Acusación Constitucional contra Intendenta de la Región del Bío Bío, doña Jacqueline Van Rysselberghe






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V. ADVERTENCIA PRELIMINAR.

Antes de desarrollar esta acusación constitucional en detalle, creemos necesario expresar algunas reflexiones.

Solidarizamos con los pobladores de Aurora de Chile. Llevan mucho tiempo pasándolo mal. Comprendemos su angustia y su dolor. Muchos chilenos fueron afectados por el terremoto de febrero del año recién pasado.

Creemos interpretarlos cuando consideramos que los pobladores no piden ni han pedido saltarse las reglas. Ellos no quieren privilegios ni abusos que los beneficien en perjuicio de otros chilenos necesitados. No quieren ser “regaloneados” como les dijo la Intendenta.

Los pobladores no son autores de lo que ha pasado. Son víctimas de una autoridad que ha utilizado todo su poder para seguir adelante con su proyecto, a cualquier costo.

Se ha abusado de su buena fe. Los pobladores de Aurora de Chile creyeron en las autoridades que les dijeron que había cosas que se podían hacer, en circunstancia que el sistema jurídico lo impedía.

La acusación constitucional no afecta a los pobladores que fueron engañados y manipulados por la Intendenta. Al contrario, de prosperar la acusación constitucional, habrá quedado demostrado que los pobladores fueron inducidos a realizar actuaciones irregulares porque una autoridad en quien creían, los engañó.

Cualquiera sea el resultado de la presente acusación, los diputados acusadores no los dejaremos solos.

Los pobladores saben lo que significa luchar por lo que uno cree correcto. Eso es lo que estamos haciendo al presentar esta acusación. La Constitución nos faculta para hacerlo. Hay garantías suficientes para la acusada: dos instancias (Cámara y Senado), derecho a defensa, votación pública, examen de una comisión que recopila antecedentes e informa. A diferencia de lo que los pobladores de Aurora de Chile han padecido, no estamos torciendo la ley y teniendo un doble discurso.

VI. LA CAUSAL DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL DE "INFRINGIR LA CONSTITUCIÓN".

Como ya señalamos, a un intendente se le puede acusar constitucionalmente por infringir la Constitución. La misma causal se les aplica a los Ministros de Estado y al Presidente de la República, con algunos matices.

En relación a esta causal, es necesario realizar las siguientes puntualizaciones:

1. Lo que se exige es que se haya transgredido, violentado, quebrantado, la Constitución, como pacíficamente lo determina la doctrina constitucional (Alejandro Silva Bascuñán, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo VI, Editorial Jurídica de Chile, p. 147 y 151; Humberto Nogueira Alcalá, Mario Verdugo Marinkovic y Emilio Pfeffer Urquiaga, Derecho Constitucional, Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, p. 157).

La infracción de la Constitución implica una trasgresión de ella a través de actos u omisiones que afecten uno o más bienes jurídico constitucionales o derechos fundamentales y garantías constitucionales, por tanto, dicha trasgresión puede constituir una vulneración objetiva de principios o reglas constitucionales, como puede también afectar la esfera subjetiva de uno o más derechos fundamentales y sus respectivas garantías constitucionales.

La infracción a la Constitución debe ser desarrollada personalmente por la autoridad o persona acusable constitucionalmente, a través de actos u omisiones desarrolladas en el ejercicio de sus funciones, como es, en este caso, las de intendente; dichos actos u omisiones deben ser desarrollados deliberadamente por la persona o autoridad cuestionada, realizada con culpa o dolo, debiendo afectar clara y significativamente un enunciado jurídico constitucional.

Así, cualquier norma constitucional que sea vulnerada o quebrantada por el sujeto pasivo de la acusación constitucional, constituye una infracción constitucional, no importando si dicha norma constitucional corresponda a la parte orgánica o dogmática de la Constitución, lo que configura la causal de acusación constitucional analizada de infracción constitucional.

