Acusación Constitucional contra Intendenta de la Región del Bío Bío, doña Jacqueline Van Rysselberghe






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Las modalidades de la discriminación o la diferenciación arbitraria.

Es posible establecer algunas clasificaciones sobre las modalidades de la discriminación.

Una primera clasificación puede basarse en el criterio de discriminaciones de iure o discriminación de facto. La primera se produce en el contenido de las normas jurídicas y puede hablarse de discriminación en el contenido de la norma jurídica, vale decir, si los criterios que utiliza la ley para distinguir están justificados y son razonables o no. La discriminación de facto, se produce como consecuencia de la aplicación de la norma jurídica, sin que los preceptos jurídicos en sí mismos sean necesariamente discriminatorios, en otras palabras hay discriminación de facto cuando la norma jurídica no se aplica imparcialmente a todas las personas que se encuentran en la misma hipótesis, hay aquí, por lo tanto, un enjuiciamiento a la aplicación de la ley.

La igualdad en la aplicación de la ley implica una obligación para todos los órganos estatales mediante la cual no pueden aplicar la ley de manera diferente a personas que se encuentran en supuestos sustancialmente iguales.

La tutela positiva de la igualdad o igualdad promocional: la igualdad de oportunidades y las acciones positivas, afirmativas o de discriminación inversa.

Junto a la igualdad ante la ley que obliga a abstenerse de desarrollar cualquier diferencia arbitraria o discriminación, exige también una tutela positiva de la igualdad que deben tener presente por imperativo constitucional los órganos estatales, cuando los ordenamientos constitucionales establecen como principios básicos la igualdad de oportunidades, la remoción de obstáculos que impiden el desarrollo de la igualdad de oportunidades o la igualdad sustancial y no meramente formal, lo que implica un principio de solidaridad respecto de las personas o grupos sociales que se encuentran en situación de debilidad. Es lo que, en otras palabras Bobbio denomina la función promocional del derecho (13).

Nuestra Carta Fundamental en sus Bases de la Institucionalidad, artículo 1°, determina imperativamente, en su inciso 3°, que

“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es contribuir al bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta constitución establece”. Asimismo, el inciso final del mismo artículo dispone, “Es deber del Estado (…)... promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.

Así, el sistema de valores y principios establecidos en las bases de la institucionalidad obligan a interpretar el texto constitucional y las leyes dictadas conforme al mismo con un carácter sistemático y finalista, lo que fundamenta lo que podemos denominar igualdad promocional.

De esta forma, la igualdad de oportunidades o la igualdad sustancial justifica las excepciones que debe experimentar la igualdad formal con vistas a eliminar los efectos de las discriminaciones del pasado o las disparidades de hechos originados en la injusticia de la naturaleza, posibilitando acciones positivas o de discriminación inversa (14).

En este sentido, la Constitución chilena, además de fijar en el artículo 1º inciso tercero el bien común como fin y tarea del Estado, como asimismo, en el inciso final del mismo artículo el deber del Estado "de promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derechos de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional".

Respecto de esta disposición el Tribunal Constitucional chileno, en sentencia de fecha 13 de septiembre de 1983, Rol Nº 19, consideró:

"Que el artículo 1º de la Carta Fundamental es de un profundo y rico contenido doctrinario, que refleja la filosofía que inspira nuestra Constitución y orienta al intérprete en su misión de declarar y explicar el verdadero sentido y alcance del resto de la preceptiva constitucional", y agrega luego " el objeto de este precepto es destacar algunas de las funciones más relevantes que debe ejecutar el Estado en procura de obtener su finalidad básica, cual es "promover el bien común", concepto este último que define el inciso cuarto del mismo precepto como el conjunto "de las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece". Este y no otro son, en esencia, el contenido y alcance del inciso final del artículo 1º de la Carta Fundamental. En consecuencia, no cabe duda que, conforme a este precepto, los titulares e integrantes de los órganos del Estado deben realizar estas funciones básicas a fin de alcanzar la finalidad suprema, el bien común".

