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fecha de publicación08.06.2016
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EL LIBERALISMO MEXICANO

Benito Martínez Urbalejo
Después de la guerra contra Estados Unidos las posturas políticas mexicanas se radicalizaron en virtud a la pérdida de territorio. Sin embargo, más que la pérdida de la mitad de México, lo que se puso en evidencia fue la fragilidad de las instituciones políticas construidas, al menos en la teoría, desde 1824. Esta fragilidad se impuso como norma ante el avance arrollador de las tropas norteamericanas, caracterizadas por una organización eficiente, reflejo de la firmeza de las instituciones y la credibilidad en ellas. A consecuencia del desastre nacional, la elite política comenzó una pugna sobre las causas de tan rápida derrota; los tradicionalistas, agrupados más tarde en el Partido Conservador, comenzaron a atribuir la debilidad mexicana a la aplicación de la doctrina liberal. Los liberales, en contraparte, acusaron la existencia de sociedades tradicionalistas – Iglesia y Ejército- como las verdaderas causas de este desastre. Esta disputa entre liberales y conservadores, encontró en la prensa una vía de difusión y –sin pretender ser determinista- tuvo que agudizarse para una resolución parcial a través de la guerra civil.

De acuerdo a Charles Hale, el liberalismo mexicano del siglo XIX encontraría dos fases divididas a partir de la guerra México-norteamericana: la etapa en la que sobresalieron liberales como José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala, y, después de la guerra, la fase de los reformistas como Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Benito Juárez y Miguel Lerdo de Tejada. La primera etapa es precisamente el objeto de estudio de Hale a través del pensamiento político de uno de sus representantes más conspicuos: José María Luis Mora.

El liberalismo mexicano anterior a la Guerra de 1846-48 tuvo dos objetivos claramente postulados: por un lado pretendía liberar al individuo del sistema colonial español. Esta acción implicaba libertad de expresión, religión, tránsito, prensa, propiedad y circulación económica. Por otro lado, la libertad individual necesitaba la destrucción de los privilegios de las corporaciones, tales como Iglesia, ejército, gremios, universidades y comunidades indígenas.

El origen y desarrollo de las sociedades corporativas se encuentra en el seno de la época colonial. La sociedad novohispana fue una variante de la sociedad feudal sin las instituciones políticas correspondientes. En la sociedad feudal la formación determinante se caracterizó por la existencia de relaciones de vasallaje entre señor feudal y siervo.

La comparación entre este tipo de relaciones y la realidad novohispana se inspira en la existencia de la encomienda y la hacienda. La encomienda permitió al encomendero contar con mano de obra indígena a cambio de protección y conversión. La Hacienda, por su parte, facilitó el desarrollo de relaciones de subordinación entre hacendado y peón; relaciones que subsistieron la mayor parte del periodo colonial respetando, por supuesto, las variaciones regionales. La época feudal se caracterizó por la inexistencia de Estado centralizador y si bien es cierto que durante los Austrias se construyó el Estado Absolutista, la realidad novohispana permitió el surgimiento de una aristocracia de terratenientes que gozó de privilegios ante la inexistencia de un poder centralizador: la figura representativa del Rey, el Virrey, tenía más obligaciones que libertad de acción para construir un Estado absolutista en ultramar.

La segunda característica de la sociedad novohispana fue la existencia de privilegios y jurisdicciones especiales para dos corporaciones significativas: la Iglesia y las comunidades indígenas. La Iglesia se convirtió en la entidad más privilegiada porque era un Estado histórico que sumaba tradiciones castellanas medievales y había demostrado su funcionalidad con la conversión de los pueblos indígenas y la educación de las elites. Las comunidades indígenas, por su parte, habían obtenido y conservado sus privilegios y jurisdicciones especiales debido a que existía la disposición de la Corona por brindar protección jurídica contra el latifundio.

La tercera característica fue la facilidad con que los gobiernos municipales fueron ocupados por oligarquías. Los oligarcas obtuvieron privilegios a partir de la compra venta de cargos y el dominio exclusivo de diversos aspectos de la vida novohispana, como las ordenanzas de cabildo.

La atomización de poder en la sociedad novohispana fue consecuencia de la existencia de privilegios corporativos. Esto impidió la unidad política y administrativa de la colonia. Cada cuerpo privilegiado vivía de manera autónoma y era incapaz de una acción política concertada. Hacia 1821 tenemos en consecuencia tres fenómenos: la prolongación de las estructuras coloniales, la atomización del poder y la existencia de dos corporaciones poderosas: la Iglesia y el Ejército.

