Acusación Constitucional contra Intendenta de la Región del Bío Bío, doña Jacqueline Van Rysselberghe






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Acusación Constitucional contra Intendenta de la Región del Bío Bío, doña Jacqueline Van Rysselberghe.

EN LO PRINCIPAL: formula acusación constitucional; primer otrosí: acompañan documentos; segundo otrosí: se cite a declarar; tercer otrosí: se invite a declarar a personas que señala; cuarto otrosí: solicita diligencias; quinto otrosí: se tenga presente; sexto otrosí: certificado.

H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Los diez diputados que firmamos el presente escrito, domiciliados para estos efectos en la sede central de la Cámara de Diputados, en Valparaíso, a US. respetuosamente señalamos:

Venimos en acusar constitucionalmente a la intendenta de la región del Bío Bío Jacqueline van Rysselberghe Herrera, en virtud del artículo 52 N° 2 literal e) de la Carta Fundamental, por infracción de la Constitución en sus artículos 8, 112 y 19 N° 2, basados en los siguientes actos:

1) Por mentir deliberadamente a los vecinos de la población Aurora de Chile de la ciudad de Concepción, al informarles a sabiendas la falsedad de que existía un proyecto habitacional a su favor, autorizado y confirmado formalmente por el ministerio de Vivienda y Urbanismo, y con los recursos, asignados para ello;

2) Por inventar una historia falsa de que personas que no fueron afectadas por el terremoto del 27 de febrero, sí estaban afectadas por él, buscando involucrar a vecinos de la población Aurora de Chile en dicha maquinación engañosa, para así tratar de inducir ilegítimamente decisiones de organismos del Estado;

3) Por decidir promover privilegios y beneficios habitacionales indebidos a favor de un grupo determinado de personas, discriminando negativamente a los vecinos de otros sectores de la región del Bío Bío que no han tenido acceso a dichos privilegios y beneficios;

4) Por arrogarse atribuciones que no le corresponden, sobre servicios públicos de la región del Bío Bío, al margen de sus potestades de coordinación, supervigilancia o coordinación de dichos servicios.

I. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL.

De acuerdo al artículo 52 N° 2 de la Constitución, en relación al artículo 37 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, no menos de diez ni más de veinte diputados pueden formular una acusación constitucional en contra de ciertas personas y autoridades, en este caso, una Intendenta, por una o más de las causales taxativamente determinadas en el texto constitucional (artículo 52 N° 2, literal e). Esta acusación debe presentarse por escrito, mientras el sujeto pasivo de la acusación, se encuentra en funciones o, en un período de tres meses siguientes a la expiración en su cargo (artículo 52 N° 2, inciso 3°).

La acusación se presenta en este caso en contra de la señora Intendenta de la Región del Bío Bío, doña Jacqueline Van Rysselberghe, quien se encuentra en el ejercicio del cargo el 11 de marzo del año 2010, de acuerdo al Decreto 261 del Ministerio del Interior, publicado en el diario Oficial del 21 de Julio de 2010.

En el presente caso, somos diez diputados de la República. La acusación la presentamos en la Cámara de Diputados.

Los intendentes están señalados en el número 2) letra e) del artículo 52, de la Constitución como autoridades acusables. Asimismo, lo hacemos por una de las causales que la Constitución indica respecto de este tipo de autoridades: la infracción de la Constitución.

Consideramos, entonces, que hemos cumplido con los requisitos de admisibilidad de la presente acusación.

II. LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA INTENDENTES CONSTITUYE UNA PRÁCTICA CONSTITUCIONAL CONSTANTE EN NUESTRO ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL DESDE EL SIGLO XIX.

Tanto bajo la Constitución de 1833, como bajo la Constitución de 1925, y desde el año 1990 en adelante, bajo el imperio de la actual Constitución, se han presentado acusaciones contra intendentes.

Durante la Constitución de 1833, se presentaron cinco acusaciones constitucionales: en 1850 (Intendente de Aconcagua, José Manuel Novoa), en 1858 (Intendente de Concepción Adolfo Larenas), 1864 (Intendente de Aconcagua José Pérez Mascayano), 1864 (Intendente de Colchagua, Ángel Prieto y Greg) y en 1876 (Intendente de Valparaíso Francisco Echaurren Huidobro).

Durante la Constitución de 1925, se presentaron ocho acusaciones constitucionales contra intendentes: en 1972 (Intendente de Concepción Vladimir Chávez Rodríguez; del Bío Bío Federico Wolf Álvarez; de Santiago, Alfredo Joignant Muñoz); en 1973 (Intendente de Santiago, Jaime Faivovic Waissbluth; el de Valparaíso, Carlos González Márquez; el de Ñuble, Luis Quezada Fernández; el de Talca, Francisco Reyes Álvarez y el de Concepción, Fernando Álvarez Castillo).