Asimismo, en esta perspectiva igualadora de oportunidades, la Carta Fundamental contempla un conjunto de otras disposiciones, entre las cuales cabe destacar, el artículo 19 Nº 3 que garantiza asistencia judicial a los pobres; el artículo 19 Nº 10, que asegura la educación básica para todos en forma gratuita; el artículo 19 Nº 20, que establece la progresividad del sistema tributario; y el artículo 19 Nº 24 que asegura la función social de la propiedad.

El interprete constitucional debe tener en cuenta así los objetivos o fines establecidos constitucionalmente, la adecuación de las medidas legislativas destinadas a alcanzar tales fines, reconociendo el margen de acción que es propio de los órganos gubernamentales políticos, pero también protegiendo el derecho, ya que no es suficiente que la autoridad política diga que está promoviendo el interés público, para que efectivamente ello sea así y su decisión sea constitucional.

Así podemos concluir que el Estado y sus órganos no sólo deben abstenerse de discriminar, sino que además tienen el deber de promover a través de acciones positivas específicas legislativas y administrativas, la efectiva igualdad de oportunidades de toda la población.

La adopción de acciones positivas o de discriminación inversa, son constitucionalmente legítimas para alcanzar niveles de equidad o situar en situación justa a grupos sociales tradicionalmente discriminados negativamente, todo lo cual requiere que la norma legislativa sea idónea para lograr el objetivo de eliminar la inequidad, cuya situación fáctica debe estar objetivamente establecida, siendo dicha normativa transitoria, sólo mientras permanezca la desigualdad inequitativa (15).

Ello lleva a plantear la necesidad de tener presente en el tema de la igualdad, el principio de igual consideración, el que obliga en el caso de medidas adoptadas por la administración en la definición de políticas sociales, económicas y culturales, a considerar violatorias del principio de igualdad las medidas que excluyan o pasaran por alto algunos de los posibles beneficios, los cuales necesariamente deben tenerse presentes, aún cuando tengan poca presencia, influencia o poder. El uso de este criterio permitirá reducir los riesgos de que un órgano estatal tomará decisiones arbitrarias basadas en criterios sin justificación racional, a su vez, ello haría más responsables a los funcionarios directivos que deben tomar las decisiones, al serles exigibles un análisis más cuidadoso que no deje fuera a ciertos grupos que debieran estar comprendidos dentro de los beneficiarios, como asimismo, cuidando de no gravar excesivamente a otros.

En consecuencia, la Constitución, sólo permite distinciones que no sean arbitrarias ni respondan a un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas o importe indebido favor o privilegio personal o de grupo.

E. Conclusiones del capítulo de acusación constitucional.

En caso analizado los actos desarrollados por la intendente tenían por objeto establecer una diferenciación arbitraria entre pobladores que se encontraban en similares hipótesis jurídicas favoreciendo arbitrariamente en desmedro de aquellos que no eran los “regalones” de la señora intendenta o no participaban de su proyecto favorito que buscaba concretar desde cuando era alcalde de Concepción.

POR TANTO,

A la H. Cámara de Diputados, solicitamos declare ha lugar a la acusación constitucional, para que luego la formalice ante el Senado y éste declare la culpabilidad de la autoridad acusada, la señora intendenta de la Región del Bío Bío, doña Jacqueline Van Rysselberghe Herrera, por infringir la Constitución Política, en sus artículos 8, 19 N° 2 y 112.

PRIMER OTROSÍ: Sírvase tener por acompañados los siguientes documentos:

  1. Decreto de nombramiento de Jacqueline Van Rysselberghe Herrera como Intendenta de la Región del Bío Bío, publicado en Diario Oficial del miércoles 21 de julio de 2010.

  2. Video y audio de la señora Intendente de la región del Bío Bío en reunión con pobladores de la Aurora de Chile, del 9 de septiembre de 2010.

  3. Transcripción del audio de la señora intendente Van Rysselberghe en asamblea con los pobladores de la Aurora de Chile.

