoria teniendo en cuenta que hay fisuras en el mismo.

III. SEGUNDA PARTE. ACREDITACION DOCUMENTAL EN LA SUCESIÓN.

¿ “Que hacer y qué hemos de solicitar” ante la herencia de un extranjero con bienes en España?.

Cuando nos encontramos con la herencia de una persona de nacionalidad extranjera en nuestros despachos es porque el mismo tiene vínculos con nuestro territorio, posee inmuebles generalmente u otro tipo de bienes, entendidos éstos en amplio sentido.

Puesto que nosotros somos Estado soberano y la organización de la publicidad y la del trafico inmobiliario y protección de terceros en dicho trafico se rige por la ley de situación de los mismos, ( artículo 10 del Código Civil), en todo caso, hemos de solicitar de los interesados en la sucesión: Certificado de defunción o declaración de fallecimiento y Certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad Español, máxime, si el causante tiene inmuebles en nuestro territorio, lo que acontece en la mayoría de los supuestos.

A continuación y tras la consulta efectuada al Registro General de Actos de Ultima Voluntad español , y para una mejor sistematización de la materia distinguiremos:

I. SI EL CAUSANTE EXTRANJERO NO OTORGÓ TESTAMENTO EN ESPAÑA

En este caso, conscientes de que el artículo 9.8 del Código civil nos remite a la ley nacional del causante, el notario, solicitará, del heredero o legatario del causante extranjero, el título sucesorio que se adecue a su ley nacional.

Pero, ¿qué es el título sucesorio?: el documento o conjunto de documentos que permiten sostener que una persona es heredera de otra y cuyo contenido se adecua a la ley nacional del causante, ya que, nuestra norma de conflicto- artículo9.8 del C.c- nos remite a ella, salvo supuesto de reenvío de primer grado y a favor de la ley española.

Y nos podemos encontrar con que:

a) La persona interesada en la sucesión, nos presenta un título, que emana de una autoridad, generalmente de un órgano jurisdiccional o de un notario, y que se adecua en cuanto al fondo a su ley nacional y del que se deduce que el causante no otorgó testamento.

Nos encontramos, pues, con una declaración de herederos abintestato o documento equivalente.

La declaración de herederos en cuanto al contenido se ha de adecuar a la ley nacional del causante; esto es, la ley nacional del causante en principio, salvo el supuesto de reenvío a favor de la ley española, es la que determina:

- cuándo procede la apertura de la sucesión intestada,

- personas llamadas a ella,

- orden y cuantía de los derechos sucesorios.

Una vez que el contenido está aclarado, valiéndonos de las pruebas que tengamos a bien, contenido que se adecua a la ley nacional del causante ó a la nuestra si procede el reenvío, puede suceder que el titulo formal, proceda:

a´) De una Autoridad perteneciente al Estado del que es nacional el causante.

De una Autoridad no perteneciente al Estado del que es nacional el causante.

De Autoridad española.

Comencemos por nosotros,

De conformidad con la Resolución de la DGRN de 18 de Enero de 2005, nosotros somos competentes para autorizar el acta de declaración de herederos de un súbdito extranjero (obviamente, cuando los herederos sean descendientes, ascendientes o cónyuge del finado extranjero).

En la consulta planteada se hacía referencia a un súbdito extranjero domiciliado en España, lo cual en principio es lógico, habida cuenta que en estos casos la vinculación del causante con el territorio en que el notario es competente facilitará la labor de éste de poder -con arreglo al procedimiento al que ha de ajustarse en todo caso- artículo 209 bis del RN-, acreditar hechos y atribuir derechos.

Con mayores dificultades, también podrá hacerlo el notario con competencia en el lugar del fallecimiento del causante y, en su defecto, el competente en el lugar en que radicare parte considerable de los bienes o cuentas bancarias del causante, en estos últimos supuestos sólo cuando el causante nunca hubiese tenido domicilio en España.

Quiero hacer hincapié aquí en tres pronunciamientos de esta resolución importantes:

1.- El notario español es competente para tramitar actas de notoriedad para la declaración de los herederos abintestato de un causante extranjero. Es competente para hacerlo y su declaración tendrá, al menos, plenos efectos en territorio español (aquí se aprecia la vis atractiva de la territorialidad).

2.- El expediente de declaración de herederos en su aspecto procedimental, ya se tramite ante notario, ya ante un juez, se sujeta a la ley española, por ser ésta la competente para regular el procedimiento seguido ante un funcionario español.

