Acusación Constitucional contra Intendenta de la Región del Bío Bío, doña Jacqueline Van Rysselberghe






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E. Conclusiones del capítulo de acusación constitucional.

De acuerdo con los antecedentes de hecho y de derecho señalados y analizados, cabe concluir que las declaraciones y explicaciones que no son correctas ni adecuadas, algunas derechamente inveraces dadas en forma reiterada y pública por la intendenta ya precedentemente individualizada, como asimismo las maquinaciones deliberadamente preparadas para lograr determinados objetivos a través de procedimientos no idóneos y con manipulación de personas necesitadas de ayudas habitacionales en Concepción, constituyen una franca y abierta vulneración del principio constitucional de probidad, por el desarrollo de una conducta que no ha sido honesta y leal, afectando gravemente la fe pública que toda autoridad debe concretar, infringiendo abiertamente el principio de probidad configurado por la LOCBGAE, en sus artículos 3, 52 y 53.

La Intendenta ha reconocido que el proyecto Aurora de Chile “es un proyecto emblemático” de ella durante su gestión como Alcaldesa. Este es un proyecto “súper importante llevarlo adelante”. Por eso, está dispuesta a hacer todo lo posible para que “este proyecto no se nos cayera”.

De ahí que no se detenga en respetar las competencias específicas de las autoridades que deban resolver. Mientras hace las confesiones, están observándola el Seremi de Vivienda, el Director del Serviu y la Jefa de Gabinete de la Alcaldía ¿Qué grado de independencia pueden tener estas personas, si además, la Intendenta ha reconocido que son de su más plena y total confianza política?

La autoridad pública no puede mentir ni manipular los procedimientos. Con ello afecta seriamente el desempeño honesto y leal de la función o cargo. Es decir, vulnera la probidad.

En una situación de crisis como la vivida por la región del Bío Bío tras el terremoto, lo anterior resulta especialmente grave, pues pone en tela de juicio todo el proceso que ha acompañado a la reconstrucción. Como la propia Ministra Matte reconoció, por una grabación a la Intendenta se terminó “enlodando” la tarea de reconstrucción.

VIII. SEGUNDO CAPITULO DE ACUSACIÓN: LA INTENDENTA SE HA ATRIBUIDO COMPETENCIAS CORRESPONDIENTES A OTROS ORGANOS ADMINISTRATIVOS, LO QUE CONSTITUYE UNA INFRACCION DE SU FUNCIÓN DE COORDINACIÓN Y DE SUPERVIGILANCIA O FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE OPERAN EN LA REGIÓN.

La segunda causal por la cual acusamos a la Intendenta de la Octava Región, en segundo lugar, porque consideramos que ha infringido el artículo 112 de la Constitución.

A. Descripción general de los hechos.

Acusamos a la Intendenta de la región del Bío Bío, en segundo lugar, porque consideramos que ha infringido el artículo 112 de la Constitución, al arrogarse atribuciones que no le corresponden, sobre servicios públicos de la región del Bío Bío, al margen de sus potestades de coordinación, supervigilancia o coordinación de dichos servicios.

B. Desarrollo de los hechos.

En primer lugar, es necesario precisar que la Intendenta hizo los “anuncios” en la reunión del 9 de septiembre, en presencia del Seremi de Vivienda y del Director Regional del Servicio.

Al Intendente no le corresponde tomar decisiones en materia de vivienda; tampoco gestionarlas. A lo más, le corresponde coordinar esas decisiones.

No es propio de un Intendente “inventar una historia” para obtener una solución; ni usar una excusa para que un proyecto habitacional “no se nos cayera”.

En la reunión del 9 de septiembre en que la Intendenta informa como propias decisiones que estaban en la esfera de competencia de otras autoridades. Recordemos algunas de sus expresiones: “si no, no me habrían dado la solución”; “nosotros usamos el tema del terremoto y el tema del puente”; “nos aceptaron meter un porcentaje que no tiene certificado”; “nosotros logramos convencer en Santiago de que sí estaban afectadas”; etc.)