  4. Resolución exenta N° 2186, de 9 de abril de 2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

  5. Circular 023 de 18 de mayo de 2010 de Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, señor Andrés Iacobeli Del Río, a señores Seremis de Vivienda y Urbanismo del Bío Bío y otras regiones.

  6. Ordinario N° 1013 de 31 de agosto de 2010 de Alcalde de Concepción a Director SERVIU de Región del Bío Bío en que solicita excepción para postulación de subsidios de Reconstrucción post-terremoto en el Sector Aurora de Chile.

  7. Entrevista a la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Sra. Magdalena Matte L, en Diario La Segunda del día 25 de febrero de 2011, y carta dirigida por la Ministra Matte a la señora directora de La Segunda y publicada por dicho diario el 1 de marzo de 2001.

  8. Declaración jurada de 10 de marzo de 2011 de don José Rigoberto Briones Hidalgo, protocolizada notarialmente en Concepción.

  9. Declaración jurada de 10 de marzo de 2011 de don Juan Leonardo Parada Ulloa, protocolizada notarialmente en Concepción.

  10. Declaración jurada notarial y ficha inscripción de damnificados de doña Maria Silvia Maldonado Sepúlveda de la Población Aurora de Chile.

  11. Declaración jurada notarial y ficha inscripción de damnificados de doña Inés del Pilar Oliva Herrera de la Población Aurora de Chile.

  12. Correo electrónico y minuta técnica enviada por intendenta Jacqueline Van Rysselberghe a varios señores diputados el lunes 28 de febrero de 2011 sobre la población Aurora de Chile

  13. Un set de prensa regional, que contiene declaraciones y entrevistas dadas por la acusada, por autoridades y por personeros políticos.

  14. Un set de prensa nacional que contiene declaraciones y entrevistas dadas por la acusada, por autoridades y por personeros políticos.

SEGUNDO OTROSÍ: Solicitamos se cite a declarar a la Comisión que informará a la Cámara de Diputados, a las siguientes personas:

  1. A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte.

  2. Al señor Subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobeli del Río.

TERCER OTROSI: Solicitamos se invite a los siguientes abogados constitucionalistas, señores Jorge Tapia Valdés, Patricio Zapata Larraín, Francisco Zúñiga Urbina y Pablo Ruiz Tagle Vial, con el objeto de escuchar su opinión acerca de La presente acusación constitucional.

Asimismo, solicitamos se invite a las siguientes personas:

1. Jorge Figueroa González, Rut 9.774.594-3, domiciliada en calle Andrés Bello N° 320, Población Aurora de Chile, Concepción,

2. Inés Oliva Herrera, Rut 4.926.947-1, domiciliada en calle Bío-Bío N° 177, Pob. Aurora de Chile, Concepción.

3. Alfonso Vera Portilla, Rut 14.545.274-0, domiciliado en calle Andrés Bello N° 241, Pob. Aurora de Chile, Concepción.

4. Henry Cerda Rivera, Rut 7.537.223-K, domiciliado en calle Andrés Bello N° 255, Pob. Aurora de Chile, Concepción.

5. Manuel Jorquera Inostroza, Rut 8.883.756-8, domiciliado en calle Andrés Bello N° 182, Pob. Aurora de Chile, Concepción.

6. Solange Etchepare Lacoste, Rut 10.252.917-0, domiciliada en calle Mahuzier N° 57, Concepción.

7. Claudio Eguiluz Rodríguez, Rut 7.753.323-0, domiciliado en calle Rengo N° 97, Concepción.

8. Alejandra Smith Becerra, Rut 7.171.667-8, domiciliada en Valenzuela Puelma N° 1480, San Pedro de la Paz.

9. Patricio Lynch Gaete, Rut 4.038.137-6, domiciliado en Cochrane N° 570, Dpto. B5, Concepción.

10. Eduardo Araya Poblete, cuyo rut desconozco, Consejero Regional de la región del Bío Bío, domiciliado en Avenida Prat 411, Concepción.

