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TRABAJO


MEJORA DE LA CALIDAD DEL TRABAJO Y REDUCCIÓN DE LA INFORMALIDAD LABORAL. En el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo fueron fiscalizadas mas de 65.000 empresas (en su gran mayoría establecimientos con dotaciones de entre 5 y 50 trabajadores, por ser las de mayores porcentajes de no registro) y relevados más de 210.000 trabajadores. En este marco, en marzo de 2004 se sancionó la Ley 25.877 de Ordenamiento Laboral, que otorga nuevas competencias a la Cartera Laboral -en coordinación con la Administración Federal de Ingresos Públicos- en materia de fiscalización y sanción ante los incumplimientos de los empleadores a sus obligaciones ante el sistema de la Seguridad Social.

INCREMENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS Y REDUCCIÓN DE LA HETEROGENEIDAD DE LOS INGRESOS. Los salarios de los trabajadores de menores ingresos aumentaron un 110 por ciento y también la remuneración de los no registrados aumentó en mayor proporción que los registrados, como respuesta a la política activa de salarios encarada por el Gobierno nacional. Luego de más de una década de ausencia, la convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil marcó un punto de inflexión tanto en materia de salario mínimo como en la relación y la búsqueda de consenso entre actores sociales.

Mediante Resolución Nº 2 (2 de Septiembre de 2004) se fijó en $ 450 el valor del Salario Mínimo, valor que entraría en vigencia a partir del 1º de Septiembre de 2004, conforme al Decreto Nº 1192/04.

Para los trabajadores del Sector Público (inciso a, artículo 8, Ley 24.156), mediante el Decreto 682/04, fue fijado un adicional de $ 150 no remunerativos para los trabajadores con ingresos menores a los $ 1.000.

En diciembre de 2004 fue otorgado un nuevo adicional de $ 100 a los agentes públicos con ingresos menores a $ 1.250.

A los trabajadores del Sector Privado, también en diciembre, se les otorgó una suma no remunerativa de $ 100 y elevó, a partir del 1º de abril de 2005, a $ 60 la suma otorgada por el Decreto 1347/03($ 50), transformándola en remunerativa.

En cuanto a los trabajadores del servicio doméstico, mediante la Resolución 134 del 27 de febrero de 2004, fueron fijadas nuevas remuneraciones mínimas, las que entraron en vigencia el 1º de marzo. Con relación a la escala vigente al 1º de enero de 2003, el incremento para el sector fue del 20 por ciento.

Por su parte, los trabajadores rurales también tuvieron mejoras en sus ingresos a inicios de 2004. Desde el 1º de febrero, mediante la Resolución Nº 4 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, el salario mínimo mensual del Peón General se fijó en $ 550.

CREACIÓN DE UN NUEVO RÉGIMEN PARA EL EMPLEO DE PERSONAL DOMÉSTICO acompañado por la campaña masiva de comunicación "Trabajo en Blanco".

SE IMPLEMENTÓ UN NUEVO SISTEMA DE AJUSTE DE JUBILACIONES. Por ley enviada desde el Poder Ejecutivo al Congreso se estableció que las jubilaciones reciban dos ajustes anuales, cuyo índice deriva de una combiación entre el índice de evolución de los salarios privados y la evolución de los fondos de la ANSES. A marzo de 200, el valor de la jubilación mínima alcazó los $ 770.

PROTECCIÓN CONTRA EL DESEMPLEO Y REDUCCIÓN DE LOS ÍNDICES DE DESOCUPACIÓN. A través del Decreto 369 del 31 de marzo de 2004 se prorrogó la suspensión de los despidos sin causa y se mantuvo la doble indemnización (artículo 16 de la Ley 25.561) hasta el 30 de junio. Posteriormente, por Decreto 823 del 23 de junio fue prorrogada la suspensión de los despidos incausados hasta el 31 de diciembre de 2004 y reducido el agravamiento de la indemnización al 80 por ciento. Esa misma norma estableció que tanto la suspensión, como el agravamiento de la indemnización, cesarán cuando el índice de desempleo se ubique por debajo del 10 por ciento. En esta misma línea es necesario destacar la sanción de la Ley 25.972 (propuesta por el Poder Ejecutivo) que prorrogó la emergencia económica, social, administrativa y financiera hasta el 31 de diciembre de 2005. En su Artículo 4°, esta norma prorroga la suspensión de los despidos sin causa hasta que la desocupación sea inferior al 10 por ciento y faculta al Poder Ejecutivo Nacional a determinar el porcentaje de agravamiento de la indemnización. En el mes de diciembre, este artículo fue reglamentado mediante Decreto, fijándose en un 80 por ciento el agravamiento de la indemnización por despido sin causa.

REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE TRABAJO NO REGISTRADO. Se logró revertir la tendencia del aumento del empleo no registrado. En el tercer trimestre del año 2003, el 49% del total de trabajadores no estaba debidamente registrado en el sistema de la Seguridad Social, porción que descendía a 43,6% si se considera el universo de los trabajadores del sector privado, excluidos el sector doméstico y los beneficiarios de planes de empleo. En la actualidad, logró revertirse la tendencia en la evolución de esta tasa. En el tercer trimestre del año 2008 ese porcentaje fue reducido al 36,3%.