3.- y que la ley extranjera, salvo el reenvío, es la llamada a regular el fondo de la sucesión , artículo 9.8 (quedan a salvo también los apátridas)

Dicho esto, la declaración de que determinadas personas, descendientes, ascendientes o cónyuge del finado, son los únicos herederos abintestato, si el causante es extranjero ¿ha de obtenerse necesariamente mediante acta de notoriedad tramitada por notario español hábil para actuar? ¿ Es inexcusable nuestra función?

En buena técnica jurídica, podríamos pensar que sí.

Si nos atenemos a nuestras previsiones legales y reglamentarias (arts. 977 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, artículo 209 bis del RN) es competente un notario español siempre y cuando sea hábil para autorizarla y no establecen dichos preceptos diferencias por razón de nacionalidad.

De la misma manera, el artículo 22.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye competencia a los tribunales españoles en materia sucesoria cuando el causante cualquiera que sea su nacionalidad, haya tenido su último domicilio en territorio español o posea bienes inmuebles en España.

Y a mayor abundamiento, la DGRN en su resolución 11 de marzo de 2003, establece que: “Las actas notariales de declaración de herederos ab intestato constituyen un documento singular que, por mandato legal participa de la misma naturaleza de Jurisdicción voluntaria que gozaba el pronunciamiento judicial sustituido y en consecuencia, los efectos de este documento notarial son los mismos que en su momento tuvieron los documentos judiciales en relación al título sucesorio abintestato”.

De estos preceptos, deducimos, además, que el notariado, no puede ser “un notariado cómodo”; a medida que las comunicaciones y relaciones entre funcionarios de distintos Estados es mayor; a medida que se desarrolla la cooperación internacional en las distintas esferas y que la labor del Consejo General en este campo prolifera, no puede el notario individual en su despacho adoptar una posición cómoda, ha de hacer un esfuerzo positivo en este sentido porque prestamos servicio en cada momento a la sociedad que nos toca vivir. Esto no quiere decir que seamos imprudentes.

Efectivamente, la DGRN, en la importante resolución citada, es consciente de que nuestro sistema es extraordinariamente organizado; el notario español acredita hechos y atribuye derechos. Y cómo hemos de ajustarnos a nuestro procedimiento, hemos de acreditar la inexistencia, invalidez e ineficacia de los llamamientos voluntarios, esto es, acreditar los supuestos de hecho que pueden dar lugar a la apertura de la sucesión intestada y además acreditar la relación de parentesco. Y si en derecho español ambos extremos son claros mediante la prueba documental pública que suministra tanto el Registro General de actos de Última Voluntad como el Registro Civil; en otros Estados, la acreditación no es tan sencilla.

No todos los países tienen instaurado un Registro de Ultima Voluntad; sí, los países firmantes del Convenio de Basilea, y otros toman nota de los testamentos otorgados en el propio Registro Civil, o tienen alguna otra forma de publicidad de los títulos sucesorios. En estos supuestos hemos de solicitar dicha información.

Y una vez que hemos logrado acreditar por notoriedad los hechos en que se funda la declaración de herederos – 209bis 6ª. “ Ultimadas las anteriores diligencias hará constar el Notario su juicio de conjunto sobre si quedan acreditados por notoriedad los hechos en que se funda la declaración de herederos- hemos de atribuir derechos- En caso afirmativo declarará que parientes del causante son los herederos “abintestato”, siempre que todos ellos sean de aquellos en que la declaración corresponde al notario- y para ello se ha de probar el derecho extranjero y al respecto dejar constancia de que:

La prueba del derecho extranjero es una carga que tiene a su cargo quien promueve el acta de declaración de herederos.

No obstante, si por cualquier razón el notario poseyese conocimiento del derecho extranjero aplicable podrá de oficio proceder a su aplicación (artículo 36.2 del RH)

La prueba del Derecho extranjero debe proyectarse sobre su contenido y vigencia y también sobre su común interpretación jurisprudencial en el Estado de proveniencia (ojo con disposiciones transitorias).

Finalmente en cuanto a los medios probatorios, es una cuestión procedimental sujeta a la lex fori, por lo que nuestro Derecho inspirado por el principio de prueba libre, sigue un sistema de “textura abierta” en cuanto a la acreditación del Derecho extranjero. Cabe destacar como medios idóneos los medios documentales, particularmente la documentación pública y los medios periciales.

La Dirección General consciente de las exigencias de nuestro procedimiento, señala que, en el caso de nacionales de Estados extranjeros que no tengan organizado un sistema registral mínimamente desarrollado, equivalente al nuestro, cuyos libros no sean susceptibles de aportar una prueba suficiente sobre la relación de parentesco, puede ser prudente inadmitir el requerimiento inicial, si no se acompaña una elemental base documental pública; otras veces, la no admisión del requerimiento inicial vendrá determinado por la dificultad de probar el derecho extranjero y en este sentido también señala la citada Resolución que en el caso de que la parte instante del acto no despliegue la correspondiente actividad probatoria, deberá desestimarse la pretensión de declaración hereditaria pues no puede el notario aplicar la ley material española.

