Hay algunos embargos difíciles de clasificar o al menos siguen un procedimiento sui generis. Es por ello que los hemos dejado para desarrollarlos en esta parte






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TEMA VI

LOS EMBARGOS ESPECIALES
6.1. El embargo de rentas

Hay algunos embargos difíciles de clasificar o al menos siguen un procedimiento sui generis. Es por ello que los hemos dejado para desarrollarlos en esta parte. En primer lugar examinaremos el embargo de rentas.

6.2. En qué consiste.

El artículo 1968 del Código Civil establece lo siguiente: La renta vitalicia puede constituirse a título oneroso, mediante una cantidad en metálico, o por una cosa mobiliaria valorable, o por un inmueble.

La renta vitalicia es un contrato aleatorio, de conformidad al artículo 1964 del Código Civil.

El artículo 1969 del mismo Código establece que dicha renta vitalicia puede también constituirse a título puramente gratuito, por donación intervivos o por testamento. Debe entonces revestirse con las formas requeridas por la ley.

De lo que se ha transcrito anteriormente, se deduce que la renta es el derecho de exigir cantidades periódicas de dinero o géneros a cambio de un capital mobiliario o precio de la venta de un inmueble. La renta podrá exigirse perpetuamente o durante la vida de una persona.

Nosotros vimos, en ocasión del embargo retentivo, que este es un procedimiento que pone en juego a tres personas, el persiguiente o acreedor, el deudor o embargado y al tercero embargado, el cual es deudor del deudor embargado. Pero no son iguales el embargo retentivo y el embargo de rentas que ahora examinamos.

En el embargo retentivo, el tercero debe al embargado. El persiguiente o acreedor del embargado, le notifica oposición al tercero para que no pague al deudor hasta debida concurrencia y luego se hace pagar directamente, desde el tercero.

En el embargo de rentas, los acreedores del acreedor de la renta, prohíben todo pago al deudor de la renta. Ahí hay coincidencia con el embargo retentivo. Pero en vez de hacerse pagar directamente por el tercero, ellos lo que hacen es vender judicialmente, en provecho de un adjudicatario, el derecho del cobro de la renta, así como el capital de ella cuando el deudor tenga el derecho de reembolso.

Por lo que acabamos de expresar, el embargo de rentas es un procedimiento ejecutivo que participa a la vez de la naturaleza del embargo retentivo, especialmente porque se trata del embargo de un mueble incorporal y de la naturaleza del embargo inmobiliario, porque exige la redacción de un pliego de condiciones, a fin de que los subastadores tengan información de la existencia de la renta y del valor de los derechos del acreedor.

Este tipo de embargo de rentas, está regulado en los artículos 636 al 655 del Código de Procedimiento Civil.

De conformidad con el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil, sólo en virtud de un título ejecutorio podrá efectuarse el embargo de una renta constituida a perpetuidad o vitalicia mediante un capital determinado o proveniente del precio de la venta de un inmueble, o de la cesión de valores inmobiliarios o a cualquier título oneroso o gratuito. A este embargo precederá un mandamiento de pago, hecho a la persona o en el domicilio de la parte obligada o condenada, un día por lo menos, antes del embargo y que contenga notificación del título, si antes no le hubiere sido notificado.

6.3. Procedimiento.

Después del mandamiento de pago, dentro del plazo que hemos señalado precedentemente, se procederá a levantar el acta de embargo. De acuerdo con el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, se embargará la renta en manos de quien la debe por acto que contenga, además de las formalidades ordinarias, la enunciación del título constitutivo de la renta, de su cuantía, de su capital, si alguno hubiere del título de crédito del ejecutante; los nombres, profesión y residencia de la parte a quien se embarga; elección de domicilio en el estudio de un abogado y un emplazamiento en declaración al tercero

El artículo 639 del Código de Procedimiento Civil expresa que el embargo en manos de personas que no residan en el país, no tendrá la fuerza legal, ni los tribunales serán competentes para conocer su validez.

De conformidad con el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, el acta de embargo equivaldrá siempre al embargo retentivo de los réditos vencidos o por vencer hasta la distribución.

El deudor de la renta, debe observar las previsiones de los artículos 570, 572, 575 y 576 del Código de Procedimiento Civil.