2. La Constitución entiende que la causal se configura por la mera infracción de la Carta Fundamental.

3. A diferencia de la causal que se aplica al Presidente de la República, en cuyo caso se exige que esta infracción a la Constitución sea desarrollada por el sujeto pasivo "abiertamente", la infracción constitucional del intendente no exige este calificativo, debiendo entenderse que esta diferencia de configuración constitucional tiene un efecto útil.

4. La causal de acusación constitucional no se sanea por retractación. Sólo pierde eficacia jurídica por el transcurso del plazo de caducidad establecido constitucionalmente para formular la acusación que, tratándose del Intendente, es mientras éste se encuentre en funciones o en los tres meses siguientes a la expiración en su cargo.

5. En nada obsta a esta causal que la Constitución indique que el Intendente debe ejercer sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente de la República (art. 111). De un lado, porque la causal la configura otra norma constitucional (la letra e) del N° 2, del art. 52) y, del otro, porque todos los órganos del Estado "deben someter su acción a la Constitución" (art. 6°). Además, expresamente la letra f) del art. 8° de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, contempla como causal de cesación en el cargo del intendente, la destitución por acusación constitucional.

Las infracciones a la Constitución constituyen una norma constitucional abierta. Así, las sanciones que impone el Congreso Nacional a través de una acusación constitucional por esta causal deben aplicarse con el mayor rigor y ponderación, pues de otro modo se estaría afectando el respeto a la Constitución, el debido proceso, y la credibilidad de las instituciones parlamentarias que deben ser preservadas.

Han sido consideradas en el pasado constitutivas de esta causal de infracción de la Constitución, en relación a intendentes, las siguientes situaciones: haber puesto término al funcionamiento de una radio; reiteradas violaciones a las normas relacionadas con el ejercicio de determinados derechos (reunión, libertad personal, inviolabilidad del hogar, igualdad ante la ley, libertad de información); represión de manifestaciones; allanamientos y detenciones ilegales; usurpación de atribuciones judiciales.

El intendente, autoridad de gobierno de la región.

El intendente cumple un rol central en el gobierno y administración interior del Estado. La Constitución determina en su artículo 111 que “El gobierno de cada región reside en un intendente que será de la exclusiva confianza del Presidente de la República”. Ello se refleja en que es "el representante natural e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción" (art. 1°, Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, LOCGAR). A su vez, el inciso 3° del mismo artículo 111 comentado, precisa que “el gobierno regional estará constituido por el Intendente y el consejo regional”. El Intendente es así el órgano de gobierno en la región, además de ser el ejecutivo del Gobierno regional, que de acuerdo con la Constitución, le corresponde la administración superior de cada región, teniendo como objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región (art. 111, inciso 2°)

El vínculo de intendente con el Jefe de Estado se concreta en que es un funcionario de su exclusiva confianza (art. 111 y 32 N° 7 de la Constitución; art. 1°, LOCGAR). También en que le corresponde dirigir las tareas de gobierno interior. Mientras el gobierno de cada región reside en el intendente, la administración superior recae en el gobierno regional (art. 111, Constitución y art. 13 LOCGAR). Al Presidente le corresponde "el gobierno y la administración del Estado" (art. 24, Constitución) Además, dichas tareas de gobierno y administración las debe ejercer "de conformidad con las orientaciones, órdenes e instrucciones que le imparta el Presidente de la República directamente o a través del Ministerio del Interior" (art. 2° letra a) LOCGAR). Esto está en relación en que los intendentes y los gobiernos regionales "se relacionarán con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior" (art. 105, LOCGAR). No obstante, la ley exige "mantener permanentemente informado al Presidente de la República sobre el cumplimiento de las funciones del gobierno interior en la región" (art. 2°, letra b) LOCGAR).

Por otra parte, al intendente le corresponde, de acuerdo a la Constitución, "la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región (art. 112, LOCGAR). Para tal efecto, puede solicitar los informes, antecedentes, o datos que requieran para dichos fines, debiendo éstos proporcionarlos oportunamente (art. 10, LOCGAR). Sin embargo, ello debe concretarse dentro del marco jurídico constitucional, no puede vulnerar o infringir la Constitución (arts. 6° y 7°).