Esto implica que frecuentemente, el titulo sucesorio, Declaración de Herederos, procede de una Autoridad perteneciente al Estado del que es nacional el causante.

En la práctica, nuestra labor muchas veces, se ciñe, a la hora de tramitar el acta de notoriedad de la declaración de herederos abintestato de un causante extranjero, a los supuestos en que las Autoridades del país del que es nacional el causante no son competentes, por no tener bienes el causante en el mismo y por no estar domiciliado en él; supuesto, en que la vinculación del causante con nuestro territorio es mayor y más sencillo el ejercicio de nuestro ministerio.

Partiendo de la base de que, en ocasiones, nosotros no estaremos en condiciones de emitir un juicio de notoriedad, nos encontraremos con qué la Declaración de Herederos, título sucesorio, procederá de una Autoridad perteneciente al Estado del que es nacional el causante; si la Autoridad de la que emana tal Declaración de Herederos, es Autoridad Judicial o Notario con función de fe pública en la esfera extrajudicial similar a la nuestra y con procedimiento parecido en la tramitación de las mismas, respiramos; pero, sucede, a veces, que los interesados en la sucesión del causante extranjero, nos presentan una declaración ante determinadas autoridades, que no son órganos jurisdiccionales y no son fedatarios en la esfera extrajudicial; esto es, nos presentan títulos, que ¿son adecuados a la ley del foro?, o sea ¿a nuestra legislación?; pongo por ejemplo, simple manifestación ante alcalde, declarando determinadas personas ser herederos de otra u otras. Estas declaraciones sustitutivas son frecuentes en Italia.

En tales supuestos, la doctrina mayoritaria sostiene que como nuestra norma de conflicto remite a la ley nacional del causante al tiempo del fallecimiento y dichos títulos son títulos sucesorios con arreglo a su ley nacional, nada hay que decir.

Pero, a mi modo de ver, cuando el causante no ha exteriorizado o manifestado su última voluntad, sin perjuicio de que se imponga en cuanto al fondo la ley nacional del causante salvo reenvío de primer grado y a favor de la ley española ó, estemos ante el supuesto del artículo 9.10; el TITULO, entendido como documento que contiene la declaración de herederos, aunque guarde una clara conexión con la ley que rige el fondo de la sucesión, es una cuestión de índole procedimental y formal en intima relación con la ley del foro, esto es, la ley que regula la competencia, atribuciones y esencia de la función de la autoridad de la que emana tal declaración de herederos o de la autoridad que ha de recepcionar tal declaración de herederos; autoridad que se ha de ajustar, al menos en derecho continental, a las formalidades y procedimiento de la ley del Estado que le ha investido de su condición de tal.

Esto es, entran en juego dos Autoridades de dos foros distintos, la Autoridad del foro del que emana la declaración de herederos-Estado emisor- y la del foro que recepciona e integra esa declaración -Estado receptor.-

Y en este caso, creo que el principio de equivalencia de competencia y funciones de la autoridad autorizante, puede ser aquí aplicado, basándonos en el principio de reciprocidad.

No hemos de olvidar que la condición de heredero no se adquiere ni por el auto judicial ni por el acta notarial de declaración de herederos ab intestato, no son constitutivos de determinada situación jurídica pero si que declaran formalmente la existencia de esos herederos, designando e identificando a determinados parientes del causante como herederos intestados; de ahí la importancia de que se base en hechos notorios constatados a lo largo de un procedimiento.

Particularmente, me encuentro más tranquila, ante una declaración de herederos de un causante español residente en el extranjero y desvinculado de nuestro territorio que adecuándose a nuestra ley material, emana de notario extranjero con funciones similares a las nuestras que, ante una declaración ante determinadas autoridades extranjeras de causante extranjero con bienes en España y todo ello, a pesar de nuestro punto de conexión : la nacionalidad.

Por ello, a mi me resulta extraordinariamente chocante, admitir sin más adiciones y complementos este tipo de declaraciones sustitutivas y, en base a ellas, desplegar todo el sistema de seguridad jurídica preventiva del notariado español ya que el bien está aquí, no allá.