Denuncia del Embargo. De conformidad con el artículo 641 del Código de Procedimiento Civil, en los tres días del embargo, contándose uno o más por cada tres leguas de distancias entre el domicilio del deudor de la renta y el del ejecutante, e igual plazo en razón de la distancia entre el domicilio de este ultimo y el de la parte embargada, el ejecutante estará obligado a denunciarlo a esta y a notificarle el día de la publicación del pliego de condiciones.

Si varios acreedores proceden al embargo de la misma renta, el asunto se regula por el artículo 653 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece lo siguiente: En caso de que la renta se haya embargado por los acreedores, el procedimiento ejecutivo corresponderá al que primero lo hubiere denunciado; en caso de concurrencia, al portador del título más antiguo; y si los títulos son de la misma fecha, al abogado más antiguo.

El Pliego de Condiciones. Ya dijimos que una de las similitudes del embargo de rentas, con el embargo inmobiliario, lo constituye el hecho de tener que redactarse un pliego de condiciones. En efecto, el artículo 642 del Código de Procedimiento Civil manda que:

Diez días por lo menos y quince a lo más, después de denunciarse a la parte embargada y contándose los plazos de la distancia, tal como se prescribe en el artículo 641, el ejecutante depositará en la secretaría del tribunal por ante el que se persigue la venta, el pliego de condiciones que contenga los nombres, profesión y residencia del actor, de la parte embargada y del deudor de la renta, la naturaleza de esta, su cuantía, la del capital, si lo hubiere, la fecha y la enunciación del título en cuya virtud está constituida, la enunciación de la inscripción, si el título contiene hipoteca y si esta se ha inscrito para seguridad de la renta; los nombres y residencias del abogado de la parte actora, las condiciones de la adjudicación y el precio puesto para estas, con indicación del día de

De conformidad con el artículo 643 del Código de Procedimiento Civil, diez días a lo menos, y veinte a más tardar, después del depósito del pliego de condiciones en la Secretaría, se leerá y publicará este en la audiencia el día indicado, debiendo el tribunal dar constancia de ello a la parte actora.

En cuanto a los reparos y observaciones que se pueden hacer al susodicho pliego, el artículo 644 del Código de Procedimiento Civil expresa lo siguiente: El tribunal fallará inmediatamente sobre los reparos y observaciones que se hayan hecho e insertado en el pliego de condiciones, y fijará el día y la hora en que él deba proceder a la adjudicación; debiendo ser de diez días a lo menos y de veinte a más tardar, el plazo que medie entre ambos procedimientos. La sentencia se insertará inmediatamente después de la postura del precio, hecha por el ejecutante, o de los reparos de las partes.

Publicidad que Precede a la Adjudicación. De conformidad con el artículo 645 del Código de Procedimiento Civil, después de la publicación del pliego de condiciones y ocho días por lo menos antes de la adjudicación, un extracto de este pliego, que contenga la indicación del día de la adjudicación y además las formalidades enunciadas en el artículo 642, se fijará en los lugares siguientes: 1) en la puerta del domicilio del embargado; 2) en la del domicilio del deudor de la renta; en la puerta del tribunal y en la plaza principal del municipio en que se persiga la venta.

El artículo 646 del Código de Procedimiento Civil establece, que se insertará igual extracto y en el mismo término, en un periódico de la localidad silo hubiere.

La fijación de los edictos, de acuerdo con el artículo 647 del Código de Procedimiento Civil, y la inserción de los anuncios, se justificará del modo que prescriben los artículos 698 y 699 y sólo podrá entrar en tasación mayor número de edictos e inserciones y en los casos previstos por los artículos 697 y 700.

El artículo 648 del Código de Procedimiento Civil manda a observar para la adjudicación de las rentas, las mismas reglas y formalidades prescritas en el título del embargo inmobiliario, por los artículos 701 al 707; 711 al 714 y por el artículo 741 del Código de Procedimiento Civil.

Como se puede observar, las medidas de publicidad son semejantes a las establecidas por el legislador, cuando se trata de embargo inmobiliario.

