B El rol de la policía en la investigación criminal: El rol del Fiscal. Sistema acusatorio. La acusación, Fundamentos. La no acusación: Consecuencias






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4.- Procedimiento Penal

b)El rol de la policía en la investigación criminal: El rol del Fiscal. Sistema acusatorio. La acusación, Fundamentos. La no acusación: Consecuencias.

El Principio De Oportunidad En El Derecho Procesal Penal. Posible Aplicación Al Hurto, Al Aborto Y Lesiones
Alumno: Mirano Villafuerte, Ignacio Elías. Escuela de Derecho.
Universidad Nacional Mayor De San Marcos, Decana de América.
Correo: ignaciomirano85@hotmail.com
1.- Proceso penal

  1. .1- El concepto de proceso

1.2- La función del proceso

1.3.- La partes en el proceso penal

I.- Las partes acusadoras

II.- Las partes acusadas
2.-Principio de oportunidad

2.1.- Definición

2.2.- fundamento:

2.3.- justificación

2.4.- objeto y finalidad

2.5.- clases y formas

a).-Clases

b).- formas de manifestación

2.6.- Estadística de aplicación del principio de oportunidad en el sistema procesal peruano.
3.- legislación comparada sobre el principio de oportunidad

3.1.- ESPAÑA. El Proceso Penal Español

3.1.1.- El sistema Español.

3.1.2.- la conformidad dentro del principio de oportunidad

3.1.3.- Momento procesal en que puede presentarse

3.1.4.- Control Judicial sobre la conformidad

3.2.- El principio de oportunidad en el Perú

3.2.1.- Supuestos previstos en la ley:

3.2.2.- Criterios de aplicación

3.2.3.- condiciones para la aplicación Extra Proceso . Condiciones:

3.2.4.- Condiciones para la aplicación Intra Proceso. Condiciones:
4.- propuestas aplicativas:

4.1.- sobre su importancia.

4.2.- casos frecuentes en la sociedad, ¿debería o no aplicarse el principio de oportunidad?

4.2. 1.- Hurto

4.2.2.- El aborto

4.2.3.- Lesiones


Introducción
El presente trabajo de investigación, va a tratar sobre la importancia del principio de oportunidad en el derecho procesal penal, y como este puede resolver en parte la sobre carga procesal, que afecta al sistema de justicia penal. Pero esto no solo que da ahí, sino que también es beneficioso tanto para la víctima, como para el imputado que haya cometido un delito de poca cuantía o poca trascendencia social, permitiendo así una mejora en la calidad de servicio de justicia.

Como ya es sabido en nuestra sociedad el sistema de justicia penal cuenta con mínimos recursos, para resolver los conflictos de una manera pronta y segura, aunada a eso que hay una excesiva carga procesal que no permite que se lleve acabo un adecuado proceso tanto para las partes que actúan dentro del proceso.

Por lo tanto lo que se busca con este trabajo es presentar los delitos que se presentan constantemente en la sociedad, y poder decir con mayor seguridad si es posible la aplicación del principio de oportunidad para estos delitos, y si aun reuniendo algunas características cabría la posibilidad de aplicación del principio de oportunidad.

Entraremos a fondo para explicar fundamento del Principio de Oportunidad, que como veremos se resume en las diversas consideraciones como es la escasa relevancia social que supone la comisión del delito, y que carezca de significación la pena; también que sea oportuna la reparación de la víctima, que en muchos casos requiere; la personalidad del agente, con la finalidad de evitar efectos perjudiciales con tendencia criminógenos contra su persona a consecuencia de una pena corta que le prive de su libertad.

El principio de oportunidad en parte, si es que se diera una correcta aplicación de este, podría como ya veremos mas adelante, solucionar algunos de los problemas que aquejan a este sistema de justicia penal como descongestionando en parte el saturado sistema judicial; evitando desigualdades, ya que se deben fijar objetivamente los criterios de selección. Sería una forma de sincerar el sistema selectivo de la maquinaria punitiva, con patrones objetivos y jurídicos, asistenciados por la política criminal.

1.- Proceso penal

1.1.- El concepto de proceso

El proceso es el fenómeno jurídico mediante el cual, los sujetos habilitados para ello, determinan la aplicación del Derecho sustantivo en situaciones concretas en las cuales tal normatividad se ha postulado controvertida o inobservada, recurriendo a procedimientos de acreditación y alegación con miras a la decisión que, de modo vinculante, dictará el órgano jurisdiccional.

Es el modo legalmente regulado de realización de la administración de justicia, que se compone de actos que se caracterizan por su tendencia hacia la sentencia y a su ejecución, como concreción de la finalidad de realizar el Derecho penal material.
1.2. - La función del proceso

La función que cumple es la de restablecer el orden social y para la protección de un derecho que considera lesionado (o la aplicación de la ley penal sustantiva, en ejercicio de la potestad represiva del Estado).
1.3.- La partes en el proceso penal

I.- Las partes acusadoras

a) El Ministerio Fiscal: El Ministerio Fiscal es una parte necesaria en los juicios que se celebran por delitos públicos o semipúblicos (se persiguen de oficio por las autoridades) en los que haya existido denuncia del ofendido, no siendo necesaria su intervención en los delitos privados (sólo perseguibles a instancia de parte).