BENEFICIO JUBILATORIO ANTICIPADO para personas desocupadas que, aún no cumpliendo con la edad jubilatoria, cuenten con los 30 años de aportes requeridos. Esta norma también extendió una moratoria para aquellos autónomos y monotributistas que teniendo la edad jubilatoria registrasen deuda previsional que les impidiera alcanzar el beneficio

JUBILACIÓN AUTOMÁTICA PARA TRABAJADORES AUTÓNOMOS. Mediante Resolución 625/2006 Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) se gestiona y otorga la Prestación Básica Universal (PBU), la Prestación Compensatoria (PC) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP) con la sola consideración de los servicios autónomos.

ELIMINACIÓN DEL SISTEMA DE AFJP. Y CREACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA)

El 77% de los jubilados de las AFJP recibíanen un haber complementario del Estado.

52.000 beneficiarios tenían su cuenta totalmente consumida, por lo que el Estado pagaba íntegramente su jubilación.

Para que todos los jubilados de las AFJP tuvieran garantizado su haber, ANSES debía subsidiar con $4 mil millones anuales el Régimen de Capitalización.

Ante esta situación, el Estado Argentino consideró que era su obligación garantizar las jubilaciones de las futuras generaciones. Más aún con la crisis mundial de los mercados que hacía peligrar el dinero y el ahorro de cada uno de los argentinos.

Por eso, el Estado decidió proteger los ahorros de los trabajadores para que todos tengan acceso a una jubilación digna y segura.El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) es financiado a través de un sistema solidario de reparto, garantizando a los afiliados y jubilados del Régimen de Capitalización, idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el Régimen Previsional público.

Los servicios prestados bajo relación de dependencia o como autónomo son considerados como si hubieran aportado a ANSES, es decir, un aporte del 11%.

Los beneficios bajo modalidad actual de Renta Vitalicia Previsional continuarán abonándose a través de la correspondiente Compañía de Seguros de Retiro.

A partir de la sanción de la ley, ANSES goza de autonomía financiera y económica. Además, estará bajo la supervisión de la Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social, en el ámbito del Congreso Nacional.

De este modo, los representantes del pueblo y de las provincias tienen un rol activo en el seguimiento y el cuidado de los fondos, en tanto que éstos pertenecen a los aportantes y no al Estado Nacional.

Un régimen previsional integral y solidario no puede edificarse sobre la base de una actividad riesgosa, como lo es el mercado de capitales.

El sistema previsional unificado está basado en el principio de solidaridad, en el que el régimen público tiene un rol inclusivo y redistributivo.

Por otra parte, el Gobierno Nacional no sólo dio 12 aumentos de jubilaciones desde el año 2003, sino que, además, impulsó la Ley de Movilidad Jubilatoria, que permitirá que dos veces por año, los jubilados y pensionados de la Argentina reciban un incremento en sus haberes, sin depender de la voluntad del gobernante de turno.

Ninguna otra variable en la economía creció tanto como el 360% del aumento de la jubilación mínima. El 100% de los jubilados y pensionados cobran en tres semanas, durante el mes en curso. En 2001, cobraban a mes vencido.

100.000 argentinos desempleados con 30 años de aportes pudieron acceder a una jubilación anticipada. Ésta fue una respuesta del Estado para quienes a lo largo de la década del ‘90 habían sido expulsados del mercado de trabajo y que, por una cuestión de edad, no pudieron reingresar a la actividad laboral.

Argentina se ubica nuevamente en los primeros puestos en tasa de cobertura de toda Latinoamérica. En 2001, 6 de cada 10 abuelos estaban incluidos en el Sistema de Seguridad Social. Hoy, 9 de cada 10 abuelos cuentan con un beneficio previsional.

ANSES creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen de Reparto, entre otras cosas, para asegurar a todos los jubilados su prestación, fundamentalmente en los momentos donde el ciclo económico entra en crisis. De esta manera, se evita que los jubilados sean la histórica variable de ajuste en los momentos de problemas financieros.

Además:

Se registraron 502.896 beneficiarios del Programa Jefes de Hogar (PJH) - Diciembre de 2008.

42.889 beneficiarios PJH han sido insertados laboralmente en empleos formales.

El 92% de los Beneficiarios del Programa Jefes de Hogar tiene posesión de tarjetas de débito para el cobro de la ayuda económica.

Se realizó la adhesión por parte de 34.234 trabajadores desocupados al Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) y opción por parte de 81.166 por el Programa Familias por la Inclusión Social, todos eran beneficiarios del PJH.

Se realizó una inversión de $30.710.208 para la construcción, ampliación y refacción de infraestructura pública de utilidad comunitaria, y de una amplia variedad de tipologías como: infraestructura sanitaria, educativa, de salud, cultural, productiva y de desarrollo, mejoramiento barrial y huertas comunitarias; en 205 Municipios, Juntas de Gobierno y Comunas.

Se registró la participación de 13.968 beneficiarios en 5.587 microemprendimientos productivos e inversión de $13.838.561 para su promoción y fortalecimiento.

Se realizó la aprobación de 17.367 proyectos del Programa de Empleo Comunitario (PEC).
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