Incidentes

De acuerdo con el artículo 650 del Código de Procedimiento Civil, la parte a quien se embarga estará obligada a proponer sus medios de nulidad contra el procedimiento anterior a la publicación del pliego de condiciones, un día por lo menos antes del día fijado para esta; y contra el procedimiento posterior un día por lo menos antes de la adjudicación; todo a pena de caducidad. El tribunal fallará, en virtud de un simple acto de abogado, y si se rechazan los medios, se procederá inmediatamente, ya sea a la publicación del pliego de condiciones o bien a la adjudicación.

De acuerdo con el artículo 651 del Código de Procedimiento Civil, no estará sujeta a oposición ninguna sentencia en defecto en materia de embargo de rentas constituidas sobre particulares. La apelación de las sentencias que recaigan sobre los medios de nulidad, ya sea en el fondo o en la forma, o sobre otros incidentes y que se refieran al procedimiento anterior a la publicación del pliego de condiciones, se considerará como no interpuesta, cuando lo haya sido después de los ocho días contados desde la notificación al abogado, silo ha habido, y si no, a contar de la notificación a persona o en el domicilio real o electo; y la parte embargada no podrá en la apelación aducir otros medios distintos a los que haya presentado en primera instancia.

El acto de apelación se notificará en el domicilio del abogado y si no lo hubiere, en el domicilio real o electo del intimado, notificándose al mismo tiempo al secretario del tribunal quien lo visará. En el acto de apelación se debe enunciar los agravios contra la sentencia.

El artículo 652 completa esta parte relativa a los incidentes expresando que no se podrán impugnar por la vía de la apelación; 1) Las sentencias que, sin decidir sobre los incidentes, hagan constar la publicación del pliego de condiciones o pronuncien la adjudicación; 2) Las que fallen sobre las nulidades posteriores a la publicación del pliego de condiciones.

LA FALSA SUBASTA. La eventualidad de una falsa subasta, está prevista en el artículo 649 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor, si el adjudicatario no cumple las cláusulas de la adjudicación, se venderá la renta en subasta, a cargo de pagar él la diferencia por exceso en el precio nuevamente obtenido, debiéndose proceder para ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 734 al 740 del Código de Procedimiento Civil. Será de quince días como mínimo y de diez días como máximo, el plazo entre los nuevos edictos y la adjudicación, precediendo cinco días por lo menos al de la nueva adjudicación, la notificación que prescribe el artículo 736.

6.4. Embargo retentivo entre esposos

De conformidad con el artículo 212 del Código Civil, los esposos se deben mutuamente fidelidad, socorro y asistencia. La violación al primer deber, es decir a la fidelidad, tiene todavía entre nosotros carácter penal, aunque el ejercicio de la acción pública está abandonado a una querella previa del esposo ultrajado. La falta de socorro y asistencia, no caen en el cuadro del derecho penal. Pero los esposos deben asegurar juntos la dirección moral y material de la familia, proporcionando la educación de los hijos y preparando su porvenir.

6.5. Facultad de uno cualquiera de los esposos de practicarlo.

El artículo 214 del Código Civil provee un medio para que uno de los esposos pueda constreñir al otro al cumplimiento de sus obligaciones, ya que cada uno de los esposos debe contribuir, en la medida de lo posible, a los gastos del hogar y a la educación de los hijos.

Si uno de los esposos deja de cumplir su obligación, el otro puede obtener del juez de paz de su domicilio la autorización de embargar retentivamente y de cobrar de los salarios, del producto del trabajo o de las rentas de su cónyuge una parte proporcional a sus necesidades.

De este embargo retentivo que uno de los esposos puede incoar en perjuicio del otro, es que nos vamos a ocupar ahora.

6.6. Condición de acreedor.

Uno de los esposos puede ser acreedor del otro. Si tiene título o si no tiene, con permiso del juez de primera instancia, podría embargar retentivamente lo que un tercero le adeude al otro esposo. En esta situación estamos frente a un embargo retentivo de derecho común, que no es el caso a que se refiere el artículo 214 del Código Civil. Para poder trabar el embargo retentivo de derecho común, el esposo ejecutante deberá tener un crédito. El crédito es la causa del embargo retentivo de derecho común. Pero cuando se trata de reclamar al otro esposo la contribución que pone a su cargo el artículo 214 del Código Civil, a fin de proveer los gastos del hogar y la educación de los hijos, estamos frente a una acreencia muy especial, que no puede servir de base al embargo retentivo de derecho común, sino a este embargo retentivo especial, reglamentado por el artículo 214 del Código Civil.