El intendente debe ser una persona prudente y ponderada. Por ello, la ley exige estrictos requisitos para su nombramiento (art. 6°, LOCGAR). Dicha exigencia se funda en que entre otras funciones, le corresponde, por ejemplo, velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes; requerir el auxilio de la fuerza pública; adoptar las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe (art. 2°, letra b), c), ñ) LOCGAR).

Los que firmamos la presente acusación, lo hacemos convencidos que a pesar que el Intendente debe dirigir las tareas de gobierno interior, como ya se indicó, "de conformidad con las orientaciones, órdenes e instrucciones que le imparta el Presidente de la República directamente o a través del Ministerio del Interior", los actos en que se funda la presente acusación, no fueron producto de órdenes presidenciales ni ministeriales.

CAPÍTULOS DE LA PRESENTE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL.

De conformidad al artículo 51 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, la acusación debe desglosarse en capítulos. Estos son los "hechos específicos que, a juicio de la Cámara de Diputados, constituyen cada uno de los delitos, infracciones o abusos de poder que, según la Constitución Política, autorizan para interponerla".

Los capítulos de la presente acusación, se refieren a la causal de infracción de la Constitución y son los siguientes:

VII. PRIMER CAPÍTULO: ENTREGA DE INFORMACIONES DELIBERADAMENTE ERRÓNEAS O FALSAS A LOS POBLADORES, A LA OPINIÓN PÚBLICA Y A LAS AUTORIDADES SUPERIORES DEL ESTADO, LO QUE CONSTITUYE UNA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA.

  1. Descripción general de los hechos.

La Intendente ha infringido la obligación constitucional de probidad al mentir deliberadamente a los vecinos de la población Aurora de Chile de esa región, al informarles a sabiendas la falsedad de que existía un proyecto habitacional a su favor, autorizado y confirmado formalmente por el Ministerio de Vivienda, y con los recursos, asignados para ello, por una parte; y al inventar una historia falsa de que personas que no fueron afectadas por el terremoto del 27 de febrero, sí estaban afectadas por él, buscando involucrar a vecinos de la población Aurora de Chile en dicha maquinación engañosa, para así tratar de inducir ilegítimamente decisiones de organismos del Estado, por la otra".

B. Desarrollo de los hechos.

En la costanera del río Bío-Bío, en el sector Pedro de Valdivia Bajo, en Concepción, se encuentra la población Aurora de Chile. Viven ahí cerca de 500 familias, en casas de diverso tipo, con títulos precarios de dominio y sin casi nada de urbanización.

Aproximadamente hace dos años atrás, la entonces alcaldesa de Concepción y actual Intendenta, impulsó un proyecto habitacional que pretendía seguir adelante con el reordenamiento de la costanera del Biobío en los sectores de Pedro Valdivia Bajo en Concepción. Dicho proyecto se denomina conjunto habitacional Aurora de Chile

La construcción del conjunto habitacional fue licitada por EGIS de la Municipalidad de Concepción, el 31 de diciembre de 2009, y adjudicada a la Empresa GPR en los primeros meses de 2010

De acuerdo a las bases de licitación de un solo contrato, el proyecto habitacional estaría formado por 13 edificios de departamentos y la construcción de 88 viviendas pareadas, construidas en tres macrolotes, por tres etapas. La Etapa I, con 7 edificios de 140 departamentos, con equipamiento, áreas verdes y urbanización del condominio. La Etapa II, con 4 edificios de 80 departamentos; macrolote de 40 viviendas con equipamiento, áreas verdes y urbanización del condominio. Y la Etapa III, con 48 viviendas y 2 edificios de 40 departamentos.

El financiamiento provendría por dos vías. Por una parte, la empresa adjudicataria, de forma conjunta a la EGIS municipal, debían postular y ganar fondos del D.S 174 de Vivienda y Urbanismo del año 2005, que reglamenta el Programa de Fondo Solidario de Vivienda. Por la otra, el financiamiento consistiría en los fondos de Subdere que recibiría el Municipio.