En segundo lugar, porque las autoridades respecto a las cuales la intendenta invade sus competencias, están bajo su fiscalización o supervigilancia. ¿Qué posibilidad tiene un Seremi de hacer algo distinto de lo decidido por la Intendenta si ella puede pedir su remoción? ¿Qué posibilidades tiene el Director Regional del SERVIU de decidir distinto o de informar algo diferente, si el Secretario Regional Ministerial lo supervigila o fiscaliza y el Intendente le puede reportar al Presidente sobre su desempeño?

Se nos dice que aquí no hay ningún hecho irregular, porque es perfectamente posible que se pueda entregar recursos del Programa Fondo Solidario de Vivienda si el proyecto colectivo del conjunto habitacional que postula tiene un porcentaje menor al 80% de familias damnificadas, toda vez que así puede autorizarlo el Subsecretario de Vivienda (artículo 3°, letra f, Resolución exenta 2186, Minvu).

Sin embargo, olvidan lo siguiente de la regulación. En primer lugar, que el Subsecretario de la Vivienda no está obligado a dar la excepción. La normativa sólo lo autoriza, no lo obliga. En segundo lugar, el Subsecretario resuelve “previa solicitud fundada del Director SERVIU de la región correspondiente”. En tercer lugar, en la declaración ante los pobladores la Intendenta afirma que todos estaban afectados por el terremoto; no sostiene que va a pedir la excepción. Al contrario, se ubica en la regla general. En vez de construir su discurso en base a la excepción, lo hace en base a la regla general. Ese es el sentido de afirmar que “inventamos una historia”, “logramos convencer en Santiago de que si estaban afectadas”; porque como la “gente de Santiago no conoce acá. Porque afectaba a todas las casas…jajaja”.

El problema es que el Director Regional del SERVIU, está presente en el acto del 9 de septiembre, sin que precisara o rectificara lo que se anunciaba por la Intendenta. Y su fiscalizador, el Seremi, también estaba ahí.

Se nos dice ahora que no fue la Intendenta, sino el municipio el que pidió el 31 de agosto al Director del SERVIU que otorgara la excepcionalidad. Es decir, antes de la reunión. La pregunta es por qué entonces la Intendenta señala en la reunión que “tenemos hoy día la autorización del Subsecretario para poder seguir avanzando”.

Una vez conocida la denuncia, el jueves 3 de febrero la Intendenta declara lo siguiente “nos pareció razonable solicitar al Ministerio de Vivienda que nos permitiera –dado que la ley no lo hace- que en lugar de intervenir al 60%, intervenir al 100% de la población… o las ayudamos a todas o buscamos otra alternativa. Por lo tanto, nos pareció razonable plantearle al Ministerio de Vivienda el poder generar esta excepción para no beneficiar al 60% de la gente, porque son personas de extrema pobreza”. Concluye su declaración señalando “me siento absolutamente orgullosa de lo que hice”.

Es decir, no es la municipalidad la que lo pide, es ella (“nos pareció razonable solicitar”). Tampoco es algo condicional (“tenemos hoy día la autorización del Subsecretario para seguir avanzando”).

El 13 de febrero, el Subsecretario de Vivienda dice que “es obligación y voluntad de este Ministerio estudiar y evaluar todos los proyectos, más aun en un caso social y técnicamente complejo como es el caso de Aurora de Chile en Concepción. Este Subsecretario no ha hecho más que mostrar esta voluntad... Para esto el Ministerio tiene un programa regular y otro para damnificados del terremoto… Esto es perfectamente coincidente con las últimas declaraciones de la señora Intendenta… Nunca hemos promovido ni motivado usar el terreno para falsear información”.

El 4 de febrero, el H. Senador, don Juan Antonio Coloma afirma “la intendenta jamás ha mentido, obtuvo la autorización del MINVU para incluir a todas las personas de una población en los programas del Gobierno”. El Presidente del partido UDI de la Intendenta se expresa en pasado: “obtuvo”; y da por hecho la autorización.