A mi modo de ver, no es materia de fondo de la sucesión; ni desde otro punto de vista, es un simple ropaje o mera formalidad; nuestra labor al autorizar un acta de Declaración de herederos es función de control de legalidad, es función que nos ha encomendado nuestro Estado; desconozco los controles y garantías- seguros de responsabilidad civil, procedimientos que otros foros pongan a disposición de los ciudadanos que tengan bienes en su territorio- adicionales que puede prestar otro Estado; pero, nuestro Estado, apuesta por el notariado como medio de seguridad jurídica preventiva.

No creo, pues, que el punto de conexión nacionalidad pueda alcanzar dicho extremo.

En la citada Resolución y en el informe de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, se relaciona un elenco de países que admitirían o no admitirían nuestra Declaración de Herederos de causante extranjero y así se nos dice que la admitirán aquellos países en que esté expresamente admitida la competencia notarial en materia de declaración de herederos y habla tanto de leyes correspondientes a la nacionalidad del causante como de leyes de otros países en los que el causante haya dejado bienes.

Y a la inversa, ¿estamos dispuestos a admitir cualquier título? En caso de españoles residentes en territorio extranjero desvinculados de nuestro país y que heredan algún bien inmueble en nuestro territorio ¿estaríamos dispuestos a admitir esos títulos con igual tranquilidad?

b´) De una Autoridad NO perteneciente al Estado del que es nacional el causante distinta de notario o juez español.

La solución es la misma.

CONCLUSIÓN: Si la declaración de herederos se adecua a la ley nacional del causante, en cuanto al contenido –con la excepción del reenvío de primer grado y a favor de la ley española, cuando proceda- y emana:

de Autoridad española competente -esto es lo perfecto y lo ajustado estrictamente a Derecho-, ó al menos,

de autoridad notarial con equivalencia de funciones a la que podemos desarrollar los notarios en la esfera y ámbito del notariado latino o de órganos jurisdiccionales- ya que, en esta materia no olvidemos que cuando nosotros, notarios, autorizamos una declaración de herederos, autorizamos un documento que participa de la naturaleza de acto de jurisdicción voluntaria,

procederemos a realizar la documentación de la herencia, siempre y claro que tal documento esté legalizado y en su caso, traducido. No es necesario Exequátur. Sobre la no necesidad de Exequátur de los actos de Jurisdicción voluntaria, véase el trabajo de Antonio J. Jiménez Clar, El patrimonio familiar, profesional y empresarial. Sus protocolos. Tomo III, página 422, en el que trae a colación la Resolución de la DGRN de 23 de Febrero de 2001 y diversos Autos del TS, en este sentido.
  1   2   3   4

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

España. De país de emigrantes a país de inmigrantes: reflexiones practicas sobre la unidad de la sucesion en nuestro derecho internacional privado icon1980 el proceso se invirtió y, de ser un país de emigrantes, España...

España. De país de emigrantes a país de inmigrantes: reflexiones practicas sobre la unidad de la sucesion en nuestro derecho internacional privado iconLa poesía gauchesca es una forma rioplatense original surgida durante...

España. De país de emigrantes a país de inmigrantes: reflexiones practicas sobre la unidad de la sucesion en nuestro derecho internacional privado iconUn país subyugado al narcotráfico le tocó recibir a Virgilio Barco...

España. De país de emigrantes a país de inmigrantes: reflexiones practicas sobre la unidad de la sucesion en nuestro derecho internacional privado icon“Cataluña y el País Vasco, El país Vasco y Cataluña, son dos cánceres...

España. De país de emigrantes a país de inmigrantes: reflexiones practicas sobre la unidad de la sucesion en nuestro derecho internacional privado iconEs para mí un gran placer encontrarme aquí, en España, país en el que he vivido
«Canada’s really big» [«Canadá es muy grande»], pero su población es comparativamente pequeña. Oficialmente, se trata de un país...

España. De país de emigrantes a país de inmigrantes: reflexiones practicas sobre la unidad de la sucesion en nuestro derecho internacional privado iconDerecho internacional privado

España. De país de emigrantes a país de inmigrantes: reflexiones practicas sobre la unidad de la sucesion en nuestro derecho internacional privado iconMaterial elaborado para la asignatura Derecho Internacional Privado I

España. De país de emigrantes a país de inmigrantes: reflexiones practicas sobre la unidad de la sucesion en nuestro derecho internacional privado iconAlgunas reflexiones sobre la practicas de alfabetizacion

España. De país de emigrantes a país de inmigrantes: reflexiones practicas sobre la unidad de la sucesion en nuestro derecho internacional privado iconEn nuestro país se ha generado un debate sobre la autoridad de los...

España. De país de emigrantes a país de inmigrantes: reflexiones practicas sobre la unidad de la sucesion en nuestro derecho internacional privado iconPanorama del sistema de derecho internacional privado argentino en...






© 2015
contactos
l.exam-10.com