Sin embargo, tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, las posibilidades de continuar con este proyecto, resultaron imposibles, debido a los requerimientos de fondos que serían empleados para la reconstrucción de la región.

Además, en el sector se está construyendo un puente (El Chacabuco). Algunas de las casas serán expropiadas para prolongar y ensanchar la calle de acceso a dicho puente.

Asimismo, no todas las casas resultaron afectadas por el terremoto; sólo el 40% tiene esa condición. Eso representaba una dificultad, por la exigencia que el 80% de las familias que se postulen a proyectos colectivos, tengan sus casas dañadas.

Producido el terremoto del 27 de febrero de 2010, el 9 de abril del mismo año, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizó un llamado a concurso en condiciones especiales para proyectos de construcción del Programa Fondo Solidario de Vivienda, para aquellas regiones afectadas por el terremoto, mediante Resolución exenta 2186, con el objeto de hacer frente a las reconstrucciones en materia de vivienda. De acuerdo al art. 3, literal f, de dicha resolución, se establece que “Para proyectos colectivos participantes en el presente llamado, se exigirá que el grupo organizado esté integrado a lo menos con un 80% de familias damnificadas. Excepcionalmente, podrá existir proyectos con un porcentaje menor al antes señalado, autorizado por el Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, previa solicitud fundada del Director del Serviu de la Región correspondiente”.

El 31 de agosto de 2011, el Alcalde de Concepción, señor Patricio Kuhn, por oficio N° 1013, envía a don Sebastián Salas Cox, Director de Serviu de la Región del Bío Bío, una solicitud de excepción para postular a Subsidios de Reconstrucción post-terremoto en el Sector Aurora de Chile, atendiendo a que el catastro de daños del Sector Aurora de Chile I, que cuenta con alrededor de 350 familias, “arrojó un porcentaje menor al 80% de damnificados con certificados de inhabitabilidad, solicitando su gestión ante el Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, a fin de que la situación quedara amparada en la Resolución N° 2186, del Llamado Especial de Proyectos de Reconstrucción.

El 9 de septiembre la Intendenta Jacqueline Van Rysselberghe se reúne con vecinos de la población Aurora de Chile, de la Junta de Vecinos Siglo XXI, asamblea realizada en el gimnasio de la Escuela Santa Catalina de Siena, ubicada en calle Errázuriz número 54, sector Aurora de Chile, ciudad de Concepción, a la que asistieron cerca de 300 personas. A ella asistió la acusada con el objeto de informar sobre el avance del proyecto y las gestiones que consideraba necesarias para agilizar el proyecto y lograr que se obtuviera a través del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo la aprobación de la Resolución Exenta 2186.

En dicha reunión, cuyo video y audio se acompañan, la Intendenta van Rysselberghe confiesa a los pobladores como inventó una historia en que las viviendas estaban dañadas o afectadas, utilizando el hecho del terremoto del 27 de febrero y el problema del puente, así señaló:

“Nosotros usamos el tema del puente para que este proyecto no se nos cayera. No sé si me explico.

Nosotros dijimos en Santiago, esa es la verdad, que este proyecto era súper importante llevarlo adelante, porque como la gente de Santiago no conoce acá, porque afectaba a todas las casas… ja, ja, ja, (risas de la asamblea).

Y por eso nos mantuvimos completos, porque si no me habrían dado la solución… no estaba todavía definido por donde sale el puente. Pero habría solucionado el tema de las casas que salen, como fue el tema de la costanera, por ejemplo, sin solucionar el tema de la población completa.

Nosotros usamos el tema del terremoto y el tema del puente a favor de ustedes. Y dijimos que el puente casi abarcaba la población completa porque si no, la verdad, es que todas las casas se iban a ver afectadas. Poquito más, poquito menos, eso fue lo que dijimos”.

Luego, la Intendente Van Rysselberghe, relata como inventó, mintió y fraguó el engaño a las autoridades del Ministerio de la Vivienda en Santiago, urdiendo una historia falsa, además de engañar a los pobladores acerca de que las autoridades de Santiago, habían aceptado incorporarlos en el proyecto habitacional, aún cuando no tenían certificados de inhabitabilidad ni estaban terremoteados.