La ley se ha cuidado de organizar este embargo procurando dos cosas: primero, que se pueda hacer con facilidad y rapidez, y segundo que no resulte vejatorio para el esposo embargado.

Este embargo retentivo especial entre esposos, fue creado en Francia mediante ley del 13 de julio de 1907, pero después de la ley del 22 de septiembre de 1942, su reglamentación pasó al artículo 864 del Código de Procedimiento Civil.

El procedimiento del embargo retentivo entre esposos ha desaparecido en Francia, con motivo de la ley del 2 de enero de 1973, sobre el pago directo de la pensión alimenticia, que aún no ha recogido el legislador dominicano.

6.7. Dominio de la aplicación de este embargo

El embargo retentivo entre esposos sólo puede tener lugar, cuando uno de los esposos deja de contribuir, en la medida de lo posible, a los gastos del hogar y a la educación de los hijos. Cualquiera de los dos esposos puede trabar el embargo, en perjuicio del otro. Es indiferente el hecho de que haya vida común entre los esposos, es decir, si están juntos, procede el embargo lo mismo que si están separados de hecho.

En caso de separación de hecho, se ha admitido que el responsable de la separación no puede incoar el embargo retentivo, si es responsable de di¬cha separación, como conservaría ese derecho en caso de faltas reciprocas.

6.8. Procedimiento. Competencia en razón de la materia y del territorio.

El único juez competente para autori¬zar este embargo, en razón de la materia, lo es el juez de paz. En razón del territorio lo es el juez de paz del domicilio del esposo embargante.

La competencia del juez de paz es independiente de la cuantía de la demanda, es decir, su competencia es ilimitada.

Cuando la pensión alimenticia ha sido fijada por el tribunal civil, el embargo retentivo especial no puede tener lugar. En este caso es necesario acudir, sea al retentivo ordinario o cualquier otro.

El procedimiento se desarrolla de modo sencillo, sin emplazamiento previo y no comporta declaración afirmativa.

Desarrollo del Procedimiento. El procedimiento se inicia mediante una instancia dirigida por el esposo al juez de paz competente. Se admite que este requerimiento elevado por el esposo que quiere embargar, al juez de paz, puede hacerse de modo verbal.

Una vez recibida la instancia por el juez de paz, el secretario del juzgado de paz invitará a los esposos, a comparecer por ante dicho magistrado, indicando la naturaleza de la demanda. Esta invitación se hace por medio de carta certificada, la cual se envía a ambos esposos.

Los esposos deben comparecer ante el juez de paz, personalmente, salvo caso de impedimento absoluto debidamente justificado.

Los esposos se pueden hacer asistir de un abogado.

Como consecuencia de la comparecencia de los esposos y oída la exposición que cada uno de ellos hará ante el juez de paz, este funcionario juzgará bien o mal fundada la petición hecha por el esposo que quiere embargar retentivamente. Si el juez de paz acoge la petición del esposo reclamante, dictará una sentencia, la cual es ejecutoria no obstante cualquier recurso y sin necesidad de prestación de fianza.

La Sentencia. La sentencia debe fijar el monto que la parte demandada deberá proveer para la manutención del hogar y de los hijos.

La apreciación de este monto es facultad soberana del juez de paz apoderado, pero este magistrado deberá tener en cuenta los ingresos de ambos esposos. La sentencia produce el mismo efecto que aquella que valida un embargo retentivo de derecho común.

La sentencia debe notificarse tanto al esposo como al tercero embargado. La notificación de la sentencia vale por sí misma atribución de las sumas embargadas, sin más procedimiento alguno.

En consecuencia, el tercero embargado debe abstenerse de pagar entre las manos del esposo embargado, las sumas a las cuales este ha sido condenado.

Si el tercero embargado alega que no es deudor y se niega al pago o sea a ejecutar la sentencia, se le deberá citar de conformidad con el derecho común, para dilucidar esta situación.