CUARTO OTROSI: Solicitamos se oficie al Ministerio de Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para que remita copias de las presentaciones hechas por la intendenta respecto de la población Aurora de Chile.

QUINTO OTROSI: Sírvase tener presente que designamos como diputado coordinador al Honorable Diputado señor José Miguel Ortiz Novoa.

SEXTO OTROSÍ: Sírvase tener presente certificado del Secretario de la Cámara de Diputados, que acredita que somos diez diputados en ejercicio, habilitados para formular una acusación constitucional.

1() Al fundamentar su voto a favor de la acusación constitucional, el senador Ortiz señaló: “En consecuencia y sin que mi voto constituya una adhesión a los fundamentos esgrimidos por los acusadores, debo manifestar que, por un imperativo de conciencia, respecto del Ministro de la Excelentísima Corte suprema don Hernán Cereceda Bravo, voto favorablemente abandono de sus deberes pues estimo que no ha ejercido sus funciones de manera leal y cumplida”.

2() El Senador Sebastián Piñera precisó: “por otra parte, considero que la responsabilidad del Ministro Cereceda es de mayor gravedad que la de los demás ministros, por dos razones fundamentales: Primero, ha dado confusas explicaciones con relación a un error de fechas, importante para el análisis de esta causa, y, segundo, le ha correspondido una responsabilidad especial en lo atinente al buen funcionamiento de la tercera Sala, en su calidad de presidente de esta”.

3() Ver Rubio Llorente, Francisco. Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales. Ed. Ariel, Derecho, España, 1995. p. 110 -111.

4() Bilbao Ubillos, Juan María y Rey Martínez, Fernando. “El principio constitucional de igualdad en la jurisprudencia constitucional española”, En Carbonell, Miguel (compilador). El principio de igualdad constitucional. Comisión Nacional de Derechos humanos, México. 2003. p. 111.

5() Soriano Torres, Marta. “La igualdad no como uniformidad de tratamiento jurídico sino como prohibición de discriminación”. En Anales de la Facultad de Derecho N° 19. Universidad de la laguna, diciembre de 2002, p. 260.

6() Rabossi, Eduardo. Derechos Humanos: El principio de igualdad y la discriminación. Revista Centro de Estudios Constitucionales, Nº 7, Madrid, España, 1990. p.179.

7() Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 24 de mayo de 1991, considerando 4°. En Revista de Derecho y Jurisprudencia LXXXVIII, 2°, pág. 182.

8() Molina Guaita, Hernán. Derecho Constitucional, Ed. Lexis Nexis, Santiago, 2006. p. 261.

9 () Blanc, N; Nogueira, H; Pfeffer, E; Verdugo, M. La Constitución chilena. Tomo I. Ed. Centro de Estudios y Asistencia Legislativa. Universidad Católica de Valparaíso, Chile, 1990. p. 97. En el mismo sentido, Sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 6 de diciembre de 1994, Rol N° 203, considerando 11°.

10 () Verdugo, Mario; Pfeffer, Emilio; Nogueira, Humberto. Derecho Constitucional. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. Santiago, Chile, 1994. p. 210, cita 30.

11() Barnes. J. “Introducción al principio de proporcionalidad en el Derecho Comparado y comunitario”, en Revista de Administración Pública N° 5, España, 1994. p. 500.

12() Barnes, J. “Introducción al principio de proporcionalidad”, en Cuadernos de Derecho Público N° 5, España, 1998, p. 11.

13() Bobbio, Norberto. Contribución a la teoría del derecho. Segunda edición. Ed. Debate. Ver el acápite “La función promocional del derecho”. Madrid. 1990.

14() Ver Martín Vida, M.A. Fundamento y límites constitucionales de las medidas de acción positiva. Ed. Cívitas. Madrid, 2002.

15() En el mismo sentido, Fernández González, Miguel Ángel. El principio de igualdad constitucional ante la ley. Ed. ConoSur Ltda., 2001. Santiago, pp. 72-73.
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