La destrucción de las estructuras feudales -y coloniales- fue una de las condiciones de la doctrina liberal. El liberalismo político creció dentro de los límites teóricos del antiguo régimen. Así, pues en su origen es partícipe de dos tradiciones sobre la concepción del poder.

La primera tradición concibe el origen divino del poder. Según esta tradición existe una ley natural que condiciona el orden jerárquico y la obediencia natural a los gobernantes: “Pues así como todo ser depende de un primer ser, que es su primera causa, así todo gobierno de la creatura viene de Dios como del primer gobernante y del primer ser1

La acción del gobernante se entiende dentro de la tendencia natural de los seres hacia el bien. Cuando el gobernante viola esta ley natural se convierte en un tirano y existe una legitimidad en el homicidio de éste. Esta concepción del poder está justificada en el Tratado de la Ley, de santo Tomás de Aquino. Según él, existen clases de leyes cuya orientación general es la inclinación hacia el bien. Cuando esto no se produce los seres incurren en el pecado porque niegan la ley eterna –Dios-; en este caso es lícito el asesinato de los que se apartan (gobernantes o gobernados): “Por tanto, si algún hombre es peligroso y corruptor de la comunidad por su culpa, puede matarse laudablemente para la salud y el bien común de todo el cuerpo comunitario2

Este planteamiento comenzó a reformularse con la Reforma religiosa del siglo XVI y los escritos de Francisco de Suárez y de Juan de Mariana; éste último sostenía que el rey debía estar sometido a las leyes morales y a la Corona; además de que justificaba el tiranicidio, siguiendo la lógica del tomismo. Francisco de Suárez legitimó también la resistencia popular contra el príncipe impío.

La segunda concepción es de carácter secular y se expresó a través del constitucionalismo. De acuerdo a esta concepción, el poder es una constitución de origen humano y la soberanía es el resultado de un pacto entre los cuerpos sociales. A esta concepción se adhirieron Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Burke y Constant; filósofos que se caracterizaron por la crítica al poder del Rey y la formulación de varias formas de contenerlo.

Thomas Hobbes aportó la idea del contrato social como la premisa fundamental para la constitución de la soberanía real. Para Hobbes, los hombres delegaron su libertad individual cuando ésta amenazaba la seguridad. Así, dotaron a una persona de todas las libertades para que ésta –el soberano- actuara buscando la felicidad de los súbditos. En correspondencia, los súbditos debían obediencia plena. En Hobbes, el poder se ha constituido ya por un pacto entre los hombres y no por determinación divina.

John Locke aportó la idea de que los hombres tienen derecho a la propiedad. La propiedad individual se origina cuando el hombre mezcla su labor con lo común –la naturaleza- dado por Dios. A partir de esta legitimación de la propiedad, e derivó la idea de que los derechos individuales son de carácter inalienable y la base de la autoridad política.

Para Montesquieu el poder debería constituirse de manera equilibrada para frenar lo arbitrario de la autoridad; por lo tanto, la Constitución es la garantía de la libertad política y civil. Este equilibrio de poderes contempló al Parlamento como un cuerpo político mixto, es decir, una combinación de privilegios aristocráticos y derechos de origen liberal.

Rousseau propuso el igualitarismo radical y un gran sentido de comunidad a partir de la crítica al viejo régimen y la monarquía. Él distinguió la libertad natural –basada en el instinto- de la libertad civil – fundamentada en la justicia. Legitimidad, moralidad y justicia se derivan de un pacto social establecido entre todos los miembros de una sociedad. La soberanía reside en un cuerpo moral y colectivo creado por un acto de asociación de individuos, de esta manera Rousseau propuso la idea de la soberanía popular. En un medio político en el que la constitución del Estado le es adverso a la libertad colectiva, es legítimo que el pueblo se apropie de éste para garantizar la libertad. Hay una legitimidad porque la soberanía descansa en toda la comunidad y no en una clase o individuo.

Las ideas de Rousseau fueron duramente criticadas por los ilustrados contemporáneos a él. Para Hale, el gobierno representativo se debió más al constitucionalismo aristocrático del siglo XVIII que a la soberanía popular de Rousseau.

El liberalismo moderno creó dos premisas para limitar el poder absoluto: la extensión de los derechos individuales a todos los miembros de la comunidad y el derecho del pueblo a gobernarse a sí mismo. El debate fundamental del liberalismo de finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX está relacionado con señalar quién debía ejercer la soberanía, ¿quién era el pueblo?