“Y por eso nos aceptaron meter un porcentaje muy importante de personas que no tienen certificados de inhabitabilidad. Hay cerca-el grupo de ustedes- de 60% de las personas que no tienen certificados de inhabitabilidad, que no están terremoteadas. Y que sin embargo, van a ser beneficiadas por el proyecto. Porque logramos convencer en Santiago de que sí estaban afectadas…Porque como se había caído el puente, entonces el puente estaba afectado por el terremoto, y como el Puente estaba afectado por el terremoto eso lo afectaba a ustedes y también estaban afectados por el terremoto; y la fábrica y no sé qué. Inventamos una historia y pudimos hacer que este proyecto no se nos escapara de las manos. Y tenemos hoy día la autorización del Subsecretario para poder seguir avanzando.”

La verdad de los hechos es que la intendenta sólo presentaría el proyecto con posterioridad a tal reunión con los pobladores, desarrollando otro engaño a los pobladores, ya que el proyecto Aurora de Chile, sólo sería presentado a SERVIU en noviembre de 2010 -como lo reconoce la misma intendente en atachado a e-mail enviado a algunos diputados a partir del lunes 28 de febrero de 2011- el cual fue devuelto a Concepción el 3 de diciembre de 2010, sin haber sido aprobado.

A su vez, el Subsecretario de Vivienda, señor Andrés Iacobelli, el 13 de febrero de 2011, desmiente a la Intendente del Bío Bío, en información hecha llegar a Radio Bío Bío, señalando:

“Los mecanismos son transparentes y conocidos por todo el equipo del ministerio bajo la conducción y coordinación permanente de la señora ministra y este subsecretario. Nunca hemos promovido ni motivado usar el terremoto para falsear la información y hemos sido los primeros en investigar y aplicar nuestros mecanismos de control, pese a las múltiples presiones para que seamos más flexibles con la catástrofe”.

Se acompañan declaraciones juradas notariales de fecha 10 de marzo de 2011, en la que don José Rigoberto Briones Hidalgo declara. “Que respecto a sucesos ocurridos en Población Aurora de Chile relacionados con proyecto habitacional, fue testigo del “puerta a puerta” que funcionarios municipales y dirigentes de la Junta de Vecinos realizaron en el sector para que los pobladores se inscribieran en el registro de damnificados. Que, la intendenta de la región, personal municipal y dirigente de la Junta de Vecinos, en Asamblea vecinal, les dijeron que los pasarían por damnificados para facilitar ejecución del proyecto. Por eso se inscribió, aunque no es damnificado. También se les informó que de no hacerlo quedaría afuera del proyecto”. A su vez, don Juan Leonardo Parada Ulloa, en su declaración jurada notarial precisa: “Que respecto a sucesos ocurridos en Población Aurora de Chile relacionados con proyecto habitacional, el Presidente de la junta de vecinos, don Heriberto Montesinos y personal municipal que no identifica, lo impulsaron y presionaron para inscribirse en la Municipalidad, de lo contrario quedaría fuera del proyecto habitacional del sector y de esa manera podían apurar las platas del gobierno en Santiago, para que el proyecto no se cayera. Por eso concurrió a ella. Lugar donde se le solicitó el nombre y otros datos. Agrega que fue visitado en dos oportunidades por personal municipal, en ambas le declaro que él no estaba terremoteado”.