Después, en la entrevista de La Tercera, del 13 de febrero, la Intendenta cambia su versión. Mientras a los pobladores les dice que obtuvo la autorización del Subsecretario (“tenemos hoy día la autorización del Subsecretario”), sostiene que éste le había dicho “que estaba dispuesto a estudiarlo”. Agrega que ello “no es nada anormal. Podrían habernos dicho que no. Pero dijeron que estaban dispuestos a estudiarlo, que era lo que nosotros necesitábamos saber”. Sin embargo, insiste en su rol protagónico, pues señala que esa disposición la comunicó al municipio: “nosotros le comunicamos eso al municipio y nos pidieron si podíamos acompañarlo a la reunión”. Respecto de esta declaración la Ministra de Vivienda se declara “indignada”.

Las versiones distintas, las declaraciones contradictorias, rectificatorias, aclaratorias, son parte de todo esto.

C. Conclusiones de los antecedentes de hecho.

La intendenta, de acuerdo al artículo 7° inciso 1° de la Constitución, debe actuar “dentro de sus competencias”, sin desviación ni abuso de poder. Su tarea respecto de los servicios públicos que actúan en la región, de acuerdo al artículo 112 de la Constitución son las de coordinación y de supervigilancia o fiscalización, pero nunca la de sustituirlos en sus atribuciones, asumiendo directamente las competencias y atribuciones propias de dichos servicios, como ella confiesa en sus intervenciones ante las autoridades nacionales de Vivienda, sustituyendo al Secretario regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al Director Regional del SERVIU o a la Municipalidad respectiva. La intendenta debe respetar el Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro país, aunque ello le sea molesto. El Estado chileno se rige por el principio de supremacía constitucional y de legalidad. El Estado Constitucional y el Estado de Derecho tienen por objeto limitar el poder de la autoridad, el que ésta actúe dentro de sus competencias, limitadas de acuerdo con la Constitución y las leyes dictadas conforme a ella. El Estado Constitucional y el Estado de Derecho no toleran ni el abuso ni la desviación de poder, ni la arbitrariedad en el desempeño de las autoridades.

D. La infracción constitucional del artículo 112 de la Constitución.

Las atribuciones de los intendentes sobre los directores regionales de servicios y los secretarios regionales ministeriales.

De acuerdo a la disposición 112 de la Constitución, “al intendente le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región”.

Como se observa, dicha normativa le entrega dos tareas al Intendente. De un lado, coordinar los servicios públicos. Es decir, busca que no se entorpezcan o dupliquen esfuerzos. La coordinación es un deber propio de todos los órganos de la Administración. Así lo manda el artículo 5° inciso segundo de la ley N° 18.575. Del otro, le corresponde controlarlos. Esta labor de examinador de lo que hacen adopta las dos modalidades típicas del control de los servicios públicos en nuestro sistema. Esto es, el control directo (la Constitución le denomina en este artículo “fiscalización”) y el control indirecto o de supervigilancia. Este se materializa, por ejemplo, en aprobaciones o autorizaciones de ciertos actos.

Como consecuencia que el artículo 112 de la Constitución convoca a la ley para definir las atribuciones que correspondan al Intendente, la Ley Orgánica sobre Gobierno y Administración Regional, se encarga de establecerlas. Así, por ejemplo, los Intendentes pueden solicitar a los jefes de los organismos de la administración sujetos a su supervigilancia y tutela, informes, antecedentes o datos que requieran para dichos fines, debiendo éstos proporcionarlos oportunamente (artículo 10). Asimismo, el Intendente puede informar al Presidente sobre el desempeño de los jefes regionales de los organismos públicos que funcionan en ellos (artículo 2° letra d).