6.9. El embargo de la Ley 6186 de Fomento Agrícola

De acuerdo con el artículo 293 de esta ley, cuando un préstamo haya sido garantizado con Certificado de Depósito, a falta de su pago al vencimiento, el acreedor tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la obligación. El Almacén General de Depósito, a solicitud del tenedor del Certificado, hará constar, mediante anotación en el mismo, o en hoja anexa, la circunstancia de haber cursado la fecha de vencimiento del préstamo. El hecho de no haberse realizado oportunamente la anotación de que trata el párrafo anterior, no exime de responsabilidad al dueño de los bienes que se dieron en garantía.

6.10. Procedimiento de este embargo

Transcurridos ocho días después de obtener la constancia prevista en el artículo anterior y sin formalidad judicial alguna, el tenedor del Certificado de Depósito podrá exigir que la administración del Almacén General de Depósito proceda a la venta en pública subasta de los bienes dados en prenda.

Esta venta tendrá lugar en el mismo almacén y se anunciará por una sola vez con cinco días de antelación, mediante aviso publicado en un diario local, si lo hubiere, o de, circulación nacional, y fijado en la puerta del almacén. El aviso indicará el lugar, día y hora de la venta, así como la descripción de los objetos y el precio para la primera puja, que será igual al monto del préstamo, más los intereses y las cargas de servicios a la fecha de la subasta.

La venta se efectuará el día que, con sujeción al Reglamento del Almacén, designe el tenedor del Certificado de Depósito. De esta fecha se informará al deudor y al acreedor, con cinco días de anticipación por lo menos, mediante sendos avisos por cartas certificadas a las direcciones que consten en el almacén. No se derivará efecto alguno por el hecho de que estas cartas no lleguen a los destinatarios.

De la venta se levantará acta por un funcionario del almacén, en la que se hará constar el resultado de la misma y si el deudor asistió o no. Sendas copias firmadas de esta acta se entregarán al deudor, al acreedor y al adjudicatario de los bienes, personalmente, o se les enviarán por correo certificado.

Si en el día fijado para la subasta no se efectuare la venta, por ausencia de licitadores, la administración del Almacén General de Depósito, sin necesidad de nuevo requerimiento del tenedor del Certificado de Depósito, celebrará una nueva subasta, previo cumplimiento de las formalidades y aviso a los interesados que establece este artículo, y a falta de licitadores en esta nueva subasta se adjudicará la mercadería al acreedor por el precio fijado para la primera puja, quedando éste obligado a pagar al almacén las cargas de servicios y a retirar dicha mercadería.

Las controversias que pudieran suscitarse de la subasta serán sometidas por el emplazamiento de un día al Juez de Paz del Municipio en que esté ubicado el almacén; el asunto deberá ser fallado dentro de los tres días de su presentación, y la sentencia no será susceptible de recurso alguno.

La subasta no se suspenderá por quiebra, concurso, incapacidad o muerte del deudor o del tenedor del Certificado de Depósito.

En cualquier tiempo comprendido entre la anotación prevista en el artículo 293 y la venta, el deudor podrá redimir el crédito vencido mediante el pago del principal, los intereses devengados y los gastos legítimos.

La controversia que surgiere entre el acreedor prendado y el deudor sobre el monto de la deuda, no suspenderá el pago si el acreedor presta fianza para el caso en que sea obligado a la devolución de la cantidad recibida por sentencia dictada en el juicio civil correspondiente.

El pago realizado en el almacén dará lugar a la suspensión de la subasta.

El tenedor del Certificado de Depósito cobrará su crédito del producto de la venta, sin más deducciones que las contribuciones fiscales debidas por las mercaderías o efectos vendidos y las costas de la venta, almacenaje, seguro y otros gastos hechos para la conservación de los mismos. El remanente será entregado al dueño de los bienes. Si éste no se presentare a la subasta, dicho remanente será consignado en la administración del almacén, conforme a lo dispuesto en el artículo 285.

El tenedor del Certificado de Depósito no podrá ejercer acción alguna contra el prestatario y los endosantes, antes de haber pactado respecto a los bienes en depósito en la forma prevista.

Si el producto de la venta o el importe del seguro en su caso, no bastaren a cubrir el préstamo más sus intereses o si no pudiere efectuarse el remate, el tenedor del Certificado de Depósito podrá ejercer la acción ejecutiva en cobro de la diferencia hasta cubrir dicho importe, contra la persona que haya negociado el Certificado de Depósito por primera vez, y contra los endosantes posteriores, por su orden, o contra los avalistas indistintamente.

