Kicillof, Axel s/ Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público






descargar 75.22 Kb.
títuloKicillof, Axel s/ Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público
página1/2
fecha de publicación29.06.2015
tamaño75.22 Kb.
tipoDocumentos
l.exam-10.com > Ley > Documentos
  1   2
HACE MANIFESTACIÓN, PRECISA HECHOS. AMPLIA DENUNCIA

Señor Juez Federal:

FERNANDO EZEQUIEL SOLANAS, Senador de la Nación, con domicilio legal constituído, en Rivadavia 1829, piso 6°, en la causa N° 5612/2014, caratulada “Kicillof, Axel s/ Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, ante V.S. me presento y como mejor proceda en derecho digo:

I.- Que vengo a precisar una serie de hechos relacionados, con la denuncia que tramita ante V.S. y que efectuara contra el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, por la negociación llevada a cabo con el Club de París, que terminara el día 29 de mayo mediante un acuerdo secreto, que no ha sido dado a conocer como era obligación de Ministro, ante algo no solo de trascendencia pública, que afecta las finanzas actuales y futuras del país, sino que se ha obviado al Congreso de la Nación, que es el único que tiene competencias específicas para el arreglo de la deuda pública, conforme lo establece la Constitución Nacional. Aunque se ha hecho una costumbre, el reemplazar al Congreso de la Nación, en tales negociaciones, suponiéndose que existe una tácita delegación de facultades, tal situación no solo no es admisible, sino que no puede ser convalidada, y debido a ello, es que recurrimos al Tribunal, para poner una vez más de manifiesto una situación que repugna al orden legal de la República.

II.- Que a su vez vengo a ampliar la misma, debido, que al tener conocimiento de esta acción penal, el Jefe de Gabinete de Ministros, Jorge M. Capitanich, efectuó declaraciones ofensivas respecto del suscripto, indicando que el acuerdo con el Club de Paris era claro y transparente, reuniendo todos los requisitos formales, haciendo notar que días antes, había expresado que el acuerdo no iba a ser remitido al Congreso de la Nación. El mismo día, en la página web del Ministerio de Economía, se publicó un comunicado, donde además de consignarse afirmaciones inexactas, se volvió a insistir sobre el cumplimiento de los procedimientos legales respecto a la negociación, lo que resulta una evidencia más, de cómo no se cumplen las disposiciones legales que rigen el endeudamiento público.

III.- Esta negociación secreta con el Club de París, no es algo nuevo, ya que el secretismo, parece haber imperado de manera categórica en negociaciones que al afectar al conjunto de los ciudadanos deberían ser públicas.

El secretismo no solo está relacionado con los documentos secretos, reservados o confidenciales, sino con toda aquella documentación donde se manejan contrataciones del Estado, pre-contratos, información económica sensible, documentos diplomáticos y todos aquellos papeles que por su naturaleza debieran ser públicos como corresponde a un gobierno republicano y democrático. Pareciera que los funcionarios desde hace décadas, se hubieran apropiado de la función pública, no prestando un servicio, sino ejerciendo sus cargos de manera discrecional, decidiendo en cada caso que se informa y que no, lo que permite que los asuntos de Estado que debieran comunicarse, siempre estén sometidos a una suerte de censura, que responde a la arbitraria decisión de un funcionario, sin que exista control alguno sobre tal conductas, ni posibilidad de ejercer reclamos sobre las mismas.

La falta de transparencia permite que se puedan realizar negociaciones lesivas al interés del Estado, contrataciones inconvenientes, actos ilícitos, tramitaciones irregulares y una variada gama de actos administrativos que la ciudadanía ignora y que escapan al control de los organismos públicos, que cantidades de veces no son informados, y en muchos casos ante sus requerimientos se les niega la información que han solicitado.

En la demorada y larga investigación llevada a cabo por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 sobre el endeudamiento externo, tanto el banco Central, como el Ministerio de Economía, se negaron a entregar documentos, y a informar lo requerido por el Tribunal, debiendo ser intimados a hacerlo. En otras oportunidades debieron reiterar pedidos que nunca se cumplían, o acceder a pedidos de ampliación de plazos, porque la documentación no se encontraba o resultaba de difícil acceso.