Edmund Burke escribió una crítica a la Revolución francesa (Reflexiones sobre la revolución francesa [1790]) en la cual señala los peligros de la voluntad general porque ésta desembocaría en una sociedad anárquica y fracturada. Para Burke la preservación de la libertad y las leyes tradicionales eran la única forma de limitar el poder absoluto, sea la monarquía o bien la soberanía popular. Existe la idea en Burke de que las libertades son anteriores a la Revolución porque éstas se derivaron de derechos prescriptivos, es decir de derechos legitimados por su práctica. Según Burke, las leyes de un Estado y las órdenes engendradas en la familia no son concebidas por voluntad general, dado que el orden y el Estado anteceden al individuo.

Benjamín Constant, la influencia más notoria en José María Luis Mora, defendió la libertad individual contra la invasión del poder arbitrario. Este poder arbitrario podía existir no sólo en la persona del Rey, sino en la llamada “voluntad general”. La libertad individual sólo podía garantizarse a través de mecanismos que avalaran la libertad conquistada durante la Revolución y centralizaran el poder después de ésta.

La crítica a Rousseau fue planteada en los Principes de politique . Para Burke hay una parte de la existencia humana que permanece individual de ahí que señalar la existencia de voluntad general, superior al individuo, es la justificación a otro tipo de despotismo, la anarquía. La libertad se garantizaba con el orden político constituido por tres elementos: la existencia de una representación numerosa e independiente de la sociedad a través del Parlamento; junto a éste la permanencia neutral e inviolable del Rey; y complementando este gobierno ideal, la dirección responsable de ministros y oficiales inferiores.

Para evitar cualquier forma despótica, Constant propuso la existencia de un poder judicial independiente y por lo tanto inamovible. Este Poder Judicial estaría integrado por jurados constituidos por ciudadanos que fueran propietarios. Para Constant sólo el sentido de propiedad conducía al bienestar, porque hacía que los hombres ejercieran sus derechos políticos mirando el bien común.

Constan planeó otros mecanismos como la libertad de prensa -porque ésta vincula los grandes cuerpos estatales-, la libertad de religión y la existencia de municipalidades libres que se convirtieran en baluarte de la libertad individual.

En la España de Carlos III había –de acuerdo a Hale- ausencia de conflicto político con la monarquía. La adhesión a la Corona tenía una larga tradición en las cortes y las audiencias. Existía una realeza con poderes ilimitados, uno de estos soportes fue la ortodoxia religiosa. Por otra parte, la ilustración española fue católica, monárquica y patriótica porque fue difundida desde el poder. La consideración de que el Rey era un poder conciliador acompañó el pensamiento político español hasta la invasión francesa.

La invasión napoleónica provocó una crisis política que sólo podía ser superada por el Rey; cuando éste abdicó, no sólo significó una crisis en la constitución del poder, sino la violación a la ley de inalienabilidad de la Corona y la negación del mandato divino. La Suprema Junta pudo entonces, con la desaparición del Rey, señalarse como el órgano de representatividad del pueblo español. Hale sostiene que había una continuación entre la política de los Borbones y la Asamblea Revolucionaria: la unidad administrativa y legal, el ataque a los privilegios señoriales, de las corporaciones y jurisdicciones locales y especiales, y la búsqueda de la Nación basada en la igualdad legal y la tributación personal.

Una aclaración pertinente de Hale es señalar que el liberalismo mexicano no fue una copia fiel del liberalismo francés, inglés o norteamericano. Este liberalismo encontró en la tradición política española y en la observación de la realidad (como la Constitución de Cádiz) los referentes más elementales.

El pensamiento político de Mora tuvo dos orientaciones: constitucionalista antes de 1830, y reformista después de la década de los treinta. Joseph María Servín de la Mora Díaz Madrid nació en 1794 y murió en 1850. En 1821 fue redactor del Semanario Político y Literario, entre 1822 y 1823 se involucró en el trabajo legislativo como diputado provincial y autor de la Constitución del Estado de México; en 1829 se ordenó sacerdote y obtuvo el grado de doctor en Teología. Debido a su postura política, Mora tuvo que exiliarse en París a partir de 1834.