Por otra parte, como la Constitución establece que la Administración del Estado debe ser descentralizada o desconcentrada (artículo 3°), el artículo 61 de la Ley Orgánica sobre Gobierno y Administración Regional, establece que los Ministerios se desconcentran territorialmente mediante las Secretarías Regionales Ministeriales.

El Intendente interviene decisivamente en el nombramiento y en la remoción de los Seremi. El Seremi es propuesto al Presidente de la República por el Intendente, en ternas (artículo 2° letra k, Ley Orgánica sobre Gobierno y Administración Regional). El Intendente, además, puede proponer al Presidente de la República la remoción de éstos (artículo 2°, letra l).

Ello se explica en que el Seremi es colaborador directo del Intendente (artículo 62), sin perjuicio de su condición de representante del o los Ministerios respectivos en la región.

Entre otras funciones, al Seremi le corresponde “realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre todos los organismos de fiscalización del Estado que integren su respectivo sector (64 letra f).

Los Intendentes tienen mecanismos para intervenir en los servicios. Ya señalamos lo que indica el artículo 10 de la Ley Orgánica sobre Gobierno y Administración Regional: “pedir informes, antecedentes o datos”. Eso le corresponde a quien fiscaliza. Pero no tomar el Intendente las decisiones ni estrechar el marco de decisiones de la autoridad competente.

E. Conclusiones del capítulo de acusación constitucional.

Los antecedentes planteados demuestran que la señora intendenta de la región del Bío Bío, lejos de cumplir con las obligaciones de fiscalización y supervigilancia que le impone la Carta Fundamental, realizó acciones destinadas a suplantar a los servicios públicos puesto bajo su dependencia.

Por todo ello consideramos que la Intendenta ha vulnerado el artículo 112 de la Constitución.

IX. TERCER CAPÍTULO DE ACUSACIÓN: LA INTENDENTA PROMOVIO PRIVILEGIOS Y BENEFICIOS HABITACIONALES A FAVOR DE UN GRUPO DETERMINADO DE PERSONAS, DISCRIMINANDO NEGATIVAMENTE A VECINOS DE OTROS SECTORES, LO QUE CONSTITUYE UNA INFRACCION A LA IGUALDAD ANTE LA LEY.

Un tercer capítulo de la presente acusación, está constituido por la vulneración del derecho constitucional a la igualdad ante la ley que pasamos a detallar.

A. Descripción general de los hechos.

La Intendente ha infraccionado la garantía constitucional de igualdad ante la ley al decidir promover privilegios y beneficios habitacionales indebidos a favor de un grupo determinado de personas, discriminando negativamente a los vecinos de otros sectores de la región del Bío Bío que no han tenido acceso a dichos privilegios y beneficios.

La intendenta de la región del Bío Bío no se contenta sólo con mentir y engañar a las autoridades nacionales de Vivienda y Urbanismo, y a los pobladores de la población Aurora de Chile, como asimismo ejercer competencias que no le corresponden, como hemos podido comprobar en el primer y segundo capítulo de acusación constitucional, sino que además, como lo explicita en sus dichos en la Asamblea del 9 de septiembre de 2010, sus objetivos son que las soluciones habitacionales a las que serán trasladados los pobladores de Aurora de Chile, cuya gran mayoría no fueron terremoteados ni sufrieron daños en sus habitaciones, serán mejores soluciones habitacionales que aquellas que recibirán otros grupos de pobladores que se encuentran efectivamente terremoteados, o al menos en la misma situación o hipótesis jurídica, como son los del Cerro Centinela, los de Villa Futuro de Chiguayante, los de Camino Olavarría en Coronel o los de Los Arrayanes en Arauco, siendo discriminados arbitrariamente en forma positiva los pobladores de Aurora de Chile, como asimismo discriminados arbitrariamente, en forma negativa, los de las poblaciones señaladas por la propia intendenta. Tal diferencia arbitraria es confesada por la propia intendenta, ya que los pobladores de Aurora de Chile son sus “regalones” y porque era un proyecto “emblemático” cuando ella había sido alcaldesa de Concepción.
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