La primera y mas importante de sus funciones es la promoción de justicia en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho, para esto requiere “la autonomía funcional y la imparcialidad suficiente que le permitan solicitar la desinteresada aplicación del Derecho Objetivo.1

Entre otras, las funciones más destacadas del Ministerio Fiscal son: Ejercitar la acción penal y civil, independientemente de que exista acusador particular; también puede oponerse a la acción ejercitada por otros.
b) La policía: La policía en sus relaciones con los órganos constitucionales de la justicia penal, normativamente depende de las órdenes, mandatos y directivas que le cursen el poder judicial y el ministerio público2.

a) respecto al poder judicial, el Art. 118º.9 de la Const. Prescribe que corresponde el presidente de la república, cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órgano jurisdiccionales.

b) en cuanto el ministerio publico, el Art. 159. 4 de la Const. Le atribuye la conducción de la investigación del delito desde su inicio, así como a la dirección funcional de la policía (STC; Exp. Nº 005-200-AI/TC de 15 de noviembre 2001 declaró que el ministerio público es el encargado de la conducción del proceso en la fase prejurisdiccional, y que la Policía Nacional desarrolló la función meramente ejecutiva y, por ende, subordinada funcionalmente, en lo que a la investigación del delito se refiere, al ministerio público3)
c) El acusador particular: Es la parte acusadora necesaria en los procesos penales por hechos delictivos perseguibles sólo a instancia de parte, en los que queda excluida la intervención del ministerio público4.

Es la persona, distinta al Ministerio Fiscal, que ejercita la acción penal como parte acusadora ante los hechos que revisten los caracteres de delito (delitos públicos, semipúblicos o privados) y generalmente representa los intereses de la víctima o del ofendido por el delito.
d) El actor civil o parte civil: Es aquella persona, que puede ser agraviada o sujeto pasivo del delito, es decir, quien directamente ha sufrido un daño criminal y, en efecto de él, el perjudicado, esto es, el sujeto pasivo del daño a indemnizar de por el titular del interés directa o inmediatamente lesionado por el delito, queridos expresamente en el proceso penal una pretensión patrimonial que trae a causa de la comisión del delito5.
II.- Las partes acusadas

a) El imputado: esa parte pasiva que se ve sometido el proceso y se encuentra amenazado en su derecho a la libertad, o en el ejercicio o disfrute de otros derechos cuando la pena sea de naturaleza diferente, al atribuirse de la comisión de hechos delictivos por la posible imposición de una sanción penal en el momento de la sentencia6.

Es el acusado en el proceso penal y es perseguido porque se le imputa la realización de unos hechos sancionables penalmente; si se ha adoptado contra el imputado algún tipo de medida cautelar, pasa a denominarse inculpado en el proceso penal.

Si tan sólo recaen sospechas sobre la persona a la que se considera responsable de un hecho punible, se la denomina sospechoso.
b) El tercero civilmente responsable: es aquel que sin haber participado en la comisión del delito responde civilmente por el daño causado. Se nos precisa que esta responsabilidad requiere el cumplimiento de dos requisitos: a) el responsable directo principal está una relación de dependencia; y, b) el acto generador de la responsabilidad haya sido cometido por el dependiente en el desempeño de sus obligaciones y servicios.

Responsable civil es la persona frente a la cuál se dirige la acción o reclamación civil dentro del proceso penal, esto es, a quien se le reclama la reparación del daño o indemnización por los perjuicios derivados del delito.
c) El abogado defensor: comprende la actividad procesal dirigida a hacer valer los derechos subjetivos y los demás intereses jurídicos el imputado y, en su caso, de las demás partes del proceso; se sustenta en el concepto de inviolabilidad de la defensa del juicio que establece la constitución. En un sentido estricto, es la actividad global y unitaria resultante de la autopatrocinio de la parte, denominada defensa material, y del patrocinio del defensor, llamada defensa formal.
2.-Principio de oportunidad

2.1.-Definición7

El principio de legalidad procesal o de obligatoriedad esa regla general de la mayoría de sistemas procesales. Obligando al representante del ministerio público ejercitar acción penal siempre que tenga conocimiento de la existencia de un delito y exista mínimos fundamentos racionales de su comisión. Hay que evidenciar la compatibilidad éste principio con los criterios retribución está de la pena. Para las teorías absolutas de la pena la persecución del delito tiene el carácter de necesario. Pero, tales criterios de "justificación" de la pena han sido remplazados por criterios de utilidad orientada a partir de las teorías relativas de la pena. Sin embargo, paralelamente y cómo excepción puntual a su ejercicio comándale en determinados supuestos taxativamente reconocidos faculta al fiscal a abstenerse de promover la acción penal o a provocar el sobreseimiento de la casa si el proceso ya sellada instaurado.