Precisamente en el caso del endeudamiento externo, y con excepción de las normas legales respectivas (leyes y decretos), y las pocas informaciones publicadas en la página web del Ministerio de Economía, es exiguo lo que se conoce, sin que en ningún caso se sepa cómo se instrumentaron los contratos, los que intervinieron en la celebración de los mismos, las comisiones que se pagaron, los cuantiosos honorarios pagados a abogados extranjeros. Todo realizado en el más absoluto secreto sobre operaciones, que aún hoy significan una formidable transferencia de recursos públicos. . Pareciera que el comprometer abultados fondos para el pago a los acreedores, debiera permanecer en la oscuridad más absoluta, consagrando así la impunidad de los que negociaron desde siempre el patrimonio público.

Ante la certeza de que se estaban realizando negociaciones que podían afectar el patrimonio de los argentinos debimos recurrir a la Justicia Federal, ante la reiterada negativa de los funcionarios a entregar documentación, quienes utilizaban supuestos argumentos de confidencialidad, que podían ser admisibles en el caso de que el requerimiento partiera de un ciudadano común, pero resultaban injustificables cuando el pedido lo efectuaba una de las Comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.

Así como hoy se mantiene en secreto el Acuerdo con el Club de París, lo mismo ha ocurrido con todos los detalles del canje de deuda del año 2010, lo que determinó que me viera obligado a denunciar penalmente al entonces Ministro de Economía, Amado Boudou, ya que nunca se dieron los nombres de los acreedores, y excepto los prospectos oficiales de la negociación, nunca se supo cuando se habían comprado los títulos y el papel de la consultora Arcadia en la negociación. Esto muestra el acostumbramiento a la violación constitucional, a la desinformación constante, y a la ingenua y equívoca creencia, de que asunto de gran relevancia como el endeudamiento externo del país, son tratados con el rigor que corresponde, lo que ha llevado a tener que aceptar acuerdos y negociaciones inaceptables, encubiertas mediante campañas publicitarias, que han hecho creer sobre los beneficios que encerraban las mismas. En suma se deciden sumas millonarias, burlando la Constitución y unos cuantos funcionarios deciden pagar lo que se les exige, en una país con más de un 25% de personas en situación de pobreza y más de 4 millones de jubilados que cobran 2700, pesos, la mitad de la canasta familiar básica.

Aunque parezca increíble, se le oculta al pueblo que desde la dictadura militar se han pagado casi 400.000 millones de dólares en concepto de amortizaciones e intereses. Solo en los últimos diez años, según informara la Presidenta de la Nación se pagaron 173.000 millones de esa moneda, y seguimos teniendo una deuda pública que excede los 220.000 millones de dólares, mitad de la cual está en manos de acreedores extranjeros. Deuda investigada por el Juzgado federal N° 2, donde se siguen acumulando las pruebas, sin que haya decisión alguna de seguir hasta sus últimas consecuencias.

Este Acuerdo con el Club de París, es la culminación de un nuevo fraude a los intereses públicos, una nueva exacción a los dineros del Estado, es la continuidad de una política comenzada por la dictadura, y seguida escrupulosamente por todos los gobiernos constitucionales desde 1983 en adelante, sin que ninguno de ellos se decidiera a investigar qué es lo que se pagaba, porque se pagaba, identificando a los responsables, de la mayor estafa al pueblo de la Nación

IV. - Es por eso, que dado lo oscuro e ilegal de la negociación que ha sido materia de esta denuncia y del porqué de la misma, creo necesario efectuar algunas precisiones, para aventar dudas, y mostrar la razonabilidad de este pedido de investigación al Tribunal.

El día 30 de noviembre del año 2010, envié una nota al entonces Ministro de Economía Amado Boudou, que fue dejada en su Secretaría Privada, solicitándole información sobre las deudas mantenida con el Club de París, debido a las informaciones que circulaban que la misma se iba a pagar, y que el Ministro estaba realizando negociaciones con los países que lo integraban. En la nota de referencia, se pedía:

1.- Cual era la composición de las obligaciones que la Argentina reconocía como válidas a los fines de la negociación, detalladas por acreedor, y tipo y origen que dieron lugar a las deudas.