Durante la vigencia de la Constitución de 1980, se han presentado tres acusaciones contra intendentes. El año 2002, contra el Intendente de la Región Metropolitana, don Marcelo Trivelli; en el año 2004, contra el Intendente subrogante de la V Región, don Iván de la Maza; y en el año 2010, contra doña Ximena Matas Quilodrán como Intendenta de la Región de Atacama

Así, el Congreso Nacional ha tenido la oportunidad de conocer y pronunciarse, en nuestro devenir de Estado de Derecho y de Estado Constitucional, respecto de diversas acusaciones constitucionales contra Intendentes, por distintas causales taxativamente señaladas en los respectivos textos constitucionales, desde la Constitución de 1833 hasta el presente.

III. LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL.

La facultad de imponer sanciones jurídico políticas por parte del Congreso Nacional a través de la acusación constitucional, denominado también juicio político, es una facultad privativa y discrecional de dicho órgano constitucional, dentro de los límites que derivan de la propia Constitución, del principio de razonabilidad y proporcionalidad, como asimismo del respeto de los derechos fundamentales y del debido proceso.

Mediante la acusación constitucional, un grupo de parlamentarios formula la imputación de que una autoridad incurrió, con sus acciones u omisiones, en ejercicio de su cargo, en una causal que justifica su remoción.

Como es usual en el derecho constitucional latinoamericano, la acusación constitucional denominado también juicio político, con algunas matizaciones, es aquel que permite iniciar un procedimiento a los funcionarios enumerados en el texto constitucional respectivo, en razón de las infracciones constitucionales, abusos o desviaciones de poder, delitos o "faltas políticas" cometidas en el ejercicio de sus funciones, con la finalidad como señala Paulo Broussard en Brasil, de "retirar del poder de quien hace mal uso de él e impedir que [...] pueda ser reinvestido de poder en el futuro." (Broussard, Paulo. O impeachment. Editora Saraiva. 2da. Ed, 1992. p. 77). Al respecto, el distinguido tratadista Germán Bidart Campos, en Argentina, refiere que "se lo denomina juicio "político" [...] porque no es un juicio penal; en él no se persigue castigar sino separar del cargo; no juzgar un hecho como delictuoso, sino una situación de gobierno como inconveniente para el Estado" (Manual de Derecho Constitucional Argentino. Ediar., 1986. p. 612)". En la misma perspectiva se pronuncian los distinguidos constitucionalistas mexicanos Héctor Fix-Zamudio y Salvador Valencia Carmona, los cuales precisan que el juicio político se caracteriza por su desarrollo en sede parlamentaria y ser un procedimiento de enjuiciamiento de altos funcionarios públicos con “la consecuencia, de que el fallo condenatorio únicamente implica la destitución e inhabilitación del responsable, el cual posteriormente, si su conducta está tipificada penalmente, puede ser sometido a un proceso ante los tribunales ordinarios” (Derecho Constitucional Mexicano y Comparado, Ed. Porrúa, 2005, p. 728 – 729). José Korseniak en Uruguay considera que las consecuencias de la acusación constitucional, cuando la decisión es condenatoria, son dos: “separar del cargo al gobernante enjuiciado, que queda sujeto a juicio conforme a la ley, lo que significa su pase a la justicia ordinaria. El primero de los efectos tiene el contenido de una destitución” (Primer curso de derecho público. Derecho constitucional. Cuarta edición. Ed. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2008, p. 508).

La finalidad que se persigue con la acusación constitucional en Chile es, en general, la misma, que en los demás Estados latinoamericanos, consistente en que la Cámara de Diputados declare ha lugar la acusación y el Senado se pronuncie sobre su culpabilidad por la infracción jurídica respectiva. Conforme a los términos constitucionales, "por la declaración de culpabilidad, queda el acusado destituido de su cargo" además de quedar inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, sean o no de elección popular, por el término de cinco años (artículo 53 N° 1, inciso 4° de la Constitución).

La acusación exige la imputación de una determinada conducta a la autoridad respectiva, ya sea por infracciones constitucionales, abusos o desviaciones de poder, violaciones de derechos fundamentales o la comisión de determinados delitos. Esta acusación debe basarse en hechos claros y precisos y enmarcarse en la o las causales que para cada persona o autoridad pasible de acusación la Constitución establece.

Respecto de los intendentes y gobernadores, que es la situación que nos corresponde considerar, la Constitución establece dos causales: la infracción de la Constitución y la comisión de ciertos delitos ("traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión") (art. 52 N° 2, letra e)).