Los principio de legalidad y de oportunidad, como se ha dicho nos indican en qué condiciones del ejercitarse y distinguir ser acción penal o, lo que es lo mismo, cuándo y cómo debe incoarse y finalizar el proceso penal.

Por el principio oportunidad se establece criterios de selectividad en la persecución penal. La ley determina los casos concretos en los cuales una persona sometida a una pena o viceversa y no la decisión particular de los órganos de la persecución penal. Por el principio oportunidad, se confiere el titular del acción penal la facultad de disponer bajo determinadas condiciones, de su ejercicio, con independencia de que se haya acreditado la existencia del hecho punible y la responsabilidad del autor.
Citando Claux Roxin que define el principio de oportunidad, obviamente arreglado, como aquél mediante el cual se autoriza al fiscal a votar entre elevar la acción o abstenerse de hacerlo -es archivando el proceso- cuando las investigaciones llevadas a cabo conduzcan a la conclusión de que el acusado con gran probabilidad, ha cometido un delito8.
El principio oportunidad, como lo plantea el Dr. Carlos Alberto Torres Caro9, es un postulado rector que se contrapone excepcionalmente al principio de legalidad procesal, corrigiendo su exceso disfuncional, con el objeto de conseguir una mejor calidad de justicia, facultando al fiscal, titular de la acción penal, decidir sobre la pertinencia de no dar inicio a la actividad jurisdiccional penal, independientemente de estar ante un hechos delictuosos coautor determinado, concluyéndola por acto distinto al de una sentencia y teniendo como sustento de su conclusión los criterios de falta de necesidad de la pena un falta de merecimiento de la misma, todo ello amparado en la necesidad de solucionar, en parte, a un grave problema de la sobrecarga y congestión procesal y penitenciaria, y, asimismo, promover bajo formas novedosas y premisas propias del derecho conciliatorio del derecho penal no sólo llegue a sus destinatarios, sino que sea con mayor justicia para la víctima.

También hay que decir que un ordenamiento procesal presidido por el principio oportunidad, los órganos de persecución penal (ministerio público o la policía) están expresamente autorizados, ante determinados delitos que no revisten especial gravedad, a provocar el sobreseimiento, basados en razones como la escasa lesión social, reparación del daño, la economía procesal o la resolución del imputado.

Como lo hace notar Oré Guardia entre el principio de legalidad y el de oportunidad ahí una relación de complemento:


Principio de legalidad

No hay delitos sin previa ley

No hay pena sin ley previa

No hay pena sin previo juicio

No hay juicio sin acción

Principio de oportunidad

Hay delito pero no hay pena

Hay delito pero no hay ejercicio de la acción


2.2.- fundamento:

La gran mayoría de autores señalan el principio de oportunidad se orienta hacia una política de desprocesamiento, evitando que delitos de poca gravedad, impacto social y de penalidad, sea objeto de proceso.

En la doctrina se han elaborado una serie de argumentos entre los cuales tenemos:

1.- escasa relevancia de infracción lo que distorsiona la condición de " última ratio" del derecho penal.

2.- evitar los efectos crimen o ajenos de las penas cortas privativas de libertad, sobre todo para aquellas personas que nunca han delinquido y para evitar el contagio criminal que la cárcel suele producir.

3.- atender a razones de economía procesal y a la falta de interés público en la punición.

4.- obtener la rehabilitación del delincuente mediante su sometimiento voluntario a un procedimiento de readaptación, a cuyo cumplimiento efectivo queda condicionado el sobreseimiento por razones de oportunidad.

5.- Estimular la pronta reparación del daño. Constituye otro de los objetivos de la transacción penal, si bien el criterios suele ir acompañado de otros, tales como la renuencia del imputado al cuerpo del delito, el pago al Estado de los beneficios obtenidos mediante el infracción, la edad avanzada o el estado de enfermedad del inculpado.

6.- prevención especial, ya que el imputado sea acoja a éste principio, se entiende que no volverá a incurrir en infracción penal, por esto quizá sea oportuno incidir en la obligatoriedad de la inserción del delincuente como una forma de reparar el daño causado, sobre todo cuando el agraviado es el Estado.

7.- correctivo a la disfuncionalidad e ineficacia del sistema penal, permitiendo que el derecho penal de a sus destinatarios y que se trate con mayor justicia a la víctima.

8.- evitar una doble penal para el causante del delito, puesto que la pena a imponérsele sólo acrecentaría el propio daño inferido, esta falta de necesidad de la pena porque la gente ha sido afectado grave y directamente por las consecuencias de su propio delito.
Como lo señala Calderón Sumarriva, Ana10, en el Perú se optó éste principio dentro del contexto de una política legislativa destinada a:

- obtener un tratamiento rápido y simplificado de las infecciones leves

- agilizar la justicia penal ante un grave congestionamiento de los asuntos penales.

- la necesidad de que los órganos de persecución penal concentren su atención hechos punibles graves o complejos.
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