2.- Identificación de las deudas contraídas durante la dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983.

3.- Cuales de dichos compromisos, provenían de transferencias al Estado Nacional de deuda externa privada, identificando a las empresas que originaran dichas obligaciones.

4.- Si lo acuerdos a los que se pensaba llegar, estaban sujetos a la participación y/o supervisión de organismos multilaterales.

5.- Si la participación del Fondo Monetario Internacional a los efectos de colaborar en la elaboración del nuevo índice del INDEC, como en realidad ocurrió, estaba relacionada con el posible acuerdo con el Club de Paris.

6.- Si la normativa de las obligaciones a negociar se superponía con los compromisos asumidos a través de los Tratados Bilaterales de Inversión.

Además de los puntos indicados le preguntaba al Ministro Boudou, si estaba en conocimiento de la investigación sobre la deuda con el Club de París y otras era materia de una investigación por defraudación al Estado, que tramitaba ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, por la Secretaría N° 4, y si además sabía la existencia de una pericia efectuada por auditores del Banco Central de la República Argentina, que demostraba la inexigencia de una deuda reclamada por Holanda, debido a fondos que no fueron ingresados al país. Mi pedido fue hecho en mi carácter de Diputado de la nación, y con fundamento en las disposiciones del Anexo VII del Decreto 1172/2003, que determina el acceso a la información por parte de cualquier ciudadano.

El Ministro Boudou no contestó, y fue por eso que tiempo después uno de mis Asesores, Alejandro Olmos Gaona le envió una nota al Lic. Francisco Eggers de la Oficina del Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el mes de junio de 2011, solicitándole información sobre los montos de deuda que se estaban negociando, y pidiendo el detalle de las deudas privadas asumidas o garantizadas por el Estado Nacional. Casi dos meses después llegó la respuesta por medio del Contador Jorge Nicolás Amado, Director de Administración de la Deuda Pública de fecha 18 de agosto de 2011, donde se hacía constar que todo lo referente a las deudas privadas asumidas por el Estado debía ser solicitado al Banco Central de la República Argentina, que es quien había intervenido en todas las Rondas de negociación.

Aunque resultaba difícil entender que el Ministro de Economía estuviera renegociando una deuda sin tener los documentos a la vista, le envié a la Presidente del Banco Central, Lic. Marcó del Pont una nota con fecha 2 de septiembre donde le pedía tener acceso a la referida información. Ante la falta de respuesta de la entidad pública, volví a insistir con fecha 28 de septiembre sin que tampoco tuviera respuesta. Debido a ello y antes de iniciar una acción judicial como lo determina el Anexo VII del Decreto 1172/2003, nuevamente Alejandro Olmos, se comunicó con la Dra. María del Carmen Urquiza, Directora de Asuntos Jurídicos del Banco Central, quien le manifestó que la documentación no la encontraban y posiblemente no se estuviera allí, debido a que en el año 1992 todo el sector externo del Banco había sido transferido al Ministerio de Economía.

Debido a lo expuesto inicié una acción de amparo, contra la Presidenta del Banco Central, para que se acreditara la inexistencia de la documentación, el que tramito por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contenciosos Administrativo Federal N° 10. Esa acción fue desistida, debido a que con fecha 29 de febrero de 2012, recibí una nota firmada por los Sres. Jorge Viviani, Gerente Principal de Asuntos Legales del Banco Central, y Julio Bustamante Loader, Gerente Administrativo Judicial, donde me adjuntaban una nota, que les enviara el Ministerio de Economía, con fecha 3 de febrero, firmada por el Director de Administración de la Deuda Pública, Contador Jorge Amado. En la referida nota, se consignaba: que el Banco había transferido a la Dirección de la Deuda Pública del Ministerio de Economía los convenios y saldos pendientes con los acreedores de las Rondas I a V, agregando: “…cabe destacar, que mencionada transferencia consistió en el envío de alguna documentación que no estuvo convenientemente detallada y/o sistematizada para facilitar su archivo ordenado y cualquier búsqueda. En ese marco solo se pudo encontrar registraciones simples (impresas en papel continuo) con las deudas y organismos del Sector Público Nacional y provincial, que permtieron confeccionar la lista que se adjunta” a esa nota cuya copia agrego en este acto, se le adjuntaba un listado, que como V.S. podrá observar se trata de nombres, sin ninguna referencia numérica a las supuestas deudas, es decir un listado que poco tenía que ver con lo que yo había solicitado, y que no indicaba, ni montos, ni intereses, no haciéndose referencia a documentación respaldatoria alguna.