La acusación constitucional es así un mecanismo reglado de remoción. Primeramente, porque la Constitución establece quiénes pueden acusar, quiénes pueden ser acusables y por qué causales, en qué plazo y con qué quórum de respaldo. El texto constitucional determina las funciones y atribuciones que les corresponden a la Cámara de Diputados y al Senado. La Cámara debe determinar "si han o no lugar las acusaciones que no más de diez ni menos de veinte de sus miembros formulen" contra las personas acusables (art. 52 N° 2, inciso 1°); el Senado, en cambio, debe resolver "si el acusado es o no culpable del delito o infracción o abuso de poder que se le imputa" (art. 53 N° 1 inciso 3°).

La Ley Orgánica del Congreso, por mandato de la Constitución (art. 52, N° 2, inciso 2°) configura y complementa el procedimiento determinado constitucionalmente y precisa las garantías del acusado. Estas establecen la necesidad de notificar la acusación constitucional (art. 39), la de la persona acusada de concurrir a hacer personalmente su defensa o presentarla por escrito en el procedimiento desarrollado ante la Cámara (art. 39), solicitar que la Sala de la Cámara no admita la acusación a trámite (art. 43) e intervenir durante la votación en la Cámara (art. 45). También dicha ley establece que la acusación debe votarse, separadamente, de acuerdo a los capítulos que contenga la acusación constitucional (art. 51).

La acusación se presenta por acciones u omisiones que la autoridad acusada haya realizado en el ejercicio de la función pública de que se encuentra investido.

IV. HEMOS ESPERADO UN PLAZO PRUDENCIAL PARA FORMULAR Y PRESENTAR ESTA ACUSACIÓN.

Queremos partir por señalar que una vez conocidos los hechos que fundan esta acusación, el Gobierno se entrevistó con la Intendenta; pidió informes; hizo una investigación interna; hubo reuniones de alto nivel en el palacio de Gobierno.

El 16 de febrero, después de casi dos semanas de conocidos los hechos, el Gobierno descartó remover a la Intendenta y la confirmó en su cargo. Consideró que no habían irregularidades (no hay documentos ni certificados de inhabitabilidad falsos ni se han comprometido recursos; los datos recabados no sustentan ni justifican las denuncias efectuadas) y que la Intendenta había realizado una muy buena gestión.

Nosotros, en cambio, consideramos que hay antecedentes suficientes para acusar constitucionalmente a la Intendenta.

Tenemos en cuenta que la Constitución no exige un nivel de prueba determinado de los hechos que se imputan. Exige sólo que los antecedentes incriminatorios se aprecien en conciencia (la Constitución dice que el Senado decide “como jurado”). Es decir, los parlamentarios pueden considerar todo tipo de prueba y darle el valor probatorio pertinente. Lo importante es que adquieran una íntima convicción que ha lugar a la acusación en la Cámara, y luego, en el Senado, que hay culpabilidad. En todo caso, aquí existe una confesión de la Intendenta (la grabación de la asamblea del 9 de septiembre); declaraciones de testigos –pobladores-; presunciones; innumerables declaraciones de prensa, que demuestran que la Intendenta incurrió en la causal que se le imputa.

Queremos advertir, sin embargo, que toda esta situación está rodeada de contradictorias declaraciones, por desmentidos a medias, por intervenciones que aparecen y desaparecen a conveniencia. Se dice una cosa y luego otra. Se afirma algo que luego se niega. Desde que se formulan las declaraciones centrales que fundan esta acusación (9 de septiembre de 2010) hasta que se hace pública a principio de febrero, la Intendenta, ni nadie del Gobierno, precisa o rectifica lo que ella dijo. Pero una vez que se conocen comienza una cadena infinita de justificaciones, de cambios de opinión, de descalificaciones. Queremos subrayar que durante cinco meses, hubo declaraciones que estuvieron a firme.

Consideramos que lo que aparece de manifiesto en las declaraciones de la Intendenta, en los pobladores que han declarado por los diarios, en la disputa generada en los partidos que forman la coalición de Gobierno, en las contradicciones en que ha incurrido el Ministerio de Vivienda con la acusada, son hechos de la mayor gravedad.

Por de pronto, porque la Intendenta es la representante natural e inmediata del Presidente de la República en la región. Le corresponde, entre otras importantes funciones, el gobierno de la región, mantener el orden público, y efectuar una serie de reportes al Presidente. Se requiere, en consecuencia, personas de alto nivel y de una probidad intachable.

Nos preguntamos entonces cómo puede seguir en funciones alguien a quien se le reprocha que genera falsas expectativas en la gente y que ha empleado expresiones absolutamente inadecuadas, como dijo el Ministro del Interior –jefe superior de ella- hace apenas unos días por el diario La Segunda. Nos sorprende y nos preocupa tal declaración. La Región del Bío Bío es la tercera región en cantidad de población del país, y su importancia relativa dentro del país es enorme, por sus centros pensantes (universidades), industrias, puertos, etc. No puede estar en su dirección una autoridad cuestionada de la forma en que aquí demostraremos.