Durante este proceso se concretaron fichas de inscripción de damnificados claramente falsas como son la ficha inscripción de damnificados, folio 1378629, de doña Maria Silvia Maldonado, Rut 6721795-0, en que se señala que su vivienda ubicada en calle Andrés Bello N° 186 de la Villa Aurora de Chile, se encuentra inhabitable; dicha pobladora en Declaración jurada, de fecha 10 de marzo de 2011 declara que “no tuvo daños con terremoto y nunca recibió visitas o inspecciones de personal municipal u otro servicio público respecto a posibles daños causados por el terremoto. Por otro lado, jamás ha recibido ningún tipo de ayuda municipal ni la ha solicitado. Se enteró que aparece como damnificada y es injusto pues su casa pierde valor”. Una segunda ficha de inscripción de damnificados, folio 13785337, de Inés del Pilar Oliva Herrera, Rut 4926947-1 de calle Bío Bío 177 de Villa Aurora de Chile, apareciendo su vivienda como inhabitable. La señora Inés del Pilar Oliva Herrera, en declaración jurada notarial de fecha 10 de marzo de 2011, precisa que “se encuentra indignada porque tomaron su nombre para falsear datos, no sabe con qué fin, cuando a su casa no se le quebró un vidrio. Aún así, aparece en listados como con su casa inhabitable. Es posible que esos falsos datos le ocasionen problemas en el futuro, por lo que es importantísimo aclarar esta información. Agrega que, a su casa no ha ingresado nunca un funcionario municipal después del terremoto. Sólo en Abril de 2009 atendió en el patio a Marta Caamaño, Asistente Social de la Municipalidad, quién andaba haciendo una encuesta”. En ambos casos las fichas aparece confeccionadas por el funcionario E. Poblete, quién fue el usuario según consta en ellas.

Queremos clarificar que no estamos acusando a la Intendenta por las frases que hemos reproducido en los párrafos transcritos con anterioridad. La estamos acusando por lo que revela con estas frases. Las frases son una prueba de lo que le reprochamos. Son una confesión de sus actuaciones y es una prueba incriminatoria central de que violó la Constitución.

La Intendenta explicó su actuación en una entrevista que dio a La Tercera, el 13 de febrero, conocida la denuncia y a poco de iniciar sus vacaciones. Ahí dijo que sólo un 40% del campamento La Aurora de Chile eran damnificados. De acuerdo a la normativa, agregó, el 80% de las viviendas no eran inhabitables. No se reunían los requisitos para postular a un proyecto colectivo. Los vecinos estaban nerviosos, sostuvo. Según sus palabras, como eran personas de alta vulnerabilidad, afirmó que hizo la gestión con el Subsecretario de Vivienda para que autorizara a postular. El Subsecretario, sostuvo la acusada, indicó que estaba dispuesto a estudiarlo. Eso, agregó, lo comunicó a la Municipalidad. Y en ese contexto, se hizo la reunión del 9 de septiembre. Agregando que la postulación la hizo la EGIS del municipio, aunque precisó que se necesitaba la disponibilidad de la autoridad para seguir avanzando.

En la asamblea en que la Intendenta dijo las frases más arriba señaladas, se encontraba presente el Seremi de Vivienda del Bío Bío, (Enrique Matuschka), el Director Regional del SERVIU (Sebastián Salas), la Jefa de Gabinete del Alcalde del Concepción (Valeria Soto), y el abogado de la empresa que se había adjudicado el proyecto para desarrollar el conjunto habitacional Aurora de Chile I (Empresa GPR).

En esta misma entrevista le preguntan si el Seremi de Vivienda es cercano a ella. Y ella responde que sí, porque “Concepción es una ciudad chica”.

No estamos acusando tampoco a la Intendenta por su perfil conflictivo. Son conocidos sus desencuentros con el ex Intendente Tohá mientras ella era alcaldesa; sus conflictos con Renovación Nacional; la queja que tuvo contra “Un Techo para Chile”; durante el período de habilitación de viviendas de emergencia; ni que se fuera de vacaciones durante este episodio.

No, no la acusamos por eso. Eso es algo que debe apreciar y ponderar quien hace los nombramientos y quien tiene la autoridad para removerlos.

Durante el mes de febrero, se intentó justificar estas declaraciones de distinta manera.

En primer lugar, lo hizo la propia Intendenta. Ella señaló que era una grabación clandestina. Por lo mismo, si hubiera sabido de la grabación, hubiera usado un lenguaje más prudente. También sostuvo que era un lenguaje para pobres, para que ellos entendieran; que la solución que se inventó no era mentir, sino “crear”, y que los certificados de inhabitabilidad los entregaba el municipio, no la intendencia. Del mismo modo, sostuvo que se había hablado con Vivienda, y lo que se había buscado era dar coherencia a una situación de hecho que ocurría para que el proyecto no se cayera.