La anotación del almacén en el Certificado de Depósito o en hoja anexa, en que se haya hecho constar que el mismo fue presentado al vencimiento del crédito y que éste no fue pagado, y la publicación de avisos según el artículo 294, surtirá los efectos del protesto regulado en el Código de Comercio, contra el deudor, endosatarios y avalistas.

Los plazos fijados por los artículos 165 y siguientes del Código de Comercio, para el ejercicio de las acciones contra los endosantes de Letras de Cambio, no correrán en el caso de los Certificados de Depósitos sino a partir de la fecha de la venta de las mercaderías.

Si los bienes depositados fueren por su naturaleza susceptibles de deterioro inmediato, o dieren señales de descomposición, de alteración o avería, que pudiera ser causa de disminución considerable de su valor u ocasionar daño a otros objetos depositados en el almacén, por razón de sus emanaciones, filtraciones, inflamabilidad o de su carácter explosivo, el almacén deberá notificarlo al propietario, a la persona a cuyo nombre estén depositados dichos objetos o a los portadores de los documentos, para que, previo pago de almacenaje y demás gastos que hubieren originado, sean retirados del almacén dentro de un término prudencial. Si dichos bienes no fueren retirados dentro del término fijado, el almacén podrá venderlos en subasta pública, con la premura que fuere necesaria.

Esta venta tendrá lugar en el mismo almacén y se anunciará con dos días de antelación por lo menos, en la forma establecida en el artículo 294, pero fijando como precio para la primera puja las tres cuartas partes del valor en plaza, en una primera subasta, y la mitad del valor en plaza, en una segunda subasta cuando no concurran licitadores a la primera.

Si a la segunda subasta tampoco se presentaren licitadores, los bienes se adjudicarán al acreedor por el precio establecido para la primera puja, quien quedará obligado a pagar las cargas de servicio y a retirarlos del almacén.

De la misma manera se procederá cuando se produzca disminución del valor de las mercaderías depositadas que alcance por lo menos un veinticinco por ciento, o cuando su precio hubiere llegado a ser insuficiente para cubrir el monto de los derechos de almacén por los servicios prestados, una vez transcurrido un término de diez días, que se concederá al tenedor del Certificado de Depósito para que mejore la garantía a satisfacción del almacén o cancele aquellas obligaciones

Si no hubiere acreedor, los bienes a que se refiere este artículo se adjudicarán al Almacén General de Depósito por un precio igual al importe de las cargas de servicio.

Las acciones judiciales a que den lugar los certificados de depósito serán conocidas por los tribunales de comercio, salvo la jurisdicción de los Jueces de Paz en los casos expresamente previstos por esta Ley. En cada caso será apoderado el tribunal del domicilio del almacén que hubiere expedido el Certificado de Depósito objeto de la acción.

La acción del titular del Certificado de Depósito sobre los bienes depositados prescribe a los dos años, a contar del vencimiento del plazo señalado para el depósito.

También prescribe a los dos años y a contar de la fecha de la consignación, la acción del titular del Certificado de Depósito sobre la suma que, por cualquiera de los conceptos estipulados en esta Ley, le haya sido consignada en los Almacenes Generales de Depósito.

Las acciones en responsabilidad contra los Almacenes Generales de Depósito, por cualquier otra causa prescriben al año.

Las personas que emitan Certificados de Depósito sin estar legalmente autorizadas incurrirán en multa igual a dos veces el valor de los documentos emitidos, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

Los que con propósito de fraude solicitasen la expedición de un duplicado de Certificado de Depósito o alegaren derechos inexistentes sobre dichos certificados incurrirán en multa igual al doble del importe de los valores reclamados y prisión de seis meses a dos años.

El Almacén General de Depósitos que en la expedición de Certificados de Depósito contraviniere las formalidades establecidas en esta Ley, será sancionado con multa de veinte a quinientos pesos, sin perjuicio de la revocación o suspensión de su licencia si procediere de acuerdo con esta Ley.

Toda otra infracción a las disposiciones de este Capítulo será sancionada con multa de cincuenta a cien pesos.