Mora justificó la independencia porque las Cortes españolas no habían tratado a México de acuerdo a las disposiciones liberales de la Constitución: Los representantes mexicanos eran pocos y no tenían injerencia en el gobierno de la península. Ante esta situación, México disolvió el pacto social. En 1832 Mora publicó el Catecismo Político de la Federación Mexicana ; en éste señala la forma en que se produjo la independencia: “...así es que México fue colonia el dilatado periodo de trescientos años un mes y catorce días; no se hizo antes independiente porque no tenía voluntad ni poder bastante parta serlo, pues ni conocía los bienes de la independencia, y por consiguiente no podía apetecerlos, ni tenía la masa de población y de luces necesarias para gobernarse por sí mismo, sacudir el yugo y repeler las agresiones extrañas: en una palabra, ni había opinión pública a favor de la independencia ni voluntad general por conseguirla…3

El Mora de la década de los veinte sentía admiración por la Constitución de Cádiz y -como lector- se identificó con el liberalismo constitucional francés, especialmente con el pensamiento de Benjamín Constant. La crítica a la soberanía popular de Rousseau y la defensa del constitucionalismo como una forma de preservar la libertad sin incurrir en los extremos de la anarquía y el despotismo, caracterizaron la orientación liberal de estos años.

En la obra La suprema autoridad civil no es ilimitada, publicada en 1822, Mora sostenía la necesidad de una teoría política del contrato social, basada en los derechos naturales y en las nociones utilitaristas. El utilitarismo es la concepción política según la cual el individuo obtiene sus ideas de la experiencia; si se le deja en libertad, obrará racionalmente por interés propio y social. Hizo además una crítica a la soberanía popular porque ésta conducía a la anarquía y el despotismo.

La década de los veinte en México se caracterizó por los debates orientados a la construcción de una estructura política que garantizara la libertad y la centralización política. Para ello se planteó la necesidad de contar con una Constitución que fundara la estructura de poder. El problema más inmediato fue la paradoja de crear una república que uniera los intereses de las provincias y la centralización que combatiera los privilegios locales. Las provincias construyeron su poder político desde la época de los borbones y se fortalecieron a partir de las diputaciones provinciales establecidas en la Constitución de 1812. Miguel Ramos Arizpe, político considerado federalista, fue el impulsor de la diputación provincial. Hacia 1821 existían seis diputados presididos por un jefe superior nombrado por el Rey (jefe político). Cada provincia era autónoma porque el jefe político era responsable sólo ante el Rey y las Cortes; cuando llegó la Independencia, los escasos lazos de dependencia con estos órganos se disolvieron, dando lugar a una autonomía de facto. Hale señala al respecto que la diputación provincial es el antecedente de los estados de la República federal.

Estas provincias pretendieron crear un gobierno central a través de la Constitución de 1824 y preservar la autonomía a través de constituciones estatales, como la del Estado de México. La Constitución (1824) tuvo en Cádiz su antecedente más directo, los puntos en los que coincidieron fueron la herencia de las diputaciones provinciales como órganos representativos, la preservación de los fueros eclesiástico y militar, la exclusividad de la religión católica, la existencia de un Consejo de Gobierno en los recesos de la legislatura y el carácter independiente del sistema judicial.

Fray Servando Teresa de Mier y José María Luis Mora se opusieron a la autonomía provincial extrema porque ésta amenazaba la libertad constitucional. Mier proponía un gobierno central por diez o doce años. Ante el federalismo, Mora propuso el establecimiento de un sistema de prefectos con ayuntamientos que tuvieran facultades administrativas, mas no legislativas.

Respecto al Poder Judicial, Mora propuso la formación de la Suprema Corte con independencia frente a otros poderes y la introducción del juicio mediante el jurado popular en los casos criminales. Este jurado debería estar integrado por personas propietarias de bienes. Para Mora, sólo los propietarios podían generar derechos y salvaguardar la libertad por su virtud, talento y valor.

Los sucesos acaecidos a partir de 1829 (las sublevaciones y la expulsión hispánica) significaron en Mora la violación a la libertad individual y a la voluntad general. La voluntad general era el deseo del bien común cuando está fundad en la opinión pública, pero cuando descansaba en facciones y atacaba a un sector, la voluntad general desaparecía. Hacia 1830, el progeso liberal de México no podía fincarse sólo en el constitucionalismo, porque la realidad no lo permitía. Según Mora, los oponentes al constitucionalismo eran la anarquía, el gobierno despótico de Bustamante y la existencia de corporaciones con privilegios que atacaban las bases constitucionales. A partir de este momento, el constitucionalismo de Mora se transformó en la búsqueda de la reforma que garantizará el individualismo. No se podía defender una Constitución que proponía a la vez la libertad individual y la permanencia de privilegios. Para destruir los privilegios era necesario el uso de la fuerza.