En segundo lugar, la justificación vino desde el mundo político. Desde el partido de la señora Intendenta, la UDI, se dijo que lo que había detrás era un interés del senador Navarro por desprestigiar a la Intendenta, dada la próxima elección de senadores. El senador Novoa dijo que este era un tema político, que las irregularidades las podía investigar la Contraloría, no el Gobierno, y que había que respaldar a la Intendenta. Para Novoa, todo esto es una “burda maniobra política que inició Navarro que ve perdida la reelección si a la Coca le va bien y la siguió la Concertación. El Gobierno no se da cuenta de eso, que es lo más elemental: tiene que entender que el problema no es administrativo, es político y la reacción tiene que ser política... en vez de reaccionar políticamente, el Gobierno se mete en la parte administrativa … pero para eso está la Contraloría”.

En tercer lugar, vino la justificación de parte del Gobierno. Este sostuvo que no se había entregado ningún subsidio; y que su investigación había arrojado que no había ninguna irregularidad en los certificados. Se calificó la actuación de la Intendenta como un “error involuntario”, como “una actuación desafortunada”, y que la investigación que había realizado no les permitía advertir ninguna irregularidad. Había existido sólo un error y una equivocación. El Presidente llegó a afirmar que había palabras desafortunadas, pero una intención correcta.

En una entrevista reciente, que se acompaña como documento, el Ministro del Interior dijo que “se trató de un episodio desafortunado, en que la Intendenta empleó un lenguaje inapropiado para una autoridad de su importancia”. “La Intendenta cometió un error: lo dijimos, ella lo reconoció y pidió disculpas. Y el Gobierno le hizo un reproche político importante, al decir que había empleado expresiones absolutamente inadecuadas para ella, que podían generar falsas expectativas en la ciudadanía y que no era el estilo de comunicación que nuestro Gobierno esperaba de las autoridades.”

A nadie –hasta ahora- le parece grave que una autoridad hable en primera persona de decisiones que les corresponden a otras autoridades; que diga es “su proyecto emblemático”, y que no se nos puede caer; que durante la reunión, en las declaraciones señaladas y después, se diga que el Ministerio de la Vivienda había dado su OK; que se realizaron gestiones para impulsar el proyecto, a pesar que no se cumplía la normativa y que para obviarla se invente una historia, como dijo la acusada; que los únicos que han dicho que no hay irregularidades son el Jefe de la Intendenta, o sea el Ministro del Interior, y la autoridad a cargo de la cartera que maneja los subsidios, en base a una investigación que nadie conoce y que no se ha hecho pública; nadie independiente ha dicho que aquí no pasó nada.

A nadie parece llamarle la atención a que en la asamblea estén todas las autoridades encargadas de informar o de tomar decisiones, o sus representantes (Seremi de Vivienda, el Jefe del Serviu, la Jefa de Gabinete del alcalde). Y nadie desmiente, precisa, rectifica o aclara lo anunciado. De hecho, todas las autoridades de la zona, se desaparecieron, pues se fueron de vacaciones, o no han dicho o declarado nada públicamente, absolutamente nada, como si nunca hubieran estado. Sólo hablan los Ministros y la afectada. El resto, parece no existir.

A nadie parece llamarle la atención tampoco, que en reiteradas ocasiones, la acusada alude al conocimiento de las autoridades de Vivienda de todo lo actuado, y sistemáticamente es desmentida por estas. La Ministra es respaldada por otros Ministros (“la dejaron sola”); el Presidente hace gestos hacia ella (la invita a ceremonias); ella manifiesta su indignación con lo que la acusada sostiene; anuncia querellas por las irregularidades. Pero nunca la Intendenta ha reconocido que las autoridades no sabían lo que estaba haciendo. El Presidente de su partido así lo indica el 4 de febrero: “La intendenta jamás ha mentido, obtuvo la autorización del Minvu para incluir a todas las personas de una población en los programas del Gobierno”. Estas contradicciones parecen no ser relevantes.