Bienes que no pueden hipotecarse.

No se admitirán en garantía de préstamos hipotecarios, los inmuebles en estado de indivisión, a no ser que consientan todos los que tienen derecho sobre el inmueble; los predios afectados con pactos de retroventa; los predios alquilados o arrendados por más de seis años; los predios embargados; los predios situados fuera de la República; los sujetos a cualquier litigio; las minas y canteras y los bienes propiedad del Estado o los Municipios.

Efectos.

Sin el consentimiento del Banco, el deudor no podrá a pena de nulidad, enajenar, gravar o constituir derechos reales en beneficio de terceros. Los bienes dados en garantía no son embargables por créditos personales posteriores a la constitución de la hipoteca en beneficio del Banco.

Persecución de la Hipoteca.

En caso de falta de pago, se puede perseguir la venta del inmueble hipotecado, por medio de un procedimiento especial, establecido en la ley 6186 de 1963, sobre Fomento Agrícola.

Procedimiento: Mandamiento de Pago.

La persecución de la hipoteca o procedimiento del embargo inmobiliario especial de la Ley 6186, comienza por la notificación de un mandamiento de pago hecho al deudor, a requerimiento del Banco.

Este mandamiento de pago se hace de conformidad con los términos del artículo 673 del Código de Procedimiento Civil, pero contentivo además de lo que prescribe el artículo 675, incisos 3, 5 y 6 del mismo Código.

Plazo.

Mientras el plazo que se debe otorgar para proceder al embargo inmobiliario de derecho común es de treinta días, el de la ley 6186 de 1963 es de solamente quince días, de conformidad a lo que establece el artículo 149 que remite al 153 de la ley 6186 de 1963.

El embargo inmobiliario de la Ley 6186 sigue las nuevas reformas francesas del embargo inmobiliario de derecho común, que no obstante se mantienen en nuestro país sin variaciones desde 1944.

Conversión del Mandamiento de Pago en Embargo.

Si dentro del plazo de quince días establecido por el artículo 153 de la Ley 6186 de 1963, el deudor no paga los valores adeudados, el mandamiento de pago se convierte de pleno derecho en embargo inmobiliario. Así debería ser también en materia de embargo inmobiliario de derecho común, con lo cual se evita la redacción del acta de embargo y el acta de denuncia que le sigue.

Inscripción del Mandamiento de Pago.

Dentro de los veinte días de su fecha, el mandamiento de pago debe inscribirse en la Conservaduría de Hipotecas del distrito judicial donde radican los bienes hipotecados. Si se trata de bienes radicados en más de un distrito judicial, cada inscripción debe efectuarse dentro de los diez días que siguen a la última inscripción. A este efecto, el Conservador hará constar en la anotación de inscripción la fecha indicada.

Si se trata de terrenos registrados, la inscripción se hace en el Registro de Títulos correspondiente.

Después de vencidos los plazos anteriores, es decir, el de quince días para el mandamiento de pago y el de veinte días para la inscripción del mandamiento, que corren juntos, se procede a la redacción de un pliego de condiciones.

Como el mandamiento de pago debe indicar constitución de abogado, es evidente que corresponde al abogado, la redacción del pliego, a nombre del persiguiente.

Nombramiento de Secuestrario.

Aún cuando los inmuebles cuya venta se persigue estuvieren dados en inquilinato o en arrendamiento y si el Banco lo solicitare, el juez de primera instancia designará un secuestrario, actuando como juez de los Referimientos. Si el Banco no hiciere tal solicitud, aquel contra quién se procede o los inquilinos o arrendatarios, en su caso, quedarán en posesión de dichos inmuebles, hasta la venta.

Pliego de Condiciones.

Dentro de los diez días que siguen a los plazos a que hemos hecho referencia más arriba, es decir, el plazo de quince días del mandamiento de pago y de veinte días, desde su fecha, para su inscripción, el persiguiente debe depositar el pliego de condiciones en el tribunal que debe conocer la venta, que lo es el juzgado de primera instancia de la ubicación de los inmuebles hipotecados.

Publicidad que Precede a la Venta.