A principios de 1830 Mora proponía en El Observador la reforma del artículo 3º que señalaba la protección a la Iglesia y la supresión del artículo 154º que perpetuaba los privilegios del clero y los militares. Para el autor, dentro de la sociedad corporativa no podía existir un espíritu nacional porque los hombres se identificaban más con las corporaciones pequeñas que con la Nación. En 1837, Mora propuso en la Revista Política una serie de reformas radicales: la desamortización de bienes eclesiásticos, abolición de todo tipo de fueros, desaparición de los monasterios, difusión de la educación pública y laica, introducción del juicio por jurado, libertad de opinión e igualdad jurídica para los extranjeros.

Los escritos de Mora durante estos años se orientaron al estudio de las instituciones políticas de México. Producto de esta orientación fue México y sus revoluciones y numerosos ensayos publicados dispersamente. Para Mora, las corporaciones u oligarquías de clases habían obtenido amplios poderes con la supresión de la monarquía; ante tal situación la democracia era impensable. Tenía también una nueva valorización de lo hispánico con la difusión de los escritos de Jovellanos y Abad y Queipo. Mora vio en la abolición de los mayorazgos y la nacionalización de las propiedades del Duque de Terranova y Monteleone las primeras medidas anticorporativas.

Las medidas anticlericales no fueron un ataque contra la religión; su propuesta de una religión oficial, con tolerancia de otros cultos, así lo demuestra. La aplicación de la reforma eclesiástica fue problemática porque la sociedad no diferencia la estructura de la doctrina. Las propuestas sobre la Iglesia se movieron en dos direcciones: la primera, propuesta del Congreso fue la unión bajo el poder civil lo que significaba la protección del Estado y el aumento de los egresos estatales. La segunda propuesta fue la separación de la Iglesia y el Estado (Gómez Farías y Andrés Quintana Roo), esto significaba quitar a la Iglesia de la esfera civil y la protección secular. Mora propuso además la destrucción de fueros eclesiásticos para que el Estado obtuviera ingresos para amortiguar la deuda pública; la abolición del pago de diezmos porque éstos significaban de hecho la competencia frente a la recaudación estatal; la abolición de los monasterios debido a que impedían la circulación de la riqueza y eran inútiles a la sociedad.

El ataque a la propiedad comunal se justificó en la diferencia entre la propiedad. La propiedad particular es de carácter natural y por lo tanto legítima. En contraparte la propiedad comunal es un derecho civil porque se establece por contrato, por lo tanto el Estado tiene derecho a intervenir en los contratos. La compañía no forma parte de la propiedad comunal puesto que cada capital es propiedad particular.

En lo que respecta al Ejército, los fueros eran recientes debido a la misma antigüedad de éste. El ejército se había formado desde las reformas borbónicas y hacia 1780 se convirtió en un cuerpo privilegiado. Las sucesivas guerras del siglo XIX lo dotaron de facultades de facto y prerrogativas legales –como tribunales especiales-. Para contrarrestar esta corporación Mora propuso la formación de una milicia cívica.

La aplicación del pensamiento constitucionalista y reformista no se llevó a acabo por varias razones: fragilidad de las instituciones republicanas frente a la anarquía imperante –en el plano nacional-y la existencia de poderes regionales; permanencia de privilegios corporativos respaldados por la tradición política frente al Estado. No podían coexistir dos estructuras políticas: el Estado liberal y la estructura colonial representada por la Iglesia. Una posible solución a esto lo ofreció la guerra contra Estados Unidos, situación que generó el “no hay retorno”.
BIBLIOGRAFÍA

Hale, Charles. El liberalismo mexicano en la época de Mora (1821-

1853).10ª edición. México, Siglo XXI, 1994.

Mora, José María Luis Mora. Obras completas. Vol. III México, Instituto

Mora/SEP, 1987.

Tomás de Aquino. Tratado de la Ley. Tratado de la Justicia. Opúsculo

sobre el gobierno de los príncipes. 6ª edición.

Traducción y estudio de Carlos Ignacio González, S.J.

México, Porrúa, 1998.



1 Tomás de Aquino. Tratado de la Ley. Tratado de la Justicia. Opúsculo sobre el gobierno de los príncipes. 6ª edición. Traducción y estudio de Carlos Ignacio González, S.J. México, Porrúa, 1998. p. 308.

2 Ibídem. p. 168

3 José María Luis Mora. Obras completas. Vol. III México, Instituto Mora/SEP, 1987. p.428.

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