Ni hablar de las contradicciones sobre la existencia del proyecto Aurora de Chile. Mientras la Intendenta declara en esta reunión del 9 de septiembre que es “un proyecto emblemático que nosotros teníamos cuando estábamos a cargo de ella”, la Ministra de Vivienda declara que el proyecto no existe, pues sólo se presentó una consulta técnica y que fue devuelto a la EGIS de la Municipalidad de Concepción”. Mientras, el Seremi de Vivienda dice, en radio Bío Bío, que la empresa está en terreno “haciendo algunos movimientos…empezaron con los primeros movimientos en terreno... lo principal es que por lo menos hicimos el puntapié”. Una autoridad dice que el proyecto no existe, la otra que ya partió.

Debe precisarse que la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, doña Magdalena Matte, en entrevista al Diario La Segunda del viernes 25 de febrero de 2011, responde al periodista el cual le pregunta si ella había estado indignada por la conducta de la Intendente Van Rysselberghe: “Estaba muy indignada de que alguien intentara meter a este ministerio, al subsecretario, en un conflicto en que no teníamos ninguna relación. Pero ella pidió disculpas, dijo que se había equivocado y que había metido a este ministerio en una forma muy injusta. Después de eso, uno obviamente tiene que dar vuelta la hoja.”. Más adelante en la entrevista el periodista le pregunta a la Ministra ¿qué tanto le dolió lo ocurrido?, la cual responde. “Después de un conflicto como éste nadie queda bien, todos perdemos. Dentro de las pérdidas, siento que logramos que fuera claro y definitivo que el ministerio no tenía ninguna relación con los dichos de la intendenta, que eran dichos y no hechos, no había proyectos”. Tales afirmaciones de la Ministra Matte ratifican que la Intendenta había manipulado, mentido e inventado ante los pobladores en la asamblea antes relatada en Villa Aurora de Chile acerca del conocimiento y visto bueno del ministerio, a través del subsecretario sobre un proyecto que no había presentado. Ante ello, en la misma entrevista, el periodista pregunta a la Ministra Matte si ¿mintió la intendenta? La Ministra Matte responde “Sí… ella contó un cuento”.

Luego, en el Diario La Segunda del martes 1 de marzo de 2001, la Ministra Magdalena Matte, envía carta a la dirección del periódico, en que precisa: “En la entrevista que me hiciera y publicara La Segunda el viernes pasado, una imprecisión de mi parte dio pie a una interpretación equívoca. Quisiera dejar en claro que ni el Gobierno ni la suscrita estiman que la intendenta del Bío Bío haya mentido. Sus propias palabras fueron “Inventé una historia”.

Debemos precisar que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, invención tiene los significados siguientes: 1. Acción y efecto de inventar; 2. Cosa inventada; 3. Engaño, ficción. A su vez, la voz inventar significa: 1. Hallar o descubrir algo nuevo; 2. Dicho de un poeta o de un artista. Hallar, imaginar, crear una obra; 3. Fingir hechos falsos; 4. Levantar embustes”. Debemos concluir que en el presente caso, como la intendenta no es una poeta ni una artista, “inventar una historia” implica fingir hechos falsos, levantar embustes, engañando a las autoridades y a los pobladores, lo que reconoce la intendenta y por ello es que debe pedir disculpas a la Ministra Magdalena Matte, como relata esta última, en la entrevista de La Segunda, como es de público conocimiento.

El preparar deliberadamente estos embustes, el maniobrar dolosamente para engañar a los pobladores y a las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y tratar de involucrarlo en hechos y conductas al margen del ordenamiento jurídico, en presencia de las autoridades regionales que son sus subordinados, como asimismo, por el daño inmenso efectuado a la fe pública, a la credibilidad de las autoridades y a las políticas de vivienda y reconstrucción, estamos claramente ante conductas contrarias a la probidad que debe tener una autoridad como es una intendenta, lo que configura de acuerdo al artículo 8° inciso 1°, una infracción constitucional al principio de probidad.
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