En este embargo especial, no hay audiencia para la lectura del pliego de condiciones. Pero, dentro de los treinta días que siguen al depósito del pliego, el Banco debe publicar un anuncio, por lo menos, en uno de los periódicos de circulación nacional. Dicho anuncio se hará de conformidad con las previsiones del artículo 696 del Código de Procedimiento Civil.

Todos los anuncios judiciales relativos a la venta, se insertarán en el mismo periódico. La justificación de haberse publicado los anuncios, se hará por medio de un ejemplar que contenga el anuncio a que nos hemos referido.

Cualquier parte que tenga interés en que se dé mayor publicidad a la venta, podrá hacer otras publicaciones, a sus expensas, dentro del plazo de los treinta días indicados.

Denuncia del Aviso.

El aviso que ordena el artículo 153 de la Ley 6186 de 1963, a que anteriormente nos hemos referido, será denunciado en la octava al deudor y a los acreedores inscritos, en el domicilio elegido por ellos en la inscripción, intimándoseles a que tomen comunicación del pliego de condiciones.

La Venta.

Quince días a lo menos, después del cumplimiento de las formalidades que hemos señalado precedentemente, y en la fecha que el Banco determine, se procederá a la venta en pública subasta, de los inmuebles indicados en el mandamiento de pago. La venta se hará en presencia del deudor o este debidamente llamado.

La venta tendrá lugar por ante el tribunal de la situación de los bienes, o de la más grande parte de estos.

El mandamiento de pago, el o los ejemplares del periódico con las inserciones, la intimación a tomar comunicación del pliego y de asistir a la venta se anexarán al proceso verbal de adjudicación.

Reparos y Observaciones al Pliego.

Los reparos y observaciones al pliego de condiciones se consignarán, ocho días a lo menos, antes de la venta. Estos reparos deben contener constitución de abogado, con elección de domicilio, a pena de nulidad. El tribunal será apoderado de la contestación por acto de abogado a abogado. Estatuirá sumariamente y en última instancia, es decir, en instancia única, sin que pueda resultar ningún retardo de la adjudicación.

Precedente del Embargo.

Si al momento de la inscripción del mandamiento de pago existe un embargo anterior, practicado a requerimiento de otro acreedor, el Banco podrá, hasta el depósito del pliego de condiciones y después de un simple acto notificado al abogado del persiguiente, hacer proceder a la venta, de conformidad a los artículos que la rigen.

Si la inscripción del mandamiento no es requerida por el Banco, sino después del depósito del pliego de condiciones, este no tendrá más que el derecho de hacerse subrogar en las persecuciones del acreedor embargante, conforme al artículo 722 del Código de Procedimiento Civil.

Prohibición de Reenvío de la Adjudicación.

De conformidad con el artículo 161 de la Ley 6186 de 1963, no se acordará ningún reenvío de la adjudicación; sin embargo, a petición de parte interesada y con la anuencia del Banco, se podrá aplazar la adjudicación para otras fechas que fijará el Banco. En cada caso se hará una publicación en la forma señalada en el artículo 153 de la Ley de Fomento 6186 de 1963, con diez días por lo menos de antelación, a la nueva fecha de la venta.

En caso de negligencia por parte del Banco, el acreedor embargante tiene el derecho de continuar sus persecuciones.

Puja Ulterior.

En la octava de la venta, el adquiriente estará obligado a pagar, a título provisional, en la Caja del Banco, el monto del capital e intereses debidos.

Después de los plazos para una nueva puja, el sobrante del precio debe ser entregado en dicha caja hasta concurrencia de lo que se le deba, no obstante todas las oposiciones, contestaciones e inscripciones de los acreedores del prestario, salvo, sin embargo, su acción en repetición, si el Banco había sido indebidamente pagado en su perjuicio.

La puja tiene lugar de conformidad a los artículos 705 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Si la venta se opera por lotes o si hay varios adquirientes, no cointeresados, cada uno de ellos no está obligado aún hipotecariamente, frente al Banco Agrícola más que hasta concurrencia de su precio.

Falsa Subasta.

En caso de falsa subasta se procede de conformidad con el artículo 149 de la Ley 6186 de 1963.

Esta disposición es bien confusa e insuficiente, según entendemos.

Todos los derechos enumerados precedentemente, que puede ejercer el Banco, los puede ejercer contra los terceros detentadores después de la denuncia del mandamiento hecha al deudor.

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