Enseguida, la Intendenta ha reconocido que todas las autoridades superiores de gobierno y administración en la región del Bío Bío son cercanas a ella, y de su plena confianza política. Recordemos que ella, además, fue alcaldesa de Concepción durante muchos años. Es decir, tiene influencia y poder decisorio en todo el aparato público de la región. El Presidente de Renovación Nacional ha dicho que la Intendenta no ha integrado a personas de su partido a su gestión.

Es decir, se reconoce públicamente que una región es manejada por militantes de un partido, sin que quede claro qué los motiva (la lealtad a la Intendenta o a la gestión del interés público, labor propia de la Administración). Hay entonces, una confusión de roles de una ex alcaldesa, con un equipo de gobierno y administración leales únicamente a ella, y predominantemente del partido de la que fue Vicepresidente la acusada. No sorprende que los más férreos defensores de su actuación, hayan sido los dirigentes de su partido (los H. senadores Coloma y Novoa del partido UDI).

Esto es particularmente delicado porque, de acuerdo a la Constitución, el Intendente coordina, supervigila o fiscaliza a los servicios públicos que operan en la región. Asimismo, por mandato legal, la Intendenta debe poner en conocimiento de la Contraloría y de los Tribunales todos los hechos que puedan generar responsabilidad administrativa, civil o penal en contra de algún funcionario de las instituciones sujetas a su fiscalización o supervigilancia. Además, los intendentes deben informar al Presidente sobre el comportamiento ministerial de los jueces. También, el Intendente puede proponer nombramientos y remociones de autoridades regionales.

Nos preguntamos cómo puede cumplir adecuadamente estas funciones alguien que ha erosionado su legitimidad de la forma en que a la opinión pública le consta. Cómo el Presidente y el Ministro del Interior podrían seguir confiando en alguien que siendo “su representante natural e inmediato”, confiesa que “logramos convencer a Santiago de que sí estaban afectadas las viviendas… inventamos una historia y pudimos hacer que este proyecto no se nos escapara de las manos” si uno de sus roles es “mantener permanentemente informado al Presidente de la República sobre el cumplimiento de las funciones del Gobierno interior de la región (artículo 2° letra d, Ley sobre Gobierno y Administración Regional). ¿Cómo se podría confiar en la fidelidad de esa información?

Del mismo modo, esta es una situación que parece nunca acabar, pues cada día aparecen nuevas irregularidades. Mientras terminamos de afinar esta acusación, concejales del municipio de Concepción denuncian que documentos vinculadas a la Población Aurora, desaparecieron o fueron adulterados; y el mismo modus operandi empleado en dicha población, se usa en Talcahuano, en la población Centinela (gestiones para saltarse requisitos; resoluciones del Minvu en tal sentido, etc.).

Acusamos entonces, porque estamos seriamente preocupados por lo que está pasando con la Intendenta en la región. Lo hacemos sinceramente preocupados por el bienestar de la región, por el respeto a la autoridad republicana, por la responsabilidad que como dirigentes tenemos hacia las personas que componen nuestro electorado. Lo hacemos porque no compartimos un liderazgo a cualquier costo y sectario; en que hay abuso de la buena fe de pobladores necesitados; en que se tuerce la institucionalidad para sacar adelante proyectos personales; en que cuando las cosas se ponen difíciles, se descalifica, se cobran lealtades, y se obvia la responsabilidad por las propias actuaciones endosándoselas al resto o a subordinados; en que se usan cargos para formarse plataformas que los lleven hacia otros cargos anhelados.

Presentamos esta acusación porque la señora Intendenta de la Región del Bío-Bío actúa con permanente desprecio por las autoridades representativas de la ciudadanía, parlamentarios, concejeros regionales, alcaldes y concejales, a quienes ignora y excluye sistemáticamente, salvo que éstos actúen bajo su mandato, y para el logro de sus objetivos políticos personales. Rodeada por un grupo de asesores incondicionales, se comporta como dueña de la región, tal como en su momento lo hizo respecto de la Municipalidad de Concepción. O la señora intendenta no cree en la autonomía municipal, o tiene una muy equivocada concepción de ella.

El Vicepresidente de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, el 8 de febrero, en La Segunda, advirtió lo que venía: “todo lo que ha pasado va a terminar afectando la imagen del Gobierno, esto se va a transformar en un segundo Magallanazo,… el Gobierno y el Presidente van a asumir un tremendo costo por eso si no se corta luego, el único que va a perder es el Gobierno, porque va a asumir un costo injusto”.

Nosotros, como diputados, podemos poner término a esta situación a través de esta acusación constitucional.
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