Imprevistamente y con fecha 23 de abril, del año 2012, recibí una nota, del Contador Amado, donde acompañaba un listado igual al anteriormente citado, un detalle de lo pagado desde la Ronda V, hasta el año 2001, se consignaba la deuda existente hasta el default del año 2001, y un listado de obligaciones contraídas con algunos países posterioridad al 31 de diciembre de 1992. Ningún documento aclaratorio, ninguna referencia contractual, solo resúmenes estadísticos sin valor contable.

De todas formas, y a pesar de la reticencia a dar información, he tratado de reconstruir la realidad de la deuda con los países que integran el Club de París, y por supuesto las cifras, no coinciden en absoluto, con las que han sido materia del acuerdo celebrado el 29 de mayo, como tampoco coinciden las cifras oficiales entre si. Quizá la falta de acuerdo en las cifras, está dado por la falta de rigor en la contabilidad pública del Banco Central de la República Argentina, quien es el que llevó adelante las negociaciones con el Club de Paris. Digo esto, fundado en el dictamen emitido por el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas en el año 1991, donde expresó terminantemente, que los balances del Banco Central, carecen de validez técnica desde el punto de vista de la medición de patrimonio y resultados. A esto se suma las diferencias de los diferentes sistemas de contabilidad de los diferentes organismos del Estado, tal como fue determinado por la Comisión Investigadora creada por Decreto N° 1901/90, que determinó una pérdida de alrededor de CIEN MIL MILLONES DE DÓLARES (US$ 100.000.000.000) en el Banco Central.

Teniendo en cuenta tales deficiencias, no es fácil determinar con exactitud si los montos reclamados se ajustan a la realidad, ya que tampoco parecieran que existen respaldos documentales, tales como se me informara y que acabo de citar a V.S.

Ahora bien, yendo a las cifras que surgen de los registros de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, tenemos que, después de la Ronda V, que fue el último acuerdo celebrado con el Club de Paris en el año 1992, la deuda quedó en la suma de 8900 millones de dólares, debiendo recordar que la deuda original dejada por la dictadura militar era de 5.500. El incremento se debió a los atrasos en los que incurriera el gobierno de Alfonsín, y la inclusión de la deuda con Holanda- caso Cogasco- a la que hiciera referencia en el escrito de iniciación de la denuncia. Esos atrasos fueron del orden de los 1200 millones de dólares.

De esos 8900 millones fijados en la ronda V, se pagaron hasta el año 2001:
  1   2

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Kicillof, Axel s/ Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público iconEn nuestro país se ha generado un debate sobre la autoridad de los...

Kicillof, Axel s/ Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público iconResumen: Los jóvenes españoles se lanzan los fines de semana al “botellón”...

Kicillof, Axel s/ Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público iconCristianos demonizados por el abuso infantil
«demencia sexual» de nuestra sociedad. El rápido crecimiento del satanismo, la brujería y otros grupos ocultistas semejantes han...

Kicillof, Axel s/ Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público iconA propósito de los relatos de abuso sexual infantil

Kicillof, Axel s/ Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público iconS bienvenidos a todos a mi página. Pongo todos los deberes, (de todos...

Kicillof, Axel s/ Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público iconEl Padre Samaan era profundo conocedor de temas espi­rituales y teológicos,...

Kicillof, Axel s/ Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público iconInforme de Crédito-Estudio firmado y sellado por un Funcionario de la Agencia

Kicillof, Axel s/ Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público iconCompetencia: Organiza por generalidades el propósito de la lectura...

Kicillof, Axel s/ Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público iconManual de maltrato y abuso infantil

Kicillof, Axel s/ Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público iconPara el día de énfasis en la prevención del abuso y el maltrato






© 2015
contactos
l.exam-10.com